Marzo 14, 2017

El Telégrafo
Los ingresos de la caja fiscal aumentan

El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, manifestó ayer que la recaudación tributaria aumentó 12% en diciembre de 2016 respecto a diciembre de 2015, y en enero de 2017, en comparación con el mismo mes del año pasado, el incremento se sitúa en 12%. Rivera explicó que dicho aumento significa que cada mes la caja fiscal recibe montos adicionales de alrededor de $ 100 millones; de $ 120 millones a $ 140 millones más de lo que estaba recibiendo el año anterior. Además, dijo que el país pasó de tener una economía con un déficit comercial de $ 2.500 millones en 2015 a un superávit de $1.200 millones en 2016. “Tenemos una economía que está con una tasa de crecimiento bien interesante en recaudación tributaria”, señaló Rivera, en declaraciones al portal ecuadorinmediato.com. Agregó que ahora la recuperación de la economía permite al Gobierno bajar el número de pagos atrasados. Por ejemplo, en 2015 el Ministerio de Finanzas cerró con 175.000 pagos pendientes. Señaló también que el país soportó “la peor coyuntura” con la caída del precio del petróleo, depreciación de la moneda, fallos internacionales como OXY y Chevron y el terremoto de abril de 2016. “En este momento me encuentro al día desde el Ministerio de Finanzas en pagos a proveedores; esta semana iniciamos pagos pendientes de incentivos para las personas que se jubilaron dentro del retiro obligatorio, mayores de 70 años y personas con discapacidad que estaban pendientes de este incentivo, más de $ 100 millones”, sostuvo el funcionario. Señaló que en 2016, sin contar aranceles, solo en recaudación de impuestos, a cargo del Servicio de Rentas Internas (SRI), entraron cerca de $ 12.000 o $ 13.000 millones. Rivera criticó propuesta de Guillermo Lasso El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, también se refirió a la propuesta del candidato a la Presidencia por la alianza CREO-SUMA, Guillermo Lasso, de reducir 14 impuestos, indicando que el postulante renuncia a $ 3.688 millones en ingresos para el Presupuesto General del Estado. Dijo que con esta iniciativa se le reduciría a los municipios, gobiernos provinciales y juntas parroquiales $ 774,5 millones, es decir, una reducción promedio del 27% en la transferencia que hace el Gobierno.

El Universo
Marzo 14, 2017
Caída del petróleo por debajo de $ 50 preocupa a los productores

Una posible caída del crudo, pese al acuerdo de recorte de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1,8 millones de barriles diarios, preocupa a los productores.
La semana pasada, el precio del crudo cayó un 10% debido, especialmente, al incremento de las existencias en EE.UU. Es que el recorte, que ha sido cumplido en un 90% por los países miembros del cartel, devino en la recuperación del precio y por tanto en la mayor rentabilidad para la producción de esquistos (petróleo que sale de las piedras y que es más costoso).
Según un análisis de Plan A Consulting, “Arabia Saudí y Qatar han implementado más de 100% del corte; Irak, Emiratos Árabes, Gabón y Venezuela cumplieron en 60%”.
Ese recorte estaría vigente hasta mayo, pero de no renovarse sería inevitable la caída, lo que alarma al sector, comenta Fernando Santos Alvite, exministro de Energía.
Terminar el acuerdo luego de mayo “podría tirar el precio a $ 40 por barril”, según el informe de Plan A.
Santos comentó que Arabia Saudita no descarta volver a la guerra de precios para bajar la producción de esquistos. Esta política llevó a la baja del crudo WTI a niveles de $ 30 y a $ 22 el de Ecuador.
Plan A Consulting dice que el acuerdo obliga a Ecuador a recortar 26.000 barriles día. Pero indica: “Una idea que flota en el sector petrolero ecuatoriano es que en caso de una extensión del acuerdo se solicitará que se excluya al ITT del mismo”.
La producción diaria de petróleo del ITT alcanzó el 9 de marzo los 44.200 barriles diarios. El incremento compensa la abrupta caída del resto de campos, comenta Santos.
Entre diciembre y marzo, la producción nacional se redujo en 8.520 barriles diarios.
En Petroamazonas, la reducción fue de 20.000 barriles, sin tomar en cuenta la nueva producción del ITT. Y la privada cayó en 1.158 barriles diarios.
Para Santos, la caída no se debe a la decisión del Gobierno de cumplir el recorte, sino a la falta de inversión en campos.

El Universo
Marzo 14, 2017
Hasta el 3 de abril se pagaría bonos a jubilados

El Ministerio de Finanzas confirmó ayer que los pagos de los bonos por jubilaciones obligatorias se cumplirán entre el 13 de marzo y el 3 de abril.
El Ministerio anunció que se pondría al día en sus deudas con jubilados y por recategorización de maestros.
Según Finanzas, con lo que se pagará hasta el 3 de abril se cancelarán atrasos por unos $ 105,6 millones. Además, indicó que las asignaciones de todas las jubilaciones obligatorias y por enfermedades catastróficas, que estaban pendientes del 2015 y 2016, pero que no son de los ministerios de Educación y Salud ya se pagaron.
Aún restan los pagos de estas dos instituciones. Este Diario presentó hace pocos días el caso de Rosita Romero, quien es jubilada del Ministerio de Salud y requiere el pago urgentemente por tener una enfermedad catastrófica.
Los jubilados del magisterio anunciaron que realizarán un plantón el próximo viernes frente a Finanzas para exigir el cronograma.

El Telégrafo
Marzo 14, 2017
Docentes del magisterio negocian sus bonos de jubilación en la Bolsa de Valores

El rendimiento de esos instrumentos financieros permite a los profesores financiar costos de salud, educación, turismo, entre otros. La medida se implementa desde 2013
Entre enero de 2014 y diciembre de 2016 se negociaron $ 237 millones en bonos pertenecientes a maestros jubilados en las bolsas de valores de Quito y GuayaquilEstas operaciones se dan a raíz de la ejecución de un plan de jubilación temprana que el Gobierno aplicó en 2013 para los profesores del magisterio nacional. El Gobierno entregó a los educadores, aparte de todas sus prestaciones y derechos adquiridos por los años de servicio, un bono que iba desde los $ 47.700 para los servidores que se jubilaron en 2013 y de $ 51.200, para quienes lo hicieron en 2014. Los plazos de vencimiento son de 5 y 10 años. Para conocer cómo utilizar este instrumento financiero, la Asociación de Casas de Valores de Quito capacitó a 15.000 profesores en todo el país. La presidenta de la Asociación de Casas de Valores (Asocaval), Katiuska Viteri, explicó que el plazo de estos bonos está vinculado a la edad del jubilado. En el caso de un maestro que tiene entre 65 y 69 años de edad, el bono lleva un plazo mínimo de 5 años. Si tiene 60 años, su bono vencerá después de 10 años. De acuerdo a estos tiempos, los primeros bonos emitidos en 2013 se negociarán en 2018; y los emitidos en 2014 se cobrarán en 2024. La tasa de interés también es variable. Los bonos de 5 años tienen un interés de 5,04%, mientras que los de 10 años pagan el 6,54% anual. Viteri indicó que los bonos que más se han negociado son los que tienen 6 años de plazo vigente por un monto de $ 50 millones y que vencerán en 2023. Los bonos de 2014 vencen en 2024 y se negocian al 75% de su valor real; un bono que vence en 2018 ya se cotiza entre el 85% y el 90% del precio. En 2014 el rendimiento promedio se ubicó en el 11,2% y terminó en 2016 en el 14,4%. La evolución de participación de bonos en bolsa también creció de 0,22% en octubre de 2014 a 6,7%, alcanzando su demanda más alta en agosto 2016, con el 10,1% (ver infografía). La emisión de estos bonos se dio mediante una resolución que contempla restricciones de negociación: no son de libre transferencia, e implica que los beneficiarios no pueden transferir o vender estos bonos; toda transacción referente a ellos deben hacerse a través de la Bolsa de Valores de Quito o Guayaquil. El sistema financiero local no puede adquirirlos para encaje bancario ni en índices de iliquidez. La regulación establece que ninguna entidad pública puede comprar estos bonos. La representante de Asocaval explica que el papel de las casas de valores ha sido buscar inversionistas que no estén dentro de estos esquemas para que los bonos tengan liquidez, los cuales están sujetos a la oferta y la demanda. “Como casa de valores garantizamos que la negociación esté hecha de la mejor manera y justa; el pago de estos bonos está manejado por un sistema de control automático de transferencias bancarias desde el Banco Central a las cuentas de los clientes o beneficiarios”. Viteri comentó que los jubilados buscan fondos para cubrir sus gastos de salud, entretenimiento, entre otros, para mejorar su calidad de vida, para lo que necesitan liquidez. El proceso de jubilación a través del pago de un bono es positivo porque reconoce el trabajo y un incentivo económico que les proporciona seguridad a los maestros, señaló Wilmer Santacruz, presidente de la Red de Maestros del Magisterio. “Este mecanismo no existía en los anteriores gobiernos, incluso los profesores no querían jubilarse porque sus pensiones eran de miseria y no tenían un incentivo como el que aplicó el actual Gobierno” dijo Santacruz. Afirmó que en anteriores administraciones, un maestro percibía un sueldo promedio de $ 280 y actualmente un educador que ingresa al magisterio empieza ganando más de $ 817. Con este incentivo de los bonos, el maestro puede vivir de una manera diferente, segura y digna.

El Expreso
Marzo 14, 2017
El crédito en Guayaquil cayó en $ 761 millones

La economía no afloja el freno. La información crediticia de Guayaquil muestra que 2016 fue un año de contracción. La entrega de préstamos de la banca privada en la ciudad pasó de 8.528 millones de dólares a 7.767 millones de dólares. Es decir, una caída de 761,3 millones de 2015 a 2016. En porcentajes, la rebaja es de 8,9 %.
Según DataLab Asobanca, un sistema de inteligencia financiera de la Asociación de Bancos, en Guayaquil se entregaron 423.162 préstamos el año pasado. En 2015, en cambio, la cifra superó las 555.815 operaciones. Una baja del 23,8 %. 132.653 créditos menos de la banca privada.
Es una reducción considerable, a decir de las cámaras de comercio e industrias de la ciudad. Sus representantes creen que la situación responde a la contracción económica del país derivada de las decisiones gubernamentales y situaciones externas. La aplicación de salvaguardas es un ejemplo.
Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, dijo a EXPRESO que gravar con sobretasas a bienes de capital y materias primas fue un golpe directo al aparato productivo. Los empresarios decidieron, entonces, frenar sus deseos de expansión y recortaron sus gastos.
Costa respalda su postura con cifras. En 2016, muestran datos de la cámara, la importación de materias primas fue de 5.688 millones de dólares. 1.190 millones menos que en 2015. Los bienes de capital pasaron, en cambio, de 5.342 millones de dólares a 3.941 millones. Una disminución de 1.401 millones.
Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, agrega otro factor decisivo en la contracción del crédito: la incertidumbre. La época electoral juega un rol decisivo en las inversiones y endeudamientos que hacen los empresarios establecidos o los emprendedores.
Arosemena considera que los guayaquileños, y los ecuatorianos en general, necesitan un mensaje de confianza y estabilidad para repotenciar sus actividades.
Un criterio similar tiene la Asociación de Bancos. Julio José Prado, su presidente, explicó -semanas atrás- que la actividad bancaria tendrá variaciones, en el mejor de los escenarios, durante el segundo semestre de este año.
El Gobierno está consciente de la baja. Sin embargo, a sus ojos, es una cuestión de la oferta más que de la demanda. Por eso, según el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, se pusieron en marcha acciones como el incremento del encaje bancario que las entidades deben tener en el Banco Central. Él dijo, en diciembre, que “el dinero que depositan los ecuatorianos debe utilizarse para entregar crédito en Ecuador”.

El Comercio
Marzo 17, 2017
El papel del Estado en la economía diferencia a las dos candidaturas

La propuesta de Alianza País en el 2007 fue transformar radicalmente el país, recuperar el Estado, reactivar la producción, aplicar salarios dignos, generar empleo para jóvenes, una inserción inteligente en el mundo, potenciar el mercado interno, soberanía alimentaria, redistribución de la tierra, buen vivir. El denomminador en todas esas propuestas fue el papel del Estado, sea como regulador o como ejecutor de obras. Al declararse varios sectores como estratégicos, el Estado asumió el manejo directo de la electricidad, el petróleo o las telecomunicaciones, lo cual implicó grandes inversiones en esos sectores. Inicialmente los recursos provinieron de los fondos petroleros ahorrados en anteriores gobiernos, de las exportaciones de petróleo y de una mayor recaudación de impuestos, producto de una combinación de mejor gestión y mayores tasas impositivas. El inicio del Gobierno coincidió con un período de altos precios del crudo: USD 60 por barril, el doble de lo que había registrado el país desde el inicio de la dolarización. Y alcanzó su máxima cotización en el 2012, cuando bordeó los 100. Con mayores recursos, el Régimen pudo emprender en grandes obras de infraestructura: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, escuelas, hospitales, puentes, etc., lo cual dinamizó la construcción, el comercio y el consumo en general, gracias a la mayor inversión pública. El peso del gasto público en la economía pasó del 24% en el 2006 al 44% en el 2013, lo cual era insostenible, como en efecto sucedió cuando el precio del petróleo empezó a caer. Durante el período de bonanza también se pudo aumentar los sueldos en la burocracia, contratar más personal y aumentar el número de instituciones públicas. El salario básico en el sector privado creció a una tasa promedio del 11% hasta el 2012 y siempre por encima de la inflación. La apertura comercial quedó en un segundo plano, debido a que la bonanza económica le permitió al Régimen concentrarse en el mercado interno, limitar las importaciones para proteger la producción nacional y la salida de dólares, además de postergar la firma de un acuerdo de libre comercio, debido a diferencias internas. El escenario cambió desde el 2014, cuando el precio del petróleo empezó a caer y el Gobierno emprendió un endeudamiento agresivo para mantener el nivel de gasto público. El efecto fue una caída en la inversión pública y la actividad económica. Las propuestas de los candidatos El oficialismo propone un Estado que siga participando en las áreas estratégicas de la economía y que facilite la transformación productiva, el emprendimiento y el empleo de calidad, con diálogo permanente y acuerdos con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana y con el sector privado. Las funciones indispensables del Estado son salud, educación, seguridad y defensa y justicia, donde se ubicó “el 97% de los servidores públicos que ingresaron el Gobierno Nacional desde 2006”, según Alianza País. “No realizaremos recortes, garantizaremos estabilidad a los servidores públicos y les ofreceremos sistemas permanentes de capacitación y mejoramiento profesional”. También propone reformas para lograr un Estado más eficiente, con más calidad en los servicios públicos, simplificación de tramitología. Por su parte, Creo propone reactivar el aparato productivo basado en principios de una economía libre y competitiva bajo un Estado de Derecho, con reglas claras y un Gobierno facilitador de oportunidades para todos. “De esta forma dinamizaremos el ahorro, la inversión privada y el consumo de los hogares para crecer a tasas del 5% anual a partir del 2021 de manera sostenida”, señala el plan de Trabajo de Creo. “Queremos un Ecuador justo, próspero, y solidario. Proponemos un modelo de desarrollo abierto, que permita a los ecuatorianos vivir y producir tranquilos. No creemos en un Estado controlador, creemos en un Estado veedor que cumpla su rol fundamental de proteger a los sectores más vulnerables. Un Estado que debe prevenir y sancionar abusos pero debe hacerlo sin desconocer los legítimos anhelos personales de estudiantes, padres, emprendedores, artistas, de todos los ecuatorianos”.
El Telégrafo
Marzo 14, 2017
La eliminación de 14 impuestos significaría $ 3.688 millones menos para el Estado

La propuesta causaría el despido de cerca del 40% de servidores públicos, la disminución de $ 770 millones de ingresos a los gobiernos autónomos descentralizados y un impacto en programas sociales.
Los principales ingresos económicos de Ecuador provienen de las exportaciones de petróleo y de la recaudación tributaria. En este sentido, la propuesta del binomio SUMA-CREO de eliminar 14 impuestos genera dudas sobre cómo se cubrirá ese vacío fiscal. Esta propuesta se encuentra en el plan de gobierno presentado por el candidato Guillermo Lasso. En el documento dedica 16 páginas para hacer un diagnóstico de la situación económica nacional y plantea blindar la dolarización; darle independencia al Banco Central mediante Decreto Ejecutivo; eliminar impuestos; reducir aranceles y trabas a las importaciones; incentivar al sector exportador con la devolución de aranceles (drawback), entre otras medidas orientadas a dinamizar el comercio, la inversión, el emprendimiento y la generación de empleo. En lo que se refiere a los impuestos que deben ser eliminados hay un segmento titulado “Ecuador de la reconstrucción y de las oportunidades” donde consta la propuesta para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto de 7,8 grados del 16 de abril de 2016. La eliminación de 14 impuestos está notarizada La oferta electoral de eliminar impuestos (ver infografía) fue notariada el pasado 3 de enero en la Notaría Trigésima Octava de Guayaquil, por el propio Lasso, quien señaló que en caso de ganar la Presidencia, en el primer mes de gobierno enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley en materia económica con carácter de urgente para derogar 14 impuestos. También se comprometió a eliminar las salvaguardias, los cupos de importación y otras restricciones a las importaciones. Según el presidenciable, con la eliminación de estos impuestos, “cerca de $ 3.000 millones estarán en el bolsillo de los ecuatorianos”, lo que permitirá paliar la recesión, reactivar la economía de la familia ecuatoriana y será la base para generar 1 millón de empleos en 4 años. “Necesitamos poner dinero en manos de los ciudadanos, de la familia ecuatoriana”, dijo, al señalar que a ello se suma su propuesta de otorgar $ 1.000 millones en créditos al 1% de interés y a 30 años plazo, para los agricultores del país. “Por eso necesitamos voltear los ojos al campo… porque es el sector que más genera para la sociedad ecuatoriana”, señaló. El impacto de la propuesta será de $ 3.688 millones al PGE Según estimaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI), tomando en cuenta la propuesta de Lasso y de Consenso Ecuador, que reúne a algunas cámaras empresariales, la eliminación de impuestos se traduciría en una pérdida de alrededor de $ 3.688,7 millones, que afectaría directamente al Presupuesto General del Estado (PGE). Para el exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, disminuir esos ingresos trae 3 grandes problemas y riesgos: el probable recorte de la burocracia en el 40%; empeoramiento muy grave de las condiciones de equidad, porque los beneficiarios serían los sectores pudientes, contrario a lo que manda la Constitución de que los impuestos deben ser directos y progresivos. Además, se reducirían, aproximadamente, $ 770 millones los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), informó ayer el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, al portal de noticias Ecuador Inmediato. Carrasco añadió que la reducción de impuestos “empeora las condiciones de equidad. Por ejemplo, el Impuesto a los Activos en el Exterior solo tiene la gente pudiente, el resto de ecuatorianos, que es la gran mayoría, no tiene ni activos dentro del país, peor fuera, por ello el beneficio no es para los pobres”. La falta de recursos tendría como consecuencia efectos negativos en los servicios públicos. El SRI indica que en 2016 se invirtieron $ 2.469 millones; con la reducción de impuestos, ese monto se reduciría en el 150%. Los rubros para educación y para inversión pública disminuirían en 80% y 70%, respectivamente. Una de las ofertas más difundidas por Lasso es la eliminación del anticipo al impuesto a la renta (IR). Este impuesto es recaudatorio y se aplica a las personas o empresas que generen utilidad mínima de $ 11.290 anuales. Cifras del SRI indican que 500.000 personas de 7,8 millones de ecuatorianos económicamente activos pagarán Impuesto a la Renta este año. El resto de personas no cancelará este impuesto. David Meza, especialista en derecho empresarial y socio fundador del grupo Tax Bureau explica que este anticipo previene la evasión tributaria. Considera que “se debe hacer una revisión de este pago por sectores. Por ejemplo, si el sector del agro está mal, se debe hacer una reforma para este sector en función de sus condiciones. Hace falta una reforma, mas no proceder a la eliminación del impuesto”. Otro de los tributos en cuestión es el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Este permite que los capitales se queden en el país y así mantener la economía dolarizada. “La eliminación de este impuesto solo beneficiaría a las instituciones financieras o a las que pertenecen al mercado de valores”. Lasso sostiene que la eliminación de impuestos reactivará la economía del país. No obstante, para hacerlo, también debe garantizar que los dólares se queden en la economía ecuatoriana. Inversión estatal, añade, es otra de las medidas para reactivar la economía, así como la inversión extranjera. La propuesta de Guillermo Lasso busca eso, sin embargo, en caso de hacerlo, los efectos serán a mediano y largo plazo y no está claro cómo se sostendrá la economía en el corto plazo. Eliminar impuestos no es nuevo El catedrático Juan Paz y Miño en su obra la Historia Económica del Ecuador, señala que “el Estado tiene que hacer el gran esfuerzo de recaudar aún más impuestos sobre todo de las rentas, y particularmente de las capas más ricas de la población”. Contrario a lo que propone Lasso. Pero la propuesta de eliminar impuestos ha sido una de las tesis permanentes de la derecha, los empresarios, banqueros y los ricos. El 1 de diciembre de 1998, el entonces Congreso Nacional aprobó la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiera. Con este cuerpo legal se dio paso a la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), así como la propuesta interpuesta por el entonces diputado Jaime Nebot, en la cual se eliminaba el IR y se establecía el impuesto del 1% a las transacciones bancarias. Esta normativa permitió, entre otras cosas, que el Estado asuma las pérdidas de la banca privada que se ahondaron con la drástica disminución de las operaciones bancarias para evitar el pago del 1% de las transacciones y por el irresponsable manejo de los principales accionistas de los bancos que desviaron capitales de sus clientes. En junio de 2014, los banqueros plantearon la reducción del 10% del IR para otorgar créditos al sector productivo, según consta en un documento remitido por la Asociación de Bancos Privados al ministro Coordinador de la Política Económica y al presidente del Banco Central el 25 de junio, la misma fecha en que llegó a la Asamblea el proyecto de Código Monetario y Financiero. La propuesta de los banqueros señalaba que “las instituciones que reinviertan utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del IR sobre el monto reinvertido siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivo, incluidos los pequeños y medianos productores”. Otro hecho que recoge la historia da cuenta de que cuando Lasso fue superministro de Economía en el gobierno de Jamil Mahuad, defendió el aumento del impuesto del IVA del 10% al 15% como “medida necesaria” para mejorar la recaudación y enfrentar la difícil situación fiscal de finales de los noventa (I). DATOS En 2016, el Gobierno Nacional realizó un gasto en salud de $ 2.469 millones. El impacto de la propuesta de CREO – SUMA significaría reducirlo en un 150%, mientras que en Educación el gasto fue de $ 4.742 millones y causaría una reducción del 80%, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). En 2015, la inversión pública fue de $ 5.580 millones. El impacto de las propuestas significaría reducirla en el 70%. El SRI agrega que los Gobiernos Autónomos Descentralizados participan de los ingresos permanentes del Estado, por tanto, la eliminación de impuestos, perjudicaría a la ejecución de obras públicas municipales.
El Comercio
Marzo 14, 2017
Ofertas económicas de los binomios se centran en empleo, bono y créditos

Las principales promesas de campaña de los candidatos a la Presidencia tienen que ver con mejorar las cifras de empleo de los ecuatorianos, cambios al Bono de Desarrollo Humano y generar créditos blandos, aunque cada uno plantea mecanismos diferentes para lograr estos objetivos. Si bien la tasa de desempleo se ha mantenido entre el 4% y 5% en el último lustro, uno de los problemas que se debe resolver es la calidad del empleo. El subempleo pasó del 14% en el 2015 al 19,9% el año pasado. En el 2014, antes de la recesión, este indicador estaba en 12,9%. Los candidatos también tienen dos visiones sobre cuál será la política en torno al bono de desarrollo humano (BDH). En enero del 2013 el actual Gobierno inició un proceso de depuración de beneficiarios de esta subvención. En su momento, el Gobierno explicó que la revisión a esta política se debió a la reducción de los índices de pobreza, en un promedio de cuatro puntos porcentuales al año desde el 2006. Como resultado, el número de beneficiarios cayó en más de la mitad entre el 2007 y el 2015 al pasar de un millón a 444 150 en ese período. Otra problemática que está en las agendas de los candidatos es el acceso a crédito para el emprendedor y el sector agrícola. Christian Cisneros, director de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, dice que el principal desafío para el emprendedor es acceder a capital de riesgo. “En el sector financiero es difícil acceder a crédito porque se exige información de balances, historial crediticio o garantías, que no disponen, lo cual marca una diferencia con empresas en marcha. Las propuestas de los candidatos Ambos candidatos presidenciales ofrecen crear un millón de empleos en cuatro años, aunque difieren en los mecanismos que utilizarán. Guillermo Lasso, candidato por Creo, dice que lo hará a través de la eliminación de 14 impuestos y de incentivos al emprendimiento. El candidato no ha mencionado cómo compensará esta reducción de ingresos. También plantea suprimir trabas y trámites burocráticos con el programa Tu empresa en un día. El candidato del oficialismo, Lenín Moreno, sostiene que generará 250 000 empleos al año. Para lograrlo no es partícipe de reducir impuestos sino que plantea estabilidad e incentivos tributarios para el sector productivo. También emprenderá reformas para simplificar el sistema tributario. Aunque ha cuestionado las propuestas de reducir impuestos, Moreno dice que bajará impuestos para la clase media, aunque no precisó cuáles. En los cinco primeros días de su gobierno conformaría un consejo consultivo tributario, con sectores de la sociedad para lograr un acuerdo nacional por el empleo, la inversión y el emprendimiento. “Decidiremos en conjunto las acciones en materia fiscal para reactivar la economía”. A esto se suma un plan para entregar 325 000 casas en cuatro años y así generar 75 000 plazas laborales. Frente al BDH, las políticas de los candidatos son dispares. Lasso prevé insertar al mercado laboral a los beneficiarios del BDH. Para ello planteará incentivos tributarios para empleadores que contraten a beneficiarios del subsidio. Moreno ofrece subir esta subvención de USD 50 a 150 para proteger a familias de extrema pobreza,aunque no explicó cuánto costará ni cómo lo financiará. Promete fortalecer las capacidades productivas de estas familias, con crédito y asistencia técnica. Sobre el acceso a créditos y el apoyo al emprendedor, el candidato de Creo ha señalado que dará créditos a 30 años plazo y al 1% de interés para pequeños agricultores y ganaderos. Lasso también ha mencinado la creación de la Ley del Primer Emprendimiento. ​ Moreno propone el Banco del Pueblo, una nueva entidad que a “corto plazo” no cobre intereses, pero si los plazos son más largos se analizará plantear el 1% o 2% de interés. Una de las recientes ofertas de Lenín Moreno es construir un tren magnético rápido para Guayaquil, en coordinación con el Municipio. Este Diario consultó a ambos candidatos detalles sobre cómo financiarán sus propuestas, pero aún no han respondido.