Junio 26, 2017

El Universo

Cambios institucionales y ‘austeridad’ en el régimen de Lenín Moreno

El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, informó este viernes que, con la firma de un Decreto Ejecutivo de “austeridad” en los próximos días, se harán recortes en algunos rubros del gasto corriente.

De la Torre señaló que uno de los propósitos es empezar a trabajar en la reducción de la brecha fiscal y para esto se ha establecido un techo para el programa anual de inversiones de $ 5.454 millones.

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Andrés Mideros, titular de la Senplades, sostuvo que en la construcción de la Proforma 2017 alinearán la inversión pública a las nuevas prioridades del Gobierno como las intervenciones emblemáticas, las inversiones emblemáticas, las propuestas de campaña, cierre de brechas territoriales, actividades de generación de trabajo y empleo, actividades que generen complementariedad con inversiones privadas y actividades que fomenten las exportaciones y controlen la salida de divisas, criterios que se enmarcan en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

En este primer mes, el Gobierno suprimió los siete ministerios coordinadores y los reemplazó por consejos sectoriales, eliminó la Secretaría del Buen Vivir, la Secretaría de la Administración Pública y el Plan Familia (Enipla).

Además, creó dos consejerías para Economía y Hábitat y la Secretaría Toda una Vida, en reemplazo del Ministerio Coordinador de lo Social.

Mideros explicó que algunos procesos de los ministerios coordinadores se están reasignando a otras instituciones y el personal de los ministerios coordinadores está siendo evaluado. Algunos están pasando a otras entidades y “habrá un número, también, de partidas presupuestarias que ya no se consideren necesarias… esa parte es mínima, la mayor parte está yendo a fortalecer los ministerios rectores”, agregó.

 

 

El Telégrafo

Junio 26, 2017

Estimación de crecimiento para Ecuador

 

De acuerdo a las últimas proyecciones emitidas este mes en el informe ‘Perspectivas Económicas Mundiales’ del Banco Mundial (BM), la proyección de Ecuador para 2017 es más optimista que la presentada por este mismo organismo internacional a inicios de año. En enero, el Banco Mundial proyectó un decrecimiento de la economía ecuatoriana del 2,9%, sin embargo, para junio, la estimación mejoró a -1,3%. Esto no sucede con la proyección para América Latina, pues la perspectiva de crecimiento regional se redujo de 1,2% a 0,8% (ver infografía). Este síntoma de mejoría es algo que comparte Ecuador con sus pares del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (Catar, Arabia Saudita, entre otros) gracias a los acuerdos sobre producción petrolera y la consolidación de las cuentas fiscales de sus países miembros, señala el documento. No obstante, el BM advierte también que la “menos que esperada” recuperación de los precios del petróleo y del gas natural puede “debilitar el ritmo de crecimiento en Bolivia, Colombia, Ecuador, y Trinidad y Tobago, todos países muy dependientes de exportaciones de energía”. El informe resalta una recuperación mundial del comercio que coincide con el fortalecimiento de las inversiones, especialmente las de tipo industrial. Este panorama estaría contribuyendo a mejorar la confianza, algo que se refleja en una menor volatilidad de los mercados financieros, situación que ha contribuido a “economías emergentes y en desarrollo” a un estrechamiento en los diferenciales de rendimiento. Jim Yong Kim, presidente del Grupo BM, manifestó que “en vista de que se ha iniciado una recuperación frágil pero real, los países deberían aprovechar este momento para encarar las reformas institucionales y del mercado que permitan atraer inversiones privadas y contribuyan a sostener el crecimiento en el largo plazo”.

 

 

El Expreso

Junio 26, 2017

El dólar pierde terreno ante el euro que aún no recupera la hegemonía

 

Por cada euro, se entregan casi 1,12 dólares al cambio

La curva de cotización del euro frente al dólar parece una montaña rusa. Desde 2015 está en su etapa valle y en el último año ha pasado por unas pendientes y subidas moderadas que han dejado a la moneda en los últimos días en una mejor posición. A finales de semana, el euro cerraba con una equivalencia al cambio de casi 1,12 dólares.

Se alejan los fantasmas que le mantuvieron desde finales de diciembre hasta inicios de mayo por debajo del 1,10 dólares de cotización. Aunque también se mantienen lejos de la hegemonía de hace cinco años cuando hacía falta entregar casi 1,40 dólares por cada euro.

Coincide esta recuperación del euro con la del precio del petróleo, con los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump y sobre todo, con el impulso final que dio al movimiento europeísta integrador la victoria de Emmanuelle Macron como presidente de Francia.

Que el euro tome una mayor ventaja frente al dólar favorece a la economía de Ecuador, en tanto que las exportaciones recuperan cierto nivel de competitividad y los importadores de los productos ecuatorianos, como la Unión Europea, elevan su poder adquisitivo aumentando el margen para las compras externas.

Además, la relación dólar-petróleo que lleva a una apreciación de la moneda -convertida en un valor más seguro- cuando el crudo se encuentra en horas bajas, hace que si el euro sube y el dólar pierde posición, el petróleo también recupere nivel de cotización. Y eso, también para Ecuador se traduce en mayores -aunque de momento limitados- ingresos para las arcas públicas.

 

 

El Expreso

Junio 26, 2017

El petróleo encalla ante la escasez de demanda

 

El precio no despega pese al recorte de producción de la OPEP. Grandes barcos almacenan crudo en el mar hasta que suba

Las medias tintas no están surtiendo mayores efectos en el precio del petróleo. El acuerdo al que llegó la Organización de Países Exportadores de Petróleo a finales de 2016 y que fue renovado recientemente hasta marzo de 2018 no ha conseguido insuflar oxígeno al precio del barril. Y así, las perspectivas del mercado petrolero siguen siendo turbulentas, de acuerdo con el análisis del asesor de inversiones e ingeniero José Ordeñana.

Como síntoma, los grandes petroleros que almacenaban miles de barriles en altamar -aprovechando los bajos costos del transporte marítimo adelgazados por la baja del combustible- siguen navegando con las panzas llenas de crudo, a la espera de que la cotización repunte y sacar ventaja de la venta petrolera.

Desde hace dos años, resulta más interesante en términos económicos mantener el petróleo, adquirido a bajos precios, en reservas -aunque sean marítimas- que ponerlo a la venta en los niveles actuales. Y es que, pese al acuerdo de recorte de producción que estaba llamado a elevar los precios ante una eventual reducción de la oferta, la cotización del barril de Texas, referente para Ecuador, se ha mantenido por debajo de los 50 dólares desde hace medio año.

A futuro, tampoco se ven muchos cambios. Las proyecciones de los organismos internacionales hacen prever que el precio del crudo no mejorará lo suficiente como para estabilizar los niveles de rendimiento previos a la recesión petrolera iniciada en 2014, debido a un exceso de oferta y una consecuente escasa demanda. Pese a los esfuerzos de la OPEP hay varios factores que anulan el efecto del acuerdo sobre el recorte de producción.

El principal factor es el mismo que desencadenó la crisis petrolera actual: el exceso de petróleo derivado del autoabastecimiento de Estados Unidos, gracias a la técnica del fracking, y el debilitamiento de la demanda china, aquejada de un estancamiento económico. “Un análisis de Baker Hughes, la Agencia Internacional de Energía, y Goldman Sachs indica que se espera que la producción en los principales campos de esquisto en EE. UU. continúe creciendo hasta la mitad de la próxima década con un pico de casi 12 millones de barriles diarios (casi 8 millones más que en la actualidad)”, apunta Ordeñana en su último análisis, en el que recuerda que esta modalidad de extracción ha aprovechado la ligera mejora de precios para colocar en el mercado otro millón de barriles por día desde hace un año. Su punto de rentabilidad está en 35 dólares, por lo que el precio actual sigue sustentando la producción de esquisto.

También anota Ordeñana entre los factores de influencia, los planes de Trump de buscar nuevas explotaciones en Alaska y en altamar, el aumento de extracción de países como Irak, Libia o Nigeria y la falta de un plan en la OPEP para después de que finalice el recorte pactado.

 

 

El Telégrafo

Junio 26, 2017

La ronda de inversiones para 15 campos menores empieza mañana

 

La empresa pública Petroamazonas inicia mañana la Ronda Campos Menores 2017, que tendrá lugar en Quito hasta el viernes, con el propósito de captar inversiones para 15 campos localizados en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Los campos seleccionados totalizan reservas 3P (Probadas, Probables y Posibles) por 191,5 millones de barriles, indicó Petroamazonas. Son considerados menores porque su producción no supera los 5.000 barriles diarios. En la invitación que envió la petrolera estatal el 16 de junio, precisa que la ronda tiene como finalidad mejorar la productividad de los 15 pozos. “Nuestro principal objetivo como empresa es incrementar la producción de nuestros campos con responsabilidad social y ambiental. Buscamos socios estratégicos que tengan las condiciones técnicas y económicas para desarrollar estos proyectos”, suscribió el gerente de Petroamazonas, Álex Galárraga. En tanto, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, manifestó que el evento es una de las estrategias del Gobierno, “con miras a generar nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero, dinamizando un sector clave” valiéndose del diálogo público-privado. Para Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y Especialidades afines de la Región Norte (Cigmipa), las negociaciones deben realizarse con esquemas diferentes a los que se efectuaban en el anterior Gobierno. Tiene que definirse un modelo técnico exigiendo una recuperación mejorada de los pozos. Si bien en anteriores contrataciones de servicios se ha acordado hacerlo, Reyes asegura que hasta el momento no existe un plan piloto de aplicación. A decir del experto, el arquetipo técnico será la base del modelo económico, el cual debe comprender tasas de servicios acordes a los precios de venta del petróleo. “Tal vez una base de entre $ 15 o $ 20 podría ser justo, porque de acuerdo a la Ley, el Estado debe ganar por lo menos el 51%, y es lo que no ha ocurrido, con pequeñas excepciones”, comentó Reyes. Hace unas semanas, el ministro de Hidrocarburos mencionó en múltiples entrevistas a medios de impresos, que la nueva administración trabajará en esquemas contractuales que se ajusten a la fluctuación de los precios del crudo. En los últimos 30 días, según registros del Banco Central del Ecuador (BCE), las variaciones del petróleo ecuatoriano mantienen una tendencia descendiente. El 23 de mayo la cotización estaba en $ 51,17 por barril, mientras que para el 21 de junio se ubicó en $ 42,31. Agencias internacionales explican que la caída, principalmente de la semana pasada, responde a un importante descenso de las reservas de crudo de Estados Unidos. Contrario a lo que se esperaría, la situación no ha favorecido a un incremento de la demanda. Aunque Reyes opina que la dirección que piensa adoptar el Gobierno es prudente, debido al contexto actual del crudo no se debería descartar la posibilidad de que Petroamazonas asuma la operación de los campos menores, aprovechando su economía de escala. “El costo operativo está en $ 6,85 por barril y considerando las tarifas con empresas privadas el costo de producción bordea los $ 18”.

El Telégrafo

Junio 26, 2017

Plan Casa para Todos involucrará a autoridades y sector productivo

 

Autoridades del sector productivo se reunieron la semana pasada para delinear acciones sobre el plan. Autoridades del sector productivo se reunieron la semana pasada para delinear acciones sobre el plan

La propuesta del Gobierno es construir y entregar 325.000 viviendas en 4 años. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados participarán en la ejecución. Redacción Política Autoridades de Gobierno y representantes del sector privado comenzaron a delinear el trabajo conjunto, para cristalizar el plan Casa para Todos, uno de los proyectos emblemáticos que fue la promesa de campaña del presidente Lenín Moreno y en el que se pretende involucrar a los empresarios. El martes de la semana pasada, en Guayaquil se trazaron las primeros líneas de acción. En una reunión encabezada por el consejero presidencial de Hábitat, Virgilio Hernández, junto con ministros del sector productivo se determinaron las acciones a ejecutarse para cumplir con la propuesta de Gobierno. Una de las primeras resoluciones fue lanzar un plan piloto del proyecto. Para ello se determinará el día y el lugar, a fin de emprender el proyecto habitacional. Según Hernández, el interés del Gobierno es concretar, primero, la construcción de viviendas que están pendientes de entregar a las familias damnificadas por el terremoto del 16 de abril del año pasado, sobre todo en Manabí y Esmeraldas. “Otro elemento es lograr acuerdos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), para que puedan participar en la ejecución del plan de vivienda”, manifestó el funcionario. De allí que otra de las acciones será acercarse a las autoridades seccionales para involucrarlos en el plan. También hay un cuarto eje de acción, que es definir una ronda con el sector privado para que sean ellos los que puedan ofertar viviendas de interés social. “Estamos señalando que una prioridad es impulsar un proyecto de ley de vivienda de interés social”, sostuvo. Estas ideas serán esquematizadas, con la finalidad de cumplir con el ofrecimiento del presidente Lenín Moreno, quien durante la campaña anunció construir y entregar 325.000 viviendas en cuatro años, de las cuales 191.000 se adjudicarán a familias de escasos recursos. Octavio Villacreses, exconcejal de Guayaquil y ahora gerente del proyecto Casa para Todos, manifestó que los primeros pasos que se deben dar para un plan tan ambicioso es tener un gran banco de tierras, contratistas, proveedores y una adecuada planificación. “Siempre he estado en contra de los grandes asentamientos que se producen sin planificación o con una planificación informal, tenemos que enfrentar estas cosas haciendo estudios urbanos para infraestructura, con cuidado en el tema ambiental y aceptar asentamientos, como Monte Sinaí (noroeste de Guayaquil), que aparecieron como asentamiento irregular”, dijo. Y se refirió a la situación de esta ciudad, pues consideró que existen muchos espacios disponibles pero que carecen o tienen poca infraestructura, otras áreas que son rurales pero están dentro de la expansión urbana. De allí que aseguró que existe infraestructura subutilizada. “Hay que echar mano de todos los terrenos, que los dueños de la tierra tengan la oportunidad de convertirla en un espacio de promoción inmobiliaria”, manifestó. Un factor necesario es la coordinación con los municipios. “Todos tienen que participar, incluso la ciudadanía, juntas parroquiales, prefecturas deben entrar en este paraguas. Iremos a las zonas rurales y comunidades de base, donde se acentúan las falencias. Para ello existe un presupuesto estimativo de $ 5.000 millones.

 

 

El Comercio

Junio 26, 2017

Afiliados y empleadores también deben pagar deuda con el IESS

 

Una parte de la deuda existente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por atenciones médicas también debe ser cubierta por empleadores y afiliados, según el presidente de la entidad, Richard Espinosa. Los empleadores analizan el tema, mientras los representantes de los trabajadores rechazan el posible cobro. Un informe de Contraloría que se publicó la semana pasada determinó que existe una deuda con el IESS. El organismo de control dispuso reintegrar esos valores a los estados financieros que habían sido dados de baja por el Seguro Social, entre octubre y septiembre del año pasado. A junio, esa deuda asciende a USD 2 878 millones. Según el presidente del IESS, la Contraloría determinó que de ese valor USD 1 968 millones están relacionados con atenciones médicas de jubilados, personas con discapacidad y jefas de hogar, cuyo pago corresponde al Estado. En tanto, USD 910 millones se adeudan por atenciones de enfermedades catastróficas, valores que deberán ser cubiertos por afiliados, empleadores y el Estado. “Y vamos a cumplir con este tema”, dijo Espinosa en una entrevista televisiva, el jueves pasado. El artículo 103, literal f, de la Ley de Seguridad Social, vigente desde el 2001, señala que los afiliados tienen derecho al tratamiento de enfermedades catastróficas, cuyo costo será cubierto por un fondo solidario que se financie con el aporte obligatorio del afiliado, del empleador y del Estado. Dicho fondo debía ser creado por el Ejecutivo a través de un reglamento, algo que nunca ocurrió, por lo que el IESS venía costeando estas atenciones a los pacientes. En enero del 2015, el entonces presidente Rafael Correa emitió un Decreto con el que dispuso que mientras se crea ese fondo, las atenciones de este tipo de afecciones debían hacerse en las unidades médicas del Ministerio de Salud. En la práctica, el IESS no dejó de prestar estas atenciones. Para el presidente alterno del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, el Ejecutivo tiene responsabilidad por no haber creado el fondo y, por tanto, debe ser el Estado el que pague ese valor. “No podemos pagar porque era responsabilidad del Presidente el reglamento para poder crear ese fondo. Mientras no exista, nosotros no tenemos por qué aportar”. El Parlamento Laboral argumenta que debe prevalecer la norma constitucional, que establece que el Estado garantiza la universalización del derecho de acceso gratuito a la salud, incluida para personas con enfermedades catastróficas. “El IESS sigue cobrándonos un seguro de salud, cuando eso es responsabilidad del Estado según la Constitución del 2008”, dijo Fernando Ibarra, miembro de esta agrupación laboral. El Parlamento Laboral pedirá hoy a la Superintendencia de Bancos que remueva a Espinosa y a la directora del IESS, Geovanna León, por haber eliminado de los estados financieros las cifras de la deuda del Estado con el IESS. Entre empleadores, el tema aún se analiza. Los representantes de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), de otros gremios productivos y de trabajadores se reúnen hoy para analizar el tema y pronunciarse sobre la deuda al IESS. Para el sector privado, el Seguro Social debe transparentar las cifras de la deuda total con el IESS y definir el plan de pagos. “Habría que ver la proporción de la deuda del Estado y la de los afiliados y empleadores”, dijo Patricio Alarcón, presidente de la CCQ. En todo caso, el directivo señaló que el pago de enfermedades catastróficas se ha venido costeando con recursos del fondo de salud del IESS, que se alimenta del aporte del empleador, pero que “al final son recursos de los afiliados”. El sector privado reconocerá las obligaciones que debe atender, en la medida en que exista la base legal, consideró Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción. “Si se demuestra que el sector privado tiene una obligación pendiente, habrá que cancelar. No usaremos subterfugios como ha usado el Estado, para evitar el pago”. El presidente del Consejo Directivo del IESS comentó, el lunes pasado, que el pago que deberán hacer afiliados, empleadores y Estado para cubrir los valores pendientes por enfermedades catastróficas deberá determinarse por Decreto Ejecutivo, debido a la falta de un reglamento. El funcionario anunció que solicitará una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, para definir detalles sobre este tema. Con el Decreto, según Espinosa, se deberá definir el porcentaje de aporte que pagarán afiliados, empleadores y Estado y, además, si estos pagos deben hacerse de manera retroactiva o en adelante.

 

 

 

El Expreso

Junio 26, 2017

Disfuncionalidad

 

El Ministerio de Finanzas, el IESS y la Contraloría están envueltos en un embrollo que pone de manifiesto la disfuncionalidad operativa del Estado ecuatoriano. En este caso, la historia comienza más de cincuenta años atrás cuando, a cambio de un préstamo del IESS al Gobierno para financiar la infraestructura del XI Conferencia Interamericana (que nunca se llevó a cabo), el gobierno de la época se comprometió a pagar el 40 % del régimen de pensiones y salud.

Fue una deuda que nunca se pagó. Que siempre se consolidó, y se reprogramó a lo largo de todos y cada uno de los gobiernos que se sucedieron en el poder. A principios de la administración del economista Correa se hicieron pagos que, a la postre, resultaron ser simbólicos pues, ni bien efectuados, el Gobierno procedió a escalar sus obligaciones con la seguridad social, teniendo a la entidad como cliente cautivo de sus bonos y papeles. Eventualmente, dentro del mercurial manejo de las finanzas públicas de los últimos años, el Gobierno decidió unilateralmente dejar de pagar las obligaciones, y los directivos del IESS, dependientes del Ejecutivo, dieron de baja deudas que sobrepasan en registro los $2.500 millones.

En teoría, el IESS es de propiedad de sus afiliados. En la práctica, la contabilidad nacional lo registra como parte integrante del sector público, y se lo maneja como una dependencia del Ejecutivo. Entre principios de 2007 y finales de 2015, los ingresos del IESS (registrados por el Banco Central dentro de las operaciones del sector público no financiero) sumaron $31.537 millones, o más de 5 veces mayor a los ingresos del período 2000 – 2006. Cual oportunista, el Gobierno presentó el desarrollo de la seguridad social como uno de sus logros. El otro lado de la medalla es que, al no existir rendición de cuentas (que no sean los eventos con payasos y mariachis) existe un total desconocimiento de los usos de ese apreciable botín.

¿O se trata acaso de otro espejismo en que las partes fingen pagar y cobrar? En ausencia de la rigurosidad contable que las autoridades sí demandan de los actores privados, la discusión presente es la repetición de un rollo que, por trillado, no causa sorpresa sino aburrimiento.

 

 

 

El Comercio

Junio 26, 2017

IESS: basta del mal manejo

Por Miguel Rivadeneira

 

El último informe de Contraloría sobre la existencia de la deuda del Estado al IESS dejó al descubierto la forma cómo en el anterior gobierno se maltrató a la seguridad social. Primero eliminaron el aporte del Estado del 40 % para el fondo de pensiones jubilares en la ley aprobada en la Asamblea (2015) y luego arbitraria e ilegalmente desconocieron la deuda en salud. La Contraloría determina que el fisco le debe USD 2 527 millones por atenciones médicas (más lo acumulado el último año), que había dado de baja de un plumazo el 2016 la actual administración del IESS. En aquella ocasión las autoridades declararon que la deuda era inexistente, de acuerdo con el discurso atropellador del poder central. Empero, existen documentos firmados por autoridades. Uno, el caso del ex ministro de Finanzas (hoy asesor presidencial), que suscribiera el acta de compromiso de pago, el 17 de mayo del 2010, en donde en la primera cláusula se reconoce que el Estado adeuda al IESS lo correspondiente al 40 % por contribuciones al pago de pensiones y por el subsidio de las prestaciones de salud. Por ello hoy el gobierno no puede seguir negando la deuda. La Ley del IESS dispone la contribución obligatoria del Estado, pero la administración del Instituto incumplió la norma, aunque hoy dicen, luego del informe, que darán estricto cumplimiento, a pesar de que se obstinaron y defendieron la eliminación de la deuda. Unos funcionarios no pusieron reparos al hecho y otros suprimieron esa obligación. Según Contraloría, no hubo sustento para eliminar la deuda de sus balances financieros y estableció que la contribución del Estado para cubrir las atenciones médicas de jubilados y personas con discapacidad se podía cobrar sin necesidad de reglamento, que fue el argumento oficial. El caso es muy grave porque no solo se trata de establecer responsabilidades de los altos funcionarios del IESS (una docena) por haber dispuesto la eliminación de la deuda y emitir el criterio jurídico favorable. Esto se les advirtió en su momento, pero la prepotencia y el abuso, ejemplo liderado desde el poder central, atropellaron los procedimientos legales. La Contraloría establece responsabilidades pero también tiene que aplicarse la Ley del IESS, art. 101, que ordena que “los directivos, funcionarios, servidores y trabajadores de todas las dependencias del IESS que sean responsables directos de acciones y omisiones, realizadas en el cumplimiento de sus funciones, y que no estén amparadas en la ley o en los reglamentos, serán removidos (obligatorio, no discrecional) de su representación o cargo y tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que hubieren ocasionado, independientemente de la responsabilidad penal a que hubiere lugar”. ¿Respetarán la ley, cambiarán el rumbo del IESS o seguirán hundiéndole más? 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El Expreso

Junio 26, 2017

El IESS contrata el call center en un impugnado proceso

 

La entidad pagará a un consorcio $ 15,4 millones por dos años de servicio. Dos oferentes ponen reparos al manejo y resultados de la subasta inversa

Tras dos fracasados procesos de contratación, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) asignó en enero pasado la operación del centro de llamadas (call center) para las citas médicas. La entidad pagará $ 15’421.000 por dos años del servicio.

En julio de 2016 había iniciado la búsqueda de un operador para atender las alrededor de dos millones de llamadas mensuales de los usuarios. A dos licitaciones frustradas, le siguió una subasta inversa electrónica que terminó en la asignación del nuevo operador, el pasado 6 de enero.

El IESS adjudicó el contrato a Flobe Group, un compromiso de consorcio compuesto por tres empresas, en un proceso que hasta hoy es reprobado por los otros oferentes que participaron en la puja.

La adjudicación se inclinó a favor de Flobe Group “por presentar la mejor oferta económica y por cumplir con los requerimientos y parámetros de calificación técnicos, legales y financieros exigidos en el proceso”, según la resolución firmada por Geovanna León, directora general del Seguro Social.

Pero tras la adjudicación, los oferentes Plus Contact Center (integrado por las compañías Cronix e Inmoeuropa) y Ecudata Contact Center (constituido por Serviportex, Mattegraphics y Lumadigital) presentaron reclamos formales ante las autoridades de la entidad contratante y del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Con respaldo de documentación, esas firmas argumentan que el consorcio ganador no demostró tener el patrimonio mínimo de $ 1 millón, ni la experiencia específica para el servicio. Mencionan, además, que una de las empresas de Flobe Group se encontraba en mora con la Superintendencia de Compañías.

Todo esto eran exigencias en el proceso de contratación, destacan a EXPRESO voceros de los consorcios que perdieron en la subasta.

“El Sercop causó silencio administrativo porque nunca nos respondió, y de parte del IESS tampoco hemos tenido respuesta al reclamo que presentamos”, asegura Aníbal Carrera, representante legal de Plus Contact Center.

Por su parte, la asesora jurídica de Ecudata Contact Center, Verónica Londoño, dice que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta. “Esto no debe ser cosa juzgada. La Contraloría debe revisar este proceso y cuando lo haga vamos a aportar con todas las pruebas que tenemos”.

Los representantes de Flobe Group alegan, en contraste, que el proceso de contratación se desarrolló de forma normal y que el consorcio cumplió con todos los requisitos para la calificación. “Los errores fueron convalidados. Si no se lo hubiera hecho, nos hubieran sacado del proceso y no hubiéramos podido entrar a la puja”, justifica Mauricio Arcentales, consultor de Flobe Group.

Afirma que el grupo ya está operando el call center del IESS. “Tenemos seis meses para montar algunas innovaciones en el servicio a los usuarios, por ejemplo en lo que respecta al sistema interactivo de voz”, explica.

El pasado 19 de junio este Diario solicitó formalmente al IESS un pronunciamiento sobre las objeciones que se han presentado al proceso de contratación. Hasta el cierre de este artículo, no hubo respuesta.

La entidad lleva ocho años utilizando el call center como un soporte a la gestión institucional. A lo largo de ese tiempo, para esa prestación ha suscrito cuatro contratos, un acuerdo de ampliación y varios convenios de gerenciamiento.

Y seguirá siendo un servicio prestado, ya que el IESS desechó la alternativa de disponer de un sistema propio, por considerar que este no es una actividad del giro del negocio.

Desde 2009 se han pagado $ 79,3 millones

Con el contrato suscrito este año, el IESS ha asignado un total de 79,3 millones de dólares para la operación del call center desde 2009.

En el último proceso participaron, como integrantes de los oferentes perdedores, las dos empresas que han sido contratistas del Seguro.

Cronix prestó el servicio desde agosto de 2009 hasta febrero de 2012, mientras que Recapt estuvo a cargo desde marzo de 2012.

Esta última empresa fue denunciada por colusión y sancionada por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado con $ 2,3 millones, a través de resoluciones en 2015 y 2016. En mayo pasado, un Tribunal de lo Contencioso Administrativo dejó sin efecto esa multa, aclara a este Diario la asesora legal de Recapt.

 

 

El Telégrafo

Junio 26, 2017

El BDE financia obras en Lago Agrio

 

Durante la sesión solemne por los 38 años de cantonización de Lago Agrio, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE) suscribió un compromiso de financiamiento con el Municipio de dicha ciudad de la provincia de Sucumbíos. El documento lo firmaron Byron Ruiz, subgerente general del BDE (foto), y el alcalde de Lago Agrio, Vinicio Vega. El convenio es por $ 2’518.163 para ejecutar tres proyectos: ampliación de las redes de alcantarillado sanitario para los barrios Plan Victoria, Velasco Ibarra, El Cisne y 14 de Noviembre; de redes de alcantarillado sanitario de los barrios La Libertad y 22 de Agosto y la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas de Pacayacu. Ruiz indicó que durante los últimos 10 años la entidad financió obras por $ 41,6 millones para la ciudad. “Hoy firmamos un convenio… (ya que) el trabajo coordinado da frutos y mejora notablemente la calidad de vida de sus pobladores”, mencionó. Al respecto, Vinicio Vega, alcalde de Lago Agrio, destacó el apoyo del banco, al cual lo calificó como “un aliado estratégico porque accedemos a financiamientos para obras de saneamiento, vialidad e infraestructura”.

 

El Comercio

Junio 26, 2017

Inquietudes nacionales

Por Abelardo Pachano

 

¿Una vez que la Contraloría dispuso que se registren en los balances del IESS, cómo puede el fisco pagar lo adeudado? Esta es una de las tantas deudas no reconocidas por el anterior gobierno que, de forma arbitraria y abusiva se negó a pagarlas; y, para hacerlo contó con la anuencia de los altos funcionarios del IESS, pese a los reclamos insistentes de muchos ciudadanos que veían en la decisión oficial, más allá de la ilegalidad, una muestra del quemeimportismo del ejecutivo sobre el futuro de esta emblemática y prioritaria institución social. Ahora, más allá del cuestionamiento del ministro de finanzas, por justicia y equidad toca encontrar la forma de restituir este patrimonio y negociar los términos del correspondiente pago. Al establecer la forma de cancelar este monto, más sus respectivos intereses, que deben ser de mercado, pues son recursos de los afiliados y jubilados, sin duda habrá necesidad de reconocer la difícil situación fiscal. La adquisición de bonos es una posibilidad. Un contrato, con fideicomiso de rentas del presupuesto, manejado por el Central (?) es otro. Ya no fue el Ciadi, vilipendiado por sus arbitrajes internacionales el que determinó una sentencia contra el gobierno, como ocurrió en los casos de Oxy y Exon. Ahora es la Contraloría quien lo hace. Esperemos que, al igual de lo que pasó con los arbitrajes el nuevo gobierno demuestre que hay afán real de enmienda. Y, esto recién empieza, pues deben seguir el mismo proceso los reclamos de los pagos, también desconocidos bajo los mismos argumentos prepotentes, del 40% de las pensiones jubilares de los últimos tres años; así como la restitución de los fondos de pensiones que se han utilizado para cubrir la brecha de salud ocasionada por estas acciones ilegales. El tiempo demuestra la forma como se alteraron las cifras oficiales. Hace pocas semanas el Ministro de Energía reconoció, lo que muchos ya lo advertimos: Petroamazonas debe 2 800 millones en atrasos a compañías de servicios privados, que tampoco están registrados en las cuentas oficiales. Si se suman estos tres conceptos, la deuda interna-oficial- se incrementa de golpe en un poco más de 8 600 millones de dólares. Y, la cuenta sigue….. 2. ¿Qué temas considera claves en el Diálogo anunciado por el Presidente? ​ Es fundamental conocer el Programa Macroeconómico para apreciar su consistencia. De ahí se desprenderá el reconocimiento del problema heredado, que es la pieza fundamental para todo lo que venga luego. Si bien es indispensable racionalizar el tamaño del Estado, el proceso debe seguir un patrón que permita compensar el efecto contractivo de esta línea de conducir las finanzas públicas, con los requerimientos de financiamiento externo necesarios para cubrir las necesidades derivadas de una estructura productiva privada que revitalice el crecimiento, genere empleo. Por ahí, la balanza de pagos y el sistema financiero podrán trabajar en un ambiente menos asfixiante, que colaboren a la normalización de las actividades. En este sentido, existen tres elementos fundamentales en la concepción de la política económica, todos interrelacionados, cuya ejecución armónica debe ser cuidadosamente velada: Racionalización del Estado, Financiamiento internacional temporal, Promoción de la inversión privada. Los tres elementos son vitales. Deben atender los desequilibrios actuales, ofrecer tiempo para su corrección, en un marco de minimización de daños sociales. Cada uno de ellos deberá contener medidas específicas que demuestren el compromiso político, empresarial y ciudadano de recuperar la confianza y asegurar una continuidad más previsiva de la economía. 3. ¿Cómo cubrir el déficit fiscal existente? Parecería que, por fin, existe consenso nacional en reducirlo. Lo que aún no está claro es la forma de hacerlo, que sin duda deberá cuestionar algunas actividades realizadas por el gobierno, que representan tanto gastos corrientes como de capital. En las condiciones actuales, cada año las necesidades de financiamiento son mayores y las disponibilidades para atenderlas lucen restringidas, además de onerosas. Obviamente, eliminar de un tajo esta brecha no es posible ni recomendable. El daño consecuente sería mayor. Lo que se requiere es fijar una línea de reducción coherente con el tiempo requerido para sustituir las fuentes de financiamiento internacionales perdidas por la caída de las exportaciones, el perfil de los pagos de la deuda externa, con ingresos de capitales privados, endeudamiento de largo plazo en mejores condiciones, que se complementen con nuevos productos de exportación. La dolarización exige perseverancia para sostenerla. 4. ¿Qué opina de los proyectos de asociación público-privada? ​ Son un reflejo de las incompatibilidades de la política económica. Particularmente de la tributaria. Se los promueve bajo parámetros atractivos, amigables para el inversionista, con efectos tangibles en la economía interna. Pero, son contradictorios con la política económica que privilegia el Estado o que protege sin beneficio calculado. Ofrecen un tratamiento singular a ciertos proyectos, cuando eso debería ser la norma general para atraer la inversión privada, es decir para muchas actividades en las cuales exista un interés nacional en desarrollarlas. Ahí caben de forma madura todas aquellas que ofrezcan ingresos netos de dólares al país. Servicios, turismo, exportaciones, sustitución eficiente de importaciones, entre tantas que se podrían enumerar.

 

 

El Comercio

Junio 26, 2017

Presupuesto vs plan económico

Por César Augusto Sosa

 

El Ministro de Finanzas presentará en estos días el presupuesto ajustado del 2017, el cual marcará la política fiscal de un Gobierno que ha prometido austeridad en el gasto público, un trabajo conjunto con el sector privado y más empleo, aunque también programas sociales que demandarán más recursos. Si los gastos son mayores a los ingresos, como ha ocurrido en los últimos años, se volverá a tener un déficit fiscal, cuyo tamaño evidenciará el compromiso del Gobierno para poner la casa en orden. El año pasado fue un ejemplo de lo contrario. El déficit bordeó los USD 7 000 millones y la salida fue contratar deuda cara y de corto plazo, lo cual no solo volvía insostenible el manejo fiscal sino que terminaba contaminando al sector privado. La razón: los déficits fiscales se cubren con deuda o con impuestos. Y el mensaje de un alto déficit es que el Gobierno necesitará en el futuro subir los impuestos o contratar más deuda para pagar las obligaciones que siguen creciendo. Ese escenario de incertidumbre fiscal ralentiza los planes de inversión y eleva el riesgo-país, encareciendo el financiamiento para el Gobierno y las empresas privadas. Ecuador es la segunda economía de la región con el riesgo país más alto, luego de Venezuela. En este escenario, el presupuesto ajustado del 2017 será una señal del Gobierno para generar confianza, pero no será la más importante y tampoco será suficiente. Un presupuesto es creíble si guarda coherencia con un programa económico, el cual supone un modelo de desarrollo que necesita de acuerdos mínimos en la sociedad. Y ese programa será exitoso si los actores económicos tienen certezas sobre la política de comercio exterior, la estrategia de fomento industrial, el manejo de las tasas de interés, las reglas tributarias y laborales, el papel del Estado, el financiamiento público, etc. El diálogo público-privado que ya inició es un punto de partida. Habrá que ver si el presupuesto 2017 permitirá seguir dialogando

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El Expreso

Junio 26, 2017

La informalidad es la piedra en el zapato de las mipymes

 

La ONU declaró el 27 de junio como día mundial de estas empresas

Entre los principales obstáculos internos para las actividades y el crecimiento de las mipymes, es posible enumerar: la falta de competencias de gestión (más que nada, el acceso a personal calificado o que responda a las necesidades de las empresas), información limitada de servicios de apoyo y poco acceso a información de los mercados.

Como obstáculos externos, se ha identificado la falta de acceso a financiación, la informalidad, la infraestructura insuficiente, la inestabilidad política, la falta de claridad y coherencia en políticas de fomento empresarial y normativas, una información limitada de servicios de apoyo, entre otros, manifestó a Diario EXPRESO John Bliek, especialista en Empresas, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Organización Internacional de Trabajo, para los países andinos.

El tema es analizado por estos días porque Naciones Unidas declaró el 27 de junio como Día Mundial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes).

Bliek agregó que las barreras provocan una baja competitividad y productividad del sector mipymes. También existe el desafío de conciliar productividad con prácticas responsables y sostenibles en el lugar de trabajo, como lo es el respeto de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo para generar empleos dignos.

En Ecuador existen 1’322.537 mipymes, con un porcentaje mayoritario de microempresas y, según datos del Servicio de Rentas Internas y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, durante el año 2016 alcanzaron ventas por $ 58.335 millones. De esta cifra, $ 5.424 millones corresponden a 102.799 empresas manufactureras, evidenciando su importancia dentro del contexto económico nacional, de acuerdo con el Ministerio de Industrias de Ecuador. En las naciones andinas, este sector representa más del 94 % del universo empresarial.

 

 

 

El Expreso

Junio 26, 2017

Otorgan $ 35 millones para vivienda popular

 

La Agencia Francesa de Desarrollo aprobó el financiamiento

La Agencia Francesa de Desarrollo tiene aprobado un financiamiento por 35 millones de dólares para la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips), para soluciones habitacionales dentro de la línea de vivienda popular. Por ese motivo, se reunieron los representantes de ambas instituciones. Los recursos serán destinados a seis provincias del Litoral, especialmente para reconstrucción de casas en Manabí y Esmeraldas.

El proyecto incluye capacitación técnica para los oficiales de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario (Osfps), a fin de que los créditos que concedan cumplan con las normas técnicas de construcción y la incorporación de recomendaciones sobre mejores prácticas constructivas. La meta no será solamente financiar vivienda, sino asegurar su resistencia ante nuevos movimientos telúricos que eventualmente podrían darse.

Se espera que la firma final para este financiamiento se dé a finales de julio y que se haga un primer desembolso a finales del presente año. Hasta tanto, la Conafips promocionará la línea de crédito en las Osfps del Litoral, para que se capaciten y empiecen a contar con el apoyo de técnicos en construcción que estén al tanto de las normas sismorresistentes que rigen en el país.

 

 

El Expreso

Junio 26, 2017

Ministro británico duda sobre un acuerdo con la UE

 

David Davis, asignado para el ‘brexit’, dijo que no tiene “la certeza”

El ministro británico para el ‘brexit’, David Davis, dijo hoy que está “bastante seguro”, pero no tiene “la certeza” de poder llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) para cuando el Reino Unido deje el bloque.

En una entrevista con ‘El Programa de Andrew Marr’ de la BBC, el presentador le preguntó si estaba seguro de que se firmaría un acuerdo.

“Estoy bastante seguro, aunque no estoy seguro al cien por ciento. Uno nunca puede estarlo, esto es una negociación”, respondió el ministro.

Cuando Marr le recordó que anteriormente había “garantizado” que se llegará a un pacto, Davis matizó que la situación es imprevisible.

“Podemos estar seguros de que habrá un acuerdo, pero sobre si será el acuerdo que quiero, que es el de libre comercio, el acuerdo aduanero y todo lo demás… estoy bastante seguro, pero no tengo la certeza”, manifestó.

Ante la posibilidad de que no se llegue a ningún acuerdo, el ministro conservador dijo, en línea con la primera ministra, Theresa May, que eso “sería mejor que un acuerdo de castigo” impuesto por la UE.

“No podemos vernos en una circunstancia en la que la otra parte dice que te va a castigar. Si eso ocurre, entonces hay que retirarse, y hay que hacer planes para ese caso”, manifestó.