Junio 21, 2017

El Universo

Petróleo cae a mínimos por exceso de suministro global

Los precios del petróleo cayeron a mínimos de siete meses este martes después de las noticias de aumentos en el suministro mundial de varios productores clave, una tendencia que ha minado los intentos de la OPEP y otros países de respaldar al mercado mediante un recorte del bombeo.

El crudo referencial Brent bajó 1,06 dólares a un mínimo de 45,85 dólares por barril, su menor nivel desde el 18 de noviembre. A fin del año pasado, la OPEP y otros productores acordaron reducir la producción en 1,8 millones de barriles por día (bpd) durante seis meses a partir de enero del 2017.

A las 11:40 GMT, el precio del Brent rondaba los 46 dólares. El contrato de futuros del crudo estadounidense a julio , que expira más tarde el martes, cayó 98 centavos a un mínimo de 43,22 dólares, su nivel más bajo desde el 14 de noviembre, antes de recuperarse a cerca de 43,35 dólares.

Ambos referenciales han caído más de 15% desde fines de mayo, cuando la OPEP junto con Rusia y otros productores extendieron su acuerdo de recortes al bombeo hasta fin de marzo del 2018.

Los suministros de la OPEP aumentaron en mayo debido a una recuperación de la producción de Libia y Nigeria, dos países eximidos del acuerdo. El bombeo libio subió en más de 50.000 bpd a 885.000 bpd luego de que la compañía estatal resolvió una disputa con la alemana Wintershall, dijo a Reuters una fuente. La provisión nigeriana de crudo también está en alza, según cifras de la industria.

En tanto, la producción petrolera de Estados Unidos ha estado creciendo rápidamente este año, alimentando el exceso mundial de oferta. Datos mostraron el viernes que el número de plataformas activas subió por vigésima segunda semana consecutiva a 747, la cifra más alta desde abril de 2015.

Con todo, el ministro de Energía saudí, Khalid al-Falih, dijo que el mercado va en la dirección correcta y que sólo necesita tiempo para reequilibrarse, según reportó el lunes el periódico con sede en Londres Asharq al-Awsat. (

 

 

El Expreso

Junio 21, 2017

Moreno eleva a política de prioridad al diálogo nacional

 

El presidente firmó el decreto que institucionaliza el proceso. Son siete mesas temáticas creadas. 60 días para la evaluación y los acuerdos alcanzados

El diálogo ya es política. El presidente Lenín Moreno firmó ayer el decreto ejecutivo que declaró a los espacios de diálogo y al fortalecimiento de la participación ciudadana como políticas prioritarias del Gobierno nacional.

En su segundo día de la primera visita oficial a Guayaquil luego de su posesión, el mandatario encabezó el acto de inauguración del llamado ‘Diálogo Social Nacional’ en el pasaje Illingworth, entre la Gobernación del Guayas y la Universidad de las Artes, centro de la urbe.

Ante decenas de asistentes, entre autoridades locales, dirigentes sociales, gremiales y más, manifestó su apertura a conversar de temas controversiales con personas afines y no afines. “Es necesario reducir la conflictividad… Es el momento de la reconciliación”, expresó. De esta manera, dijo, cristaliza una de sus ofertas de campaña: abrir un diálogo nacional con todos los sectores.

Son siete mesas temáticas las primeras en integrarse (ver apoyo adjunto). El proceso estará bajo la articulación de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades); y la coordinación, al mando de la Secretaría de Gestión Política. La titular de esta última dependencia, Paola Pabón, no descarta la creación de más mesas temáticas de ser necesarias. “Todos los temas se pueden tratar. No hay temas ocultos. En lo que ha insistido el presidente es que no puede haber condicionamientos”.

Desde la oposición acogen el proceso con beneplácito y desde ya aceptan la invitación presidencial a conversar. “Nuestra voluntad es la de participar activamente en este proceso”, adelantó el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, quien asistió al evento de ayer en Guayaquil.

Aparte del también líder del movimiento SUMA, participaron en el acto el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera; el prefecto de Loja, Rafael Dávila (CREO); el analista económico Walter Spurrier; el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala; y sus pares de Manabí y Pichincha, Mariano Zambrano y Gustavo Baroja, en su orden. Además de alcaldes, asambleístas, ministros y titulares de instituciones del Estado. El vicepresidente Jorge Glas no participó.

El siguiente paso en el proceso es la instalación de las mesas temáticas. Una de las primeras en conformarse, en esta semana, será el Consejo Consultivo Tributario.

Los ministerios y secretarías de Estado, dentro del ámbito de sus competencias, podrán instalar los espacios de diálogo. Dentro de los siguientes 60 días, contados desde ayer, la Secretaría de Gestión Política, Senplades y la Secretaría de Comunicación entregarán a Moreno una evaluación del proceso y los acuerdos alcanzados.

 

 

El Telégrafo

Junio 21, 2017

El sector productivo solicitará al Gobierno reinstalar la figura del contrato a plazo fijo

 

La generación de nuevas plazas de empleo es uno de los principales objetivos que prevé alcanzar el gobierno del presidente Lenín Moreno. La generación de nuevas plazas de empleo es uno de los principales objetivos que prevé alcanzar el gobierno del presidente Lenín Moreno. Foto: Archivo Noticias relacionadas: Los peligros de la “flexiseguridad” en el área laboral Los gremios del país aprovecharán el inicio del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario para presentar sus propuestas, las cuales no afectarán la seguridad social del empleado. Redacción Economía El Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, que se instalará este jueves, será clave para que los representantes de los gremios de los sectores productivos presenten sus diversas propuestas, sobre todo en temas laborales y tributarios, a fin de generar empleo y reactivar la economía del país. A inicios de este mes, en entrevista con diario EL TELÉGRAFO el presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), Javier Díaz, recalcó la necesidad de recuperar el contrato a plazo fijo. “No podemos seguir con un contrato a prueba, y que después se convierta en indefinido; incluso los mismos trabajadores están sufriendo las consecuencias de ese cambio”, indicó. Otra propuesta de la AITE es crear una modalidad de contratación acorde a la manufactura. Iván Nolivos, abogado especialista en temas laborales, considera importante que se reforme el Código del Trabajo para reinstalar la figura del contrato a plazo fijo, que antes “fue buena y generó empleo”. “El Ministerio del Trabajo tiene cómo controlar que no se perjudique a los trabajadores y que de ninguna manera la contratación a plazo fijo, sea por un año o por dos, afecte la afiliación de los empleados”, subrayó Nolivos. Mencionó que hay determinadas políticas laborales del Ministerio del Trabajo que generaron problemas a los empleadores, por ejemplo, la adopción del Código Orgánico General de Procesos para generar los vistos buenos. “El tema no es de legislación, sino de políticas a nivel del Ministerio (…) que están en contra de los empleadores”, indicó Nolivos. Mientras que Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, indicó que dicho Consejo Consultivo será importante para presentar al ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, las propuestas del sector manufacturero, en temas tributarios, laborales, societarios, etc. Robalino indicó que siempre han solicitado al Gobierno adaptar el mercado laboral a las necesidades del sector productivo. Tras ello explicó que más del 90% de la generación de empleo en el país está en las áreas productivas, como comercio, construcción, industria, agricultura, pesca, etc., y que si la idea es reactivar la economía hay que solucionar los problemas que tienen actualmente las empresas micro, pequeñas, medianas o grandes en contratar personal. “Esa flexibilidad o adaptabilidad laboral del mercado hacia los sectores productivos es necesaria para reducir el desempleo en el país, con el objetivo de lograr esa meta del Gobierno de generar 250.000 empleos, y darles seguridad al empleado y empleador”, subrayó. Por ello dijo que la idea es la de buscar una mayor adaptabilidad, facilitar las contrataciones, buscar una ocupación, ya sea por obra o por hora “que es algo que tienen otros países en Latinoamérica”. “Todo lo que tiene que ver con la parte legal en relación a la contratación debe ser más sencillo de implementar, así como el despido de personal para que las empresas no huyan de emplear a gente, sino más bien se incentiven y lo hagan”, detalló Robalino. Agregó que dichas propuestas no afectarían el tema de la seguridad social del empleado, ya que “las empresas no sacan nada explotando porque ningún empleado será productivo si está siendo explotado”. El ministro Ledesma descartó la flexibilidad laboral En entrevista con Ecuavisa, el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, recalcó ayer que el Gobierno está en contra de toda flexibilización laboral, ya que implica precarización. Comentó que su objetivo es generar empleo mediante nuevas tipologías de contratos que no están dirigidas para los que tienen trabajo. “Por supuesto que protegeremos los derechos de los trabajadores, pero las nuevas tipologías de los contratos son para aquellos que no tienen empleo”, indicó Ledesma. Acotó que la dinamización laboral no abarca solo los contratos, también pasa por una profunda reforma administrativa en el Ministerio del Trabajo. Por ello esta semana se anunciarán acuerdos que dinamizarán el registro de contrato, el de reglamento interno, una serie de procedimientos administrativos que generarán facilidades para la vinculación del trabajador. “Estoy seguro de que en el Consejo Consultivo recibiremos insumos y propuestas de toda la ciudadanía, de empleadores y trabajadores, que dinamizarán los distintos sectores productivos, como el turístico y el agroindustrial. (Además) tengo muchas ideas y las propondré en el seno del Consejo”, comentó. Sector textil del país pedirá eliminación de ISD Respeto a lo tributario, el titular del AITE explicó que, en el caso del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para importar materia prima, insumos, maquinaria y repuestos, la postura del sector es eliminar inmediatamente dicho tributo. “Ese impuesto está castigando la producción, nos resta competitividad y liquidez”, subrayó. En cambio en cuanto al anticipo del Impuesto a la Renta el planteamiento es que se regrese a una figura de impuesto anticipado presuntivo. En la reunión que mantuvo en la Asamblea, Díaz presentó una propuesta enfocada en impulsar una política de promoción de exportaciones agresiva para productos textiles, confeccionados en el país, que generarían alrededor de 100.000 plazas de empleo en los próximos cuatro años y, si las cosas van mejor, podría duplicarse esa cifra. “Hemos hablado para generar un clúster textil y confección, que incluye un centro de innovación o de investigación; planteamos la necesidad de hacer ajustes en la normativa laboral, sobre todo, en la metodología de contratación, reformas al Código del Trabajo y cambios en la política tributaria”, señaló el empresario.

El Telégrafo

Junio 21, 2017

La deuda del Estado central con el IESS es de $ 2.878 millones, según Contraloría

 

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, durante una rueda de prensa. El presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, durante una rueda de prensa. Foto: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO La institución solicitó en noviembre un examen especial a los valores eliminados de los estados financieros en 2016. El titular del IESS recalcó que acatará las sugerencias de la Contraloría. Redacción Economía El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dará cumplimiento estricto a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado sobre el examen especial respecto al valor de la deuda que mantiene el Estado con la institución. “Somos, de hecho, la primera administración desde 2001 que hemos decidido de manera responsable resolver un problema, que nadie lo quiso hacer anteriormente”, recalcó el presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, en una rueda de prensa. Explicó que, de acuerdo al examen especial, se determinó que el Estado adeuda al Instituto un total de $ 2.878 millones. El monto está compuesto por los $ 2.527 millones correspondientes hasta septiembre de 2016, y $ 351 millones por prestaciones desde octubre de 2016 hasta el 20 de junio de 2017. Espinosa informó que convocó para este miércoles una reunión del Consejo Directivo, para inmediatamente incorporar las observaciones emitidas por el órgano de control. “Y ahí sí aprobar los balances del IESS y posteriormente mandarlos a la Superintendencia de Bancos como manda la ley”. También indicó que la próxima semana enviarán una carta de solicitud al Ministerio de Finanzas, para que se cumpla con el respectivo pago dispuesto por esta auditoría. Advirtió que la cartera de Estado deberá pronunciarse sobre cuál será el mecanismo de pago. Sobre la cuantificación de la deuda, Espinosa dijo que no sabe cómo Contraloría la hizo, puesto que no existe registro desde 2001 hasta 2006. La mañana del martes, la directora general del IESS, Geovanna León, ya había señalado que la Institución acataría las recomendaciones de la Contraloría en el examen especial. El informe final, entre otras cosas, señala que la eliminación del rubro se hizo “sin sustento” y que “estas prestaciones no requerían de la existencia de un reglamento”.

 

 

El Telégrafo

Junio 21, 2017

El consumo de productos ecuatorianos fortalece la dolarización

 

Editoriales: Las alertas están encendidas. En la primera quincena de junio las importaciones se dispararon al 72%. Era algo previsible si se tiene en cuenta que el IVA regresó al 12% y las salvaguardias se eliminaron. Los ciudadanos tienen ahora mayor capacidad de consumo, lo que revela recuperación económica; sin embargo, si la tendencia se mantiene, la balanza comercial se verá afectada. Y eso pone en riesgo la dolarización. Hay un consenso nacional: mantener al dólar como moneda. Pero si enviamos nuestro dinero al extranjero, porque eso significa comprar artículos importados, este sistema no durará durante mucho tiempo. Es verdad que el Gobierno y la empresa privada deben mejorar las capacidades productivas del país para exportar más. Pero los ciudadanos también tienen un nivel de responsabilidad: consumir lo nuestro. Hay que dejar atrás la creencia de que lo ecuatoriano es de baja calidad. Solo así se fortalecerá -y se mantendrá- la dolarización.

 

 

El Telégrafo

Junio 21, 2017

El BNF reestructurará deudas hasta este 18 de octubre.

 

Lorena Cerna, gerenta del Banco Nacional de Fomento, hace un llamado a los ciudadanos a reestructurar sus deudas con la entidad. Lorena Cerna, gerenta del Banco Nacional de Fomento, hace un llamado a los ciudadanos a reestructurar sus deudas con la entidad. Foto: Marco Salgado / EL TELÉGRAFO Redacción Economía Los deudores del Banco Nacional de Fomento (BNF) tienen hasta el 18 de octubre para reestructurar los montos que mantienen pendientes con la entidad en liquidación. La Ley para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, vigente desde abril de este año, fijó 180 días de plazo para realizar dicha gestión. El principal requisito para acceder a los beneficios que ofrece la ley es que los deudores abonen al menos el 5% del saldo del capital de la deuda. Con ello, accederán a la condonación de los intereses de mora y de los gastos judiciales. Una vez que el cliente realiza el pago, el BNF ampliará el plazo de pago de la deuda hasta el doble de tiempo pactado inicialmente y se suman dos años de gracia. Además se establece una tasa de interés fija de 5%. “Este beneficio no tiene límite de monto de capital. Es para todos los clientes, independientemente del saldo de capital de la deuda y del plazo de vencimiento de la deuda”, afirmó ayer Lorena Cerna, gerenta del BNF, en un conversatorio con los medios de comunicación. Las personas que tuvieron una discapacidad posterior a la entrega del crédito y cuyo saldo de capital hasta la fecha sea de $ 40.000 gozarán, además, de las exoneraciones fiscales que constan en la Ley de Discapacidades. Adicionalmente, y bajo el mismo requisito, si el cónyuge o el titular de la deuda falleció “solo por esta vez serán extinguidas las deudas”, dijo Cerna. El BNF hace un llamado a los deudores para que se acojan a los beneficios de la ley. A nivel nacional se dispusieron 16 puntos de atención dentro de las oficinas de BanEcuador. En total son 30.200 clientes, la mayoría son agricultores, que tienen que reestructurar sus obligaciones, de quienes 1.000 ya lo hicieron. Hasta el próximo 18 de octubre los juicios coactivos están suspendidos, pero serán reactivados después de que venza el plazo. Finalizados los 180 días que otorgó la ley, el deudor podrá renegociar su obligación pendiente, pero se incluirá el pago de intereses, multas, recargos y costas judiciales, informaron las autoridades.

 
El Universo

Junio 21, 2017

Directora del IESS defiende eliminación de $ 2.527 millones de sus balances

 

Esta mañana, la directora general del IESS, Geovanna León, aseguró que las autoridades de la entidad han actuado responsablemente sobre los balances del IESS y que el hecho de haber dado de baja una deuda de $ 2.527 millones que mantiene el Estado con la entidad de Seguridad Social, solo fue un movimiento contable. La funcionaria se refería al informe preliminar (sujeto a pruebas de descargo) que fue emitido por la Contraloría el 29 de mayo pasado.

En ese informe se indicaba que fue ilegal dar de baja dicho monto que constaba en los balances del IESS como una cuenta por cobrar al Gobierno por $ 2.527 millones hasta agosto de 2016. Sin embargo en septiembre el valor quedó en $ 0.

La funcionaria indicó que lo que se buscaba al borrar dicha deuda, era transparentar los balances pues no existen, a decir de Geovanna León, los respaldos para acreditar dicha deuda. En todo caso, dijo que se esperará a tener el informe final por parte de la Contraloría. Explicó que se acatará la decisión del ente de control.

Entre tanto, hace pocos minutos se conoció que la Contraloría General del Estado ya tiene aprobado el informe, pero aún no lo hace público.

 

 

La Hora

Junio 21, 2017

Loja: 32 proyectos viales en el olvido

 

En dicha administración llevó a efecto la contratación de 34 estudios y diseños de las vías rurales mencionadas. En total, fueron 1.152 kilómetros, que cuentan con diseños definitivos, o sea proyectos que para ser ejecutados se necesitarían 705 millones de dólares, aproximadamente.

El prefecto actual de Loja, Rafael Dávila Eguez, menciona que la principal característica de la anterior administración fue “la elaboración de estudios, se contrataron 34 consultorías, para igual número de vías”.

El funcionario acota que “los estudios reposan en la Prefectura de Loja, sin poder ser utilizados. La ejecución de estos 34 proyectos demandaría una inversión, a 2013, de 705 millones de dólares, aproximadamente, monto que está fuera del presupuesto de nuestra institución, pues la Prefectura, de acuerdo con el Código de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad), recibe 25 millones de dólares al año”.

Dávila define a los estudios como “presupuestariamente inalcanzables, técnicamente innecesarios, el tráfico de las vías rurales está muy por debajo de las vías interprovinciales, evidentemente para el sector rural las normas internacionales señalan que el ancho adecuado es de 6 metros, y eso sin mover muchos taludes”.

El Prefecto manifiesta que la elaboración de los estudios estuvo mal planificada. “Fueron elaborados al calor de la gran bonanza petrolera en donde se creía que el Gobierno iba a nadar en dinero. Solo dos de los 34 proyectos se han ejecutado, la vía Celica-Cruzpamba-Y del Muerto, y la Río Pindo-Amaluza”.

Asimismo, Dávila indica que los estudios bien los pudo haber realizado en la misma Prefectura, ya que cuenta con un departamento de proyectos y un equipo técnico calificado, pues en la actual administración, el personal técnico de la institución ha desarrollado los estudios que se utilizan para la construcción de vías. “No era necesario contratar consultorías, 32 estudios no le sirven de nada a Loja, es plata perdida”, subrayó.

Se necesitaba planificación

El exprefecto y actual asambleísta de Loja, Rubén Bustamante, indica por su parte que durante su gestión, la provincia necesitaba una planificación en el sistema vial. “Ningún proyecto puede ejecutarse en Ecuador si no se tiene los estudios pertinentes (…) Estos se realizaron en una planificación global de desarrollo. Loja es la única provincia del país que está preparada enfrentar un proceso de construcción vial, es decir, con estudios listos para poder ser ejecutados”, apostilló.

Sobre la validez de los estudios que critica el prefecto Dávila, no siendo un profesional de la ingeniería civil, Bustamante señala que él se atreve a cuestionar los proyectos. Se han ejecutado la Río Pindo Amaluza, que es un ejemplo de trabajo vial; la Celica- Cruzpamba-Y del Muerto y se olvida de la Cariamanga-Río Pindo. Asimismo, la Vilcabamba-Moyococha, la Chiriguala-Changaimina, que las ejecutamos en nuestro periodo”, resalta el ahora congresista.

Sobre las vías que viene construyendo la Prefectura de Loja en la actualidad, Bustamante menciona que: “Miente el prefecto Rafael Dávila, ya que las está ejecutando con los estudios. Si él no tuviera los estudios, estuviera preso, la Ley de Contratación Pública es clara, si usted ejecuta un proyecto de esa magnitud debe tener estudios”.

Ejecución de proyectos

El exalcalde de Celica, Oswaldo Román, quien se desempeñó como consejero en la anterior administración de la Prefectura, menciona que en la administración de Bustamante se “hicieron estudios de más de mil kilómetros de vía y, solo asfaltó 3 kilómetros en la Saraguro-Tenta. También se colocó un doble tratamiento en la Chiriguala-Changaimina. Eso hicieron, nada más”, enfatizó.

“Al actual Prefecto tampoco le sirven los estudios, porque no está utilizando un método constructivo que tenga durabilidad. Los estudios fueron desarrollados con las normas que posee el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)”, hizo hincapié Román.

El exalcalde asegura que los estudios para la construcción de vías que posee la Prefectura de Loja no sirven ya que, “si se quiere hacer un trabajo responsable, hay que gestionar los recursos y cuando estos lleguen, ya los precios habrán variado y tal vez hasta las condiciones habrán cambiado. Es ilógico, se lo dijimos a Rubén Bustamante, era una locura hacer solo estudios”. (EVLL)

Estudios deben fiscalizarse

Jairo Montaño Armijos, exalcalde de Saraguro, también fue consejero en la administración de Bustamante y recuerda que “se contrajo una deuda con al Banco del Estado para hacer estudios. En Saraguro se hicieron dos proyectos. Personalmente creo que se debe fiscalizar aquellos estudios porque conozco que esas consultorías en la práctica no sirvieron, y si no sirvieron, ¿para qué los pagaron?”, se preguntó.

“Se malgastaron los pocos recursos que tiene la provincia. La idea era excelentemente buena, pero lamentablemente en ese periodo la ineficiencia de quienes dirigían la Prefectura los llevó a pasarse cinco años solo en estudios”, comentó Montaño.

EL DATO:

Oswaldo Román y Jairo Montaño, en 2014 participaron como candidatos a la Prefectura de Loja.

LA FRASE: “Los estudios (34) reposan en la Prefectura de Loja, sin poder ser utilizados. Su ejecución demandaría (al 2013) una inversión de 705 millones de dólares”. Rafael Dávila, Prefecto de Loja.

 

El Expreso

Junio 21, 2017

La UE vigila la asesoría para eludir impuestos

 

Los bancos o abogados que indiquen cómo beneficiarse de ventajas tributarias deberán informar a la Comisión Europea

La Comisión Europea (CE) presentará hoy miércoles una propuesta que obligará a los intermediarios fiscales, tales como bancos, consultores o firmas de abogados, a informar a las autoridades tributarias cuando den asesoría que pueda ayudar a evadir impuestos en la Unión Europea.

Los intermediarios estarán obligados a comunicar esta situación cuando los planes elaborados para sus clientes, ya sean individuos o empresas, cumplan con una serie de “marcas distintivas características de las estrategias típicas de evasión”, según las fuentes comunitarias que adelantaron los detalles de la propuesta.

Las autoridades fiscales de cada país, que reciban la información, tendrán que cargarla después en un registro central al que tendrá acceso el resto de Estados miembros de la Unión.

La norma afectará a todos los intermediarios que proporcionen asesoría fiscal, incluidos aquellos que presten servicios dentro de la propia empresa para la que trabajan, aunque la Comisión Europea no ha incorporado una definición precisa de los mismos.

En algunos casos, la obligación recaerá sobre el contribuyente, como cuando su consejero se encuentre en un país de fuera de la UE, cuando se trate de asesoría en la propia empresa y cuando el servicio esté proporcionado por un abogado sujeto a secreto profesional.

En este último caso no puede obligarse al profesional a informar, pero sí a su cliente.

El objetivo de Bruselas es hacer vinculante para todos los países de la UE la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que instó a hacer obligatoria la revelación de estas informaciones, dentro de sus esfuerzos para luchar contra la erosión de la base impositiva y la transferencia de beneficios (BEPS, en sus siglas en inglés).

De hecho, países como el Reino Unido, Portugal o Irlanda ya cuentan con regulaciones sobre la materia.

Una vez que la propuesta sea validada por el colegio de comisarios y presentada oficialmente, lo que está previsto que ocurra mañana, esta tendrá que ser debatida y aprobada por unanimidad por los países.

La Comisión confía en que la legislación entre en vigor para el año 2019.

Es la primera vez que Bruselas propone reglas para atajar la actividad de los intermediarios fiscales, una iniciativa que se enmarca en la ofensiva legislativa contra la evasión de impuestos que inició en particular a raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá.

Desde entonces, la UE ha acordado la directiva contra la evasión de impuestos (ATAD, en sus siglas en inglés), el intercambio de información entre Estados sobre los pactos fiscales que conceden a multinacionales, los informes por país sobre la actividad de las corporaciones en su territorio o la “lista negra” de paraísos fiscales fuera de la Unión Europea.