Archivo de la categoría: Noticias Economicas

Agosto 6, 2014

El Universo

Agosto 6, 2014

Baja en utilidades sería el 67% del IR que pagan operadoras

El monto que se reduciría en las utilidades de los trabajadores de las telefónicas, si se aprueba el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Telecomunicaciones, equivale al 67% del Impuesto a la Renta (IR) que pagan Claro (Conecel) y Movistar (Otecel). Esto, considerando los datos que presentaron las empresas en la Superintendencia de Compañías en el 2013.

En la propuesta enviada a la Asamblea por el presidente Rafael Correa se plantea reducir el 80% (del 15% al 3%) de las utilidades de los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones. La diferencia pasaría a manos del Estado.

Según los reportes del 2013, Claro pagó $ 104,67 millones en utilidades y Movistar, $ 25,64 millones; valores que sumandos dan $ 130,31 millones.

Con el recorte que ha planteado el presidente, al Estado irían $ 104,25 millones, lo que equivale al 67,39% de lo que pagaron por Impuesto a la Renta ($154,68 millones).

Las empresas de telecomunicaciones deben cancelar otros tributos específicos aplicables a ese sector. Roberto Aspiazu, director de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, señala que pagan el valor inicial de la concesión, tasas anuales por concesión, una tasa de 2,93% de sus ventas brutas, 1% sobre el mismo rubro para el Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, además de las tasas municipales.

Dentro de los informes de resultados de las compañías se incluye un valor denominado “Impuestos, contribuciones y otros”. En el 2013, Claro desembolsó $ 78,99 millones y Telefónica, $ 40,77 millones.

Ayer, el presidente Correa, en una entrevista en Esmeraldas, volvió a cuestionar el monto de las utilidades y las ganancias de las empresas.

“¿Qué derecho es que 4.500 familias obtengan 130 millones (de dólares anuales) de utilidades en base al uso de un recurso natural de todos los ecuatorianos como es el espectro radioeléctrico?”, dijo, y agregó: “Eso significa que las telefónicas están ganando mucho más. No se preocupen. Ya vamos a eso”.

Las ganancias después de pagar impuestos y utilidades de Claro fueron de $ 341,06 millones y de Movistar, $ 113,86 millones, en el 2013.

El Telégrafo

Agosto 6, 2014

El SGP+ se mantendría hasta vigencia de acuerdo

El ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, aseguró que “se mantendrá 0 arancel en la oferta exportable desde el 1 de enero de 2015” y pidió tranquilidad a los sectores que estaban preocupados por el vencimiento del Sistema General de Preferencias (SGP+).

Rivadeneira explicó que hasta el momento se trabaja en un instrumento jurídico que respalde ese aspecto.

Estos detalles los dio a conocer ayer, durante una reunión con los representantes de las cámaras binacionales en Ecuador. Allí comunicó que el acuerdo firmado entre Ecuador y la Unión Europea (UE) potencia la inversión europea en el país y que los intereses y sectores sensibles de la economía ecuatoriana están salvaguardados.

Proceso del acuerdo

El Presidente de la República ya conoce los términos del acuerdo y Rivadeneira dijo que “está aprobado lo que se hizo en la última ronda de negociación en Bruselas”.

El acuerdo entraría en vigencia en el primer trimestre de 2016. Se trata de un proceso largo porque primero deben reunirse los jefes negociadores y los de cada mesa, para que revisen el texto del acuerdo y se verifique que en él conste la voluntad de todas las partes y que la versión en inglés sea la misma que en español. Posteriormente, será traducido a los 24 idiomas que se hablan en la UE.

“Una vez que eso se haga, yo iré personalmente a rubricar la versión final, tanto en inglés y español”, indicó el ministro de Comercio Exterior.

Estimó que el texto definitivo se entregará entre octubre y noviembre de este año. El texto debe ser aprobado por el Parlamento Europeo, trámite que puede durar 2 años. Mientras tanto, en Ecuador el acuerdo debe pasar por el Consejo de Comercio Exterior, por la Corte Constitucional y, finalmente, ser aprobado por la Asamblea Nacional.

Productos agrícolas

Rivadeneira aseguró que “una vez que el acuerdo entre en vigencia la oferta exportable ecuatoriana ingresará con 0 arancel”. Es decir, los bienes industriales y agroindustriales sin excepción alguna. Por ejemplo, el azúcar que actualmente no se exporta a Europa, desde 2016 será posible venderlo sin arancel y sin reciprocidad. Esto quiere decir que la UE no exige las mismas ventajas.

Sobre este mismo producto y aunque no dio cifras, Rivadeneira expresó que habrá 2 contingentes para su exportación: uno para el azúcar en bruto y otro para productos con alto contenido de azúcar.

Las pymes están protegidas

Adicionalmente, el funcionario aseguró que con el acuerdo no se perjudicará a las pymes y mipymes ecuatorianas. Y que se logró una negociación en mejores términos que con Perú y Colombia. Además, informó que los programas emblemáticos relacionados a la alimentación escolar y confecciones de uniformes serán de exclusiva participación de empresas nacionales.

Europa podrá enviar a Ecuador bienes de capital, tecnológicos, materias primas e insumos que la industria ecuatoriana no elabore. Para esto, se estableció una ‘lista positiva’ en la que se especifican los sectores a los que podrán ingresar productos europeos. Por otro lado, se negoció para que ecuatorianos puedan prestar servicios profesionales en la UE.

Una vez que el acuerdo entre en vigencia, las preferencias para Ecuador se aplican de inmediato, mientras que para la UE se establecieron plazos de 0, 5 y 10 años.

Lo que Ecuador no aceptó

El sector automotriz está protegido durante 7 años a partir de 2016. Durante la negociación, la UE pidió apertura para exportar ‘autos fríos’ (vehículos 0 km de años anteriores) sin aranceles. Ecuador no aceptó esta petición. Tampoco podrán ingresar vehículos, ropa o calzado usados.

Europa pidió apertura de productos remanufacturados, es decir, aquellos bienes usados pero que tienen algunos componentes nuevos, que también son excluidos.

El acuerdo no establece límites al componente nacional de los productos exportables. Es decir, que la UE acepta importar productos elaborados en Ecuador pero con componentes importados de países que mantienen acuerdos con la UE, como México, Chile, Perú, Centroamérica, Colombia y Perú, incluso con países de la UE.

Mientras el acuerdo entra en vigencia, las autoridades indicaron que se desarrollarán estrategias de penetración en el mercado europeo, como la creación de una marca país.

El Telégrafo

Agosto 6, 2014

$ 1.558 millones se destinarán para las FF.AA.

Ecuador invertirá $ 1.558 millones hasta 2017 para fortalecimiento de equipos militares y el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. De ese rubro, $ 112 millones se destinarían a la compra de radares para el control aéreo de las fronteras, indicó la semana pasada el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Fernando Cordero, a la agencia Andes.

Resaltó que para el Estado y el Gobierno es una prioridad “mejorar todos los sistemas tecnológicos del Ejército”, y que “en pocos meses tendremos todo un sistema de radares”, cuya compra ya fue autorizada por el presidente Rafael Correa.

Hasta el momento 3 empresas europeas habrían ofertado los radares y se estima que la negociación concluya en diciembre de este año.

Sobre este tema, durante un encuentro con su homólogo de Haití, Lener Renauld, para la capacitación de pilotos de ese país, la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, manifestó: “Vi que El Universo sacó un artículo con base en las declaraciones que dio el Ministro de Seguridad, pero en realidad la responsabilidad sobre el tema de radares es de este ministerio. Es una adquisición que, dentro del proceso contractual, es reservada. En el momento que se concrete, pues se hará pública”.

Con la nueva tecnología, las autoridades esperan tener mayor control aéreo en las fronteras, especialmente de la zona norte y nororiental, donde Ecuador comparte con Colombia 720 km de frontera.

El objetivo es detectar la infiltración de grupos irregulares o vuelos ilegales del narcotráfico.

En entrevista con EL TELÉGRAFO, publicada el 21 de julio pasado, Cordero destacó: “La videovigilancia aérea tiene que incorporar estas formas de penetración, como las avionetas a baja altura que son usadas por el narcotráfico. Esa es tarea de las FF.AA. Además, los radares nos servirán para controlar toda la soberanía territorial”.

El espacio aéreo del Ecuador no está en indefensión

El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha un proceso de fortalecimiento y modernización de todas las Fuerzas Armadas.

“Ese proceso de modernización y fortalecimiento comprende un ámbito de bienestar militar que tiene que ver con el cierre de la brecha del déficit de vivienda fiscal y también con el mejoramiento de las condiciones laborales del personal militar”, explicó Espinosa.

Un segundo componente en el proceso de modernización y fortalecimiento es una racionalización del talento humano, “un componente que considera un nuevo diseño operacional que hará que podamos optimizar los medios, los recursos y los espacios que utilizamos”, aseveró Espinosa.

La secretaria de Estado precisó que se trata de un reacomodo de la presencia de las unidades militares en el territorio, de acuerdo al nuevo escenario de riesgo y amenazas, empoderando sus capacidades operativas.

Como parte del proceso, la funcionaria informó que mañana arribará a Ecuador uno de los 3 aviones logísticos de España, para completar la necesidad de unidades en el país, luego de prescindir de 2 aviones AVRO, que tenían 40 años de operación.

En el plan de fortalecimiento de las capacidades operativas de las FF.AA. se incluye tambiénla entrada de funcionamiento de 2 submarinos para la Fuerza Naval, con el fin de fortalecer la presencia de la Marina en toda la franja costera con las capitanías y nuevos sitios de control, lo que optimiza la infraestructura de la Fuerza Terrestre.

“Hay todo un proyecto que se llama Plan de Recuperaciones Militares para la optimización y mejoramiento, en donde se estructuran las unidades militares. Es decir, este es un plan completo que ha sido trabajado con mucho cuidado y profesionalismo y que fue aprobado ya por el señor Presidente en mayo de este año y que está en plena ejecución”, reiteró la ministra Espinosa.

Mañana llegará al país el primero de 3 aviones CASA

En la base aérea Eloy Alfaro de Manta se realizará mañana la ceremonia militar de reemplazo del equipo de vuelo del Escuadrón N° 1112 entre el avión CASA C-295 y el AVRO HS-748, como parte del proceso de modernización de equipos militares.

Los aviones AVRO, que tenían casi 40 años de servicio en Ecuador, saldrán de operación, según confirmaron fuentes castrenses.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) indicó que en 2013 el Gobierno realizó la compra de 3 aviones de transporte mediano a la empresa Airbus Defense and Space (España), para reemplazar los aviones AVRO y fortalecer las capacidades del transporte liviano de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

El primero de esos 3 aviones arribará al país procedente de España, mientras que las otras 2 naves llegarán en octubre o, máximo, a fines de año.

El evento contará con la presencia de la ministra de Defensa Nacional, el alto mando militar de las Fuerzas Armadas e invitados especiales.

El Universo

Agosto 6, 2014

Presidente: Fondos son de plata pública

Los fondos de cesantía nacieron con fondos públicos y serán manejados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), sentenció el presidente Rafael Correa.

“Que el Gobierno está incautando fondos privados, ¡mentira! Por el contrario, se incautaron fondos públicos a manos privadas”, replicó en una entrevista con representantes de medios de comunicación de Bucay (Guayas) en donde realizó ayer su gabinete itinerante. Hoy hace allí su enlace sabatino.

Según el mandatario, existen 61 fondos complementarios; de ellos, 8 surgieron con recursos privados que quedarán en manos privadas y los otros los manejará el sector público, como parte de un proyecto de ley que impulsa el bloque de Alianza PAIS en la Asamblea Nacional, y que plantea que 54 fondos de cesantía y jubilación de empleados públicos sean administrados por el Biess.

“Estos fondos van a ser controlados, administrados por el Biess y no por una gallada del MPD”, anotó Correa, en referencia al Fondo de Cesantía del Magisterio.

Defendió la propuesta y alegó que hay fondos en los que los empleados aportan $ 3 y el Estado $ 7. “Plata pública, ilegítimamente, para beneficiar a ciertos grupos. Lo que estamos diciendo ahora es que ya que esto se construyó con plata pública que lo pase a manejar el Biess. Defendemos el dinero del pueblo”, insistió.

El Universo

 

Agosto 6, 2014

 

Activos del Fondo de Cesantía del Magisterio suman más de $431 millones

Los activos administrados por el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) suman $ 431’410.201,98, detalló el jueves anterior Juan José Castelló, presidente de ese gremio, durante la Asamblea de los maestros que se realizó en Guayaquil.

El dirigente explicó que de ese dinero, $ 6,6 millones corresponden a los fondos disponibles de la institución; $ 177,7 millones a inversiones privativas; $ 94,3 millones a inversiones no privativas; $ 108,2 millones a inversiones de proyectos inmobiliarios; $ 18,9 millones a cuentas por cobrar; $ 10,4 millones corresponden a propiedades y equipos y $ 15 mil a bienes adjudicados por pago y recibidos en dación.

Este desglose lo realizó en dicha cita para presentar a los afiliados cómo se han distribuido los fondos.

Varios de los profesores presentes solicitaron que antes de rechazar la propuesta de que los fondos pasen a ser manejados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), se deben transparentar las cifras.

Castelló defendió su administración y explicó que en los últimos 13 años, el total de activos administrados por el FCME se han entregado más de $ 751 millones en créditos personales.

Defendió las inversiones realizadas, mediante las cuales se construyeron 32 ciudadelas del magisterio en el país.

Rossana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, explicó que los fondos suman más de $ 431 millones gracias al incremento de los afiliados (de 68 mil a 146 mil) y por la inversión.

Hoy

 

Agosto 6, 2014

 

El precio del petróleo WTI baja y cierra en $97,38

El petróleo de Texas (WTI), referencia del petróleo ecuatoriano, bajó este 5 de agosto un 0,92 % y cerró en $97,38 el barril, en una jornada en la que se conoció un dato mejor de lo esperado sobre el sector servicios en Estados Unidos. Al final de la sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) los contratos de futuros del Petróleo Intermedio de Texas para entrega en septiembre bajaron 91 centavos de dólar respecto al cierre del lunes.

El crudo de referencia en Estados Unidos registró esos cambios en una sesión en la que se publicó que el sector servicios creció en julio a su mayor ritmo en nueve años y se situó en 58,7 puntos, frente a los 56,5 puntos que habían calculado los expertos. Los mercados financieros temen que ese buen dato del sector servicios, que representa dos tercios de la economía del país, lleve a la Reserva Federal estadounidense (Fed) a aprobar la primera subida de los tipos de interés.

Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en septiembre, los de más próximo vencimiento, bajaron un centavo y

cerraron en $2,71 el galón. Mientras, los contratos de gasóleo para calefacción para entrega en ese mismo mes bajaron este martes cuatros centavos y terminaron en 2,44 dólares. Por último, los contratos de gas natural para entrega en

septiembre, que también se toman como referencia, subieron 6 centavos y cerraron en 3,89 dólares por cada mil pies cúbicos. (Efe)

Expreso

 

Agosto 6, 2014

 

Más empresas se suman al cambio de matriz productiva

Hasta la fecha, los empresarios en el país han firmado convenios de inversiones por más de $ 2.700 millones. De esta forma apoyan al cambio de la matriz productiva y sacan provecho al Código Orgánico de la Producción, el cual ofrece beneficios tributarios. Entre las empresas que han invertido están Tecnova, Erco-Continental y Nestlé.

Hans Witte, vicepresidente comercial de la empresa Tecnova, dijo que inyectarán $ 16 millones de dólares para duplicar la producción de baterías de la marca Bosch. Al año Tecnova fabrica en promedio 800.000 baterías, el 70 % es para consumo nacional y el 30 % se exporta a países como Colombia y Chile. Witte destacó que los convenios con el Gobierno da al sector empresarial la seguridad legal que requiere toda inversión.

En este tren de ampliar la producción también se quiere subir la empresa de neumáticos Erco-Continental Tire Andina S.A. Esta industria planifica invertir $ 50 millones. Otra inversión reciente es la de Nestlé, por $ 17 millones, para lo cual el gerente general de la industria, Paul Bulcle, visitó Guayaquil. En total son 2.700 millones.

Hoy

 

Agosto 6, 2014

 

El Biess afina su imán para los fondos previsionales

Hugo Villacrés sostiene que una cartera de $12 771 millones en el Biess es un puntal de seguridad y solvencia.

El Banco de IESS diseña un producto para atraer a 54 fondos con participación de recursos públicos y, de manera optativa, para 10 fondos privados. Así lo comunicó Hugo Villacrés, presidente del Consejo Directivo del IESS, en Radio Democracia.

El Biess dibuja un nuevo producto para atraer los fondos previsionales. El Gobierno lanza una oferta para captar los más de 900 millones de dólares que son administrados actualmente por 64 administradoras: 54 con fondos públicos y 10 con fondos privados.

Esta mañana, en entrevista en Radio Democracia, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Hugo Villacrés, anunció que desde el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sociales, se está diseñando esta posibilidad para que los ecuatorianos que están aportando a fondos en los cuales también participan recursos públicos pasen a una institución con mayor “seguridad y solvencia”, en palabras del representante del Presidente de la República en el Seguro Social.

Villacrés indicó, también, que esta iniciativa de fondo previsional estaría abierta además para trabajadores de sectores privados que, bajo una “decisión optativa” pudieran participar en esta propuesta. Para ello, el Presidente del Consejo Directivo del IESS recordó que hay trabajadores entre 25 y 45 años que estarían aportando para administradoras de fondos privadas, con sede en el extranjero.

Establecer líneas de ahorro previsional dentro del Biess -dice Villacrés- puede abrir al aportante la posibilidad de acceder a mayores líneas de crédito, dentro de préstamos hipotecarios, quirografarios o dentro de cuentas complementarias, con una tasa que promedia el 8%. Y para mostrar la salud del Banco, Villacrés dice que

Villacrés indica que el respaldo para esta acción está en una cartera, como la del Biess, de alrededor de 12 771 millones, con un portafolio diversificado. Si una inversión no es buena -dijo Villacrés-, con el resto del portafolio se compensa.

El Telégrafo

Agosto 6, 2014

Patricio Rivera no descarta veto al Código Monetario

El titular del Ministerio Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, no descartó ayer un veto parcial al proyecto de Código Orgánico Monetario Financiero que fue aprobado, la semana pasada, por el pleno de la Asamblea Nacional.

El documento de 520 artículos, al momento, está en manos del presidente de la República, Rafael Correa, quien tiene hasta el 25 de agosto para pronunciarse sobre su contenido.

El funcionario, en diálogo con El TELÉGRAFO, confirmó que ha solicitado una cita al Jefe de Estado, con las autoridades del Banco Central y de otras instituciones inmersas en el tema, para presentar algunos aspectos de la propuesta que deberían mejorarse.

El ministro precisó que el presidente Correa es el que tiene la última palabra sobre el tema.

Rivera señaló que hay cosas importantes que se incluyeron desde la Asamblea, pero considera que hay que hacer algunas precisiones “más de forma” para mejorar la ley, que fue presentada en la Legislatura con el carácter de urgente en materia económica.

“Hay unos temas relacionados a los seguros, donde si una aseguradora quiebra y una persona en ese momento tiene un incidente, un altercado (ejemplo, se le incendia la casa), el seguro podría o no empezar a cubrir esos inconvenientes en ese lapso. Lo importante es que creemos que hay algunas cosas que se pueden aclarar para que la ley alcance lo que se busca”, puntualizó Rivera.

El proyecto de Código Monetario tiene como objetivo regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros de Ecuador.

De conformidad con lo que disponen los artículos 137 y 138 de la Constitución, el Ejecutivo tiene 30 días de plazo para sancionar u objetar la propuesta aprobada por la Asamblea. De darse un veto parcial al proyecto, los legisladores tendrán 30 días de plazo para allanarse al criterio del Ejecutivo o insistir en los textos por ellos aprobados.

Universo

 

Agosto 6, 2014

 

COAC, desafíos y oportunidades frente al Código Monetario y Financiero

Por Rosa Matilde Guerrero Murgueytio

El modelo cooperativo a nivel mundial es de larga data y exitoso; un ejemplo representativo es el alemán (y una empresa, Volksbanken). Las claves del éxito de las COAC (cooperativas de ahorro y crédito) en este país se fundamentan en voluntad de formar sistemas de integración; redes para disminuir costos de operación; regionalidad, pues no compiten entre cooperativas; protección a los ahorros; regulación y supervisión obligatoria; productos y servicios financieros de acuerdo a necesidades de sus socios; y, capacitación.

Los 7 principios del cooperativismo a nivel mundial son: adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática por parte de los socios; participación económica de los socios; autonomía e independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas; e, interés por la comunidad. Estos son destacados en el “Plan de la Década Cooperativa” 2013, que postula participación de los asociados, sostenibilidad, identidad cooperativa, marcos legales que incentiven el modelo, y capital fiable controlado por los socios.

El Proyecto de Código Monetario y Financiero, en el caso de las COAC, plantea varios elementos positivos que van en la línea de las lecciones aprendidas a nivel internacional y los principios cooperativos, como es el fortalecimiento de la Red de Seguridad Financiera en beneficio de los socios/depositantes, y acceso al fondo de liquidez y seguro de depósito.

Sin embargo, el art. 328, monto protegido, de la propuesta de Ley, referido a la cobertura del seguro de depósito para los ahorristas, efectúa una diferenciación, entre las COAC pertenecientes al segmento 1 (poseen USD 80 millones o más de activos) y el resto de segmentos, en el primer caso el monto asegurado no será inferior a USD 32.000,00 y en el segundo, no será inferior a USD 11.000,00. Lo señalado resulta contradictorio con las prácticas internacionales, pues el seguro de depósitos es una forma de garantía a los depositantes si falla su institución financiera, por tanto debe ser obligatorio y explícito, un monto único de cobertura para todos los depositantes que lo integran, difundido de forma clara y expresa con el propósito de no inducir a errores.

El capital es una importante línea de defensa para proteger los ahorros de los asociados, es así como se debe incentivar a que anualmente un porcentaje de las ganancias de las COAC se coloque como reserva para cubrir problemas imprevistos, más aún cuando este tipo de instituciones no tienen fines de lucro. El art. 447 de la propuesta de Código se refiere al capital social de las COAC, indicando que se determinará por regulación; y, el 448 menciona que “La capitalización se perfeccionará con el aporte de un nuevo socio o con la resolución de la asamblea general que disponga la capitalización de los aportes”. Sería conveniente clarificar estos artículos para evitar la discrecionalidad, respetar el principio cooperativo del control democrático de los socios propietarios donde cada socio tiene derecho a un voto independientemente del monto de aportaciones o depósitos que tenga; adicionalmente, tomar en cuenta mecanismos modernos de incentivos a procesos de capitalización, que permiten la provisión y capitalización libre de impuestos, para promover la solidez de este sector.

La Hora

 

Agosto 6, 2014

 

Médicos especialistas no reciben sueldos homologados

Los médicos especialistas, subespecialistas y jefes de servicios del Ministerio de Salud y del IESS todavía no se encuentran homologados en la categoría que les corresponde. La denuncia la realizó el vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Víctor Álvarez, uno de los afectados.

El 19 de noviembre de 2012, el Ministerio de Relaciones Laborales expidió la resolución MRL -2012 0734, con una nueva escala de valoración de puestos (ver recuadro). La cartera de Salud y la Seguridad Social debían remitir en 30 días las listas para realizar el ‘ajuste técnico a la clasificación’.

En ese entonces, el exministro de Relaciones Laborales José Vacas firmó la resolución, en cuyos considerandos se establece que ya se había emitido el dictamen presupuestario favorable.

A partir de enero de 2013 los médicos debían recibir los nuevos salarios. Sin embargo, eso no se dio. En el caso del Ministerio de Salud, hay 687 médicos con nombramiento y 633 en la modalidad de contratos de servicios ocasionales que tenían que pasar por la homologación.

Guillermo Barragán, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, quien trabaja en el Hospital Carlos Andrade Marín, estima que en el IESS hay entre 1.700 y 2.000 afectados.

Cambios:

En el Hospital Eugenio Espejo, al igual que en otras casas de salud, el departamento de talento humano elaboró una tabla. En ese informe constan 84 personas. Por ejemplo, en los casos de los especialistas en anestesiología, reumatología, medicina interna, traumatología, cirugía general, gastroenterología, entre otros, están ganando 2.472 dólares, en la categoría de servidor público 11. Pero deberían percibir 2.641 dólares, que corresponde a la categoría de servidor público 12.

Ese es el caso de un especialista en traumatología que trabaja 20 años en el Hospital, quien prefiere no dar su nombre.

Este Diario envió una solicitud de entrevista a tres comunicadoras del Ministerio de Salud el 29 de julio. Sin embargo, hasta ahora no se ha enviado la información solicitada ni se ha coordinado la entrevista. (AGO)

Agosto 5, 2014

Hoy

Agosto 5, 2014

El país crece al 5%, pero…

Ecuador, desde las cifras, va bien. El hecho es irrefutable y por ello la Cepal, en su Estudio Económico 2014, divulgado ayer, destacó su previsión de crecimiento en el 5%: más del doble de la media regional, ubicada en el 2,2%.
Así, el país está entre los seis primeros de América Latina y el Caribe con mejor desempeño, antecedido por Panamá, Bolivia, Colombia y República Dominicana, y seguido por Nicaragua.
El organismo de las Naciones Unidas explica que el reporte positivo de Ecuador responde al dinamismo de la demanda interna -particularmente por la inversión-, la recuperación de la actividad de refinación de petróleo y un aumento de la deuda pública. En todos estos factores, la incidencia del peso del Estado es gravitante.

Tras las buenas proyecciones ecuatorianas, una pregunta luce inexorable: en la coyuntura geopolítica actual ¿es sostenible este tren de crecimiento?

El estudio de la Cepal propone un escenario en el que China será el factor que incline la balanza. Si el gigante asiático no logra mantener su ritmo de crecimiento en el 7% -como se prevé para lo que resta de 2014-, las economías regionales basadas en agendas extractivistas podrían ver nubarrones en el camino… ¿Ese es el caso de un país como Ecuador que tiene comprometida buena parte de sus recursos naturales no renovables a Pekín?
La Cepal indica, asimismo, que en el mediano plazo se espera que la región enfrente una demanda menos dinámica de sus principales bienes de exportación y un encarecimiento del financiamiento externo. Esas señales ya están en el aire.
¿Alternativas? “La política macroeconómica -se lee en el informe- debe reorientarse, buscando crear las condiciones para el crecimiento sostenido… Para ello es necesario propiciar un aumento de la inversión (pública y privada) en infraestructura e innovación y fomentar la diversificación productiva”. Ecuador, por ende, no puede leer a medias el estudio de la Cepal.

El Telégrafo

Agosto 5, 2014

El mandatario apoya el traspaso de fondos públicos al Biess

Los representantes del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) reaccionaron ante las palabras del presidente Rafael Correa al asegurar que la entidad no se nutre de asignaciones estatales, por lo que sus ahorros no serán traspasados al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Una propuesta legal, aprobada en la Asamblea en primer debate, plantea que los fondos que hayan recibido dinero del Estado sean administrados por el Biess y no por instituciones particulares de derecho privado.

Juan José Castelló, presidente del FCME, dice que espera que la auditoría que ordena el propio proyecto de ley demuestre que esta entidad tiene recursos 100% privados. “Él (Presidente) ha dicho que de los 64 fondos existentes 54 tienen dinero público y 10 no; que esos se van a mantenerse en manos privadas. Perfecto, porque nosotros no hemos recibido dinero del Estado”, enfatizó”. Por ello mañana enviará una solicitud para que el Jefe de Estado los reciba y escuche.

Sobre este tema, el Primer Mandatario ratificó, a través de las redes sociales, que los “fondos complementarios con fondos públicos (u obligatorios) deben pasar al Biess. Es falso eso de que se trata de una incautación (sí lo fue el congelamiento de depósitos de 1999, que prohíbe expresamente el nuevo Código Monetario)”.

Para el gobernante no es justo que unos pocos trabajadores reciban un beneficio social adicional al IESS, gracias a las aportaciones del Estado. Los 431 millones que han declarado como activos están divididos en diferentes inversiones, entre ellas el proyecto hidroeléctrico Sabanilla. Según cifras del FCME, son 6 mil maestros los que han aportado más de $ 12 millones de capital y son dueños del 70% del paquete accionario del proyecto hidroeléctrico Sabanilla. Castelló enfatizó que esta es una inversión que no sufrirá ningún perjuicio en caso de que el Biess asuma la administración del fondo.

El Expreso

Agosto 5, 2014

Los bancos ganaron $ 148 millones en el primer semestre

Los 25 bancos que operan en el sistema privado de Ecuador cerraron sus libros en la primera mitad del año con cifras más bondadosas.

Las utilidades obtenidas, que provienen en buena parte por su negocio de intermediación -captar ahorros y colocar créditos-, sumaron 148 millones de dólares: 19,35 % más que lo que rentaron en igual lapso de 2013, según los balances consolidados, publicados por la Superintendencia de Bancos.

Pichincha, Guayaquil, Pacífico y Produbanco son las cuatro entidades que capturan la mayor parte del pastel, con el 64 % de renta que obtuvo la industria. Este cuarteto también es el que más créditos entregó hasta junio. El sistema registra en su cartera un saldo de $ 17.014 millones.

Agosto 4, 2014

El Telégrafo

Agosto 4, 2014

Ecuador, entre las 100 naciones que registran alto índice de desarrollo humano

El Informe de Desarrollo Humano 2014 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo clasificó a Ecuador en el grupo de países con ‘elevado desarrollo humano’. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es medido desde 1990.

El Ecuador se ubica en el puesto 98 entre 187 países evaluados, ocupando el rango de países caracterizados con “elevado desarrollo humano”. Los logros alcanzados durante el gobierno actual son alentadores y explican esta distinción.

El país es uno de los pocos en América Latina que ha reducido la pobreza de forma paralela a la disminución de la desigualdad y al aumento del consumo por habitante. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina, Ecuador es el país de América Latina que más rápidamente ha logrado disminuir las desigualdades. El coeficiente de Gini por ingresos disminuyó en 7 puntos entre 2006 y 2012, mientras que en el mismo período, América Latina logró bajar 2 puntos.

La pobreza medida por ingresos se redujo en 12 puntos, pasando de 38% en 2006 a 26% en 2013, mientras que la pobreza extrema se redujo a la mitad, pues era del 17% en 2006 y se ubicó en 9% en 2013. Por primera vez se logró que la pobreza extrema por ingresos alcance un solo dígito.

A diferencia del período neoliberal, la Revolución Ciudadana logra integrar la política económica y social para hacer posible una redistribución de la riqueza. Hay 4 aspectos importantes para consolidar una acertada política redistributiva: la política tributaria, la renegociación de la deuda externa, la renegociación de los contratos petroleros y la alta inversión pública.

Entre 2007 y 2013 se triplicó la recaudación tributaria en relación al período 2000-2006 y sin aumentar impuestos. Con la renegociación de la deuda pública, el Ecuador ahorró $8.000 millones. Los recursos del petróleo ahora se quedan en el Ecuador. Mientras que en 2005 el Estado recibía un 13% de la extracción del petróleo, ahora se recibe el 85%. Esto significa $1.000 millones adicionales para el Estado por año, dinero que es invertido en obras públicas.

Ecuador es el país de América Latina con mayor inversión pública en relación a su Producto Interno Bruto (PIB). En 2013 registró una inversión del 15% de su PIB, mientras que en 2006 esta inversión representó el 4%. El promedio de inversión pública en relación al PIB en América Latina se ubicó en 4,5% en 2012. Además, en 2005 la inversión pública en el área social representó el 4,2% del PIB, mientras que en 2013 subió a 9,6%.

La política económica redistributiva se ha complementado con el incremento de los ingresos. El salario mínimo pasó de $160 en 2006 a $340 en 2014. En cambio, en épocas anteriores, el ingreso anual promedio por habitante aumentó en un 0,8%, pero en nuestro gobierno aumentó en un 4,6% anual.

La mejor forma de erradicar la pobreza es la generación de trabajo digno y empleo de calidad. Por ello el Ecuador presenta las más bajas tasas de desempleo en la región, llegando a apenas al 4%.

Otro logro importante es la universalización de la educación. La tasa neta de matrícula en educación media subió del 48% en 2006 al 66% en 2013. Los indígenas duplicaron su matrícula, pasando del 24% en 2006 al 57% en 2013, casi el triple del crecimiento a escala nacional.

Las enfermedades relacionadas con la pobreza han disminuido notablemente. En la tasa de mortalidad por tuberculosis por cada 100 mil habitantes 8 personas murieron en 2001 y 3 personas en 2012. La implementación de los distritos y circuitos de salud ha permitido una distribución más equitativa del personal de salud.

En salud por cada 10.000 habitantes los médicos subieron de 37 a 50. Ahora solo el 1% de la población no cuenta con personal de salud en su parroquia.

Nuestro propósito no es reducir la pobreza, sino erradicarla definitivamente. La Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza es la respuesta del Estado para lograr cambios profundos. El desarrollo productivo debe garantizar la inclusión, pleno empleo con dignidad e igualdad.

El Comercio /Líderes

Agosto 4, 2014

El acuerdo Ecuador-UE no solo es para quitar aranceles

Entrevista a Andris Piebalgs, Comisario de Desarrollo de la Unión Europea (UE).

El cierre de las negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea (UE) genera oportunidades para los empresarios nacionales. En ese sentido, la UE también afianza los programas de cooperación, sobre todo para apoyar a los empresarios nacionales.

Sin embargo, desde hace ya siete años el bloque regional ha venido desarrollando, con más fuerza, diferentes planes de cooperación. De hecho, las autoridades del bloque regional han indicado que las condiciones en esta materia gozan de gran solidez. Para el bloque europeo las relaciones con el país disfrutan de una asociación sólida y productiva.

Asimismo, la UE ha reconocido “el progreso” que ha tenido Ecuador durante los últimos años en la caída de la pobreza, la reducción del desempleo y el crecimiento de la economía. De hecho, un documento del bloque regional muestra que Ecuador es la tercera economía de Amércia Latina en cuanto a rapidez de crecimiento.

Todo eso, además de los datos generados por el Banco Mundial, determinaron que Ecuador sea catalogado como país de renta media alta. A consecuencia de esto se decidió dar por terminado los beneficios del Sistema General de Preferencias Plus (SGP Plus), a partir de enero del próximo año.

Lo que sí se mantendrá será la ayuda bilateral para el país, lo que permitirá la consolidación de los resultados que ha venido alcanzando durante los últimos años. Ecuador ha sido un importante receptor de cooperación de la UE, gracias a la firma, en el 2001, del acuerdo bilateral marco, en esta materia, y el suscrito en el 2003 entre la Comunidad Andina de Naciones y el bloque regional. En ese mismo año las relaciones entre las partes se fortalecieron por la apertura de la Delegación de la Comisión Europea, con sede en la capital del país.

¿Cuál ha sido el resultado de la cooperación de la Unión Europea hacia Ecuador?

Hemos venido ofreciendo programas de cooperación para el desarrollo a largo plazo. Hemos implementado programas por unos 140 millones de euros, orientados específicamente a educación y crecimiento económico.

¿Cuánto dinero se ha destinado a cada uno?

Han sido 75 millones para educación y 65 millones para crecimiento económico. Además, tenemos otro programa para apoyar a municipios, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Para esto se ha destinado un total de 32 millones.

¿A qué período corresponden estos fondos de cooperación?

Pertenecen al período entre los años 2007 y 2013. Ahora estamos preparando los programas de cooperación para el período 2014-2017.

¿Qué se prevé en cooperación hasta el 2017?

Es un programa de 67 millones de euros destinados a desarrollo y crecimiento rural, como también para impulsar y ofrecer oportunidades a empresas en el marco del acuerdo comercial que Ecuador concretó con la Unión Europea.

¿Dentro del texto del acuerdo se explican estos temas? ¿Existe un capítulo particular sobre cooperación?

No hay un capítulo específico. La idea del acuerdo es que tenga un objetivo de desarrollo.

¿Cómo se busca impulsar a las empresas?

Lo que estamos tratando de hacer es mejorar las capacidades de los pequeños exportadores. Por ejemplo, en mi visita a Ecuador acudí, en Imbabura, a un sitio de producción de fréjol. De lo que vi necesitan desarrollarse en empaquetamiento, marketing, etc., y todo eso cuesta dinero. Para incrementar estas capacidades se necesitan recursos. Estos sectores, particularmente en el área rural, enfrentan dificultades para acceder a créditos por parte de los bancos. Necesitan apoyo para responder a los requerimientos que existen en la UE.

¿En qué áreas están vinculados estos productores?

Materias primas agrícolas, artesanías, entre otros. Hay que entender que el acuerdo no está solo vinculado con mejoras arancelarias. La idea es lograr un desarrollo de Ecuador a través del convenio.

¿Qué parte de los 67 millones de euros está vinculado para ayudar a pequeños productores que buscan mercado en la UE?

Es demasiado temprano para hablar de esto. Se está discutiendo sobre la aplicación del programa.

¿El apoyo será para productos escogidos por ustedes?

No hay un interés particular por algún producto. Nos fijamos en productores de áreas rurales, que necesitan más apoyo.

¿Cómo se canalizarán los recursos?

La Unión Europea busca trabajar con el Gobierno para analizar propuestas y luego aplicar los proyectos. Sin embargo, creemos que si un grupo de empresarios está interesado en acceder a los fondos pueden acercarse a la Delegación Europea en Ecuador y ver cómo funcionan los procedimientos sobre cooperación.

¿Los fondos son para actividades particulares como capacitación, tecnología, etc?

No hay limitaciones para las actividades. Nosotros no les decimos qué deben hacer. Es un apoyo a proyectos de productores que tienen la oportunidad de desarrollarse.

¿Tienen previsto incrementar los fondos de cooperación, ahora que existe un acuerdo?

Tendremos una revisión a mediano plazo. Pero, para ser honesto no creo que vayamos a aumentar los fondos porque tenemos muchos actores que necesitan más apoyo como Siria, Irán, Somalia, Ucrania, etc. Necesitamos apoyar a gente en extrema pobreza.

¿Tienen prevista una reunión con las autoridades para analizar estos temas?

Mantendremos una visita con el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadenenira, para analizar el tema. También, tendremos un encuentro con el sector privado para analizar el impacto del acuerdo de comercio. La situación del tema es muy clara. El único aspecto que falta por revisarse es la transición entre este momento y la implementación del acuerdo, así como el tema del SGP Plus. Estamos trabajando en ello.

Un resumen de su hoja de vida:

Experiencia. Es un político de Letonia. Se desempeña como comisario de Desarrollo de la Unión Europea (UE). Ha sido catedrático y comisario de Energía del bloque .

Formación. Es físico, graduado en la Universidad de Letonia. Habla inglés, francés y ruso. Formó un partido político.

La frase. “Hemos venido ofreciendo programas de cooperación para el desarrollo  a largo plazo. Hemos implementado programas por unos 140 millones de euros”.

El Universo

Agosto 4, 2014

Ley de fondos, más ágil que agenda

Los asambleístas de Alianza PAIS (AP) tramitan el proyecto para que la administración de 54 fondos previsionales de cesantía y jubilación pasen al Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) con más rapidez de lo que tramitan leyes de la agenda legislativa trazada para el 2014 por ellos mismos, en la que no consta esta iniciativa.

Esa agenda contiene 23 leyes, cinco evacuadas y varias previstas para el segundo trimestre, como la Ley de Movilidad y la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una reforma a la Ley de Tránsito que estaba para el primer trimestre, hasta ahora no entra al pleno ni para primer debate.

El proyecto de los fondos, que implica transferir unos $ 930 millones al Biess, nació con un rechazo y direccionado solo al Fondo del Magisterio.

Holger Chávez (AP) lo presentó en noviembre del 2012 y el Consejo de Administración Legislativa lo rechazó en abril del 2013. En mayo de este año lo volvió a presentar y, aunque en esta ocasión fue admitido a trámite, un informe de la Unidad de Técnica Legislativa, fechado el 2 de junio, determinó que podría afectar derechos:

“Este cambio de administración, de particular (maestros) a estatal (Biess), eliminando una institución de derecho privado, podría afectar los derechos a la libertad de asociación y a la seguridad jurídica garantizados (…) en la Constitución, en razón de que la afiliación al Fondo, por parte de sus socios, es libre y voluntaria”, señala el documento en su página 2.

Superados los obstáculos y descartando la intención de incluirlo a última hora en el proyecto de Código Monetario y Financiero de urgencia económica, la Comisión de Derechos de los Trabajadores no solo tramitó el proyecto, sino que lo modificó sustancialmente incluyendo 53 fondos más que sí habían contado con dinero público para su constitución.

Esto sorprendió a los fondos y a los asambleístas de oposición. La socialización de 15 días se realizó con representantes de dos fondos: Magisterio y Consejo Provincial de Pichincha.

En la sesión del 25 de julio, la mayoría oficialista en la mesa decidió incluirlos, sustentándose en informes de la Superintendencia de Bancos, se anunció sesión permanente, trabajo de fin de semana y, en menos de 48 horas laborables, aprobó el informe para primer debate.

Al siguiente día, la Secretaría General de la Asamblea distribuyó el proyecto y un minuto después, por disposición de la presidenta Gabriela Rivadeneira (AP), se dio la convocatoria al pleno al primer debate que terminó ese mismo día, el jueves.

Al consultarle sobre los tiempos, Fausto Cayambe, coordinador de bloque de AP y miembro de la Comisión, dijo que todos proyectos que han ingresado a la mesa han sido despachados y pasado al pleno. “No hemos puesto el acelerador, hemos tratado (el proyecto) de acuerdo a lo que determina la Ley de la Función Legislativa (…) regresamos y vamos a convocar a todos (los fondos) no solo los administradores, sino también a los partícipes”.

En el pleno, Cristina Reyes (PSC-MG) criticó la rapidez de la convocatoria y la inclusión de 53 fondos a último momento y agregó que todo responde a la necesidad económica para inyectar recursos al Estado, a ello se sumaron otros asambleístas de oposición más.

Finalmente, los asambleístas se fueron de receso, pero este proyecto será uno de los primeros que se evacuaría al regreso. Rivadeneira dijo que se espera tramitarlo en segundo debate a finales de este mes.

El proyecto ingresó el 17 de junio a la Comisión. La Ley de la Función Legislativa da plazo para entregar el informe para primer debate en mínimo 15 días y en máximo 45, incluyendo fines de semana. La mesa se tomó 35 días incluyendo fines de semana para presentarlo.

El Universo

Agosto 4, 2014

Dos mil personas saldrían libres con vigencia de nueva norma penal

Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el 10 de agosto próximo, 2.000 personas sentenciadas por delitos relacionados con el narcotráfico saldrían en libertad, según los cálculos realizados por la Defensoría Pública.

Según esa institución, los privados de la libertad se beneficiarán del principio constitucional de la favorabilidad, que permite aplicar, en favor de quienes tengan sentencia, una norma legal más benigna, pese a que esta haya sido aprobada con posterioridad.

Esto ocurre con la próxima vigencia del Código, que determina penas más bajas en relación a la norma que dejará de regir en unos días.

Por mandato de este cuerpo legal, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) elaboró una tabla que considera las cantidades de droga, cuyo manejo determinará la sanción por el tráfico ilícito de mínima (2 a 6 meses de prisión), mediana (1 a 3 años), alta (5 a 7 años) y de gran escala (10 a 13 años). Con esta, según el defensor público Ernesto Pazmiño, “si una persona fue condenada con la legislación antigua a ocho años de prisión por llevar 250 gramos (de droga), delito que el nuevo Código sanciona con entre dos a seis meses de prisión, y la persona ya cumplió uno de los ocho años de la sentencia, significa que cumplió en exceso la pena que determina el nuevo Código; por tanto, el juez tendrá que ordenar inmediatamente su libertad”.

Frente a la inminencia de la liberación y para evitar problemas posteriores, la Defensa Pública, dijo, trabaja con los internos en las cárceles a fin de presentar las peticiones de cumplimiento de condena, a partir del 10 de agosto.

Mientras, en la Asamblea Nacional, el legislador Luis Fernando Torres (PSC-CREO-Cambio), integrante de la Comisión de Justicia, adelantó que pedirá un informe al Consep sobre el impacto que pueda generar la tabla aprobada por esa entidad.

De acuerdo con las cifras que maneja la Fiscalía, en el 2013 se tramitaron 6.183 casos por delitos relacionados con el narcotráfico, 2.629 indagaciones previas, 3.029 instrucciones fiscales y 1.135 sentencias condenatorias. De enero a junio del 2014 hay 3.584 casos, 1.270 indagaciones previas, 1.775 instrucciones fiscales y 774 condenas.

El Universo

Agosto 4,2014

Remesas subieron 5,9% hasta marzo

Las remesas que entraron al país en el primer trimestre del año llegaron a $ 584,4 millones, lo que significó un aumento de 5,9% frente al mismo periodo del año anterior cuando la cifra fue de $ 552,2 millones.

Según un informe del Banco Central del Ecuador (BCE), el 45,9% de las remesas llegó desde Estados Unidos ($ 268,3 millones) y hubo un pequeño crecimiento del dinero enviado desde ese país. Fue del 3,3% en relación al 2013.

En el caso de lo que ingresó al país desde España también hubo un ligero crecimiento de 6,5%, pues el año pasado en el primer trimestre la cifra se ubicó en $ 184,3 millones. Desde Italia el alza fue de 5,6%.

Las estadísticas del Banco Central señalan que la concentración de la remesas se fija en las provincias de Guayas, Azuay, Pichincha y Cañar, que sumaron el 73,6%.

El documento publicado este mes por el BCE también menciona que las remesas que salen de Ecuador al resto del mundo están en aumento. Sumaron $39,6 millones. Esto refleja un repunte del 27,8% frente al primer trimestre del 2013 (que fue de $ 31 millones) y una baja de 10,2% si se compara con el cuarto trimestre del año pasado ($44,2 millones).

Los ciudadanos colombianos y peruanos remitieron $ 13,4 millones y $ 8,5 millones respectivamente, sumando el 55,1% del total remitido.

$ 162 millones ingresaron a Guayaquil por concepto de remesas durante el primer trimestre del 2014, según el Banco Central.

El Universo

Agosto 4, 2014

Prisión para quienes no aseguren a empleados

El art. 242 del COIP determina la privación de la libertad de uno a tres años para quien retenga ilegalmente las aportaciones patronales o personales a la seguridad social y no los deposite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Incluso, “si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica será sancionada con la clausura de sus locales o establecimientos hasta que cancele los valores adeudados”.

La falta de afiliación al IESS por parte de una persona jurídica (art. 243) establece sanciones como la intervención de la entidad de control competente por el tiempo necesario para precautelar los derechos de las y los trabajadores y multas de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, por cada empleado no afiliado. Además, el empleador que no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio dentro de treinta días, contados a partir del primer día de labores, será sancionado con prisión de tres a siete días (art. 244).

El Comercio

Agosto 4, 2014

Las 10 infracciones que ahora le pueden costar días de libertad

Primera escena: usted confiesa un secreto a un amigo. No hay advertencias. Está implícito que la confidencia no puede conocerla nadie. Segunda secuencia: la información termina en los oídos de sus compañeros de trabajo, de universidad o de los vecinos. Tercer acto: todos murmuran el ‘secreto’. Estas situaciones pasan. Y a menudo. Con el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entra en vigencia el próximo 9 de agosto, las víctimas podrán remediar el daño que provocó la revelación de un secreto denunciando al imprudente. Este es uno de los nuevos delitos que se incorporan en la normativa y forma parte de las infracciones contra los derechos a la intimidad personal y familiar. Otras figuras penales novedosas y que pueden provocar dolores de cabeza a más de uno están relacionadas, por ejemplo, con el maltrato animal, la no afiliación al Seguro Social, el ingreso de armas blancas, petardos, bengalas o material pirotécnico a los escenarios deportivos o eventos masivos. Sobre estos y otros delitos, el Consejo de la Judicatura (CJ) capacitó durante los últimos seis meses a 651 fiscales, 1 144 jueces, 686 defensores públicos y a 7 673 policías judiciales. Según Gustavo Jalkh, presidente del CJ, todo está listo para que los operadores de justicia empiecen -en 5 días- a utilizar la nueva Ley penal. El ciudadano común, en cambio, tendrá que adaptarse a la normativa y conocer los artículos del COIP que le pueden traer problemas. A continuación 10 infracciones a las que debe prestar atención. Art. 249: Maltrato a los animales De 3 a 7 días de prisión. Esa es la pena que contempla el Código Penal para las personas que maten a sus mascotas. El maltrato, en cambio, se sanciona únicamente con 50 a 100 horas de servicio comunitario. En la normativa se aclara que se excluyen de estos castigos cuando la muerte de los animales se dé para acabar con sufrimientos tras accidentes graves o enfermedades. Estos procedimientos deberán ser avalados por veterinarios. Otro de los artículos referentes al maltrato animal es el 250. Allí se establece entre 7 y 10 días de cárcel a quienes entrenen perros para peleas clandestinas. Si el animal muere el castigo es de un mes. Art. 159: Violencia en la familia En la nueva Ley penal hay cuatro artículos que sancionan las agresiones físicas, psicológicas y sexuales contra la mujer u otros miembros de la familia. Uno de estos es el art. 159. Las heridas o lesiones que causen incapacidad de las víctimas -no mayor a tres días- se castigan con 7a 30 días de prisión. Una encuesta del INEC señala que en el país 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. Las agresiones psicológicas son las más recurrentes, con el 54%. El art. 157 sanciona con prisión desde 30 días hasta un año a quien afecte psicológicamente a una mujer o a integrantes de la familia. La sanción varía dependiendo de los daños emocionales de la víctima. Art. 235: Engaños al consumidor Desde el año 2 000 rige en el país la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Según el Congreso Nacional de esa época, esa normativa se creó debido a que los usuarios “son víctimas permanentes de abusos por parte de empresas públicas y privadas”. Sin embargo, esa Ley solo contempla sanciones económicas a los infractores. El nuevo Código Integral Penal, en cambio, castiga con cárcel de seis meses a un año a la persona que engañe al consumidor acerca de la identidad o calidad de un producto. Con base en este artículo, ahora existe la posibilidad de denunciar a aquellas personas que oferten artículos piratas. Art. 284: Ruptura de sellos Uno de los problemas a los que se enfrenta la Intendencia de Policía es la ruptura de sellos. En Pichincha, por ejemplo, Edwin Castelo, jefe de esa dependencia, señaló que con frecuencia se remiten expedientes a la Fiscalía porque muchos propietarios retiran las notificaciones de clausura y atienden otra vez. “Eso es desacato”, dijo en días pasados en una entrevista con este Diario. Actualmente, el vigente Código Penal establece desde 6 hasta 24 meses de prisión a quien cometa este delito. La nueva normativa endurece la pena y castiga con uno a tres años de cárcel a los infractores. No se establecen multas económicas. Art. 396: Venta de licor a menores En el artículo 396 del COIP se recogen cinco contravenciones de cuarta clase. Todas se sancionan con penas privativas de libertad de 15 a 30 días. Una de estas es la venta de bebidas alcohólicas o cigarrillos a niños y adolescentes. En la Intendencia de Pichincha se han detectado casos de dueños de tiendas de víveres que expenden licor a menores, sin mayores problemas. Las otras cuatro contravenciones se refieren a infracciones por llamadas falsas al 911, por insultar a una persona y deshonrarla, por golpear y provocar incapacidad para el trabajo no mayor a tres días y por vender material pirotécnico sin autorización. Art. 246: Incendios forestales Datos del ECU 911 revelan que entre el 2012 y 2013, a escala nacional, se consumieron 9 900 hectáreas de bosque. Muchos de esos incendios fueron provocados. Incluso el año pasado el Ministerio del Interior ofreció recompensas de USD 100 000 a quien entregue información sobre personas que quemen las áreas verdes. El COIP incorpora este delito y castiga con 12 a 36 meses de cárcel a los pirómanos. Si hay víctimas mortales la sanción asciende a 13 y 16 años. Las quemas agrícolas o domésticas no se sancionan, pero si se comprueba que hubo negligencia y estos incendios se propagan a los bosques el castigo es de 3 a 6 meses de cárcel. Art. 179: Revelación de secretos Es uno de los cuatro delitos contra los derechos a la intimidad personal y familiar. Revelar un secreto puede llevarlo a la cárcel desde 6 a 12 meses. En el COIP se determina ese castigo a quien divulgue un hecho privado y cause daño a las víctimas. El art. 178, en cambio, está relacionado con la violación a la intimidad. Está prohibido difundir datos personales, imágenes, conversaciones en correos electrónicos, chats o grabaciones privadas. La sanción va desde uno hasta tres años de prisión. Los otros dos artículos se refieren a la difusión de información restringida y la violación de la propiedad privada. Art. 244: No afiliación al IESS En enero pasado, cuando todavía se discutía el proyecto de Código Penal, el presidente Rafael Correa hizo 73 objeciones al documento y propuso endurecer las sanciones para 13 delitos. Uno de ellos era la no afiliación al Seguro Social. En un principio esta figura estaba considerada como una contravención. Sin embargo, el Ejecutivo consideró que debía tratarse como un delito. El castigo es de uno a 3 años. Esta pena se impondrá siempre que la persona no abone el valor respectivo 48 horas después de ser notificada. Los empleadores tienen un mes, contado desde el primer día de labores, para afiliar a los trabajadores. Art. 397: Escenarios deportivos Hasta 100 horas de trabajo comunitario y la prohibición de ingreso a los escenarios deportivos y de concurrencia masiva durante un año es la sanción que se incluyó en el COIP. Las personas que están expuestas a este castigo son aquellas que invadan de forma violenta y sin autorización el terreno de juego o el escenario; quienes arrojen objetos contundentes a la cancha, a los graderíos o a las zonas de acceso; y también los hinchas que ingresen armas blancas, petardos, bengalas o material pirotécnico prohibido. La misma sanción aplica a los dirigentes deportivos o de barras que, al ver actos de violencia, no los denuncien. Art. 393: Grafitis en las fachadas En este artículo se incluyen cinco contravenciones denominadas de primera clase. El castigo en estos casos va desde uno a cinco días de prisión. El COIP sanciona a las personas que destruyan los dispositivos de control de tránsito o señaléticas, dañen el ornato de la ciudad o de la propiedad privada con pinturas, gráficos, frases o cualquier otra manifestación, en lugares no autorizados. Además de la privación de la libertad, el infractor deberá reparar los daños que provocó. En este artículo también se pena a quienes hacen escándalos públicos sin armas -salvo el caso de justa defensa propia o de un tercero- y a los que tengan pozos sin seguridades.

El Universo

Agosto 4, 2014

Rafael Correa justifica bajar utilidades a trabajadores de 2 operadoras

El presidente Rafael Correa se ratificó en el proyecto de disminuir el 80% de las utilidades de los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones (del 15% al 3%). La mañana de ayer en una entrevista con medios locales en Bucay cuestionó que parte de las ganancias de las telefónicas se divida solo entre 4.500 trabajadores.

“Pueblo ecuatoriano, ¿cuál de ustedes recibe en promedio 27 mil dólares en utilidades? ¿Por qué en base a nuestro espectro radioeléctrico 4.500 ciudadanos van a recibir aquello? Pero lo peor, por eso la empresa les puede pagar hasta los sueldos básicos en los negocios más rentables del mundo y están llenándose los bolsillos esas empresas transnacionales”, dijo.

Agregó que actualmente las empresas distribuyen $ 130 millones en utilidades a los trabajadores y que con la reducción que plantea aún quedarían $ 30 millones para ser repartidos, lo que significarían entre $ 6 mil y $ 7 mil para los empleados, lo que consideró “razonable”.

La reducción de las utilidades de los trabajadores generó malestar en las redes sociales, incluso antes de la entrevista en que participó Correa.

Los reclamos se sintieron en Twitter luego de que a las 04:03 del jueves pasado el presidente comentara que para el enlace semanal de hoy aclararía temas como “utilidades de telefónicas, fondos dizque privados, etcétera”. Sobre las utilidades de las telefónicas usuarios como Nayid Ortega comentaron: @MashiRafael <http://twitter.com/MashiRafael> Señor Presidente, buenas tardes. Con todo respeto, gracias a las utilidades mi estilo de vida mejoró. Yo voté por 35 porque confiaba en usted.

A esto Correa respondió: “@nayidjoseortega ¿cuánto es su sueldo? Eso es lo que deberían mejorar en el negocio más rentable del mundo. Son aún 30 mil en utilidades”.

El usuario de Twitter finalizó pidiendo: Por favor piense en las deudas que tenemos con las casas y autos que conseguimos a largo plazo.

El presidente también se refirió al uso que se daría a los fondos que se obtenga de reducción de las utilidades. “Vamos a desarrollar las telecomunicaciones, las informáticas”, dijo. Agregó que con ese 12% se podrían hacer unos 20 mil infocentros para comunidades.

El primer mandatario indicó que este proyecto da al sector de las telecomunicaciones un tratamiento similar que el del sector petrolero. “Es un recurso del Estado, prácticamente con renta natural, el petróleo no se produce, se extrae; el espectro radioeléctrico ya existe, se lo utiliza y eso es del Estado”.

Agosto 1, 2014

El Universo
Agosto 1, 2014
En el primer trimestre el PIB creció 4,9 %

En el primer trimestre el PIB creció 4,9%
Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), el Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador creció 4,9% entre el primer trimestre del 2013 y el mismo periodo del 2014. Esto se da “mayoritariamente por el desempeño del sector no petrolero”, según el BCE. Se agrega que “el gasto de consumo final de los hogares y las exportaciones fueron los principales componentes en el crecimiento económico”.
Las actividades con mayor crecimiento fueron la Acuicultura y pesca de camarón (21,1%), Refinación de petróleo (21,1%), Petróleo y minas (12,2%) y Alojamiento y servicios de comida (10,3%), señala el reporte.

El Telégrafo
Agosto 1, 2014
Código Financiero norma la inversión extranjera

Las diferencias entre Ecuador e inversionistas extranjeros que han operado en el país, a través de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), han generado tantos litigios como deseos del Gobierno de buscar una salida al poder que tienen estos acuerdos en los tribunales internacionales de arbitraje.
Para el presidente Rafael Correa, las sentencias internacionales producto de tales desacuerdos podrían “quebrar el país” y muchos constituyen un asalto a su soberanía.
Uno de los casos más difundidos es el fallo a favor de la estadounidense Occidental Petroleum Corporation Oxy, por $ 2.300 millones, emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones (Ciadi), dentro de un pleito por cancelación unilateral de contrato.
Las iniciativas para un mayor control estatal sobre estos acuerdos iniciaron en 2010, cuando la Asamblea anunció la decisión unilateral de finalizar tratados recíprocos de inversiones suscritos con Reino Unido (1994) y con Alemania (1996), tras considerarlos inconstitucionales.
En 2012 Correa instó a los gobiernos de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) a unirse para crear un centro regional para resolver controversias; y este año, el planteamiento también tuvo lugar en el proyecto de Código Monetario y Financiero (COMF), que se encuentra en manos del Ejecutivo, una vez aprobado por la Asamblea.
El documento afirma en el apartado 7 del artículo 181: “… los derechos establecidos en cualquier tratado comercial o de protección de inversiones no limitan de ninguna manera el ejercicio de las facultades regulatorias del Estado, la imposición de sanciones y el establecimiento de responsabilidades a las que hace referencia este código, por lo que acepta en todo momento recibir un trato igual al nacional en circunstancias semejantes”.
La Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento argumentó que los tratados reconocen la competencia de los tribunales internacionales, pero no la jurisdicción ecuatoriana.
Una comisión para auditar
Según datos proporcionados por la Secretaría Nacional de Desarrollo (Senplades), Ecuador ha firmado 30 TBI, de los cuales 27 entraron en vigor. De ellos, 10 ya han sido denunciados y 17 se encuentran en proceso de denuncia.
Como consecuencia, el país ha sido objeto de 25 arbitrajes internacionales y 9 notificaciones de controversia basados en los TBI.
Estos documentos se encuentran bajo el escrutinio de una comisión internacional nombrada por el Gobierno y coordinada por la Senplades, con el objetivo de analizar las condiciones bajo las que se suscribieron los TBI y si guardan coherencia con las leyes. Con miras a decidir una eventual terminación, la comisión estará en funciones hasta finales de este año.
A criterio de Marco Arévalo, especialista en comercio exterior, el análisis de este tema permitiría que Ecuador sea más cauteloso en el momento de suscribir tratados de inversión, pues si se consideran atentatorios para sus intereses “sería preferible no firmarlos”.
Arévalo recordó que no es deseable dar por terminado unilateralmente un acuerdo.
Para el experto, en los acuerdos internacionales la idea es aunar esfuerzos entre países para financiarse mutuamente y poder cumplir sus objetivos de producción o de cualquier otra índole. “No son malos como tal, son acuerdos de integración y desarrollo”.
“En las negociaciones debe quedar claro lo que se va a firmar, e insisto en el rato que usted lo suscribe ya no es culpa que haya habido una mala negociación”, agregó.
La Constitución ecuatoriana en su artículo 422 establece: “no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en lo que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción a instancias de arbitraje internacional”, por lo que para el experto ya existe una norma por encima de lo incorporado en el COMF.
DATOS:
El presidente Rafael Correa envió en 2010 a la Asamblea Nacional un pedido de denuncia del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.
Según el Gobierno, el TBI era contrario a la Constitución y atentaba a los intereses nacionales, pues buscaba someter a Ecuador a arbitrajes internacionales para la solución en caso de conflictos.
En 2010 la Asamblea Nacional de Ecuador anunció la decisión unilateral de finalizar los tratados recíprocos de inversiones suscritos con Reino Unido en el año 1994 y con Alemania en 1996.
La Constitución en su artículo 422 establece que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción a instancias de arbitraje internacional.

Expreso
Agosto 1, 2014
Un ‘round’ por los fondos

Afuera de la Asamblea están los maestros afiliados a la Unión Nacional de Educadores y los trabajadores de los Fondos de Cesantía de esa institución. Protestan contra el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), que se analiza, en primer debate, en el pleno de la Función Legislativa.
Nadia Alvarado, una de las 2.000 empleadas de los 64 fondos que existen a escala nacional, dice que el Estado no puede administrar el dinero privado. “No tienen derecho a tocar nuestros bolsillos. El proyecto no tiene fundamentación legal”, asegura.
Mientras eso ocurre afuera, el Pleno recibe en comisión general a los representantes de los fondos y del Biess. Mónica Ayala, del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME), demanda archivar el proyecto de ley porque, dice, ha violentado la norma jurídica de la propia Asamblea. “Hay dos proyectos sobre el tema. Es nuestro dinero que sale del esfuerzo y del salario de cada uno, no del Estado”, dice entre los aplausos de la oposición.
Pero Betty Carrillo, legisladora del oficialismo y presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, expone las bondades de la propuesta.
Golpea su escritorio con fuerza, gesticula y grita: “¡Mentira! La oposición ha dicho que el Gobierno se quiere apropiar del dinero de los maestros”. Mueve los brazos, como una política en campaña electoral, y muestra el informe de la comisión. “El fondo de cesantía es un remedo a la política neoliberal de Pinochet… ahora las cosas han cambiado, no permitiremos que malos administradores se aprovechen de la ingenuidad de la gente”, dice.
Sus palabras causan efecto en la oposición, que se mira incrédula, y en la barra alta. Allí están algunos profesores de la UNE y otros de la Red de Maestros por la Revolución, aliada al Gobierno. Los de la UNE se acercan a la mampara de vidrio, que los protege, y muestran carteles en contra de la ley.
Cristina Reyes, la asambleísta de Madera de Guerero, explica la lectura política y económica a ese repentino informe del proyecto no debatido en la comisión. El oficialismo ha descalificado a los maestros, pero “nosotros no defendemos partidos sino principios y libertades”. El Gobierno tendrá mayores recursos al manejar todos los fondos de cesantías. “AP tiene miedo al pronunciamiento popular. Ellos tienen mayoría, eso les da un aire de legalidad, pero nunca de legitimidad”, sostiene. Las cifras confirman la tesis de Reyes: los 64 fondos tendrían un capital de “1.127 millones de dólares”.

Expreso
Agosto 1, 2014
La reducción de utilidades alerta al sector

La postura de los trabajadores del sector de telecomunicaciones es firme: “no estamos pidiendo un privilegio, estamos exigiendo un derecho”. Esto por el proyecto de reforma legal que planteó el Ejecutivo para que sus utilidades se reduzcan.
Juan Carlos Oleas, representante de los 1.400 empleados directos de Otecel (Movistar), considera que la reforma es discriminatoria y atentatoria. Aclaró, en rueda de prensa en Quito, que la afectación es para los empleados y no para una empresa u otra.
En eso coincide Sylvia Cobos, trabajadora de la misma transnacional. Con algo de nostalgia señaló que el pago de las utilidades en su hogar estaba destinado a la educación de sus familiares.
Es lo que no ve el Gobierno, dicen. El rubro de utilidades que planean tomar, explican, ayuda a la obtención de varias metas o al pago de préstamos. Según ellos, aunque la cifra es atractiva no representa un rubro tan fuerte como aseguran las autoridades.
Según la reforma a la Ley de Telecomunicaciones propuesta por el Ejecutivo, a través del Ministerio del ramo, las utilidades de las empresas que utilicen el espectro radioeléctrico se reducirán de 15 % al 3 %. El 12 % restante irá al Estado para proyectos de interés social.
Oleas dijo que, en los próximos días, presentarán estudios técnicos que muestren el impacto de los recursos, que reciben en abril, en la economía familiar.
También invitaron a los empleados de Conecel (Claro) y de las otras empresas afectadas para formar un frente común. La idea, dicen, es sensibilizar a las autoridades para que se archive la propuesta. No están dispuestos a negociar un porcentaje de reducción.
Robinson Folleco, trabajador de Movistar, explicó que en la empresa son 1.400 empleados directos pero que en el sector, en general, el total de perjudicados puede superar las 6.000 familias.

El Comercio
Agosto 1, 2014
Solo dos empresas producirán las cocinas de inducción en este mes

La fabricación de cocinas eléctricas de inducción, que forma parte de un plan gubernamental para reducir el consumo de gas, aún no arranca. Esto, pese a que el Régimen anunció que agosto será el punto de partida del programa que busca sustituir 3,5 millones de cocinas a gas. Tampoco está lista aún la página web del Ministerio de Electricidad para que los usuarios se inscriban y sean beneficiarios del subsidio que brindará el Estado. Lo que ya está listo es la modificación de las tarifas eléctricas, para que los beneficiarios del programa oficial reciban un subsidio por los primeros 80 kilovatios hora (kW-h) de consumo de electricidad. El subsecretario de Desarrollo Industrial, Alexis Valencia, indicó que solo las fábricas Indurama y Fibroacero comenzarán a producir las cocinas a partir del 15 de agosto próximo, y estarán a la venta para la úl­tima semana del mes. Las otras 10 empresas para fabricar las cocinas, entre las que se encuentran DME, Ferromédica, Haceb, Electrococ, Enerinteco, Mabe y Goldenage comenzarán a producir las cocinas desde septiembre próximo e incluso lo harán desde el mes de octubre. Para este mes de agosto, el Ministerio de Industrias tenía previsto contar con una oferta de 47 107 cocinas de inducción producidas en el país. Sin embargo, la producción para este mes solo estará en el orden de las 10 000 unidades, de acuerdo con Valencia. El factor determinante para esta situación ha sido el retraso en la importación de CKD o partes para el ensamblaje de las cocinas de inducción, por la alta demanda para el país. El gerente de Desarrollo y Manufacturas Electrónicas Ecuatorianas (DME), Gabriel Garcés, indicó que tenían previsto comenzar con la producción este mes. Sin embargo, su proveedor de partes y tecnología Ego, de Alemania, le comunicó que no tenía la capacidad para entregar todas las partes que requería la marca. “Nos indicaron que solo nos podrían entregar 500 unidades para agosto porque no podían atender tan rápido todo nuestro pedido de 2 000”, indicó Garcés. Esta unidad importada incluye las bobinas, la placa electrónica y la tarjeta de control y una carcasa de plástico. En el país se ensambla con una placa de vitrocerámica y una caja de acero. El cableado es fabricado en el país. Este retraso en la provisión de piezas les obligará a comenzar la producción desde mediados de septiembre con cerca de 300 cocinas al día. El gerente de Ventas de la fabricante Ferromédica, Tommy Sánchez, indicó que entre los proveedores de tecnología de inducción hay tres europeos y cuatro asiáticos, entre ellos Copreci de España, Ego de Alemania y Winslim de Francia. Sin embargo, indicó que la demanda de la tecnología desde Ecuador ha sobrepasado la capacidad de los fabricantes. Por ello, si bien Ferromédica tenía previsto producir desde este mes, ahora tendrá que esperar la llegada de las piezas, lo cual sería en septiembre. Si eso se cumple, las cocinas saldrán a la venta entre finales de ese mes y octubre próximo. Un segundo tema que también preocupa a los fabricantes es el modelo para comprar las cocinas, debido a que el Estado financiará la compra hasta un plazo de tres años. Los usuarios cancelarán a través de las planillas de luz en las empresas eléctricas de distribución. Garcés sostiene que este tema aún no está definido y que se está negociando con los comercializadores. Sánchez afirma que los fabricantes recibirán los pagos hasta dos meses después de entregadas las cocinas y que eso les representa un esfuerzo económico muy significativo.
El Universo
Agosto 1, 2014
Para entender a la Senplades
Por Juan José Illingworth

Cada ministerio tiene un departamento de planificación, responsable de analizar y programar el alcance y contenido de su gestión; sin embargo, se creó la Senplades, Secretaría Nacional de Planificación, que hace lo mismo, solo que en el conjunto de los ámbitos de las entidades públicas.
En realidad tal entidad existió antes con el nombre de Conade, pero fue eliminada el siglo pasado. Este gobierno la resucitó corregida y aumentada. Sin duda la Senplades es el cerebro o más bien el logos de este gobierno, y en palabras de su exdirector Fander Falconí: “Es clave para priorizar la inversión pública”, lo que en Guayaquil diríamos: “Decidir a dónde va el billete de todos”.
En el 2009, precisamente buscando tal priorización, un empleado de la Senplades y exprofesor de la Espol desarrolló un software para analizar la distribución geográfica de los colegios públicos y contrastarla con la población cercana, a efectos de calcular la prioridad para construir nuevos establecimientos allí donde más personas los necesiten. Resultó que la zona de mayor déficit de colegios se encontraba en los barrios suburbanos de Guayaquil, particularmente en la zona norte, en donde ya en el 2009 faltaban más de 60 colegios grandes. Algunos no habrían necesitado un modelo matemático para saber que en Guayaquil está el mayor déficit de infraestructura educativa pública, pues aquello es consecuencia de la injusta distribución de las asignaciones, tema que fue analizado en detalle por este autor en un artículo publicado el 14 de mayo y que nadie del gobierno ha osado rebatir, simplemente porque las cifras eran las verídicas. Lo cierto es que el personal del departamento de Planificación del Ministerio de Educación y el de la Senplades son muy costosos y gastan millones de dólares al año, y sin embargo no fueron capaces de hacer lo que la sana lógica y el modelo de la Senplades indicaban ya en el 2009, a saber priorizar la inversión en el lugar de mayor falencia del país, que es Guayaquil. Llegó el 2014 y el déficit estalló, los padres de familia se tomaron las calles y noticiarios; las clases no pudieron iniciarse normalmente. Y ahora viene lo insólito: el jefe inmediato de aquel empleado de la Senplades que hizo el modelo matemático en el 2009 era el quiteño Augusto Espinosa Andrade, nada menos que el actual ministro de Educación. Sin embargo, su “explicación” a la ciudadanía fue que se había producido un “crecimiento inesperado de la demanda”, fruto del “éxito rotundo” de su gestión, pues los estudiantes que buscaban cupo provenían, según él, de establecimientos privados, lo que fue repetido por el guayaquileño Rafael Correa Delgado, añadiéndole este el comentario de que todo era culpa del “modelo de Guayaquil” que descuidó la educación.
Este hecho real y anecdótico desnuda el verdadero significado de lo que hacen la Senplades y la burocracia central. ¿Cómo explicar que un ministro que actúa así siga en su cargo? Si no conoció lo que el modelo de su subalterno indicaba hace cinco años, es un pésimo funcionario. Y si lo conoció y aun así no suplió el déficit, es un funcionario pésimo. Aclaro que no creo que el ministro haya hecho esto intencionalmente, buscando la contratación emergente de las “aulas en campamentos”, simplemente no hizo bien su trabajo.
De los 28 ministerios existentes, 17 (el 61%) están dirigidos por quiteños y apenas 5 por guayaquileños. Correa es de Guayaquil, en dos sabatinas criticó el sesgo regionalista del Ministerio al dar mayor participación de profesores con nombramiento vs. contratados en la Sierra que en la Costa. Y sin embargo, permite todo esto. Yo no lo entiendo.

Julio 31, 2014

Hoy

Julio 31, 2014

Nueva deuda: en 2 meses Ecuador suma $3 237 millones

Ecuador accedió a un nuevo crédito internacional por $617,58 millones, esta vez del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR). Según el comunicado de ese organismo, el crédito es de apoyo a la Balanza de Pagos y será entregado a tres años plazo con uno de gracia. En el comunicado no se especificó la tasa de interés.

Antes, a comienzos de junio, Ecuador había realizado otra operación con Goldman Sachs, que entregó un crédito al país por $400 millones con cargo a unas 465 619,098 onzas de oro, en 1 160 barras. Casi inmediatamente vino la emisión de bonos que marcaba el regreso de Ecuador al mercado de capitales. Los bonos se negociaron a un plazo de 10 años, con un cupón de 7,95% con Citigroup y Credit Suisse como agentes conjuntos de la emisión. La colocación fue realizada en Estados Unidos por un equipo liderado por el ministro de Finanzas Fausto Herrera, que fue el encargado además de promover la oferta de los bonos (road show) con cerca de 60 inversionistas institucionales en Europa y Estados Unidos.

Paralelo a la emisión de los bonos, realizada el 18 de junio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un préstamo de $220 millones a Ecuador para financiar el programa de distribución de electricidad, que tendrá un costo total de $274,4 millones y servirá para reforzar el Sistema de Distribución Eléctrica. Así, con la colocación de bonos, los créditos de los multilaterales y la operación con Goldman Sachs el país ha sumado $3 237,58 millones en nuevas obligaciones en menos de dos meses.

“Esta operación está enmarcada en el apoyo que el FLAR le ha otorgado a Ecuador en su proceso de reestablecer el acceso a las distintas fuentes de liquidez internacional. Cabe recordar que hace pocos meses el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial retomaron el diálogo con las autoridades ecuatorianas  -dice el comunicado del FLAR-. Del mismo modo, hace unos días Ecuador regresó a los mercados financieros internacionales con una emisión de bonos globales por $2 000 millones que fue recibida con una amplia demanda”.

En su comunicado, el Directorio del FLAR menciona que Ecuador ha cumplido con puntualidad todas las obligaciones que ha contraído con ese organismo y que antes de recibir este último crédito,  Ecuador repagará el saldo del actual crédito vigente, lo cual asciende a $322 millones. (JT)

Expreso

Julio 31, 2014

El acuerdo de la UE hace más accesibles los contratos con el Estado

En el acuerdo con la Unión Europea, Ecuador pactó que los contratos públicos que saquen a concurso las entidades centrales del Estado, como ministerios, tendrán un umbral económico de protección (es decir, de reserva para empresas nacionales) más bajo que las licitaciones con las entidades subcentrales, como prefecturas o municipios, según fuentes de la negociación.

Por debajo de estos umbrales, el país podrá restringir el acceso de inversión extranjera y aceptar solo las propuestas de compañías nacionales. Si está por encima, podrá participar cualquier empresa, nacional o extranjera. Esto significa más espacio para las compañías de fuera en las contrataciones con el Gobierno central, ya que la cuantía reservada a las nacionales es más baja. Asimismo, en la otra cara, se da prioridad a la inversión nacional en los contratos de las entidades subcentrales, que son las más cercanas al ciudadano.

Las cifras fijadas para cada tipo de contratación no han sido concretadas públicamente, aun a pesar de que toman la referencia de acuerdos internacionales.

Esta diferenciación se aplica a los contratos de bienes y servicios. En las licitaciones de construcción se ha fijado un umbral de protección de cerca de cinco millones de dólares, una cifra mayor que la de servicios, puesto que los contratos de construcción son también normalmente de mayor cuantía, según la misma fuente. SE

El Universo

Julio 31, 2014

Hasta el 25 de agosto puede regresar Código Orgánico Monetario y Financiero

La puesta en vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero podría demorar hasta dos meses más, según los plazos legales que todavía restan por cumplir.

Es que la Asamblea Nacional, que acaba de aprobar el texto legal, todavía debe esperar hasta el 25 de agosto para que el Ejecutivo sancione el Código Monetario y Financiero.

Este fue enviado a la Presidencia de la República el 25 de julio, el mismo día de la sesión en la que se aprobó con 91 votos a favor.

De acuerdo con Luis Fernando Torres (Cambio-CREO), la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que tras la entrega de la ley por parte de la Presidencia de la Asamblea al Ejecutivo, el presidente de la República tiene treinta días para sancionar u objetar lo resuelto por el Legislativo.

En el caso de que el presidente acepte algunos cambios propuestos por la Asamblea y ponga el ejecútese, la ley se publicaría en el Registro Oficial y entraría en vigencia de manera inmediata. En cambio, si el Ejecutivo veta parcialmente, el texto volvería a la Asamblea. En este caso, la Función Legislativa tiene 30 días para pronunciarse sobre el veto.

Entre los cambios que incorporó la Asamblea al proyecto original del Ejecutivo está la creación de un fondo para seguros privados, facilidades para el pago de los deudores de la banca cerrada y el financiamiento para Solca a través del pago del 0,5% de los créditos por parte de los ciudadanos.

El Código tiene entre sus objetivos redireccionar el crédito financiero y gestionar la liquidez de la economía

El Universo

Julio 31, 2014

$130 millones, utilidades de empleados de móviles

Unos $130 millones sería el monto total de las utilidades correspondientes al 2013 de 4.700 trabajadores de las operadoras Claro y Movistar.

Así lo indicó ayer Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones, al referirse al proyecto gubernamental que busca disminuir las utilidades de los trabajadores de telecomunicaciones del 15% al 3%.

La iniciativa del Ejecutivo, que fue remitida el pasado 14 de julio, plantea que los trabajadores vinculados a empresas que mantengan contratos con el Estado, mediante los cuales se les delegue la prestación de servicios de telecomunicaciones y para el efecto utilicen el espectro radioeléctrico, recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% irá al Estado.

El monto que reciba el Gobierno será destinado a proyectos de inversión social y desarrollo de las telecomunicaciones, según la propuesta.

El funcionario, quien asistió a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea, expresó que si se aprueba la reforma se aplicaría desde el próximo año. “Hemos detectado que el sector telecomunicaciones ya no es el segundo negocio más rentable del mundo después del petróleo, es igual de rentable”, sostuvo sobre el motivo del proyecto reformatorio.

Al ser consultado si la propuesta podría entorpecer la negociación para la tecnología 4G (LTE), el funcionario respondió: “Si no nos quieren comprar espectro las dos empresas, se lo venderemos a las empresas entrantes que están seriamente interesadas”.

Para la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), la propuesta carece del “debido sustento constitucional” y afecta un derecho legítimo que beneficia a familias ecuatorianas.

En un comunicado, Roberto Aspiazu, director de Asetel, sostiene que el proyecto quiere imponer un régimen laboral de los sectores de recursos no renovables como hidrocarburos y minero, cuando el espectro radioeléctrico es inagotable e imperecedero.

Además, que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles.

Guerrero dijo que la propuesta no va en contra de los derechos laborales.

“Esperamos que las autoridades dejen sin efecto dicho proyecto en pro de los miles de familias ecuatorianas que se verían afectadas”, dijo Aspiazu.

El País

Julio 31, 2014

Argentina agota el plazo sin lograr un acuerdo con los ‘fondos buitre’

La coreografía era confusa y perfecta al mismo tiempo. Por un lado, el Gobierno argentino agotó el mes de gracia concedido por el juez Thomas Griesa para conseguir un acuerdo con los tres fondos litigantes o fondos buitre que reclaman el pago de 1.500 millones de dólares. Con lo cual, Argentina quedaba abocada a la suspensión de pagos. Sería el segundo desde 2002. Y aunque los efectos no se prevén tan traumáticos como los de aquella ocasión, uno siempre sabe cómo entra en una suspensión, pero nunca cómo se sale. Sin embargo, el Gobierno argentino no pareció en ningún momento temer las consecuencias.

Tras seis horas de reunión en el despacho neoyorquino del mediador asignado por el juez Thomas Griesa, el ministro de Economía, Axel Kicillof salió este miércoles con el pulgar levantado. El pulgar estaba en la tónica de lo que presagiaban los mercados a lo largo del día: que habría acuerdo. Se hablaba de la intervención de los bancos privados argentinos.

S&P considera ya parte de la deuda Argentina como impagadaBancos argentinos avalan al Gobierno de Fernández frente a los ‘fondos buitre’Las claves del conflicto judicial de la deuda argentinaPero la agencia crediticia Standard&Poor bajó su pulgar y declaraba en esos momentos una “suspensión de pago selectiva”. Pocos minutos después, Kicillof declaraba en conferencia de prensa pronunciada en el consulado argentino de Nueva York: “¿Pero quién cree en las agencias crediticias?”.

Mientras Kicillof contestaba a las preguntas el abogado mediador Daniel Pollack, asignado por Griesa, emitió un comunicado donde afirmaba: “Argentina entrará de forma inminente en una suspensión de pagos”. Y añadió: “No es una mera condición técnica, sino que es un evento real y doloroso que perjudicará a la gente, incluyendo a los ciudadanos argentinos, a los tenedores de bonos canjeados y a los inversores denominados holdout . El ciudadano común argentino será la víctima real y última. Las consecuencias totales del default no son predecibles, pero ciertamente no son positivas”, agregó.

Kicillof mostró su sorpresa en la conferencia de prensa cuando una periodista le interpeló sobre las palabras del mediador: “Yo me veo sorprendido, ingratamente sorprendido por ese comunicado. Parece escrito para favorecer a una de las partes”, señaló. Poco después, otro periodista le preguntó a Kicillof sobre el tema que había sido la comidilla durante todo el día: la posible intervención de las 27 entidades financieras que integran la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba).

Kicillof negó la suspensión de pagos que anunció la agencia S&P

En teoría, habían ofrecido a los llamados fondos buitre una garantía millonaria para que los buitre solicitaran al juez la suspensión de la sentencia. Pero Kicillof dijo también que se enteró por los diarios de esos intentos. Y recalcó que no había habido acuerdo. Con lo cual, el precipicio de la suspensión de pagos parecía más cercano, aunque Kicillof se niega a llamarla como tal. “Default técnico…, default selectivo…, no lo sé porque nadie sabe caracterizarlo. Porque es nuevo. Hablo con la letra de los contratos. Y los contrato hablan de cuando se incurre en default. Y esta situación no está ahí. (…) Default es no pagar”, aseveró.

Pero, en cuanto terminó la conferencia, el diario financiero argentino Ámbito Financiero titulaba que ya había habido acuerdo entre los bancos argentinos y los fondos buitre y que la suspensión de pagos sería efímera porque los banqueros argentinos pagarían a los buitre el 100% de la deuda, es decir, entre 1.500 millones y 1.600 millones de dólares.

El Gobierno se desmarca de posibles acuerdos entre privados

Si eso fuera así, el baile habría sido tan confuso como perfecto. El Gobierno se lava las manos ante cualquier acuerdo entre privados y así no tendría que responder jurídicamente ante las posibles exigencias de otros acreedores para que a ellos se les pague también el 100% de la deuda contraída.

El Gobierno de Argentina tenía el compromiso de pagar antes del 30 de junio 539 millones de dólares a bonistas que aceptaron una reducción en el cobro de la deuda durante las reestructuraciones de 2005 y 2010. Y el Gobierno argentino envió ese dinero en depósito al Bank of New York Mellon. Pero Griesa no permitió que se pagaran esos 539 millones sin que antes se abonara a los dos fondos litigantes los 1.500 millones de dólares que reclamaban (1.330 más intereses). Griesa concedió un periodo de gracia de un mes que se agotó el miércoles.

En una conferencia de prensa abarrotada en la que algunos de los asistentes llegó incluso a aplaudir, Kicillof atacó duramente al juez Griesa, según informa Vicente Jiménez desde Nueva York. El ministro concluyó: “Quiero dejar muy claro qué vamos a hacer: no vamos firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. Vamos a defender el canje con el 92% de los bonistas. Vamos a tomar todas las medidas y acciones de nuestros contratos y del derecho internacional para que esta situación insólita no continúe. Vamos a buscar una solución justa equitativa y legal para el 100% de nuestros acreedores”. El baile seguía siendo confuso, alocado y perfecto… Siempre que la suspensión de pagos sea finalmente “efímera” y no deje millones de personas damnificadas en el camino.

El País

Julio 31, 2014

Argentina, una economía que aún se debate entre la caída y la recuperación

Sería bonito titular que Argentina puede irse al infierno o al paraíso en el mismo día, si finalmente incurre en suspensión de pagos, o si, pese al desencuentro con los fondos buitre, logra una salida. Pero diversos analistas coinciden en que, si Buenos Aires cayera en suspensión de pagos, no sería una catástrofe, aunque agravaría la actual recesión leve que sufre. Y si acabara encontrando una solución para el conflicto judicial de su deuda en EE UU, habrá una fiesta en los mercados con las acciones y bonos argentinos, pero no una masiva llegada de capitales. La economía se recuperaría, pero a ritmo moderado.

El economista Eduardo Levy Yeyati, profesor de las universidades de Buenos Aires y Harvard, opinaba este miércoles que si Argentina solucionaba el pleito, comenzaría a salir de la recesión este mismo año, en el último trimestre. Su pronóstico era que la economía arrojaría un crecimiento medio del 0% en 2014, en lugar de una contracción del 0,8% prevista hasta ahora, y mejoraría un 2% en 2015. “Si hay solución, Argentina recortaría la escasez de dólares que sufre (desde 2011), algunas provincias podrán emitir deuda afuera, la Nación podría hacer dos canjes de deuda que vence en 2015 y quizá podría emitir títulos este año o el próximo”, contó Levy.

El gran riesgo es caer en el impago de toda la deuda reestructurada

Desde 2001, antes de la suspensión de pagos, que Buenos Aires no coloca bonos en los mercados internacionales. La prima de riesgo de Argentina es de 679 puntos básicos, muy por debajo de los 5.000 previos al impago de 2001, y Levy consideró que, sin el conflicto con los fondos buitre, podría descender por debajo de los 418 de Ecuador, dada la baja deuda pública de Buenos Aires, aunque no se esquilare con los 212 de Brasil, ya que ciertos inversores desconfían de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que finaliza su Gobierno en diciembre de 2015. “Las compras de acciones y bonos argentinos crecerían. No esperaría una entrada masiva de capitales hasta 2016, pero algunos capitales ya se anticipan desde 2013 a un cambio de Gobierno”, se refirió Levy al panorama financiero.

La economía real también mejoraría, pero no se uniría al clima festivo de los mercados. “Si se aleja la escasez de dólares, pueden bajar los tipos de interés, la gente va a dejar de atesorar dólares y gastará más, se recuperará la inversión privada, se reactivará la construcción”, previó el profesor y socio de la consultora Elypsis.

Los mercados celebrarían el acuerdo del Ejecutivo

Pero si se acaba en el peor de los desenlaces, y Argentina cae en suspensión de pagos, pueden abrirse dos escenarios. Uno es que Buenos Aires solo incumpla con el pago de los bonos cuyos intereses vencen este año, por unos 7.400 millones de euros, y que logre convencer a los acreedores de que les pagará en 2015. Otra situación es si los inversores inician demandas y conducen al país sudamericano a un impago de toda su deuda reestructurada, que asciende a 29.800 millones. Levy vaticinó que si se trata de una suspensión de pagos circunscrita a unos títulos determinados, la economía acabaría cayendo en 2014 el 1,5% y se recuperaría en 2015, año electoral. “Habría que soportar seis meses en que falten dólares, suban los tipos y la tasa de cambio y caiga el empleo”, especuló Levy, confiado en una solución. Si la suspensión de pagos fuese total, el PIB se reduciría el 2% este año y la recesión se extendía en 2015, según el profesor.

El economista Guillermo Wierzba, de un centro de la banca pública de Argentina, reconoce que un bloqueo judicial de EE UU a los pagos de deuda podría aumentar la volatilidad de los valores de los títulos públicos, lo que generaría “dificultades” y “lleva a que la política económica no pueda volcar a los verdaderos problemas del país”.

Julio 30, 2014

El Telégrafo

Julio 30, 2014

Ecuador recibe nuevo crédito por $ 617 millones del FLAR

 

El directorio del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) aprobó un crédito de apoyo a la Balanza de Pagos por un monto de $ 617,58 millones para Ecuador.

La operación, autorizada en una sesión extraordinaria del organismo realizada este mes, tendrá un plazo de 3 años con 1 de gracia.

“El crédito se enmarca en el apoyo que el FLAR le ha otorgado a Ecuador en su proceso de restablecer el acceso a las distintas fuentes de liquidez internacional”, sostiene el comunicado de la entidad.

El organismo recuerda que hace pocos meses el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial retomaron el diálogo con las autoridades ecuatorianas. Del mismo modo, Ecuador regresó a los mercados financieros internacionales con una emisión de bonos globales por $ 2.000 millones que “fue recibida con una amplia demanda”.

El comunicado destaca que Ecuador cumplió con puntualidad las obligaciones que ha tenido con el FLAR y antes de recibir el nuevo crédito, el país debe pagar el saldo del actual préstamo vigente, que asciende a $ 322 millones.

El FLAR lo integran Bolivia, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

El Telégrafo

Julio 30, 2014

El artículo 14 del Código Monetario impulsará los créditos productivos

El proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero, recientemente aprobado por la Asamblea, creó la Junta de Política de Regulación que será el máximo organismo de control del sistema y que tendrá la capacidad de establecer políticas para incentivar los créditos productivos con mejores tasas y a mayor plazo.

El artículo 14 del documento detalla que, como parte de sus funciones, está el “aprobar la programación monetaria, crediticia, cambiaria y financiera” de forma “alineada con el programa económico del gobierno”, lo que ha generado expectativas entre los sectores que podrían beneficiarse de préstamos con mejores condiciones de pago.

Según los objetivos del proyecto de ley se trata de generar trabajo, riqueza y lograr su distribución y redistribución.

Para Stephenson Macías, presidente de Molerva, una industria local de insumos agropecuarios, la iniciativa es una buena señal debido a la importancia que tiene el financiamiento, tanto público como privado, para el crecimiento y desarrollo de las empresas.

El empresario recordó que la transformación anunciada para el Banco del Fomento, hecha “con un buen criterio”, será como un nuevo comienzo para la banca pública, frente a los problemas históricos que el organismo no logró resolver. Macías recordó que las instituciones del Estado son las principales financistas para su sector y por ello se las debe fortalecer.

Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, visualiza el tema más allá  de lo económico y asegura que el proyecto tiene un importante componente social. “Lo que hará la  ley es dar énfasis a los créditos de acuerdo con los requerimientos del país, no según lo que les sobre a las instituciones”, aseguró. El académico explicó que el crédito servirá para impulsar diversos sectores y puso como ejemplo el automotriz, ya que de momento Ecuador es básicamente importador de motores y otros componentes mecánicos.  “Podremos ser más competitivos con la producción nacional, y entonces habrá un beneficio para la pequeña y mediana industria, se incrementará el empleo y mejorarán las condiciones para jóvenes profesionales que salen sin ninguna orientación. A nosotros nos interesa ese lado social”, expresó.

Según la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), cerca del 70% de los créditos otorgados por el sistema financiero privado, de un total de $20.524 millones en el 2013, se dirigieron al segmento productivo. Vale destacar que la ABPE considera crédito productivo también a los fondos destinados a la vivienda y microempresas.

Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Productividad de Quito, consideró que, en principio, acceder a mayor crédito es un objetivo deseable para el sector productivo en general, pero cree necesario analizar si el Código cumplirá con el objetivo planteado. “La norma establece una orientación del crédito a través de regulaciones, pero esto no implica analizar los riesgos inherentes a las actividades tanto financieras como productivas”, apuntó.

Hace un mes, durante el proceso de socialización del proyecto en Guayaquil, el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, justificó la Ley bajo el argumento de que “el gobierno requiere tener mayor capacidad regulatoria” para colocar más créditos y a un plazo más largo, pues un préstamo a un año no permite la actividad productiva, en un momento en que el país transita por un cambio de matriz productiva.

Según lo planteado por el gobierno, la Junta de Regulación deberá emitir estos incentivos. Para Mauricio Pozo, exministro de Economía, quien participó ayer en un foro organizado por la Cámara de Comercio Ecuatoriana Norteamericana (Amcham) en Guayaquil, los incentivos podrían ser de orden tributario.

Riesgos para la banca:  Marco Antonio Rodríguez, consultor legal de la ABPE, explicó que existe incertidumbre en la banca por el riesgo de que la ley implique una “obligatoriedad” a asignar créditos para sectores que, de otra manera, no hubieran accedido a financiamiento por su alto riesgo.

Dice que operaciones de este tipo generarían un deterioro en la cartera (créditos entregados). Por otro lado, la dificultad de otorgar créditos a plazos mayores -tal como aspira el gobierno- está sujeta a factores como el fondeo del sistema financiero.

Este término se refiere al proceso que cumplen los bancos para captar depósitos y entregar créditos. En función de eso -señaló- la mayor cantidad de fondeo o ingresos que tiene la banca para intermediar son los depósitos a la vista, es decir, aquellos provenientes de cuentas de ahorros o corrientes. “Este dinero no tiene un plazo porque se lo puede retirar en cualquier momento, de modo que esos mismos recursos no se pueden colocar a largo plazo porque se produce un fenómeno llamado descalce”, aseguró Rodríguez.

El titular de la Cámara de Industrias de Quito también consideró que no se está tomando en cuenta el descalce existente con más del 70% de los depósitos con plazos menores a 30 días.

Según Virgilio Hernández, asambleísta por Alianza PAIS, medidas de este tipo ya se usaron en países como Estados Unidos, Alemania y Corea, tampoco son extrañas para países de la región como Colombia, Perú y Chile, un hecho que ocultan quienes se muestran opuestos al proyecto. Existen temas que se deben corregir, según el economista Víctor Hugo Albán, la ley tiene aspectos extremadamente positivos en un 80%.

Pozo sostiene que habrá que esperar cómo sale la ley del Ejecutivo. “Habría el riesgo de que los recursos no se dirijan a sectores seguros. Una cosa es que haya prioridad en generar incentivos y otra que se los fuerce”, comentó.

Hoy

Julio 30, 2014

Las licencias obligatorias en salud pública

En materia de salud pública el Gobierno ha registrado grandes avances, primero con la inversión en la infraestructura hospitalaria y el incremento paulatino en los presupuestos para esta área. Pero también son significativos los avances en las políticas públicas para ese sector.
Ayer la ministra de Salud, Carina Vance, anunció la entrega de una licencia obligatoria que permitirá a laboratorios locales producir cuatro medicamentos: dos para enfrentar al VIH, uno para el tratamiento y trasplante renal, uno para las enfermedades oncológicas y otro para la artritis reumatoide.
Las licencias obligatorias son instrumentos de la legislación internacional que permiten a un país entregar permisos a laboratorios locales para fabricar o importar medicamentos genéricos sin necesidad de los permisos de quienes desarrollaron el producto o de sus fabricantes.
El objetivo de estas regulaciones es bajar los precios de las medicinas y facilitar el acceso masivo de la población a esos fármacos, porque eso evita que el sistema de propiedad intelectual genere obstáculos. La licencia obligatoria permite producir un medicamento y, a su vez, importar genéricos destinados al tratamiento de enfermedades consideradas prioritarias en salud pública.
En el país hay 10 453 presentaciones de medicamentos. De ellos, el 54% (5 626) son considerados estratégicos, es decir los contemplados en las estrategias de salud colectiva, los que sirven para tratar enfermedades raras, catastróficas y los que sean monopólicos. Cualquier avance para facilitar el acceso de la mayoría de la población a esos medicamentos es bienvenido.

Hoy

Julio 30, 2014

Los $936 millones que están en la mira del oficialismo

 

La decisión de  la Comisión de los Trabajadores de incluir  en el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a  otros  fondosde cesantía y jubilación, además del perteneciente al Magisterio, puso a correr a 54 administradores.
Aunque la tratativa inició  como un Proyecto de Ley del Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional, la Comisión dio un giro de 180 grados e incluyó  a todos los que, según información de la Superintendencia de Bancos, recibieron  fondos públicos en algún momento. Aunque la instancia legislativa anunció una auditoría a cada uno de los fondos antes de incluirlos en el proyecto final,  metió en un mismo saco a todos los que tengan o hayan tenido aporte  de dinero público, aunque sea de tipo patronal. Tampoco interesa de cuánto sea ese aporte patronal entregado por el Estado en calidad de empleador.
“No estamos juzgando si es el 1% o el  2%. El porcentaje es lo de menos”, dijo la asambleísta del oficialismo Diana Peña. El objetivo del proyecto es que ese dinero, que suma alrededor  de $936 millones, pase a manos del Banco del Instituto de Seguridad Social.  Ante el anuncio de la Asamblea de que el primer debate de la ley se dará mañana, los representantes de esos fondos anunciaron para hoy una rueda de prensa.
La  Superintendencia de Bancos (SB) entregó a la Comisión un documento de nueve hojas.  Allí colocó, en primer lugar, los fondos complementarios que desde su inicio recibieron aporte patronal de entidades del sector público. Según ese informe, las prestaciones que estos fondos ofrecen son de jubilación, cesantía o mixtos.
El más pequeño de la lista de 54 es el Fondo de Cesantía Privado de los Servidores del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Orellana que tiene a 11 participantes. El monto que maneja es de $73 318,85.
El más grande, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) con 141 590 aportantes y  $419 557 062,34 no forma parte de ese grupo. Según el informe de la Superintendencia de Bancos, el Fondo del Magisterio encabeza un listado de apenas cuatro fondos. Estos son  los que se iniciaron exclusivamente con aportes personales de sus participantes. Junto a él están el Fondo de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Servicio Exterior, el Fondo de Cesantía del Colegio 24 de Mayo y el Fondo Complementario Previsional de los Trabajadores de Elecaustro. En el casillero correspondiente  al Fondo del Magisterio hay una aclaración: “recibió fondos correspondientes a cesantía adicional que transfirió el IESS, para su administración”
Esto es, según Mónica Ayala, administradora de ese fondo, lo que ha llevado a una malinterpretación de los asambleístas. “El dinero fue devuelto porque hubo un cambio en la Ley de Seguridad Social que impedía que esa institución administre dinero de un fondo privado como el del Magisterio. Pero todo ese dinero es aporte de cada afiliado, no dinero público”. (PRN)

El Comercio

Julio 30, 2014

Estos son los 54 fondos que el Gobierno quiere pasar al Biess

Ayer, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, con ocho votos afirmativos y dos abstenciones aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), para la Administración de los Fondos Previsionales Cerrados. Con estas modificaciones se busca que 54 fondos que supuestamente han contado con aportes del Estado para su constitución o fortalecimiento pasen a ser administrados por el Biess. De por medio están USD 936 millones. Fausto Cayambe, asambleísta de Alianza País indicó que según el registro con el que cuenta la Superintendencia de Bancos al 31 de diciembre, se reportaron 206 831 partícipes distribuidos en 64 fondos complementarios previsionales cerrados. A primera vista, aseguró Cayambe, 54 de ellos han recibido contribuciones del Estado, sin embargo, se deberá hacer una auditoría para establecer con seguridad qué fondos pasarán a ser administrados por el Banco del Afiliado. En caso de que se apruebe la enmienda, aseguró Cayambe, la Superintendencia tiene 180 días para auditarlos. En la lista de fondos que desde su inicio recibieron aporte patronal de entidades del sector público, según la Superintendencia de Bancos, están: 54 fondos pasarían a manos del Biess El Fondo de Cesantía del Magisterio rechazó intención de pasar sus recursos al Biess 1. Fondo Complementario Previsional Cerrado del Ministerio del Ambiente 2. Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Universidad Nacional de Chimborazo, FCPC-C-Unach 3. Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, Finanfondo FCPC 4. Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas- Capremci 5. Fondo de Cesantía Tame FCPC 6. Fondo de Cesantía Privado del Personal de la Función Judicial del Ecuador FCPC “Fonceju” 7. Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los Empleados de la Dirección General de Aviación Civil FCPC 8. Fondo de Cesantía Privado de los Profesores de la Universidad Central del Ecuador FCPC 9. Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores Públicos de la Procuraduría General del Estado 10. Fondo Complementario Previsional Cerrado de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) 11. FCPC Administradora de Fondos Previsionales BNF – Banco Nacional de Fomento 12. Trabajadores de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador – Fondo Complementario Previsional Cerrado Corfocesantía 13. Fondo de Cesantía Privado de los Servidores del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Pichincha Foncemigop-FCPC 14. Fondo Complementario Provisional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de Loja. 15. Fondo Complementario Provisional Cerrado de Cesantía de los Servidores de la Universidad de Guayaquil FOCPCSUG 16. Fondo de Jubilación Patronal Especial del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito – FCPC 17. Fondo de Cesantía Privado Complementario Previsional Cerrado del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 18. Fondo Complementario Provisional Cerrado de Jubilación Indexada de la Universidad Técnica del Norte (FCPCJIUTN) 19. FCPC – DESPOCH, Fondo Complementario Previsional Cerrado – Docentes de la Espoch 20. Fondo para la Protección de la Vida, la Vejez y la Salud de los Servidores de la Universidad de cuenca. Fondo Complementario Previsional Cerrado (Fondoprovida-FCPC). 21. Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado, FCPC 22. Fondo Complementario Previsional Cerrado – FCPC para Jubilación Patronal de los Servidores de la Contraloría General del Estado 23. Fondo complementario previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores Obreros y/o Trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT 24. Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Función Legislativa 25. Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Superintendencia de Bancos y Seguros 26. Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Escuela Politécnica del Ejercito FCPC-ESPE 27. Fondo de Cesantía de Minas y Petróleo Focem, FCPC 28. FCPC Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la Universidad Técnica de Ambato 29. Fondo Complementario Provisional Cerrado Ministerio de Gobierno en Zamora Chinchipe – FOCPCEMIGOZCH 30. Fondo De Cesantia Privado De Los Servidores De la Gobernación y sus Dependencias En Esmeraldas (FCPC) 31. Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos Fondo Complementario Provisional Cerrado 32. Fondo Complementario Previsional Cerrado (FCPC) de los Servidores Públicos de la Gobernación de Tungurahua, Dependientes del Ministerio del Interior – FONCEPMINGTUN 33. Fondo Complementario Cerrado de la Gobernación de Bolívar – FCPCGB 34. Fondo Complentario Previsional Cerrado del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Napo – FCPCGONAPO. 35. Fondo de Cesantía Privado de la Gobernación y sus Dependencias en la Provincia de El Oro (FCPC) – Fonceprimigeo 36. Fondo de Cesantía Privado Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Sucumbíos Foncemimgs – FCPC 37. Fondo De Cesantía Privado de los Servidores Del Ministerio Del Gobierno y Policía De La Provincia De Manabí 38. Fondo de Cesantía Privado de los Servidores del Ministerio de Gobierno que Laboran en la Gobernación de la Provincia del Guayas y sus Dependencias (FONCEMIGOG)-FCPC 39. Fondo de Cesantía Privado de los Servidores Públicos del Ministerio de Gobierno – Gobernación de Pastaza. “FCPCGPAS-FCPC” 40. Fondo de Cesantía Privado de los Servidores del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Orellana Focemgo (FCPC) 41. Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Morona Santiago FCPCSMIGOMS 42. Fondo Complementario Provisional Cerrado de Jubilación Privada de Funcionarios y Empleados Amparados por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, a nombramiento, del Gobierno Provincial de Imbabura 43. Fondo Complementario Previsional de Cesantía FCPC de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. 44. Fondo de Cesantía Privado de los Empleados, Trabajadores y Docentes del Gobierno Municipal de Otavalo – Fondo Complementario Previsional Cerrado 45. Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Empleados y Funcionarios del H. Consejo Provincial de Pichincha. 46. Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación para los Servidores y Cesantía para los Docentes de la Universidad Técnica de Manabí 47. Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo y Embarcado de Flopec, PCP Flopec 48. Fondo Complementario Previsional Cerrado de la Asociación de Empleados y Trabajadores en la Universidad Estatal de Bolívar Focaetueb_FCPC 49. Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS 50. Fondo Complementario Previsional Cerrado de la Asociación de Profesores de la Universidad Estatal de Bolívar (Focapueb) 51. Fondo Complementario Previsional Cerrado de la Universidad Técnica de Machala 52. Fondo de Cesantía de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social FCPC 53. Fondo Complementario Previsional Cerrado de Los Empleados del Ministerio de Gobierno en la Provincia del Cañar FCPC Foncegoc 54. Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano

El Comercio

Julio 30, 2014 

Los bonos comprometen a Ecuador con la OEA

La colocación de USD 2 000 millones en bonos soberanos del Ecua­­dor en el mercado internacional de capitales, compromete al país a una serie de medidas que, de no cumplirse, pueden dar lugar a la aceleración de los pagos antes de su vencimiento, en el 2024. La circular que el país presentó a los compradores de los bonos detalla 10 causales de incumplimiento. Entre estas está que el Ecuador deje de ser miembro o país elegible ante organismos como el FMI, la CAF, el Fondo Latinoamericano de Reservas o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y como una de las exigencias del BID a los países que se benefician de sus créditos es que permanezcan en la OEA, el Gobierno ecuatoriano no podría abandonar ese organismo hemisférico. En un inicio, el BID fue parte de la OEA, por eso esta condición permanece hasta la fecha. De allí que una salida de la OEA implicaría la separación inmediata del Ecuador del BID y, por lo tanto, la aplicación de las causales de incumplimiento de esta reciente colocación de bonos se haría efectiva. Por eso, la emisión de estos bonos coincide con una tregua en las críticas del Gobierno al Sistema Interamericano de DD.HH. (SIDH) de la OEA. Por ejemplo, no ha habido ningún pronunciamiento ante el nombramiento del nuevo relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, a pesar de que esa entidad es una de las que más críticas ha recibido por parte de Ecuador. Francisco Proaño Arandi, exembajador del país ante la OEA, señala que hay una vincu­lación entre el cese de las críticas y la colocación de bonos. A su criterio, Ecuador está allanando el camino para obtener préstamos. “Es una estrategia de limar asperezas con el Sistema Interamericano, aunque (las autoridades ecuatorianas) seguirán impulsando las reformas” en el marco de los reglamentos. CIDH nombra al uruguayo Edison Lanza nuevo relator para libertad de expresión Édison Lanza: “Todavía hay una gran violencia contra los periodistas en el hemisferio” Ecuador ha amenazado desde marzo del 2013 con abandonar el Sistema si no hay cambios en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las principales demandas del país han sido que la sede salga de Washington y que se reestructure el papel de la Relatoría de la Libertad de Expresión. Si Ecuador, por ejemplo, decidiera dejar la CIDH, se comprometería su presencia misma en la OEA, pues esa Comisión nació junto con el organismo hemisférico y ambas entidades se rigen por una Carta. Las críticas de las autoridades ecuatorianas se han enfocado a la CIDH y a la OEA, cuando en su último período extraor­dinario de sesiones, el presidente Rafael Correa pidió que todo el sistema saliera de ­Washington (EE.UU:). Hernán Salgado, exmagistrado de la Corte Interamericana de DD.HH., señala que el Régimen es contradictorio al criticar a organismos internacionales y necesitarlos para préstamos. “El discurso político no puede desentenderse de estos otros aspectos que hay en las relaciones internacionales”. Salgado recuerda que el BID negó un préstamo al gobierno de Alberto Fujimori (Perú) por violaciones a los DD.HH. en un caso que analizó la Corte Interamericana. Los cuestionamientos de Ecuador al sistema de DD.HH. 2011 Las primeras críticas a la Comisión Interamericana surgieron después de que se ventilaran allí los juicios contra el diario El Universo y los ataques a periodistas a través de cadenas. 2012 En el 144º Período de Sesiones de la OEA, el canciller Ricardo Patiño acusó a la CIDH de ser un “ente inquisidor contra los Estados” e invitó a sus miembros a que visitaran el país. 2013 Ecuador planteó 12 cambios a la CIDH, pero se dejó por fuera el tema de mudar la sede. Patiño advirtió con abandonar el Sistema Interamericano si no se “toman decisiones”. 2014 Ecuador llevó a la Asamblea de la OEA un nuevo proyecto de reformas al SIDH. Sin embargo, dio marcha atrás y no los presentó. Pidió que también se cambiara la sede de la OEA.

El Comercio

Julio 30, 2014

¿Cuáles son las diferencias?

Por León Roldos Aguilera

El 17 de julio del 2014, el Gobierno del Ecuador cerró en Bruselas, con la Unión Europea, el instrumento del Acuerdo Comercial Multipartes.

La UE está integrada por 27 países, cuyo PIB asciende a USD 15,6 billones, con un mercado de 507 millones de habitantes, que tienen un ingreso per cápita de USD 35 000.
Para los críticos de los Tratados de Libre Comercio, que sintieron que la llegada al poder del presidente Correa, como resultado de las elecciones del 2006, les aseguraba que tales instrumentos no los suscribiría el Ecuador con país alguno, ni con la UE, es un acto de traición.
De los USD 24 958 millones registrados por exportaciones en el 2013, USD 14 108 millones provinieron del crudo y derivados, según cifras publicadas.
Las exportaciones no petroleras, en el 2013, crecieron USD 10 850 millones, pero no lograron superar a las importaciones no petroleras, que solo llegaron a USD 19 961 millones, por lo que la balanza comercial no petrolera –exportaciones de bienes menos importaciones de bienes no petroleros- significó un déficit en el 2013 de USD 9 112 millones. Entre enero del 2014 y abril de este año, según últimas cifras que conozco, el déficit de la balanza comercial no petrolera ya registra USD 2 073 millones.
Aunque Estados Unidos es el principal socio comercial por el peso de la exportación petrolera, la UE es el principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador: recibe alrededor del 30% de estas, que representan más de USD 2 700 millones anuales, a cifras hasta del 2013. En los primeros cinco meses del 2014, las exportaciones hacia la UE habrían estado en el orden de USD 1 290 millones.
El 85% de las exportaciones ecuatorianas, excepto el banano, entra hoy a la UE con el beneficio del SGP Plus, un sistema de preferencias arancelarias que otorga la UE a países en vías de desarrollo y que fenecerá el próximo 31 de diciembre, pero que se habría negociado que siga vigente hasta el 2015, en espera que se ratifique el acuerdo, lo que tiene su propio trámite en la Comisión y el Consejo Europeo, para su aprobación final en su Parlamento.
En el Ecuador, la Asamblea Nacional debe ratificar el instrumento.
La negociación es pragmática. Verdad que se diferencia y en mucho del discurso del no a TLC reiterado por sus opositores y por Correa antes de ser gobierno.
De lo que está publicado, si hay diferencias de plazos y matices con lo negociado por otros países de la región, pero no de la esencia de libre comercio y flujo de negocios que le interesa a la UE, para la que el nombre es lo de menos.
Tarea inmediata deberá ser el evidenciar en qué se diferencia el acuerdo que se ha llegado con la UE de los TLC de la misma UE con Colombia y Perú y otros países de la región, aun cuando esto implique aceptar rectificaciones en política

El Comercio

Julio 30, 2014

Argentina se ve con los fondos especulativos pero sigue sin haber acuerdo  

Esta medianoche vence el plazo para el  final para el pago de Argentina a los bonistas de deuda reestructurada, las negociaciones entre el país suramericano y los fondos especulativos avanzaron hoy hacia un encuentro directo entre las partes pero sin llegar a un acuerdo que elimine la posibilidad del cese de pagos. Una intensa jornada de negociaciones se vivió el martes en Nueva York entre la delegación argentina y los acreedores que no se acogieron al canje de deuda de 2005 y 2010, mediados por Daniel Pollack, el abogado especialista nombrado por el juez que instruye el caso, Thomas Griesa. Las reuniones empezaron a las 15:20 GMT pero, tras un intermedio, dieron el giro significativo a las 18.30 (22.30 GMT) cuando apareció el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, para cinco horas más de encuentro. En esa reunión, la quinta en el despacho de Griesa con Argentina, se avanzó hacia una cercanía física entre las partes, pues por primera vez se produjeron conversaciones cara a cara entre suramericanos y los llamados “fondos buitres”. Sin embargo, tal y como decía Pollack en un comunicado, “los asuntos que dividen a las partes siguen sin resolverse”. Kicillof, al salir de la reunión, habló escuetamente con la prensa para decir que la negociación “todavía está en marcha” y que siguen “trabajando con toda la seriedad que tiene la cuestión”. “No puedo decir más sobre los resultados”, aseguró el funcionario argentino, por considerar que la reunión entraba “en un cuarto intermedio hasta el día de mañana”, miércoles. Pollack, en cambio, no fue tan claro sobre la reunión seguía: “Hubo un intercambio francos de los puntos de vista y las preocupaciones”, dijo, pero luego añadió que “si habrá reunión entre las partes o cuándo tendrá lugar mañana todavía tiene que decidirse esta noche”. Pollack había llegado a la reunión el martes por la mañana apuntando que el tiempo se acaba, pero las doce horas de encuentro de hoy volvieron a dejar en vilo a Argentina ante el cese de pagos técnico, que podría producirse este miércoles si los bonistas de deuda reestructurada no reciben su dinero. Ese dinero fue en parte girado por Argentina (en concreto 1.031 millones de dólares), pero el juez neoyorquino Griesa recomendó a los bancos en los que fue ingresada que congelaran el pago para no caer en desacato a la autoridad federal estadounidense. El desacato sucedería si se viola la cláusula de pago simultáneo o “pari passu”, que dice que Argentina no puede dar prioridad a los acreedores que se acogieron a los canjes de deuda respecto a los que no aceptaron las quitas y a los que por fallo judicial Argentina debe 1.500 millones. Para llegar al acuerdo que neutralice ese bloqueo de pagos que según Griesa vulnera los derechos de los “holdouts” y, a la vez, no rompa la cláusula RUFO (derechos sobre oferta futura) que caduca el 1 de enero de 2015 y que protege a los derechos de los bonistas de deuda reestructurada, se iniciaron las negociaciones con Pollack, hasta ahora estériles. Para añadir suspense a las últimas horas de la negociación, los tenedores europeos de bonos argentinos reestructurados interpusieron hoy una moción ante el juez Thomas Griesa para pedir que restablezca una medida cautelar que descongele una partida de dinero girada por el país suramericano y se evite así “el cese de pagos”. La medida cautelar “es la mejor manera para este tribunal para potenciar un acuerdo en este caso y evitar el cese de pagos”, señalaron estos acreedores. Esto añadió presión a Griesa, que ayer tuvo que desbloquear parcialmente el pago realizado por el Gobierno de Argentina a los fondos que se acogieron a la reestructuración de la deuda, para no interrumpir el cobro de los bonos emitidos para pagar la expropiación de Repsol. Griesa hizo dicha excepción con los pagos realizados en Citibank debido a que el desembolso a los fondos fue realizado con el mismo Número de Identificación de Seguridad Internacional (ISIN, por su sigla en inglés) que los giros realizados para pagar a Repsol YPF, y su congelación afectaba a terceros. Su orden fue apelada tanto por Citibank como por Argentina. Finalmente, desde Caracas, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ofreció el martes a todos los tenedores de bonos argentinos en mora desde el cese de pagos de 2001 (no solo los que iniciaron el litigio) que acepten canjear la deuda como ya hizo el 92,4 % de los acreedores del país suramericano. “Hoy está abierto nuevamente el canje para ofrecerle a ese 7,6% que no ingresó al canje que ingrese. Si ese 7,6 % ingresara hoy al canje tendría una tasa de retorno de casi el 300 % en dólares”, aseguró la mandataria argentina durante la cumbre de Mercosur que se celebra en la capital de Venezuela.

El Comercio

Julio 30, 2014

El control de la liquidez  

Por Sebastián Mantilla Baca

 

Aunque el proyecto de Código Monetario y Financiero, después de haber sido aprobado por la Asamblea, tenga todavía que ir al Ejecutivo para su análisis y sanción final, se prevé que no existan mayores cambios. Sin embargo, uno de los aspectos que causa preocupación, a más de los que ya se han manifestado a través de los medios de comunicación, tiene que ver con el control de la liquidez. Da la impresión que el abultado gasto público del Gobierno, el cual ha crecido de manera sostenida en los últimos años hasta llegar actualmente al 44,4% del PIB, está generando problemas de liquidez y desfinanciamiento del sector público. En el 2013, el Presupuesto General del Estado tuvo un déficit de –USD 5 059,7 millones, cifra que en el año 2014 será superior a los seis mil millones de dólares. Para mi forma de ver, esta necesidad de recursos y de liquidez ha hecho que el actual Gobierno ensaye una serie de medidas adicionales y extremas para contar con mayores recursos. Me refiero, por ejemplo, a la operación de crédito con Goldman Sachs poniendo como garantía las reservas de oro del Banco Central del Ecuador, a la emisión de bonos por USD 2 000 millones y al incremento de deuda interna y externa. Un elemento dentro de esta serie de acciones representa el Código Monetario y Financiero. Al establecer en este Código que “las actividades financieras son un servicio de orden público de potestad del Estado” y dotar a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de amplias facultades, no solo que se ha abierto la puerta para una cuasi estatización del sistema financiero privado del Ecuador, sino que de manera indirecta se quiere tomar control de la liquidez del sistema. ¿Qué quiero decir con ello? Que el hecho de que ahora esta Junta tenga una serie de atribuciones, entre ellas definir la proporción de la liquidez doméstica, la composición de la liquidez total, el coeficiente de liquidez, las transferencias al exterior, las reservas de liquidez, entre otros (art. 116 del Código) dota al sector público de instrumentos que si son mal usados podrían traer consecuencias nefastas a la economía del Ecuador. Preocupa, por ejemplo, que el Fondo de Liquidez, que mantiene el sector financiero en el Banco Central del Ecuador (el cual a mayo del 2014 llegó a USD 2 039 millones) pueda ser utilizado, por disposición de esta Junta, para financiar el déficit fiscal por la vía de la compra de bonos del Estado o como garantía para operaciones de redescuento. La preocupación es mayor cuando en este Código esta Junta no se hace responsable de sus decisiones sino sobre los administradores y accionistas de los bancos privados. En conclusión, el proyecto de Código Monetario y Financiero, en lugar de fortalecer el sistema, genera distorsiones por la excesiva intervención del Estado en actividades que no le competen.

Expreso

Julio 30, 2014

Todo lo que Europa gana

El acuerdo con Ecuador garantiza procesos transparentes y productos más baratos – Continúan las conversaciones para tener listo el texto a finales de año

      Ecuador y sus 16 millones de habitantes pueden parecer poca cosa en comparación con los 28 países y 520 millones de personas de la Unión Europea. Pero la perspectiva cambia cuando se analizan los beneficios para ambas partes que puede tener el acuerdo comercial firmado hace apenas dos semanas.

Mucho se habla de si Ecuador podrá ganar en exportaciones y mejorar su economía, podrá abrirse a nuevos mercados y ampliar su presencia internacional. Pero lo mismo se aplica al revés. Los consumidores europeos accederán a productos de consumo habitual para ellos, procedentes de Ecuador, pero a precios más baratos. El banano es el principal ejemplo, pero también el atún, según explican fuentes de la negociación a Diario EXPRESO. “Ecuador es el principal proveedor de latas de atún. Sin acuerdo, los aranceles serían un 20-35 % mayores y eso haría que aumentaran los precios. Son gastos que la población no se podría permitir”, razona. El atún está entre el 96 % de productos ecuatorianos libres de aranceles que llegarán a Europa.

No pasa así con el banano, que ha sido uno de los puntos de fricción durante la negociación. No “ha sido fácil convencer” para que cedieran el cobro de aranceles, según la fuente consultada, a los países europeos (como Francia, España o Portugal) que tienen regiones en el Caribe o en África que viven de la producción de banano y azúcar. Al final, esos productos han quedado dentro de ese 2 % sin liberalizar. Aunque con unas condiciones similares a las firmadas con Colombia en 2012 y mejores a las actuales.

El cacao ecuatoriano, reconocido como el de mayor calidad del mundo, podrá ser más accesible para los paladares europeos y, sobre todo, se dará a conocer. Los lácteos y la carne porcina son dos sectores que a la UE le interesa reforzar en Ecuador, según la misma fuente. Así como las bebidas alcohólicas: “Es un punto muy ambicioso. El objetivo es liberalizarlas lo antes posible”.

Pero el fuerte, a nivel de flujo comercial para Europa, son la maquinaria y los químicos. Son los sectores que más peso económico tienen en su relación con Ecuador. Como ejemplo, teniendo en cuenta las expectativas de la UE, se puede mencionar que el país le compró al continente europeo $ 95,1 millones en vehículos y 152 millones en medicamentos en 2013. El objetivo con el acuerdo es aumentar la llegada de maquinaria para “ensamblaje de vehículos, para hospitales o laboratorios” y, respecto de los químicos, más productos del sector farmacéutico y colorantes, según la misma fuente.

La importación de automóviles en Ecuador, por otra parte, tendrá un calendario de desgravación paulatino que se prolongará unos 10 años. Es decir, poco a poco se irán eliminando los aranceles y con ello se abaratarán los precios de los carros.

Las contrataciones públicas, a pesar de haberse fijado unos límites cuantitativos más altos de los que aspiraba la UE, sirven para mejorar un clima de inversión que necesita estabilidad jurídica y normas estandarizadas. Con más eficiencia en los contratos también se ahorra. Algo que en Europa ya saben porque desde que liberalizaron sus licitaciones (que suponen un 17 % del PIB europeo) se han ahorrado un 30 % de lo que habrían gastado y, además, evitan el sobrecosto de una eventual “corrupción”.

El Universo

Julio 30, 2014

Petroecuador en puesto 22 en ranking de 500

 

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador EP) se ubicó en el puesto 22 en el ranking de las 500 mayores empresas de la región con un crecimiento del 4,6% en el total de ventas netas en el 2013, según un estudio realizado por América Economía IntelligenceUnit.

El informe consideró a 17 países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Brasil, que ocupó la primera posición con la empresa Petrobras, que registra un volumen de negocios por $ 130,15 mil millones.

Le siguen otros dos estados con petróleo: Pemex de México y PDVSA de Venezuela; luego las telecomunicaciones con América Móvil de México.

Gisela Raymond, editora de América Economía en Ecuador, señaló que América Latina, según el estudio, muestra signos de enfriamiento en sus economías. “Las ventas agregadas de las 500 en el 2013 ($ 2,6 billones) regresan a las registradas en el 2011, cuando marcaron $ 2,5 billones”.

Otras dos empresas nacionales, pero relacionadas con el retail, también están presentes en la clasificatoria por su crecimiento en ventas.

La que más creció fue Supermercado La Favorita (puesto 291 con el 11,2%), propietaria de Supermaxi, Megamaxi, Akí, Juguetón, Sukasa y otras de retail. Muy cerca de este porcentaje de crecimiento está Claro Ecuador, que pasó del puesto 397 al 377.

Julio 29, 2014

El Universo

Julio 29, 2014

Informe ratifica el traspaso de Fondos del Magisterio al Biess

Una mayoría oficialista de Alianza País (AP) en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores votó ayer a favor del informe para primer debate de un proyecto de ley que busca transferir al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) la administración de los fondos previsionales cerrados, que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales.

El informe de la Comisión presentado para primer debate enlista unos 54 fondos que entrarían en esta nueva regulación bajo el proyecto denominado “Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Biess para la administración de los Fondos Complementarios previsionales cerrados”, que se originó en una iniciativa de Hólger Chávez (AP) para que se haga con el Fondo de Cesantía del Magisterio.

Betty Carrillo, presidenta de la Comisión y Fausto Cayambe, integrante oficialista, impulsaron la idea de que el Fondo del Magisterio sí es parte de los fondos que han recibido recursos estatales.

Carrillo dijo que hay dos razones. La primera es porque recibió del IESS valores para la administración de la cesantía adicional, según datos de la Superintendencia de Bancos; y la segunda, porque el magisterio es una institución pública.

Cayambe agregó que de esa cesantía adicional, el 2% es de aportes de los maestros y el 1% es de aporte del patrono; es decir, estatal, y por este 1%, sí están incursos en los fondos que han recibido aportes estatales.

Tras una decena de cambios de forma, ocho asambleístas de AP votaron a favor del informe. Mientras, Andrés Páez (CREO) y Cristina Reyes (PSC-MG), que mocionaron el archivo, votaron en contra.

Reyes pidió el archivo del proyecto porque la ley debería regir para los fondos que se generen a partir de su vigencia y no de forma retroactiva; porque en el proyecto se menciona a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que hasta ahora ni se crea oficialmente, pues el proyecto de Código Monetario y Financiero está en fase de veto; porque no hubo informe favorable de la Unidad Técnica Legislativa y porque no se ha escuchado a los actores de los otros fondos, solo a los maestros.

Páez agregó que no se puede mezclar en un proyecto de ley el dinero del Estado con el dinero de los contribuyentes y sugirió a AP que por lo menos pidan la opinión a los otros involucrados: “Aunque sea cuiden las formas”.

Pero el oficialismo pasó por alto estas observaciones y, sobre la socialización, se limitó a pedir que luego del primer debate se escuchará a los otros actores. Chávez inclusive propuso un recorrido en todas las provincias para recibir criterios sobre el proyecto.

El Comercio

Julio 29, 2014

 54 fondos pasarían a manos del Biess

 

Lo que en principio fue un proyecto para el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) se convirtió en uno que afectará a 54 fondos previsionales del país.

La tarde de ayer, la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social aprobó el informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados.
Con estas modificaciones se busca que 54 fondos que supuestamente han contado con aportes del Estado para su constitución o fortalecimiento pasen a ser administrados por el Biess. De por medio están USD 928 millones.
Luego de más de dos horas de debate y con ocho votos a favor y dos en contra, se aprobó este articulado que pasará a manos de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien decidirá cuándo se debatirá y se votará en el Pleno.
Este proyecto se originó el 19 de mayo pasado. El asambleísta de Alianza País (AP) Holger Chávez planteó el proyecto de Ley del FCME, con el cual pretendía transferir al Biess alrededor de USD 430 millones en activos acumulados en este fondo hasta junio pasado.
Sin embargo, el viernes pasado Fausto Cayambe y Kerly Torres, asambleístas de AP, argumentaron que no solo cabía hacer una reforma para el FCME, sino que se debía hacer una revisión a todos los fondos complementarios previsionales cerrados del país, en los cuales exista alguna participación de recursos públicos.
Cayambe explicó que este tipo de fondos son constituidos por personas de una misma entidad, gremio o institución, que no permiten la participación de externos. Por ello se denominan fondos cerrados.
El asambleísta explicó que también existen casos de fondos que se han conformado sin ningún aporte estatal, como aquellos formados por “los servidores públicos de la Cancillería o de los trabajadores del Colegio 24 de Mayo, que están en el sector público pero que no han recibido dineros del Estado en ningún momento”.
Según la Superintendencia de Bancos (SBS), en el país están registrados 64 fondos de este tipo: 54 corresponden al sector público, cuatro a trabajadores regidos por el Código de Trabajo, tres de entidades del sector público y tres de privados con aportes personales y patronales.
Además, indicó que según el registro con el que cuenta la Superintendencia al 31 de diciembre, se reportaron
206 831 partícipes distribuidos en 64 fondos complementarios previsionales cerrados.
A primera vista, aseguró Cayambe, 54 de ellos han recibido contribuciones del Estado, sin embargo, se deberá hacer una auditoría para establecer con seguridad qué fondos pasarán a ser administrados por el Banco del Afiliado.
La presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, argumentó que esta reforma se plantea para optimizar el rendimiento financiero de los fondos . “El fin de este proyecto es manejar con solvencia, eficiencia, rentabilidad (…) Tiene una íntima concordancia con lo que dice la Constitución y el sistema de seguridad social”. Según Carrillo, el Artículo 732 de la Constitución respalda esta enmienda.
El objetivo, dijo, es que los fondos previsionales públicos y sus inversiones se canalicen a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se incentive una política de ahorro con un rendimiento mucho mayor que el que reciben en la actualidad y con un interés más bajo que la banca, es decir, al 9%.
Mientras que la asambleísta Torres, ante la presencia de representantes del FCME, aseguró que “la estructura de los fondos se mantendrán y no implicará despidos de la actual administración”.

Voces en contra: Andrés Páez, asambleísta por Creo, sostuvo que con esta reforma se busca confiscar el dinero de los contribuyentes.
“Por más aportes que haya hecho el Estado a los fondos, se está tratando de tomar el dinero de los aportantes, que nada tienen que ver ante esta situación, dijo Páez.
Asimismo, la asambleísta Cristina Reyes criticó el proceso acelerado con el que se presentó esta nueva reforma legal, sin respetar lo que establece la Ley Orgánica de la Función ­Legislativa.
Por su parte Mónica Almeida, presidenta del FCME de Pichincha, sostuvo que “los dineros que administra el Fondo son ahorros privados de los maestros y la propuesta es que pasen a ser administrados por una institución que solo está facultada para administrar dineros públicos. Esto transgrede la Constitución y el estatuto del Biess, que en el artículo 3 señala que solo podrá administrar fondos públicos”.
Maestros activos afiliados al FCME, directivos y trabajadores de esta institución, así como también docentes jubilados, anunciaron ayer que tomarán acciones ante la reforma.
Hoy, en rueda de prensa, se darán a conocer las medidas que tomarán junto con otras organizaciones afectadas.
En contexto:Según la Superintendencia de Bancos, en el país existen 206 831 personas que aportan a este tipo de fondos. El organismo de control tiene registrado un total de 64 fondos; de esta cantidad, 54 buscan que sean administrados por el Biess.

Hoy

Julio 29, 2014

El Estado concentrador

El Fondo del Magisterio ha sido uno de los mejor administrados en el país, con criterios técnicos no solo ha logrado sortear la crisis financiera de 1999 y 2000 sino que ha diversificado sus inversiones en proyectos respaldados por grandes grupos empresariales, como el último que firmó con Nobis para la construcción de una hidroeléctrica.
El Fondo ha sido vigilado permanentemente por la Superintendencia de Bancos, que en caso de detectar un manejo dudoso ya habría intervenido. Pero ahora con un proyecto presentado por el oficialista Hólguer Chávez se busca quitar su administración al magisterio y entregarlo al BIESS.
Para que no pareciera un proyecto dirigido al Magisterio o a la UNE o al MPD, los asambleístas del oficialismo ahora proponen pasar todos los fondos complementarios previsionales al BIESS. Para eso han sacado cuentas: son 63 fondos, de esos 44 son de cesantía, 13 de jubilación, seis mixtos y nueve fondos adicionales que administran $1 127 millones.
El actual Gobierno siempre ha defendido la tesis de un Estado grande que controle y vigile todo. Para eso se han creado Superintendencias a la carta, se ha engrosado el aparato estatal a tal punto que se puede ver al Estado hasta en la sopa.
Nada tiene de malo que un Fondo creado por los maestros siga siendo administrado por ellos, porque es su dinero, son cuentas individuales que tienen dueños. Si ha funcionado bien así es absurdo querer cambiar las cosas solo porque un partido político que controla la Asamblea así lo quiera.

El Universo

Julio 29, 2014

Código revive impuesto de 0,5% para créditos para beneficiar a Solca

El Código Monetario Financiero, que fue aprobado por la Asamblea Nacional y está a la espera del ejecútese, crea una contribución del 0,5% a las transacciones crediticias.

Acogiendo una propuesta de la asambleísta Rocío Valarezo (AP), establece en la Disposición General Décimo Cuarta que “las personas que reciban operaciones de crédito incluyendo el crédito diferido con tarjeta de crédito, de financiamiento, de compra de cartera, de descuentos de letras de cambio y operaciones de reporto con las entidades del sector financiero privado, controladas por la Superintendencia de Bancos pagarán una contribución del 0,5% del monto de la operación”.

Los recursos de esta contribución serán destinados al financiamiento de la atención integral del cáncer.

De esta manera, de acuerdo al asambleísta Luis Fernando Torres (Cambio-CREO), restablece el impuesto del 0,5% a las operaciones crediticias que existía en el artículo 101 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador. Ese artículo hablaba de un impuesto del 1% para las operaciones crediticias extranjeras: el 0,5% iba para Solca y el 0,5% restante para entidades indicadas en el decreto supremo 357.

De acuerdo con Torres, con el cambio en el Código, ahora los ciudadanos van a pagar este financiamiento y ya no el Gobierno. Torres se pregunta por qué el Gobierno restablece el concepto que antes eliminó. Podría ser, dijo, porque existe menos recursos en el fisco.

Además explicó que con esta medida, algún usuario que pida un crédito por unos $ 20 mil deberá pagar $ 100 de impuesto.

En cuanto al pago, la nueva normativa indica que el financiamiento a favor de los diferentes núcleos de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer será transferido por el Ministerio de Salud Pública de forma trimestral y anticipada. Esta tarifa podrá ser reducida hasta el 0,01%. Los bancos actuarán como agentes de retención.

Sobre el tema, Marcos López, exmiembro del Directorio del BCE, dijo: “Todos queremos que Solca tenga recursos”, pero comentó que la medida termina encareciendo el crédito y liberando presión al presupuesto del Estado.

El Comercio

Julio 29, 2014

También seguros

Por Walter Spurrier

El Código Monetario y Financiero también tiene que ver con seguros; coherente con la determinación que seguros no es un negocio financiero, el control sobre la actividad aseguradora pasa de la ‘Súper’ de Bancos a la ‘Súper’ de Compañías.
El marco les cambia a las aseguradoras. Las reformas buscan fortalecer la regulación del Estado y propenden a crear un sector asegurador más solvente. En lo que respecta a seguros la intención es laudable y las medidas correctas aunque en ciertas instancias demasiado ambiciosas.

Las aseguradoras deberán consolidarse. El Código estipula un capital pagado mínimo de USD 8 millones, y solo 4 de 36 lo cumplen. Las otras 32 tienen un año prorrogable a dos para subir su capital. No todas han de estar dispuestas y, por ende, es de suponer habrá una consolidación de aseguradoras.
Si bien una diversificación de la oferta es buena para el cliente del servicio, también es cierto que el sector asegurador está muy atomizado. El nuevo mínimo puede ser excesivo ante la realidad, pero que se requiera un más elevado capital mínimo es saludable.
En cuanto a solvencia, las aseguradoras deberán cumplir con requerimientos por ramo de seguros en que opere, lo cual ya existe en otros países, entre ellos Colombia. Se norma en qué activos deben mantenerse las reservas técnicas: títulos del mercado de valores y bienes raíces.
Las compañías que operen en reaseguros tendrán un capital mínimo aún más elevado, USD 13 millones, lo cual se entiende porque estas empresas tienen que conservar más del riesgo.
La ley propende a que el reaseguro se quede en el país, que no vaya al extranjero. Desde el punto de vista de reducir la salida de divisas por concepto de servicios, es correcto. Pero de darse una catástrofe natural, por ejemplo un terremoto o un fenómeno de El Niño como el de 1997-98, se produce una concentración geográfica de siniestros y las reaseguradoras nacionales no podrían hacer frente a todos juntos.
El Código provee una cláusula de escape, que puede reasegurarse en el extranjero en caso de falta de capacidad probada. Esta será la regla, más que la excepción.
El trámite de esta ley debería aprovecharse para normar el impuesto a la salida de divisas sobre los reaseguros. Trimestralmente, las aseguradoras remiten a las reaseguradoras un pago por las primas de reaseguro menos lo que se les retiene por siniestros. Sobre eso cabe cobrar el ISD. Pero el SRI no cobra sobre el pago al exterior sino por el total de la cuenta de primas de reaseguro, una cantidad mucho más elevada. El resultado es que el impuesto pagado es distorsivo, dos tercios de las utilidades de las empresas. La ley debe dejar claro que el impuesto rige sobre el pago realizado al exterior y no sobre el primaje de reaseguros.
El Presidente podría incluir esta norma vía veto parcial.

El Expreso

Julio 29, 2014

Ecuador mejora su nota soberana de deuda

Las calificaciones de Ecuador pasaron de Caa a B, según la agencia Moody’s Investors Service.

La nueva nota significa que “el repago oportuno del principal y los intereses no está suficientemente protegido contra cambios adversos en las condiciones de negocios, económicas o financieras”. Estas calificaciones suelen ser tomadas en cuenta por los inversionistas que compran bonos de un país, y miden qué tanto está una nación en capacidad de pagar esas deudas.

Ecuador regresó recientemente a los mercados internacionales al emitir dos mil millones de dólares en bonos soberanos. REUTERS

Hoy

Julio 29, 2014

Del 15% al 3%: utilidades para trabajadores de telefónicas

El año pasado, Claro y Movistar, operadoras privadas, entregaron al total de sus trabajadores $130,3 millones por utilidades. Para este año, según un cambio propuesto por el Presidente Correa, si estas empresas recibieran los mismos ingresos, sus trabajadores se harán acreedores a $26 millones por el mismo concepto. En el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Telecomunicaciones, enviado en este mes de julio a la Asamblea, el Gobierno plantea que los trabajadores reciban ya no el 15% de las utilidades, como había estado ocurriendo, sino apenas el 3%, y que el 12% restante pase al Estado, reportaba una nota de HOY.
El pago de utilidades es un derecho que tienen todos los empleados de empresas privadas en Ecuador. Según las leyes de Ecuador; en el Art. 97 del Código del Trabajo, se establece que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento de las utilidades líquidas: el 10% se reparte entre todos los trabajadores de la empresa, y el restante 5% se reparte de acuerdo a las cargas familiares (hijos y cónyuge, nos informa el portal http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-finanzas/4287-pago-de-utilidades-2014. De modo que tal beneficio, recibido hasta el momento por los trabajadores de las telefónicas, no es un privilegio excepcional, sino un principio legal que busca beneficiar a empleados privados y que, si se obedecen las leyes, tiene un carácter universal. Uno de los objetivos es redistribuir los ingresos entre patronos y gerentes, y trabajadores de menor jerarquía.
Sin embargo, el argumento que facultaría al Estado a romper con tal disposición es que trabajadores de sectores mineros y de hidrocarburos solo reciben el 3% de las utilidades, pues el 12% restante le corresponde al Estado. La propuesta del Presidente equipara las telefónicas con empresas mineras y de hidrocarburos, al ser asimiladas las tres como sectores estratégicos. Minas, petróleo y el espectro radioeléctrico son propiedad del Estado, y deben ser regulados por este, según argumentos oficiales.
El destino que se daría los dineros que entren al Estado serí­an proyectos de inversión social y desarrollo de las telecomunicaciones, en especial la universalidad del servicio.   El Estado tiene el deber de eliminar las diferencias entre trabajadores pertenecientes al mismo sector.
Según El Universo, Roberto Aspiazu, director de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, plantea que el documento entregado por Correa ha tomado por sorpresa a este sector y sus empleados, y alerta que decisiones de esta índole pueden afectar a 3 500 personas, y que el sector de la TV satelital también estaría en la mira. Un representante de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias (Cedocut) ha juzgado la propuesta como un atentado a la Constitución y al Código del Trabajo.
En el actual contexto, no es suspicacia afirmar que el Estado busca por todos los medios hacerse de más recursos económicos, y que el método de la sorpresa parece que puede funcionarle con la Asamblea, donde cuenta con mayoría a su favor, pero es el peor indicado si lo que se busca es tranquilidad entre los ciudadanos, ya alertados por las flamantes leyes monetarias. Se advierte, además, que en muchos casos trabajadores privados carecen de asociaciones que los representen y defiendan sus intereses ante autoridades estatales. Reformar leyes como el Código del Trabajo y discutir asuntos como atribuciones del Estado versus derechos laborales seguramente merece, otra vez y para variar, búsqueda de consensos y diálogos, y no imposiciones

El Comercio

Julio 29, 2014

El ‘call center’ del IESS  

 

En dos años, la empresa que operará el ‘call center’ de las citas médicas del Seguro Social cobrará USD 20 millones. Lo curioso de la noticia es que la contratación supone una vuelta al pasado. El sistema que antes manejó la asignación de citas médicas por el mecanismo de ‘call center’ fue el único que quedó al final de un proceso de subasta inversa en el que la entidad adjudicataria descalificó a las demás empresas oferentes. Llama la atención que la firma calificada recibió críticas y en su contra se abrieron procesos administrativos y hasta juicios en las cortes. Organismos estatales de control como la Procuraduría, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y la propia Contraloría General de la Nación emitieron observaciones al primer contrato de operación de esta compañía. El sistema de citas a través de llamadas telefónicas empezó a operar en la Presidencia del IESS ejercida por Ramiro González. Fernando Cordero, que lo reemplazó como representante presidencial, estimó que el Seguro Social podía cumplir la tarea con el software de salud. ‘No dejaremos que una empresa tercerizada diga si hay o no turnos para atención médica’, declaró en su momento. Fue entonces cuando las citas colapsaron y las quejas por el servicio, que existían anteriormente, se multiplicaron. A tal punto llegó la tensión que el sucesor de Cordero, Víctor Hugo Villacrés, consideró la concesión como ‘el menor de los males’. Hoy el proceso dejó a un sola empresa en carrera: la misma.

 El Comercio

Julio 29, 2014

Los fondos ‘Buitre’

 

Carlos Sagnay de la Bastida 29 de julio de 2014 00:00 A pesar del daño causado a la economía con su estrategia de incertidumbre, el Presidente públicamente llamó a la Presidenta de Argentina a no pagar las deudas a los fondos ‘buitre’. Los buitres comen carroña; los fondos ‘buitre’ participan en el mercado buscando bonos basura para hacer dinero, compraron bonos argentinos, considerados basura por el alto riesgo de mora, a precios bajos, cuando otros querían deshacerse de ellos, y buscaron las cortes internacionales para obligar a Argentina a cumplir con su obligación de pagar el valor nominal de los bonos (100%) al momento de expiración. Cualquier corte internacional habría fallado a favor de los fondos ‘buitre’ como ocurrió, ya que hasta los buitres tienen derecho a comer en el mercado libre, donde participan inversores de todo tipo con iguales derechos. ¿Sirve continuar incitando a no pagar las deudas? ¿Se inspira confianza o seguiremos pagando  intereses más altos que países africanos, europeos y latinoamericanos?

El Universo

Julio 29, 2014

Las Galápagos recibe premio como la mejor isla de Centro y Sudamérica

 

Las islas ecuatorianas de las Galápagos ganaron el premio de mejor isla de Centro y Sudamérica otorgado por la revista de viajes Travel&Leisure.

Las islas Encantadas fueron reconocidas como el mejor destino turístico en la categoría de Mejores Islas en México, América Central y del Sur, en la décimonovena edición de los premios World’sBestAwards 2014 de la revista de viajes Travel&Leisure.

El Ministerio de Turismo de Ecuador informó en un boletín de prensa que este reconocimiento se realizó en base a una encuesta a los lectores de la revista, quienes por quinta ocasión escogieron a las islas Galápagos como la mejor de América Central y del Sur.

Las islas ecuatorians se ubican en séptimo lugar en el top 10 de las mejores islas del Mundo. El galardón reafirma a Ecuador como Potencia Turística y lo ubica como un destino de clase mundial. La encuesta definió también las categorías de mejores hoteles, destinos y aeropuertos.

Representantes de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos y delegados del Ministerio de Turismo del Ecuador, recibieron la distinción en Nueva York, lugar en donde se realizó el evento de premiación.

El Archipiélago se compone de 13 islas y 42 islotes; Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela son las más visitadas.

El Universo

Julio 29, 2014

¿Red de Seguridad Financiera se debilita?

Por Rosa Matilde Guerrero Murgueytio

UNIVERSO Ecuador en el 2008 promulgó el marco legal de la Red de Seguridad Financiera (RSF), el cual en lo fundamental partía de lecciones aprendidas a nivel mundial. Una RSF es un complemento, no un sustituto de sanas políticas macroeconómicas y de gestión de riesgos de los administradores de las instituciones financieras (IFI). Está formada principalmente por un conjunto de instituciones, procedimientos y mecanismos concebidos con el objeto de contribuir a mantener la estabilidad del sistema financiero y proteger al depositante. El diseño básico de una RSF se compone de regulación y supervisión prudencial y preventiva, prestamista de última instancia, esquema de resolución bancaria y sistema de seguro de depósitos. Algunos de los cambios propuestos en el proyecto de Código Monetario y Financiero, desde un análisis comparado con prácticas internacionales, debilitarían la RSF creada en el 2008.

El fondo de liquidez o prestamista de última instancia (PUI), en una economía dolarizada, tiene como función esencial asistir a IFIS solventes y bien administradas, otorgando préstamos de liquidez de corto plazo. En la ley vigente, artículo inmumerado, indica: “… los activos y las entidades emisoras en las que se inviertan los recursos aportados… deberán contar con una calificación internacional equivalente AA, o superior…”, frase que se elimina en la propuesta de Código, dejando a discrecionalidad de quienes administran el fondo de liquidez la capacidad de decidir sobre las inversiones de los recursos del PUI. Además, se incrementa el plazo de los préstamos del fondo a las IFI, pasando de 120 días a 360 días. Los puntos mencionados no están en línea con las experiencias aprendidas a nivel internacional, esto es que los PUI tengan capacidad de respuesta rápida y oportuna, por lo que los recursos deben estar invertidos en títulos de alta seguridad y liquidez, y que los préstamos que efectúa sean de corto plazo.

La “Resolución Bancaria” consiste en varios procedimientos que se realizan por parte de las autoridades para resolver la situación de una IFI inviable. Entre los mecanismos de resolución de una IFI no viable están: liquidación de la IFI y pago de los depósitos garantizados, exclusión y transferencia de activos y pasivos, fusión y adquisición. La mayoría de estos mecanismos requiere de algún tipo de transferencia de los activos y pasivos de una IFI inviable a otra viable, con el propósito de conservar el valor de los activos (evitar lo acontecido en la crisis de fines de los años 90 en Ecuador) y reducir el costo para el Estado, por lo cual es importante que los activos y pasivos que se traspasen puedan ser valorados y la transferencia se haga bajo la regla de menor costo para el Estado, cuestiones que no se dejan expresadas con claridad en el nuevo Código.

Las RSF se fortalecen en épocas de crecimiento, son el seguro de todos nosotros, los depositantes.

Julio 23, 2014

DEBATE EN EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA SOBRE EL CÓDIGO MONETARIO Y FINANCIERO

Julio 23, 2014

Por Vicente Olmedo

LA DOLARIZACIÓN NO ESTÁ EN RIESGO EN EL PAÍS

En el debate organizado por el Colegio de Economistas de Pichincha, que presiden el economista Víctor Hugo Albán y la economista Natasha Montesdeoca, como presidente y vicepresidenta,  realizado el último día miércoles 23 de julio, para analizar el contenido del nuevo Código Monetario y Financiero que acaba de aprobarse en  la Asamblea Nacional,  participaron el ingeniero  Patricio Chanabá, Director General Bancario del Banco Central del Ecuador; los economistas  César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados; Jorge Rodríguez, expresidente del Colegio de Economistas y miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción; y,  Diego Borja, exminitro de Finanzas y exgerente del Banco Central del actual gobierno; como moderador actuó el economista Luis Luna, miembro del director del Colegio de Economistas de Pichincha.

 Patricio Chanabá, Director General Bancario del Banco Central dijo que está descartada la desdolarización en el país y enfatizó que más bien el mencionado Código apunta a sostener el actual sistema monetario .  En este sentido, dijo que lo que se busca con este nuevo Código es que haya mayor ingreso de dólares a nuestra  economía para fortalecer, precisamente,  el actual sistema monetario.

El economista César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados, no negó que las restricciones de manejo monetario y financiero que les va a imponer el gobierno del presidente Correa a través del nuevo Código va a hacer que se restringa y se afecte  el crédito de largo plazo. “Hay elementos del Código que no son compatibles con el sistema de dolarización”, dijo.

Argumentó que el sector financiero que él representa  tiene muchas dudas y incertidumbres sobre la orientación del manejo económico del gobierno, lo que, además –a su juicio- es percibido por los clientes de la banca que hacen depósitos de corto plazo (la banca tiene 24 mil millones de dólares en depósitos a plazo de menos de un año). Por lo tanto,  reclamó confianza y seguridad para que la economía pueda crecer y desarrollarse.

Creemos, dijo, que el gobierno no va a terminar con el sistema de dolarización, a pesar de que ellos  (funcionarios del Régimen)no creen en el sistema impuesto por el gobierno del expresidente Jamil Mahuad.

Manifestó que si es preocupante que con el nuevo Código Monetario  hagan desaparecer 4 balances del Banco Central, lo que vuelve oscuro y poco transparente la acción de este organismo del Estado.

EL PODER DE LA NUEVA JUNTA REGULADORA

Sobre las críticas que se han hecho a  la Junta Reguladora que acaba de crear esta nueva norma legal en el sentido de que ésta concentrará demasiado poder, Patricio Chanabá dijo que la idea es que la misma logre articular de mejor manera el engranaje del sistema económico, ya  que desde el punto de vista gubernamental la misma ha estado muy dispersa y desorganizada.

No quiso opinar sobre la propuesta de que los miembros de la Junta Reguladora de la economía nacional gocen se inmunidad. Sobre este tema el economista Diego Borja, exministro de Finanzas, dijo que el artículo 151  de la Constitución manda que los altos funcionarios del Estado serán civil, penal y políticamente responsable de sus actos.

Asimismo, el exministro de Finanzas sostuvo  que lo positivo del nuevo Código es que busca fortalecer el sistema de regulación y control monetario y financiero, convirtiéndose en un importante avance democrático

Lo malo, anotó, es que es un Código hecho a la medida del gobierno. Estimó que la  Junta  Reguladora tiene mucho poder y  mucha discrecionalidad para la toma de decisiones muy importantes, lo cual resulta muy peligroso.c

Compartió con el público asistente su reflexión que  la exposición de motivos del nuevo Código es una declaración de principios políticos muy demagógica “para terminar el estado burgués”; asunto que, obviamente, genera la desconfianza del sector bancario y financiero.

DINERO ELECTRÓNICO

Chanabá al referirse al dinero electrónico, aseguró que lo que se busca con esta medida es bancarizar a un sector muy amplio de la sociedad que ahora mismo no tienen acceso a los servicios bancarios y que lo podrán hacer a través de un celular, sin que esto signifique emisión de dinero sin respaldo.

Sobre este punto, el economista Robalino dijo que lo que les preocupa a los banqueros es que se diga que se va a emitir dinero electrónico lo que significaría que se va a imprimir dinero.

SOBRE EL DIRECCIONAMIENTO DE CRÉDITO

Uno de de los puntos clave del debate fue la preocupación de que el Estado a través del Banco Central tenga la potestad de direccionar el crédito bancario. El ingeniero Chanabá opinó que el Régimen cree que los bancos ecuatorianos deben tener en el país (Banco Central) el 60 por ciento de su dinero de respaldo económico.

Consideró que esta medida va a permitir una mayor oferta monetaria, lo que sumada a una “mejor sinergia entre lo público y lo privado” favorecería a la economía nacional.

El economista Robalino dijo que es un absurdo que el gobierno nacional haga política monetaria cuando estamos anclados a un sistema dolarizado. “Hay que recordar que el Banco Central ya no tiene imprenta para hacer billetes”, agregó.

Consideró  que lo que quiere el gobierno es que se deposite en el Banco Central los dos mil millones de dólares que los bancos ecuatorianos tienen en el exterior como fondo de liquidez para invertirlos en bonos del Estado

PRESIDENTE CORREA ES HOSTIL CON LA BANCA ECUATORIANA

El presidente de la Asociación de Bancos Privados, César Robalino, también afirmó  que el gobierno del presidente Rafael Correa tiene una actitud hostil con la banca ecuatoriana, a pesar de lo cual expresó que los bancos ecuatorianos están dispuestos a acatar lo que dispongan y aprueben las autoridades nacionales.

Habló de que la banca nacional esta solvente, pero que de aquí en adelante serán muy cuidadosos en la concesión de créditos, lo que evidentemente va a afectar al sistema productivo nacional. La Banca no crecerá, tampoco el sector productivo, insistió.

LA CRISIS NACIONAL

El economista Jorge Rodríguez fue mucho más allá y habló de que estamos viviendo una situación de crisis económica que tiene preocupantes evidencias como que la masa monetaria en el país es de apenas el 27 por ciento, mientras que en Chile es del 97 por ciento. O que el crédito productivo nacional es tan bajo que estamos sólo por encima del país más pobre  de la región : Haíti.

El economista Rodríguez hizo ver que también es alarmante el bajo nivel de reserva monetaria que tienen  países dolarizados como Panamá o Ecuador. Así difícilmente vamos a poder crecer y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, concluyó.

Julio 28, 2014

El Comercio

Julio 28, 2014

El usuario del sistema financiero tiene nuevas reglas con el Código

 

El  Código Monetario, aprobado el jueves (24 de julio de 2014) en la Asamblea, dio paso a la creación de una Junta que, entre sus múltiples poderes, regulará la liquidez de la economía, lo cual incluye los depósitos bancarios.

El Código aprobado mantuvo el espíritu del proyecto enviado por el Ejecutivo, que controlará de manera absoluta el nuevo órgano de control.
Las autoridades económicas aseguran que mantendrán una regulación técnica, pero que orientarán los excedentes de liquidez hacia actividades productivas a escala nacional.

“El reto de una economía dolarizada es manejar eficiente y proactivamente la liquidez y el ahorro nacional y eso, sí, son los recursos de los depositantes”, dijo el miércoles pasado el director bancario del Banco Central, Patricio Chanabá, quien es parte del equipo que diseño el proyecto de Código.
En un foro realizado por el Colegio de Economistas de Pichincha, Chanabá señaló que hay excedentes de liquidez que están ociosos y que podrían dinamizar el aparato productivo.

Para ello, la Junta dispondrá de instrumentos para orientar el crédito hacia la inversión doméstica. Eso sí, insistió en que no se determinará a qué persona se dará o no un préstamo en el país. Eso lo corrobora el titular del BCE, Diego Martínez.
Los representantes del sistema financiero creen que eso pone en riesgo a las instituciones y a su patrimonio.

Para César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados (ABPE), la principal preocupación es que, al colocar recursos a largo plazo como busca el Régimen, la banca no disponga de liquidez para afrontar problemas como un retiro masivo de depósitos.
Obligar a los bancos a colocar a largo plazo es “como si mañana yo censurara a alguien por tener liquidez en su casa o en una cuenta corriente y no la deposita a plazos. Yo no puedo censurarlos”, manifestó.

Pero Chanabá insistió en que no se tocarán los recursos de los depositantes, “sin haber efectuado un análisis de las necesidades de riesgo de liquidez individual y sistémica”.
Añadió que los instrumentos planteados por el Código para el manejo de la liquidez son eminentemente técnicos.

Además de este tema, el Código plantea otras disposiciones relacionadas con el usuario del sistema financiero y de seguros. Uno de ellos es la moneda electrónica.
Tras el paso del proyecto por la Asamblea, el texto del Ejecutivo sufrió modificaciones, por ejemplo, se fijó una contribución que deberá pagar quien acceda a un préstamo para financiar la atención integral del cáncer. En cuanto a beneficios se amplió el seguro de depósitos para los clientes de las cooperativas y de las aseguradoras, entre otros.

Recargo del 0,5% para los créditos
Todas las personas que obtengan préstamos pagarán una tarifa del 0,5% del monto de la operación, para financiar la atención integral del cáncer.
Así lo señala la disposición general decimacuarta del proyecto aprobado por la mayoría oficialista de Alianza País.
Oswaldo Larriva, titular de la Comisión de Régimen Económico, dijo que esto aplica para todo tipo de créditos, como los obtenidos para vehículos, para la adquisición de vivienda, para compras con tarjeta de crédito, etc. Por ejemplo, en un crédito de USD 10 000 la contribución equivale a USD 50.
La tarifa se podrá reducir, vía Decreto Ejecutivo, hasta el 0,01% para ciertos casos, por pedido de la Junta que controlará el sistema financiero.
El Ejecutivo aún debe vetar o allanarse a esta propuesta.

Dinero que no se movilice, al Fisco
La disposición general sexta señala que el dinero que permanezca inmovilizado en una cuenta de una entidad financiera y no sea reclamado por más de cinco años cuando el monto sea de hasta USD 85, o por más de 10 años cuando supere ese monto, será transferido al Fisco. Pero, con excepción de los pasivos inmovilizados por disposición legal o judicial, debidamente notificadas a la entidad financiera.
Los pasivos inmovilizados se liquidarán en enero de cada año. Toda entidad financiera deberá presentar en enero de cada año un informe al organismo de control respecto de la existencia de cualquier valor, dividendo o saldo no reclamado perteneciente a terceros, que hubiere permanecido inmovilizado como pasivo a su cargo por cinco o 10 años.

La licitud de fondos se debe probar
El Ejecutivo planteó en el proyecto original, que cuando una entidad financiera quiebre, sin perjuicio de la prelación de pago establecida en el Código Monetario y Financiero, las personas naturales o jurídicas con acreencias por sobre los valores que determine la Junta de Regulación deberán probar que sus depósitos son lícitos.
Sin embargo, la Asamblea modificó este punto y estableció que el liquidador de forma motivada podrá solicitar a las personas que posean acreencias por sobre el valor que determine la Junta, justificaciones adicionales sobre el origen de dichos recursos.
Con ello, según el argumento legislativo, se avala la presunción de inocencia de las personas que está garantizada en la Constitución. Este asunto está bajo análisis del Ejecutivo.

Seguro para cliente de cooperativa
El seguro de depósitos que actualmente solo cubre a los clientes de las entidades financieras, también cubrirá a los clientes del sector popular y solidario, al cual pertenecen las cooperativas de ahorro y crédito, según establece la sección 15 del Código Monetario aprobado por la Asamblea.
Si un banco quiebra, el seguro devolverá valores de hasta USD 32 000. En el caso de las entidades populares y solidarias se protegerán USD 11 000.
El monto a pagar por el seguro no podrá superar el total de patrimonio del respectivo fideicomiso, donde se encuentran los dineros del seguro.
El planteamiento fue iniciativa del Ejecutivo y la Asamblea lo aceptó. Las entidades de los sectores popular y solidario están obligadas contribuir y aportar al Seguro de Depósitos.

Cliente de aseguradora, con seguro
La Asamblea Nacional  propuso crear un Fondo de Seguros Privados para los clientes de las aseguradoras. Este serviría para cubrir los siniestros no pagados, cuando quiebre una aseguradora.
Los montos que perciban los clientes será establecido por la Junta de Regulación, encargada del control del sistema financiero, de valores y de seguros, que también se crea con el Código Monetario.
El planteamiento fue iniciativa de la Asamblea, pero el Ejecutivo aún puede vetar o allanarse a la propuesta.
Los fondos se obtendrán de la contribución del 3,5% sobre el valor de las primas netas de seguros directos, las que podrán aumentarse hasta el 5%.
Las empresas de seguros actuarán como agentes de retención de esta contribución.

Respaldo de la moneda electrónica
La moneda electrónica será un medio de pago que utilizará el celular para la compra de bienes en autoservicios, farmacias, supermercados, etc.
El respaldo será en dólares; es decir, si una persona tiene
USD 1 podrá cambiarlo por su igual en electrónico. Las transacciones tendrán un costo para los clientes, que está por definirse. El Banco Central se hará cargo del sistema.
La Asamblea incluyó que la moneda electrónica debe estar respaldada. El proyecto original establecía que esta “será puesta en circulación privativamente por el BCE”, con base en las políticas que expida la Junta. La Asamblea agregó la frase: “respaldada con los activos líquidos” del Central. Con ello, según la Asamblea, se elimina el riesgo de hacer emisión inorgánica de moneda.

En contexto
Luego de que el proyecto se aprobó en el Legislativo, el Ejecutivo tiene 10 días para vetar o allanarse al texto. El documento fue remitido como económico urgente al Legislativo.

El Comercio /Líderes

Julio 28, 2014

El Estado no se va a meter a decidir a quien dará créditos

Entrevista a Diego Martínez, Presidente del Directorio del Banco Central  

El Ejecutivo se encuentra en plena revisión del texto que la semana pasada, con ajustes de última hora, aprobó la Asamblea. El Presidente del Directorio del Banco Central conversó con LÍDERES a las 08:00, del viernes 25 de julio.

Aprobado el Código Monetario en la Asamblea, ¿qué le dice a la banca privada que, antes y durante el debate legislativo, expresó preocupación sobre su contenido?
Este momento resta la revisión del documento; el Presidente (Correa) tendrá que analizarlo y decidir si cabe o no un veto y, para que entre en vigencia, resta su publicación en el Registro Oficial. El mensaje no es distinto al que dimos en la discusión del proyecto: este Código busca que la banca sea un actor importante en el proceso de desarrollo del país.

¿A qué se refiere con eso?
Me refiero a que ya es hora de que la banca empiece a apostar por todo lo que el resto de ecuatorianos está apostando. Es decir, aportar en el desarrollo del aparato productivo y de los emprendimientos. La banca tiene que salir de la zona de confort en la que ha estado, en donde ha centrado su actividad con el crédito mal llamado productivo, que no es otro que un crédito comercial de corto plazo, y con el crédito de consumo.

A través de los instrumentos que le va a proveer el propio BCE, se busca que la banca empiece a jugar un rol más activo en el financiamiento de mediano y largo plazos. Eso es lo que necesita la economía.

De lo que conoce, ¿cabe un veto?
El documento recién se aprobó ayer (jueves 24 de julio). En el Ejecutivo nos tomaremos el tiempo que sea necesario para revisarlo. No obstante, sí puedo mencionar que el Código contiene las cosas que eran el objetivo del Ejecutivo: incrementar la seguridad para los depositantes y establecer instrumentos que a través de un manejo adecuado de liquidez, fortalecer aquello que los bancos han venido reclamando (documentos líquidos), e impulsar el financiamiento de mediano y largo plazos.

¿Qué instrumentos financieros se ofrecen con el Código a la banca privada?
Por ejemplo, títulos del BCE, ventanilla de descuento, la inversión de excedentes de liquidez, el manejo adecuado del coeficiente de liquidez doméstica, etc. Si este fuera un Código, como ciertos analistas han dicho que busca ‘estatizar’, no abriríamos el mecanismo de excedentes de liquidez para la banca privada y demás entidades financieras.

También se cuestiona que lo que busca el Gobierno es manejar la liquidez, para cumplir los objetivos de su modelo…
Indudable. ¿A qué se refiere, ‘manejar la liquidez’? Lastimosamente algunos analistas desviaron el punto central del tema. El manejo de liquidez lo hacen todos los ciudadanos, es la toma de decisiones de las familias, las empresas, el sector público, la banca privada…

¿Cuál fue el error de los analistas?
Muchos interpretaron que el manejo de liquidez significaba que el Estado se va a coger el dinero que está en los bancos privados. No hay ninguna sola norma en todo el Código, que permita al Estado tomar depósitos de lo que tienen los ecuatorianos en los bancos o en las cooperativas. De hecho, se ha fortalecido el control sobre el delito de congelamiento.

Pero en las amplias potestades de la Junta especial que crea el Código para direccionar los créditos, podrá destinar recursos privados para proyectos públicos.
Bajo ningún punto de vista.

¿La Junta podría tener esa potestad?
No, porque sería ineficiente. Explico a qué se refiere el direccionamiento del crédito: es la posibilidad de establecer medidas, instrumentos e incentivos que permitan que la banca asigne una parte de los recursos con los que cuenta, a través del crédito, a ciertos sectores que como economía queremos fortalecer.

El aparato público se financia por sí mismo. Esas afirmaciones de que el Gobierno ha buscado este Código, porque ya no le alcanza el dinero para pagar los salarios es la cosa menos analizada, más desinformada y es la desfachatez más grande que he escuchado.

¿Por qué?
Porque los datos están ahí. Los ingresos permanentes del Gobierno cubren los gastos permanentes. ¿Qué pasa con la inversión pública? Está cubierta con los ingresos petroleros, con el endeudamiento externo, etc. El dinero que está en la banca privada, que está en las cooperativas, sigue estando allí.

Entonces, el direccionamiento del crédito se trata de incentivos, de fondeo desde el Banco Central, para que a su vez se pueda prestar al sector productivo. El Estado no se va a meter a decidir a quien da los créditos o no. No hay ninguna norma que le faculte al Estado a decidir a quien entregará esos créditos.

En la aplicación práctica del Código, ¿cómo va actuar la Junta?
Habrá momentos en los que sea más útil y esto es algo que como autoridad económica tenemos que hacerlo luego de un análisis responsable, establecer tasas diferenciadas para ciertos sectores económicos. Habrá momentos en los que sea más útil, desde el Banco Central, proveer liquidez a los bancos, para que estos a su vez, con esa liquidez adicional, no es la liquidez con la que ya cuentan, direccionen crédito a los sectores que están, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, industrias básicas, manufactura, industrias ligadas a la tecnología, básicamente.

¿Cómo operará la Junta, para cumplir el objetivo de canalizar recursos a los sectores que se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo?
El Gobierno, a través de la Junta, define los sectores en donde es deseable que haya más crédito y la Junta dice a los bancos: “señores, es deseable que vaya más crédito a esto. Pongo a su disposición esta cantidad que no tienen. Quien quiera sumarse, venga al BCE”, y entra a través de los mecanismos de ventanilla o inversión de excedentes; recibe financiamiento adicional, y empieza a prestar a ese sector. Pero la Junta bajo ningún punto de vista puede decir preste a este u otro proyecto.

Sea público o privado, ¿por qué?
Porque el análisis de riesgo de las operaciones crediticias lo tiene que seguir haciendo el banquero. No decide el Gobierno a qué proyecto va. Eso bajo ningún punto de vista, porque el Estado no puede meterse a tomar decisiones que están en la esfera de rentabilidad de los negocios privados.

¿Cómo se fortalece la dolarización?
Antes, es importante indicar datos que los analistas han desinformado. Han dicho que el Estado está ilíquido y que no tiene reservas para respaldar sus operaciones internacionales. Eso es falso. Tenemos las cifras de los agregados monetarios más altos en dolarización: el 38% del PIB; la cuenta del Ministerio de Finanzas está sobre los 2 000 millones de dólares; y la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad está en 6 000 millones.

¿Y la dolarización con el Código?
Estamos diseñando mecanismos para que la liquidez recircule en la economía, porque en una economía que no puede emitir moneda, el peor negocio es tener el dinero afuera. Segundo, estamos implementando mecanismos para que sea más rentable para la banca invertir los recursos aquí. Y, tercero, estamos elevando los estándares de solvencia y seguridad del sistema financiero.

Resumen de la gestión del titular del BCE

La formación. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en Economía del Desarrollo otorgado por el Institute of Social Studies (ISS) de los Países Bajos.

En el sector público. Se desempeñó como Subsecretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la Senescyt; Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir; Secretario del Consejo Nacional de Planificación; Subsecretario General de la Senplades, etc.

El Universo

Julio 28, 2014

‘Superjunta’ económica, sin personería jurídica y con amplio poder en Ecuador

 

Como un ente concentrador de poderes y hasta como “monstruo de seis cabezas” (por asumir funciones de seis entes), Superjunta se le ha llamado a la Junta de Política de Regulación Monetaria Financiera, creada en el Código Monetario Financiero, que fue aprobado por la Asamblea Nacional y está a la espera del ejecútese.

La Junta quedó como un ente adscrito a la Presidencia de la República y sin personería jurídica. Esto, pese a que durante los debates dentro de la Comisión de Régimen Económico, presidida por Oswaldo Larriva (AP), se había acogido determinarla como “una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa y financiera”. Es que en el informe para segundo debate se indicaba que la personería jurídica “fortalece su institucionalidad para el ejercicio de la potestad estatal” y que así se perfeccionaba “el precepto constitucional de impugnabilidad de los actos administrativos”. Sin embargo, Carlos Viteri, también de AP, pidió retirar la personería y Larriva acogió el pedido.

También flexibilizó el grado de parentesco que pueden tener los miembros de la Junta con personas con propiedad patrimonial con influencia. Es que en el texto original del Ejecutivo se decía que no podrían ser miembros quienes tengan parentesco de primer grado de consanguinidad y primero de afinidad. En debate la Comisión acordó endurecer el requisito poniendo tercero de consanguinidad y segundo de afinidad. En el texto final quedó como segundo de consanguinidad y segundo de afinidad.

De acuerdo con el proyecto aprobado, la Junta tiene de una serie de funciones como asumir todas las de la Junta Bancaria, el Directorio del Banco Central, la Junta del Mercado de Valores, la Junta de Control de Economía Popular y Solidaria, el Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos y el Directorio del Fondo de Liquidez.

En el último informe se le da la función de promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana y madres solteras. También podrá establecer los costos de los servicios de tarjetas de crédito.

Para el expresidente del Banco Central, Diego Borja, la Junta sufre de una “superconcentración de funciones” y no ha sido pensada para la historia, sino en función de las autoridades de hoy.

 El Universo

Julio 28, 2014

Afiliados del IESS critican poder de la Junta de Regulación

 

La deuda que mantiene el Estado, desde el 2008, con el IESS por el aporte del 40 % de pensiones jubilares se pagará sobre el capital, sin multas e intereses de mora, y se usará como base de cálculo la tasa de rendimiento que generan los créditos entregados por el Instituto, según el proyecto de Código Monetario, aprobado este jueves por la Asamblea Nacional.

El proyecto establece: “Toda contribución que mantuviere pendiente de liquidación el Estado por concepto del pago del aporte del 40 % de las pensiones jubilares con el IESS… que no haya sido transferida en el periodo previsto se liquidará aplicando al capital adeudado la tasa de interés equivalente al rendimiento promedio ponderado de cada año de la cartera crédito del Biess”.

El objetivo de esta disposición según el asambleísta Oswaldo Larriva (PAIS) fue crear una fórmula para calcular la deuda y poder cancelarla, pues el Estado no puede pagar multas e intereses “y eso le impedía al Ministerio de Finanzas pagar al IESS”. Sin embargo, el exdirector del IESS Joaquín Viteri explica que en la mora patronal, los intereses y recargos suman un 20 %, pero el Código establece un trato preferencial para el Estado que solo pagaría el 8% que es el rendimiento promedio anual de los créditos del IESS. El Estado se beneficia de esa diferencia de 12 puntos porcentuales, pero se afectan los ingresos del IESS.

En cuanto al Biess, a Omar Serrano, representante de los afiliados en esta entidad, le preocupan las atribuciones de la Junta de Regulación, pues formulará y dirigirá las políticas de inversiones, créditos, liquidez, tasas de interés, y no está claro cuáles serán las funciones del directorio del banco, que hoy decide sobre estos temas.

Los directores del Biess actuarán solo cuando sean convocados para sesionar. Eso menoscaba la representación de afiliados y jubilados, según Serrano, pues sus representantes ya no actuarán a tiempo completo, y dificulta la fiscalización y control de la institución.

La Junta también manejará los fondos previsionales del IESS, lo cual según Serrano riñe con la Constitución, que dice que ninguna entidad podrá disponer de esos recursos.

Serrano plantea que el Ejecutivo vete estas disposiciones.

Miembros
La propuesta del Ejecutivo para conformación del directorio era de 5 miembros. La Asamblea aprobó 4: un delegado del presidente, el ministro de Política Económica o su delegado, un vocero de los afiliados y otro de los jubilados. Esto no afecta a la representación tripartita que debe haber en el Biess, según Serrano.

El Comercio

Julio 28, 2014

Siete años para bajar el arancel a los vehículos importados de la UE  

 

El arancel para los vehículos europeos  llegará a cero en un lapso de siete años. Así lo decidieron ecuatorianos y europeos al cierre de las negociaciones de su acuerdo comercial. El pasado 17 de julio el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, anunció que finalizó el proceso y que, tentativamente, en el 2016 entraría en vigencia el convenio. ​ Precisamente, a partir de ese año se iniciaría el proceso de desgravación de aranceles de los vehículos europeos, según indicó a EL COMERCIO el jefe del equipo negociador nacional, Roberto Betancourt. “La desgravación se iniciará en el 2016 y tomará siete años adicionales”, manifestó . Esto difiere del pedido que habían hecho los ensambladores nacionales. A inicios de abril, Rivadeneira indicó que Ecuador propuso un periodo de desgravación de 10 años. El Gobierno, por su parte, explicó que lo que se busca con ese período de desmonte es dar un plazo a los ensambladores para que puedan volverse más competitivos, generar valor agregado, acceder a nuevos mercados, y reforzar los actuales: Colombia y Venezuela. El sector quedaría protegido por un tiempo prudencial, pero conforme pasen los años los vehículos europeos que lleguen al país serán más baratos. Esto último, según Clemente Ponce, exdirectivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), obedece a la reducción gradual del arancel para los autos (se mantendría el ICE y el IVA). El empresario explicó que hay automotores que pagan un arancel del 35%, por ejemplo. En ese caso, la desgravación, que conoce que será en siete años, se irá haciendo en cinco puntos porcentuales cada 12 meses. De tal manera, al séptimo año llegaría a cero. En consecuencia, dijo Ponce, “el costo de los vehículos provenientes de la UE también debería bajar el 5% cada año”. Pero si esto se aplicara en la actualidad, el beneficio sería para un porcentaje reducido de vehículos que ingresan al país.

Hoy

Julio 28, 2014

Acuerdo con Europa

Por: Francisco Rosales Ramos

Finalmente, ante la incontrastable realidad, el Gobierno ha negociado y concluido un tratado comercial con la Unión Europea, que permitirá al Ecuador desarrollar actividades para ese importante mercado, sin la amenaza de perder los esfuerzos realizados para vender en esos países, debido a la aplicación de aranceles a los productos ecuatorianos.
Acuerdo Multipartes, llaman las autoridades de Bruselas al instrumento que se suscribirá con Ecuador, en virtud de que consideran uno solo con el que celebraron hace más de dos años con Colombia y Perú.  En el fondo –sujeto a conocer el texto oficial- se trataría de una adhesión del país al acuerdo vigente con los dos vecinos, por cierto con la personalización lograda en la negociación de los últimos meses.  Perú y Colombia obtuvieron también normas específicas que responden a necesidades de cada uno de ellos.  El anuncio oficial de Bruselas destacó que no existen cambios significativos frente al vigente con los dos países andinos.
La primera reacción de la ciudadanía debe ser de satisfacción, porque se ha abierto una puerta importante para el desarrollo.  Luego, tomar nota, con optimismo, de que en las autoridades ha primado un enfoque realista para una política de apertura al comercio exterior, sobre dogmatismos que han provocado un aislamiento del Ecuador.  Tercero, que se han perdido al menos tres años, consecuencia de indecisiones y prejuicios ideológicos que han impedido el establecimiento de nuevos emprendimientos o ampliación de los existentes para atender a Europa.  Y, por último, que hay que esperar que los negociadores hayan obtenido condiciones especiales para el período de transición –hasta la plena vigencia del Acuerdo- que permitan a los principales productos de exportación ecuatorianos, como banano, camarón, atún, rosas y brócoli, ingresar al mercado europeo al menos en condiciones no menos favorables que las actuales que se benefician del SGP+.  Sabiéndose que, en compensación, Ecuador también se habrá comprometido a eliminar o disminuir aranceles y otras restricciones a las importaciones de productos europeos.
Finalmente, hay que tener claro que el acuerdo con la UE abre oportunidades de desarrollo y crecimiento económico, pero al mismo tiempo supone desafíos y peligros.  Un marco legal estable y amigable para la inversión y la empresa privadas; un régimen de democracia real en el que se aplique estrictamente la Constitución y la ley; la confianza en que los jueces y tribunales impartirán justicia oportuna e independiente; el respeto a la libertad de información sin amenazas expresas o veladas a los medios de comunicación y a los periodistas; un sistema efectivo de fiscalización política y económica de los actos públicos conforman las condiciones mínimas para aprovechar las oportunidades del nuevo acuerdo.  Y lograrlas es responsabilidad de todos, pero especialmente de quienes ostentan el poder.

El Comercio

Julio 28, 2014

Los depositantes mueven más su dinero en cuentas de ahorros  

El sistema financiero ecuatoriano registró, hasta diciembre del 2013, 9,99 millones de clientes con cuentas de ahorros, corrientes, depósitos a plazos u otro tipo de depósitos. Es decir, hay una cuenta por cada 1,4 ecuatorianos, en promedio. La mayoría de clientes (87,4%) tiene cuenta de ahorros, mientras que el 8,7% de los usuarios maneja una cuenta corriente, el 2,02% ha optado por depósitos a plazo fijo y el 1,8% restante mantiene otro tipo de depósitos, según los registros de la Superintendencia de Bancos. El grueso de los usuarios del sistema financiero, además, se encuentra en el sector privado. Del total de clientes con algún tipo de cuenta o depósito, el 79,6% (7,9 millones) lo tiene en un banco. Este porcentaje sube al 83% si a los bancos se suman las sociedades financieras y mutualistas que también ofrecen sus servicios desde el ámbito privado. Mientras que las entidades de derecho público solo concentran un poco más del 16% de todos los usuarios del sistema. Las cinco primeras entidades que concentran la mayor cantidad de clientes son Banco Pichincha (22,7%), Banco Nacional de Fomento (16.3%), Banco de Guayaquil (8.9%), Banco Bolivariano (7,8%) y Banco del Pacífico (7%). Asimismo, los datos muestran que las 10 entidades con más clientes concentran el 84% de todos los usuarios, de un total de 42 instituciones entre bancos, sociedades financieras, mutualistas y entidades públicas. 2,4 millones de deudores en el sistema El sistema financiero registra 2,4 millones de deudores. Esto corresponde al 24% del número de clientes que tiene una cuenta de ahorros, corriente o algún otro tipo de depósito. La mayoría de morosos está en los bancos privados (62%), seguido de la banca pública (19%), que incluye el Banco del Estado, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y el IECE. Mientras que las sociedades financieras acoge al 17% de los deudores y las mutualistas al 2%. Las cinco entidades con más deudores son el Banco del Pichincha (638 715), Diners Club (380 350), el Banco Nacional de Fomento (360 460), el Banco Solidario (229 053), y el Banco de Guayaquil (162 019).

El Universo

Julio 28, 2014

Crédito se expandió 10,57% en Ecuador

 

Las instituciones financieras privadas registraron un aumento del 10,57% en el total del volumen de crédito que concedieron hasta junio frente al mismo periodo del 2013, según el informe ‘Evolución del volumen de crédito y tasas de interés’, publicado por el Banco Central del Ecuador (BCE).

La entidad estableció que el volumen de crédito acumulado de enero a junio fue $ 11,878.6 millones, mientras en el 2013 fue de $ 10,742.4 millones. Se agregó que el número de operaciones en este mismo periodo fue de $ 3,2 millones.

El crecimiento en el volumen de crédito, según el BCE, se ha destinado principalmente a actividades productivas (créditos productivos y microcréditos). Esto correspondería a alrededor del 73,19%.

El Universo

Julio 28, 2014

Petróleo registró baja en el precio en el 1º trimestre del 2014

 

El precio promedio del petróleo registró una baja durante el primer trimestre del año frente al mismo periodo del 2013, según las estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE). Fue de $ 95,34 por barril, mientras que en el 2013 llegó a $ 99,16 y en el 2012, estuvo en $104,38.

En el Reporte del Sector Petrolero del primer trimestre se indica que entre enero y marzo se exportaron 35,8 millones de barriles de petróleo, lo que generó $ 3.413,4 millones.

Estas exportaciones “fueron inferiores en volumen, valor y precio con relación a las del cuarto trimestre del 2013 y superiores en volumen y valor, aunque con un precio inferior, a las del primer trimestre del 2013”, refiere el informe.

En los primeros tres meses el factor que compensó la disminución de los precios fue el aumento en la producción nacional. Alberto Acosta Burneo, director de la publicación Análisis Semanal, indica que todavía son excelente precios, “pero ya los precios dejaron de subir”.

El precio del barril sigue siendo superior al de la proforma presupuestaria del 2014, ubicado en $ 86,4.

El informe indica que en el primer trimestre del 2014 las empresas públicas produjeron 38,6 millones de barriles, con un promedio diario de 428,7 miles de barriles, 0,4 % más que el último trimestre del 2013 y 14 % más que el primer trimestre del mismo año.

Se especifica que la producción de petróleo de Petroamazonas EP llegó a 32,2 millones de barriles, con un promedio diario de 357,8 miles de barriles. Este volumen fue superior 1,2 % y 15,4 % a la del último trimestre y primer trimestre del 2013, respectivamente.

Augusto Tandazo, analista petrolero, considera que el sector público ha logrado tener resultados más eficientes que el sector privado en el tema petrolero y aclara que según sus expectativas el precio del barril se mantendrá cercano a los $ 100, valor que solo podría verse afectado por grandes crisis internacionales entre los productores y compradores.

El Universo

Julio 28,2014

Ya no habrá ingenierías para carreras de administración

 

De 756 nombres de carreras de pregrado que hay en Ecuador quedarán 163. Así, por ejemplo, quienes antes se graduaban de economistas ahora serán licenciados en Economía; los ingenieros en Administración de Empresas serán licenciados en Administración de Empresas.

Este cambio regirá para las nuevas carreras. Las actuales se mantendrán y otorgarán en los términos y condiciones aprobados o reportados “porque es un derecho adquirido de los estudiantes”, explica el presidente subrogante del Consejo de Educación Superior (CES), Marcelo Cevallos.

Las universidades podrían ofertar itinerarios académicos, trayectorias de aprendizaje, es decir, el estudiante puede cursar un crédito en otra carrera, si consta en la malla curricular de la suya. Y podrá otorgar un certificado, pero eso no implicará una mención en su título.

El reglamento de armonización de la nomenclatura de títulos permitirá la movilidad entre carreras y universidades si el estudiante se cambia de centro y homologa créditos.

Había “un problema bien grave que era tener una alta distorsión en cuanto a las denominaciones de los títulos y eso hace que muchos estudiantes no tengan certeza de cuál es su campo profesional para la carrera”, comenta Cevallos.

En Educación había 188 denominaciones de títulos, con el reglamento quedarían 18 carreras. Las menciones con las que se entregaban no tenían pertinencia con la profesión. Se daban menciones en Marketing, Auditoría, Contabilidad, debido a que había 38 bachilleratos distintos. Ahora, la necesidad no son esas especializaciones sino matemáticas, educación inicial, básica, especial…

Cevallos explica que antes “a todo se le llamaba ingeniería y se le daban nombres sui géneris que terminaban siendo un gancho de clientela. Ahora habrá titulaciones genéricas para pregrado y la especialización debe ser el posgrado”.

Fidel Márquez, rector de la Ecotec, ve difícil que este tipo de títulos tenga aceptación en la sociedad que se acostumbró a llamar al economista como economista no como licenciado. Sin embargo, considera que ese cambio de nombre en los títulos no afectará los estudios porque toda oferta será pareja con el resto de universidades.

Igual percepción tiene el rector de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, Galo Cabanilla. Cree que ahora “la diferencia estará en la profundidad con la que la universidad dará sus clases syllabus y las herramientas tecnológicas de avanzada con las que les enseñe a los alumnos y los vuelva profesionales en su área”.

El Universo

Julio 28, 2014

27% de celulares de Ecuador no pasaron por revisión técnica

De los 10 millones de teléfonos que tienen alguna clase de inconveniente en su registro en la Superintendencia de Telecomunicaciones, 4,6 millones aparecen en la lista porque los modelos no han pasado por las revisiones técnicas de la entidad, informó Fabián Jaramillo, representante de la institución. Esto corresponde al 27,05% de los 17 millones de celulares que funcionan en el país.

Agregó que los usuarios con esos equipos deben ser notificados y las operadoras decidirán si pasan por los procesos de la Superintendencia para homologar (se verifica que las características del equipo no causen problemas a la salud, al funcionamiento de las redes, entre otros) o si cambian los aparatos. Para esto no precisó fechas.

“Las operadoras para habilitar un teléfono, para ponerlo en sus redes, debieron haber verificado que el dispositivo esté homologado. ¿Culpa de quién? En este caso de la operadora, la operadora tiene que ver si homologa esos teléfonos, (o) si los cambia por otros ya homologados”, indicó. Este proceso se hace por marca y modelo y en smartphones cuesta $ 3.200.

Jaramillo señaló que los usuarios que compren un teléfono en el extranjero primero deben revisar en su página web si el modelo que quieren importar se encuentra homologado.

Añadió que las operadoras tienen que comunicarse con el cliente cuando notan que cambió su chip a un móvil nuevo y deben pedirle que se acerque para hacer una verificación.

El funcionario precisó que los primeros que recibirán mensajes pidiendo que presenten información de respaldo en las operadoras son los que están reportados como robados en Colombia y funcionan en el país (240 mil), seguidos por los que fueron robados en Ecuador y siguen activos con un código IMEI (serie única de cada teléfono celular) que no ha sido duplicado (1,3 millones).  58,8% de celulares tiene inconvenientes como códigos IMEI duplicados o falta de homologación, según Superintendencia.

El Comercio

Mercosur busca alianzas con ALBA, Petrocaribe y acuerdo con la Unión Europea

AFP

El Mercosur se reúne el martes en Caracas para una cumbre de 24 horas, largamente postergada, que buscará la creación de una zona económica con ALBA, Petrocaribe y la Alianza del Pacífico, considerando además un acuerdo con la Unión Europea.

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que “se firmará el primer documento” para la creación de la gran zona económica de desarrollo compartido entre Mercosur, ALBA y Petrocaribe.

También se espera que se considere la propuesta de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que ya lleva más de una década de negociaciones, luego de que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, instó hace una semana a formalizar el acuerdo que, aseguró, generaría al bloque sudamericano un crecimiento del PIB de unos 5.000 millones de dólares.

En la cumbre, Venezuela entregará asimismo la presidencia rotativa del bloque por los próximos seis meses a Argentina.

La cumbre previa del bloque que integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, se realizó en Montevideo en julio de 2013, y pese que la siguiente debió haberse celebrado en diciembre, se postergó, y luego se suspendió dos veces en enero, entre otras razones por problemas de salud de la presidenta argentina Cristina Fernández.

Aunque entonces no se fijó una nueva fecha para la cita, estaba prevista para “mediados de febrero”, según el canciller paraguayo Eladio Loizaga. Sin embargo, no se realizó como consecuencia de las protestas que ocurrieron en Venezuela desde ese mes, con saldo de 43 muertos.

Según el analista de asuntos internacionales venezolano Carlos Romero, ésta será una cumbre marcada por la “falta de unidad entre los presidentes de los países miembros”.

En declaraciones a la AFP, Romero aseguró que “la única posibilidad de lograr planes de integración económica” es que surja un resultado positivo del Foro Empresarial del Mercado Común del Sur, que comenzó el sábado como antesala del encuentro presidencial.

El Comercio

Julio 28, 2014

Medicamentos estratégicos

Este es el nuevo nombre que el Gobierno ha escogido y que antes se denominaban medicamentos básicos o esenciales. Se propone normalizar los precios de 5 626 productos del cuadro básico que tiene que ver con enfermedades específicas y más comunes, que son prioritarios. Es conocido que el negocio de los fármacos es muy bueno por la demanda de los consumidores y pacientes que cada vez consumen más y más estos insumos para aliviar o curar sus males, especialmente los usuarios del IESS y de los servicios de salud del Estado que gastan buena parte de sus ingresos en la compra de medicinas, pues en estos hospitales la escasez es persistente y no abastece la demanda, teniendo que adquirir en farmacias privadas para no deteriorar su tratamiento, teniendo que pagar valores altos por ellos. El control de los precios es importante y más aún la calidad y eficacia de los mismos, pues de eso depende la curación de sus enfermedades, pues lo relativo a medicamentos genéricos no ha tenido la confianza de los usuarios que prefieren los de marca, porque supuestamente son mejores y más caros, sin embargo de que el principio activo de aquellos es el mismo y su precio mucho menor, pero no están seguros de sus efectos positivos. En este sentido el Instituto Nacional de Higiene tiene que garantizar sus fórmulas y eficacia al 100% y exigir las etiquetas con esta advertencia y el respectivo precio. La fijación de costos tiene que ser objetivo y práctico, capaz de satisfacer a usuarios y distribuidores de medicinas con justicia y responsabilidad social. Confiamos que en septiembre podamos sentirnos seguros y confiados de que las autoridades sanitarias hayan procedido de acuerdo a lo que el público exige.

Julio 24, 2014

El Universo

Julio 24, 2014

ONU advierte que más de 2.200 millones de personas son pobres o están al borde de la pobreza

Más de 2.200 millones de personas en el mundo son pobres o están al borde la pobreza, una cifra que podría aumentar con las crisis financieras y las catástrofes naturales, advirtió este jueves la ONU.

La violencia es otro de los factores que contribuyen a la pobreza, especialmente en América.

“En algunos países de América Latina y el Caribe, a pesar de los grandes logros en desarrollo humano, muchas personas se sienten amenazadas por los índices cada vez más altos de homicidios y otros crímenes violentos”, indica la ONU.

Según los datos de la ONU, 1.200 millones de personas en el mundo viven con 1,25 dólares o menos al día y casi 1.500 millones de personas de 91 países en desarrollo están al borde de la pobreza.

El informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado en Tokio, recuerda que aunque la pobreza sigue disminuyendo en el mundo las “vulnerabilidades” como los conflictos, los precios de los alimentos o el cambio climático son persistentes y amenazan el desarrollo humano.

“Hacer frente a las vulnerabilidades permitirá que todas las personas participen de los avances en materia de desarrollo, logrando así que el desarrollo humano sea cada vez más equitativo y sostenible”, dijo Helen Clark, administradora del PNUD citada en el informe titulado “Sostener el progreso humano, reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”.

Según la ONU, dar prestaciones sociales básicas a las personas pobres costaría un poco menos del 2% del PIB mundial.

“Un conjunto de medidas básicas de protección social será asequible para los países con bajos ingresos mediante la redistribución de fondos y el aumento de sus recursos nacionales”, afirme el informe.

La ONU recuerda por otra parte que erradicar la pobreza extrema “no sólo consiste en reducir sus niveles a cero, sino en asegurarse también de mantener estos logros”.

Entre las personas más vulnerables el informe destaca las mujeres, las minorías (étnicas, lingüísticas, religiosas, sexuales o de migrantes), las poblaciones autóctonas, las personas de zonas rurales o remotas o que viven con discapacidades y los países sin litoral o con recursos naturales limitados.

En la presentación del informe, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, recordó que cada vez están más cerca la fecha límite para cumplir los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU. Estos objetivos, definidos en el año 2000, tenían como objetivo reducir a la mitad la extrema pobreza y el hambre en el mundo en 2015.

Los ODM también miden los progresos en la lucha contra el sida, la mortalidad maternal e infantil, el acceso al agua, la igualdad entre los sexos y la educación.

El Universo

Julio 24, 2014

Polémica por fondos de $431 millones de maestros

 

Que el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) pase a la administración del Banco del IESS (Biess) plantea un proyecto de ley que se discute en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea. El ente de los maestros maneja aproximadamente $ 431 millones,

Ayer, el asambleísta Hólger Chávez, de la bancada de PAIS, presentó su proyecto a fin de que este fondo pase a la administración del Biess.

Chávez explicó que la Comisión debatirá la próxima semana el tema y procederá a dar trámite o a archivar el texto. Explicó, además, que él ha tenido una motivación constitucional y legal que es que los fondos se manejen con transparencia. También dijo “que hay un clamor” de un sector de maestros que buscan que el Biess maneje esos fondos.

Sin embargo, ayer, los directivos que actualmente administran el FCME, representantes del gremio de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y los trabajadores del Fondo, en rueda de prensa, se mostraron contrarios al proyecto.

Mónica Ayala, presidenta del Fondo en Pichincha, señaló que el proyecto de ley violenta los derechos constitucionales de los afiliados del FCME: “es ilegal, confiscatorio y discriminatorio”, dijo.

Explicó que el FCME cuenta con dineros privados de los maestros que son adicionales a los aportes que hacen al IESS. Agregó que el fondo tiene las cuentas claras y es controlado por la Superintendencia de Bancos. Además, que nunca ha recibido dineros públicos, por lo cual no cabe que el Biess sea el que lo maneje.

Indicó que el IESS administró por 45 años la denominada CAM (Cesantía Adicional del Magisterio), pero que no tuvieron buenos resultados.

No obstante, Chávez dijo que podría haber otra opción para regular el fondo, a través del Código Monetario. Agregó que en el país hay al menos 67 fondos previsionales privados, que han contado con fondos públicos, y que tiene documentos que prueban que el FCME también los ha recibido.

El Universo

Julio 24, 2014

Dudas por envíos del sistema 4×4 sin impuesto en el Tráfico Postal

 

El pago de la tasa de $42 para los paquetes que ingresan al país a través del sistema 4×4 (hasta cuatro kilos y hasta cuatrocientos dólares) tiene una excepción: la valija que llega a través de Tráfico Postal Internacional. Así lo especifica la resolución 23 del Comité de Comercio Exterior (Comex).

En esta norma, que entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Registro Oficial, se diferencian los paquetes en Tráfico Postal Internacional y los de Correos Rápidos (mensajería acelerada o courier). El primero de estos servicios solo lo da Correos del Ecuador y no pagará arancel.

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) explica que esto se debe a que el Tráfico Postal Internacional se considera un servicio público. Sin embargo, en el producto específico Club Correos de Correos del Ecuador sí pagaría la tasa.

Esta diferenciación ha generado confusión entre representantes de los couriers. Aníbal Galarza, de Expresito Carga, explica que en el Código Orgánico de la Producción (en el art. 164) no se descarta que el servicio de Tráfico Postal pueda ser dado por correos privados.

Sin embargo, dice que en la en la Resolución SENAE-DGN-2013-0472-RE, de noviembre del 2013, sí se explica que el Tráfico Postal Internacional es el que maneja la empresa pública y la mensajería acelerada es de las empresas privadas.

Por su parte, Gabriela Uquillas, asesora de comercio exterior de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dice que lo que hay que tener en cuenta es que el Tráfico Postal Internacional que no pagará los $ 42 no tendría “todos los servicios que brinda Correos del Ecuador, sino solamente los servicios que manejan ellos a nivel de actividad postal”.

Añade que su preocupación es que esto “sigue siendo una brecha que dejaría a unos usuarios con la potencialidad de utilizar beneficios tributarios que hoy se privan al courier y a la actividad de características courier que hacía el correo”.

Según cifras de Correos del Ecuador, la modalidad 4×4 representa el 95% de la carga postal total (paquetes en general) ingresada por la empresa.

Mientras, en el servicio de courier (que entra por Club Correos) la modalidad 4×4 representa el 85% del total.

Se especifica que los envíos en la primera categoría llegan de España, Italia, Estados Unidos, Alemania, China, Hong Kong, mientras la segunda solo es de Estados Unidos.

Esta empresa pública indica que en el 2011 recibieron 29.941 paquetes con la modalidad 4×4, cantidad que casi se duplicó en los años siguientes.

En el 2012 llegaron a 63.938; y en el 2013, 65.016. Hasta junio de este año ya se habían registrado 25.039.

Representantes de los correos privados también han mencionado que al menos el 80% de su carga ingresa bajo la el sistema 4×4.

El  País

Julio 24, 2014

Argentina se encamina hacia una semana crucial para su economía

 

Argentina se encamina hacia una semana clave para una eventual suspensión de pagos. El juez de Nueva York Thomas Griesa rechazó el pasado martes la petición del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de congelar la ejecución de la sentencia en su contra para abrir un periodo de negociación con los fondos buitres y demás acreedores que rechazaron la reestructuración de su deuda de 2005 y 2010. De este modo, sigue vigente el fallo de Griesa que establece que el próximo miércoles Argentina no podrá pagar el vencimiento de intereses de uno de los títulos reestructurados, el llamado Discount (descuento), si primero no les abona a los litigantes 1.500 millones de dólares que reclaman por bonos impagos desde la debacle del país sudamericano en 2001. El escenario se presenta con varias alternativas laberínticas.

Argentina se niega a abonarles a los buitres porque considera que una decisión así la empujaría a una suspensión de pagos. No es que carezca de los 1.500 millones reclamados, sino que el impedimento radica en una cláusula de la deuda reestructurada en 2005 y 2010, que establece que si Buenos Aires ofrece una mejor propuesta a quienes rechazaron aquellos canjes, también debe dársela a los que los aceptaron. Es así que a los 1.500 millones demandados por los acreedores del 1% de la deuda impaga en 2001 se sumarían 13.500 millones del otro 6% que reprobó los canjes de 2005 y 2010 y, además, 120.000 millones del 93% que aprobó aquellos trueques que implicaban una fuerte quita. Es decir, podría quedar invalidada toda la reestructuración que había reducido a un cuarto el capital del pasivo argentino con los acreedores privados. Argentina sostiene que no podría asumir semejante deuda.

Tanto el Gobierno de Fernández como diversos juristas señala que si Buenos Aires cumple con el fallo de Griesa, algunos acreedores de deuda reestructurada podrían demandar en la justicia la aplicación de aquella cláusula. En cambio, ciertos economistas consideran que ésta solo se activaría en caso de pago voluntario, y no ante el cumplimiento de una sentencia. La norma, a su vez, vence a finales de año. Por eso, el Ejecutivo argentino pretendía que el juez congelara la sentencia hasta 2015, es decir, hasta que Buenos Aires ya pudiese abonar a la minoría litigante sin tener que mejorar la paga a la mayoría que aceptó el canje.

Otra opción es que Argentina pida al juez de Nueva York hacer un depósito en garantía del dinero demandado hasta que llegue el final de año y pueda negociar con los buitres sin el riesgo de la cláusula en cuestión. Esta es la propuesta de economistas vinculados a uno de los candidatos presidenciales de la oposición para 2015, Sergio Massa, pero algunos banqueros consideran que una acción así podría activar también la cláusula.

Una tercera alternativa radica en que Argentina no pague el próximo miércoles a los buitres y, por tanto, tampoco pueda hacerlo a los acreedores del título reestructurado Discount. En ese caso, el Gobierno de Fernández argumentará que ya depositó el dinero que debía por este bono y que la responsabilidad de una suspensión de pagos sería del juez y de los bancos que ejercen como agentes fiduciarios, The Bank of New York Mellon y JP Morgan.

Si Argentina no puede pagar el Discount el próximo miércoles, se abren a su vez dos alternativas. Una es que convenza a los acreedores de la deuda reestructurada de que seguirá depositando los otros tres vencimientos que restan en 2014 y que podrán cobrarlos en 2015, una vez que arregle su batalla judicial con los buitres. Otra variante es que los inversores que aceptaron los canjes inicien demandas contra el país sudamericano y que fuercen la suspensión de pagos no solo del título Discount sino de toda la deuda reestructurada, que totaliza unos 40.000 millones. Sucede que los bonos de los canjes de 2005 y 2010 contienen otra cláusula por la que si Argentina deja de abonar uno de ellos, en los 30 días siguientes se pueden juntar los tenedores del 25% de cualquiera de esos títulos y pedir la suspensión de pagos de todo el conjunto. Una situación semejante también echaría por tierra la reestructuración de la deuda, pero tampoco le convendría a los buitres ya que a sus reclamaciones judiciales se sumarían las de muchos otros y su espera para cobrar se prolongaría aún más. Por eso, tal vez los litigantes sean los que a último momento pidan que se postergue la ejecución de la sentencia, tal como reclama Argentina.

Diversos economistas consultados consideran que es temprano para determinar las consecuencias de una suspensión de pagos porque aún resta una semana de definiciones. En caso de que se produzca, el exministro de Economía Jorge Remes Lenicov opina que traerá alguna tensión cambiaria, después de la devaluación del peso de enero pasado, “puede profundizarse” la actual recesión que sufre Argentina, “pero no sería catastrófico porque a principios de 2015 pueden restablecerse las negociaciones” con los acreedores. La consultora Marina Dal Poggeto considera que una suspensión de pagos dificultaría una recuperación económica en 2014, pero aclara que no es lo mismo si el impago afecta solo a un bono que a toda la deuda. Por último, Guillermo Wierzba, economista que dirige un centro de la banca pública de Argentina, también descarta catástrofes, admite volatilidad en los mercados, pero destaca que su país quiere pagar la deuda reestructurada y cuenta con el apoyo de países como China, que acaba de anunciar una operación financiera para fortalecer las reservas del Banco Central argentino.

El País

Julio 24, 2014

Facebook gana 534 millones de euros en el trimestre, el doble que el año pasado

 

Facebook ha logrado terminar el trimestre con unos resultados todavía mejores de lo esperado por los analistas. Ingresó 2.910 millones de dólares (2.162 millones de euros aproximadamente) y sus beneficios ascendieron hasta 791 millones de dólares (534 millones de euros), más del doble que hace un año. La clave de los resultados de Facebook ha sido la publicidad: los ingresos por anuncios se han disparado un 67%, hasta los 2.680 millones de dólares (1.990 millones de euros).

Con más de 1.320 millones de usuarios activos, el móvil se ha convertido en su mejor aliado para el negocio de la red social. A través del teléfono se conectan más de 1.070 millones de usuarios, y el negocio de los teléfonos inteligentes y las tabletas le aportan ya el 62% de sus ingresos.

Facebook repartirá entre sus accionistas unos dividendos de 31 céntimos de euro por acción. Este miércoles, antes de conocerse los resultados pero en previsión ya de buenas cifras, la acción de la red social ha marcado un nuevo récord, tras alcanzar 52,5 euros, un 80% por encima de su valor de salida.

Uno de los planes más ambiciosos de Mark Zuckerberg pasa por llevar Internet a países emergentes y menos desarrollados, para, en consecuencia, conseguir un mayor mercado potencial. De momento, Asia es su nuevo granero con 410 millones de cuentas, frente a las 204 de EE UU y las 292 de Europa.

MÁS INFORMACIÓN:  Desde el mes de abril, cuando presentaron su último informe se han dado algunos cambios, como una nueva plataforma para la compra de anuncios en móviles, clave para su crecimiento. Ha lanzado Slingshot, un intento por plantar cara a Snapchat. También sacaron la chequero para comprar LiveRail, con intención de potenciar el formato audiovisual como soporte publicitario.

Entre los esfuerzos para mantener el interés de los usuarios y plantar cara a Twitter se encuentra el pasado Mundial de Brasil, con contenido en tiempo real y promoción de anuncios relacionados con los deportistas para darle máxima visibilidad.

Dos días antes de arrojar los resultados, Facebook fue mostrando algunas mejoras. Como una pequeña mejora pero muy práctica. Un botón para guardar enlaces y leer más tarde. Al igual que Pocket y Delicious, dedicados en exclusiva a ordenador enlaces, Facebook ha entendido que el consumo de contenido no suele ser inmediato. En lugar de provocar que sus clientes usen herramientas adicionales, ‘Save’ crea un archivo para consulta posterior. Una manera de darle valor adicional a lo que se comparte.

El Universo

Julio 24, 2014

Código Monetario se analizó en Quito

El Gobierno, con el Código Monetario, no pretende desdolarizar el país, aunque algunas de sus autoridades son “enemigos teóricos de la dolarización”. Esto, “porque cualquier Gobierno que lo intente se caería”. Esas fueron algunas de las argumentaciones que César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) expuso, el miércoles pasado, durante un foro sobre esa normativa, organizado por el Colegio de Economistas de Pichincha.

Robalino indicó que el Código tiene medidas contradictorias, como operaciones de redescuento, que en dolarización el Banco Central del Ecuador no puede hacer.

El análisis contó con el director general bancario del Banco Central, Patricio Chanabá, y con el expresidente del BCE Diego Borja. También intervino Jorge Rodríguez Torres, expresidente del Colegio.

Borja criticó el Código, pues dijo que se trata de una ley pensada para que sea ejecutada por las actuales autoridades de Gobierno. Pero cree que no se ha pensado qué pasaría si llegaran otros gobiernos al poder.

Dijo que el poder es efímero y que ley debería ser hecha para garantizar el buen manejo en cualquier gobierno. Cree que hay una superconcentración de funciones en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Patricio Chanabá defendió el Código como una ley que articula las políticas y destacó que las operaciones de redescuento serán para facilitar fondeo a largo plazo a los bancos.

El Universo

Julio 25, 2014

Código Monetario se aprobó con cambios de última hora

Con 91 votos afirmativos, 22 negativos, cero blancos y tres abstenciones, fue aprobado ayer el Código Orgánico Monetario y Financiero. La votación fue ágil pues, tras hacer un receso entre las 13:00 y las 15:10, la votación no llevó más de cinco minutos y, luego de felicitarse, la sesión se clausuró a las 15:18.

La aprobación se dio, pese a que en la mañana hubo algunos problemas de coordinación con los últimos textos introducidos en el Código por el propio Oswaldo Larriva, presidente de la Comisión de lo Económico.

Minutos antes de la votación, a las 14:58, el ponente Larriva envió un alcance a la presidenta de la Asamblea en el que indicaba: “Por error involuntario se omitieron textos que fueron mencionados en mi intervención y no fueron incluidos en el articulado”.

Entre los textos incluidos en el alcance está que se reduce a 18 meses el plazopara que las mutualistas decidan a qué sector del sistema financiero pertenecerán; también se elimina la frase que impedía que la Junta pueda requerir información sobre la deuda pública y hasta se menciona que ha ocurrido un “lapsus calami”, por el cual se deberá renumerar las disposiciones transitorias.

En la mañana, la sesión no pudo iniciarse a las 10:30, sino a las 11:45, pues según dijo la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, los textos aún no habían sido repartidos a los legisladores. Entre tanto, Ramiro Aguilar (independiente) explicó que los cambios introducidos al Código eran “un misterio”, pues los textos que les pasaron con retraso eran distintos a los que leía el ponente durante la presentación del informe. También comentó que el ministro Patricio Rivera estuvo ayer otra vez en la Asamblea.

Uno de los cambios introducidos por Carlos Viteri fue el de quitar la personería jurídica a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Esto, según Aguilar, elimina la posibilidad de demandar a la Junta. Lamentó que en la Comisión los asambleístas de AP, que antes aceptaron la personería jurídica, ayer cambian de nuevo.

Sobre el tema de la inmunidad de los miembros de la Junta, la Disposición General Novena indica literalmente que: “Toda acción judicial iniciada en contra de los titulares o delegados de la Junta a título personal, por actos, resoluciones o decisiones tomadas en el seno de dicho cuerpo colegiado, serán ineficaces y los jueces que las conozcan deberán desecharlas, salvo aquellas acciones que inicia la Fiscalía por delitos contra la administración pública”.

Larriva explicó que los superintendentes contemplados en este Código no estarán exentos de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. Sin embargo, las demandas no serán a título personal sino contra las entidades de control que sí tienen personería jurídica.

Solca
Los fondos de Solca se obtendrán del 0,5% de las operaciones bancarias. Estos dineros serán depositados en la Cuenta Única y entregados trimestralmente.

Cesantía
En las barras altas estaban miembros de la Red de Maestros que pedían que el Fondo de Cesantía pase al Biess. Eso no fue tratado en el Código.

El Comercio

Julio 24, 2014

El Código Monetario pasó con reformas de última hora

Con cambios de último momento y en una votación relámpago, la Asamblea aprobó ayer el proyecto de Código Monetario y Financiero, remitido por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente.

La sesión, que estaba programada para las 10:30, se inició con casi una hora y media de retraso. Al inicio se informó que había problemas técnicos.
Cuando la espera se hizo más larga, la presidenta del órgano legislativo, Gabriela Rivadeniera, informó que aún no se recibía el informe de la Comisión de Régimen Económico, en el cual debían incluirse las últimas observaciones al proyecto, tras el debate del martes.
La espera estuvo acompañada por barras de apoyo al Gobierno de la Red de Maestros, ubicados en las gradas altas de la Asamblea. Con carteles, los manifestantes pedían que se incluyera una reforma en el Código para que los dineros del Fondo de Cesantía del Magisterio sean administrados por el Biess, con el fin -dijeron- que “se transparente el manejo de sus recursos”.
Este proyecto fue propuesto por el asambleísta de Alianza País, Hólger Chávez.
Los directivos del Fondo también asistieron a la Asamblea, pero para rechazar esta iniciativa que califican de “ilegal y confiscatoria”.
Rivadeneira anunció el inicio de la sesión, pero no empezó. “Tres minutos más”, pidió Oswaldo Larriva, quien en horas de la mañana se reunió con ministros del área económica, según él mismo confirmó, aunque no mencionó nombres y aclaró que fue para definir cambios en el Código, respecto a la asignación que recibe Solca.

Cerca de las 12:00, la sesión por fin arrancó, pero no hubo debate. Únicamente se admitieron las intervenciones de Larriva, quien de entrada anunció varios cambios en el proyecto.
El asambleísta de oposición, Ramiro Aguilar, señaló que el texto enviado a sus correos no guardaba relación con los cambios que leía Larriva desde su curul. “No sabemos qué vamos a votar. Estamos pidiendo el texto definitivo”.
Uno de los cambios importantes tiene que ver con la responsabilidad de los miembros de la Junta de Regulación. El proyecto de Código aprobado por la Asamblea define a la Junta como un organismo que es parte de la Función Ejecutiva, pese a que inicialmente la Comisión había aceptado que la Junta debía tener personería jurídica. Ayer se dio marcha atrás a este planteamiento, con lo cual se mantuvo el espíritu del articulado enviado por el Ejecutivo.
Para Luis Fernando Torres, esto permite presentar acciones penales, pero impide que un ciudadano plantee acciones civiles contra la Junta. “Por ejemplo, en lo contencioso administrativo en contra de multas, en contra sanciones o por la ilegalidad de sus actos, inclusive acciones de tipo constitucional como una acción de protección”, dijo Torres.
La propuesta generó cierta confusión entre varios asambleístas. “Tendrán fuero de corte y serán imputables de forma personal y colectiva (los miembros de la Junta), pero vamos a hablar con el Presidente de la Comisión para aclarar el texto”, dijo Byron Pacheco, asambleísta de Avanza.
Frente a ello, Larriva insistió en que los miembros de la Junta no tendrán impunidad y podrían responder civil, penal y administrativamente.
Otro cambio tiene que ver con la incorporación de reformas de último momento, que benefician a los denominados deudores de buena fe.
Estas personas, según el proyecto aprobado, podrán justificar pagos por las deudas que adquirieron durante la crisis de los noventa, con simples recibos, facturas de abogados, cheques…
Este tema fue cuestionado por asambleístas de la propia Comisión de Régimen Económico, como Virgilio Hernández, Galo Borja y otros que ya habían calificaron a la propuesta presentada por el asambleísta de Alianza País (AP), Vethowen Chica, como “irresponsable”.
Lo hicieron en la sesión realizada el pasado 19 de julio, por ser presentada a última hora (22:00 de ese día) y no disponer de suficiente información.
Pero Hernández defendió la incorporación de esa reforma al señalar que se mejoró la propuesta y dijo que aplica para deudores con un capital inicial de USD 150 000. Larriva añadió que el número de beneficiados oscila entre 300 y 400.
Estas declaraciones se dieron luego de que Rivadeneira suspendiera la sesión, que se reinstaló a las 15:05.
Y luego de cinco minutos con 50 segundos se tomó votación y se aprobó el proyecto, con base en un informe que fue distribuido en ese momento. Según Larriva, la sesión se suspendió para imprimir y entregar el documento físico a la Secretaría.
La propuesta de pasar el Fondo del Magisterio al Biess, que se propuso ayer no fue acogida.
Al final, Larriva agradeció a los asambleístas y felicitó a Rivadeneira, que hoy cumple años. El Código se aprobó y también hubo pastel…

El Telégrafo

Julio 25, 2014

Ecuador redujo la pobreza en más del 50%

De los 8 objetivos del milenio planteados en 2000, el país cumpliría con 7. El único pendiente es la reducción de la mortalidad materna. Cada año mueren 85 madres por cada 100 mil nacidos.

El informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) muestra que Ecuador es uno de los países con mayor sostenibilidad en cuanto al ritmo de desarrollo, aunque a nivel global esta variable se desacelera.

Ecuador ocupa actualmente el puesto 98 (de un total de 187 países) de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH). Es decir, es calificado como una nación en desarrollo humano alto, con un promedio de 7.6 años de escolaridad, una esperanza de vida que supera las 7 décadas y 12.3 años de escolaridad entre las expectativas.

Según Diego Zorrilla, representante del PNUD en Ecuador, esta ubicación radica en la inversión social hecha por el gobierno en aspectos fundamentales como la educación, la salud, el empleo y la seguridad social. “Ecuador tiene políticas de Estado en estos campos y así busca reducir las vulnerabilidades persistentes que se dan a lo largo del ciclo de la vida”.

El funcionario recalcó que el desarrollo humano no es medible solo en índices económicos, sino en desarrollo de capacidades y ampliación de oportunidades para todos los seres humanos. “Eso se logra con atención prioritaria en la infancia, inserción laboral en la juventud y acompañamiento en la tercera edad”, reiteró Zorrilla.

De acuerdo con los criterios internacionales, el país ha reducido su incidencia de pobreza en más de 22 puntos porcentuales desde 2003 y ha expandido la clase media que hoy representa cerca de un tercio de la población. Es más, la pobreza se ha reducido en más del 50%.

Ecuador mantiene un avance sostenido en el IDH. El año pasado registró un 0.708 y hoy 0.711%.

Según Fernando Pachano, responsable del Área de Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Social de la PNUD, Ecuador es un líder en reducción de desigualdad de género en la región con un porcentaje inferior al 1.7%.

De acuerdo al PNUD, Ecuador prácticamente cumpliría antes de la finalización de 2015 con 7 de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) planteados en la Cumbre de las Naciones Unidas.

El único punto pendiente es el de la mortalidad materna que no llegaría a las tres cuartas partes (75%) como era el ideal. Según dato a mayo de este año por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en América Latina (incluyendo Ecuador) el índice de mortalidad materna se redujo en 44%.

El Comercio

Julio 25, 2014 

 El acuerdo con la Unión Europea elimina el arancel al licor

Mejores condiciones de acceso a los licores europeos, como parte del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), entusiasma a importadores y comercializadores de estos productos en el país. El pasado jueves el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, anunció el cierre de las negociaciones para concretar dicho convenio, el cual entraría en vigencia, tentativamente, en el 2016. Durante el proceso se revisaron temas vinculados a accesos de productos agrícolas e industriales. También se definieron las condiciones de ingreso al país de algunos productos europeos, entre los cuales están las bebidas alcohólicas. “En el caso de los licores estos se desgravarán de manera inmediata una vez entrado en vigencia el acuerdo”, indicó Roberto Betancourt, jefe negociador del equipo ecuatoriano. Hasta ayer los importadores y comercializadores desconocían estos resultados. Sin embargo, indicaron que una de las consecuencias de la desgravación arancelaria, en caso de que eso implique que todos los licores europeos ingresaren al Ecuador con cero arancel desde el primer día de vigencia, sería la reducción de precios de esos productos. “Esto nos va a favorecer porque con mejores costos podremos vender más. Había bajado bastante el negocio por los impuestos fijados sobre los licores. La importación de bebidas espirituosas cayó en un 24% entre el 2012 y el año pasado”, manifestó Marcelo Ruiz, representante de la distribuidora de licores La Bola de Oro. Con esto último se refiere a que desde el pasado 15 de junio del 2012, cuando el Comité de Comercio Exterior (Comex), emitió la Resolución 63, 20 variedades de bebidas alcohólicas en el país, entre las que están el whisky, las cremas, el vodka, entre otras, pagan un arancel mixto de 1% y USD 0,25% por grado alcohólico. Además, sobre estos productos se grava el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). Este último impuesto, según el jefe negociador ecuatoriano, se mantendrá. Aún así, Edy Castillo, presidente de la pre Asociación de Distribuidores de Licor de Quito, cree que se abaratarán los productos y mejorará la comercialización de los mismos. Un whisky Johny etiqueta negra, por ejemplo, podrá pasar de USD 78 a 40, aproximadamente. No obstante, esto dependerá de que se haya incluido dentro de una lista de desgravación a todos los licores. En el caso de Ecuador, se desconoce si la desgravación total aplica para todas las bebidas alcohólicas europeas. En los acuerdos de Colombia y Perú, por ejemplo, se estableció la desgravación inmediata total a una lista de bebidas alcohólicas. Asimismo, para otro grupo de licores se fijaron períodos especiales de desgravación como en el caso del whisky, el vodka, entre otros. En el primero, por ejemplo, se determina que la desgravación será en 11 períodos iguales hasta llegar a la eliminación total del arancel. Una cosa similar sucede con el segundo. Los importadores buscan conocer detalles del acuerdo comercial, para ver si es similar a los textos firmados por los países vecinos, según indicó Felipe Cordovez, presidente de la Asociación de Importadores de Licores del Ecuador.

La Hora

Julio 24, 2014

Trabajadores de telecomunicaciones tendrán 3% utilidades y el Estado 12%.

 

Casi una semana antes de salir de vacaciones, el presidente, Rafael Correa, envió a la Asamblea un proyecto de Ley Reformatoria.

Casi una semana antes de salir de vacaciones, el presidente, Rafael Correa, envió a la Asamblea un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones para que solo el 3% de las utilidades de las empresas dedicadas a esta actividad sea distribuido entre los trabajadores y el 12% restante se destinen para inversión social y el desarrollo de las telecomunicaciones, en especial la universalidad del servicio.

“Resulta notorio que la legislación relacionada al sector de las telecomunicaciones y en particular la Ley Especial de Telecomunicaciones vigente desde el año de 1992, no han sido ajustadas al nuevo marco constitucional, por lo que genera una diferencia entre los trabajadores de otros sectores estratégicos, tales como la minería y los hidrocarburos, con relación a los que prestan sus servicios a empresas que usan espectro radioeléctrico como consecuencia de la prestación del servicio de telecomunicaciones”, se plantea en la exposición de motivos del proyecto.

La iniciativa que fue remitida a la Asamblea el 14 de julio aclara además que las obligaciones laborales contraídas con sus trabajadores por estas empresas “serán de su exclusiva responsabilidad y de ninguna manera se harán extensivas al Estado”.

Los trabajadores:
Trabajadores de empresas de telefonía –que solicitaron la reserva de sus nombres- tomaron la decisión del Ejecutivo con sorpresa, pero esperan que la Función Legislativa analice la propuesta “con cuidado y con cabeza fría”.
Uno de ellos argumentó que esto no afectará a la empresa, sino al “bolsillo” del empleado que recibe menos ingresos. “El empleado raso es el que saldrá perjudicado”, señaló.
Otro trabajador espera un pronunciamiento oficial del Gobierno. “No sabemos nada aún, nos hemos enterado por los medios de comunicación y tampoco sabemos cuál es la decisión que tomará la compañía, hay que analizarlo internamente”, agregó.
Criterio:
El expresidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, José Pileggi calificó al proyecto de “positivo” pues estaría en la línea de lo que “debió hacerse hace mucho tiempo” con los recursos que generan estos sectores, subrayó.
Además, generaría mayor inclusión “siempre y cuando” los recursos se destinen al desarrollo de infraestructura (Internet o servicios de banda ancha) para zonas rurales y urbanas marginales.
Sin embargo, Pileggi aclaró que la Asamblea debe prever que la repartición de utilidades a los trabajadores esté de acuerdo con el marco constitucional y leyes como el Código de Trabajo para que no ocasione problemas. “Los trabajadores también tendrán derecho a reclamar si eso contraviene alguna disposición legal”, indicó.
Sin fecha para la aprobación:
° Al no ser un proyecto con el carácter de urgente, la Asamblea no tiene plazo para aprobarlo. El primer paso será que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) conozca la iniciativa y lo remita a la Comisión de Desarrollo Económico que tendrá 45 días (con posibilidad de prórroga por el mismo periodo) para emitir el informe para el primer debate en el pleno.

El Dato: Proyecto debe ser calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura
El Dato: Rafael Correa entregó la propuesta el 14 de julio

El Comercio

Julio 24, 2014

El acuerdo de los Brics

Por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva CEPAL

 

El acuerdo de los países Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para crear dos nuevas instituciones financieras multilaterales -un Banco de Desarrollo (el New Development Bank, NDB) y un Fondo de Reservas (el Contingency Reserve Arrangement, CRA)- constituye una excelente noticia para la arquitectura financiera internacional, para los países emergentes en general y para América Latina y el Caribe en particular.
Este acuerdo es en parte una respuesta al descontento de estos países por el escaso avance en la reforma de la arquitectura financiera global para responder a los desafíos que enfrentan las economías emergentes y en desarrollo.
Entre el 2000 y el 2013, los países emergentes pasaron de representar menos de 40% del PIB mundial a la mitad del mismo y estas tendencias también se reflejan en el peso de este grupo de economías en la inversión, el consumo y las exportaciones mundiales.
El acuerdo alcanzado perfila respuestas constructivas a tres grandes desafíos de muy larga data: la gobernanza de las instituciones financieras multilaterales; el logro de una mayor capacidad para canalizar recursos al financiamiento del desarrollo sostenible e inclusivo; y alcanzar una mayor estabilidad financiera como bien público global.
El reciente consenso de los Brics es el acuerdo financiero multilateral más importante desde la creación de las instituciones de Bretton Woods. Será un importante incentivo para completar la arquitectura financiera global. Y se hace con voluntad constructiva, con plena claridad de propósitos.
La nueva institución contará con un capital de USD 100 000 millones (inicialmente de USD 50 000 millones) y fue creada con el objetivo de movilizar recursos para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible, no solo en los países Brics, sino en otros países emergentes.
El gasto en infraestructura es un pilar esencial para potenciar el desarrollo económico, social y ambiental, ampliar el acceso a los servicios de los más vulnerables, y reducir la desigualdad. Según la Cepal, América Latina y el Caribe necesitan una inversión anual promedio en infraestructura del orden de 6,2% de su PIB para el período 2012-2020.
El acuerdo alcanzado por los Brics es un importante estímulo a la estabilidad financiera como bien público global. El establecimiento del Fondo de Reservas como mecanismo preventivo y de apoyo a la liquidez de balanza de pagos es un aporte en este sentido.
La estabilidad financiera de los Brics constituye una externalidad positiva para la economía global. Más allá de los temas financieros, se trata de un avance histórico mediante el cual los países emergentes toman la responsabilidad de su propio desarrollo y disponen sus recursos para financiarlo.