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BOLETÍN 152: YACHAY, PROYECTO MAL CONCEBIDO

Eco. Luis Luna Osorio MBA                  SEPTIEMBRE 13 de 2017

 

En estos días se ha vuelto a hablar sobre Yachay, donde Rafael Correa pensaba crear una universidad de primera a nivel mundial (escuela de genios) y una ciudad del conocimiento que no envidiara a Silicon Valley de Estados Unidos.

 

La idea, por cierto, era excelente y mucha gente la apoyó, para que por fin salgamos, según se decía, del tercermundismo y de la exportación primaria, para ponernos en la cima de la tecnología y exportar servicios de punta.

 

Lamentablemente, como en la mayoría de las ideas de Correa, los resultados logrados hasta ahora no son los esperados y, para ampliar la epidemia del país, se están descubriendo irregularidades graves.

 

Unas ya se conocían de antes; por ejemplo, que había altos funcionarios y docentes que “trabajaban” desde el exterior, cobraban tres veces más que el presidente de la República y viajaban al Ecuador de vez en cuando para cambiar de aires y seguramente cobrar los adicionales a que tenían derecho y no habían llegado a tiempo.

 

Otras se están descubriendo ahora, porque según le han manifestado las actuales autoridades al presidente Moreno, se ve que hay demasiados gerentes, asesores y funcionarios para pocos estudiantes; los edificios están construidos con sobreprecios significativos y no hay laboratorios; faltan infraestructura y servicios para la enseñanza, la actividad docente y la vida de los estudiantes.

 

Qué ha pasado?

 

Lo primero, una errada planificación del proyecto. Cómo se pudo asignar una enorme cantidad de recursos, de miles de millones de dólares,  a una universidad y una empresa que recién se iban a crear, cuando universidades estatales importantes, con trayectoria, docencia e investigación probadas, carecían de fondos para efectuar sus propias actividades y podían aceptar el reto de formar a los profesionales que el gobierno quería que estén disponibles en corto tiempo para el desarrollo nacional?

 

Luego, cómo se pudo pensar en establecer la universidad y la empresa en un lugar en el cual se carecía de todos los elementos de infraestructura necesarios y había que empezar de cero?

 

Construir la universidad, pase como idea, porque permitiría contar con un campus enorme y facilidades de espacio para desarrollar el proyecto académico, aunque a un costo muy grande. Pero, la ciudad del conocimiento no podía generarse en ese lugar, porque está alejado de dos elementos claves para su optimización, si se quería exportar desde allí productos al mundo: aeropuerto y puerto. Las empresas de grandes inversiones no pueden ubicarse en sitios desde los cuales les va a costar mucho más la importación de bienes de capital y materias primas y la exportación de sus productos, cuando hay otras localizaciones mejores disponibles en el mundo. Peor, cuando los dos proyectos debían ser complementarios. Si no funciona el uno, el otro pierde valor.

 

De otro lado, si se pensaba en que los docentes tendrían que ser genios traídos desde los países desarrollados, lo que había que suponer es que ninguno vendría a vivir en condiciones inferiores a las que tienen en sus lugares de residencia y que tendrían que ser pagados con valores superiores a los vigentes para ellos en sus centros de trabajo.

 

Por eso, las altas remuneraciones que algunos docentes han cobrado no deben llamar la atención; pero, lo que sí cabía exigir es que vengan a residir temporalmente en Ibarra o sus alrededores, con las comodidades a las que están acostumbrados; pero, no aceptar que sean poco menos que turistas y que enseñen muy poco y generalmente a distancia.

 

Otro error ha sido pensar que los científicos tienen aptitudes gerenciales. Por lo general, ellos están acostumbrados a la investigación, que lleva mucho tiempo para dar resultados y no son propensos a las labores que exigen efectos inmediatos, como la construcción de obras, su equipamiento u otras. Eso prefieren dejarlo a los ejecutivos. En este caso, parece que se quiso convertir a científicos en gerentes y así no funcionan las cosas en la vida real.

 

También hay que anotar que, como en otros casos, el afán presidencial por mostrar resultados inmediatos de algunos proyectos, llevó a construir obras sin los estudios suficientes y ahora ya se nota fallas en algunos edificios.

 

Cómo puede ser que, según ha dicho el gerente de la empresa pública Yachay y consta en el diario El Comercio de esta fecha: “La empresa tenía 9 gerentes, 17 asesores de gerentes, 21 abogados y 14 comunicadores. La mayoría vivía en la capital”? Muchos generales a distancia y pocos soldados en el frente.

 

Tampoco cabe en la mente que la Universidad tenga solo 12 aulas y 4 laboratorios para atender a 1.010 alumnos.

 

La suma de todo ello es una muestra incontrastable de la pésima forma en que se manejaron los dineros públicos en el gobierno anterior y la desproporción entre las aspiraciones y las disponibilidades. Peor aún, cuando se conoce que se obtuvo crédito chino por USD 233 millones para financiar una parte del proyecto y que las obras están paralizadas desde el año 2015. Cuantiosos pagos de intereses y encima, dinero que no produce resultados.

 

Por otra parte, hay que recordar que el gobierno, en días de elecciones presidenciales, para llevar el agua a su molino, anunció un gran proyecto en Yachay, que luego se supo no tenía el respaldo de las empresas que supuestamente iban a invertir más de 3.000 millones de dólares en un proyecto.

 

Así reflejaba el momento el diario El Telégrafo de Guayaquil, el 14 de febrero de 2017: “La Empresa Pública Yachay y Red Tech NikteslaCORP Cia. Ltda. firmaron este martes un contrato para la instalación de la empresa en el parque industrial de la Ciudad del Conocimiento, en la provincia de Imbabura. La megafábrica se dedicará a la producción de autos eléctricos, motores y baterías de grafeno, entre otros productos relacionados con la movilidad sostenible. René Ramírez, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, resaltó la incorporación de Red Tech a esta zona especial de desarrollo económico. Se trata de una inversión total de $ 3.000 millones, “la más importante de la historia del Ecuador del sector privado”.  [1]_/

 

El 16 de febrero de 2017, “4 Pelagatos” informaba: Tesla Motors, el fabricante de carros eléctricos de California, negó tener cualquier relación con la empresa Red Tech NikleslaCORP que el martes anunció que va montar una “mega factoría” de vehículos eléctricos en Yachay.”

 

Las actuales autoridades señalan que el proyecto será replanteado, pensando en los próximos 33 años, pero reduciendo las expectativas. Es lo menos que se puede hacer, pero debería tenerse en cuenta que, según los adelantos programados para la educación superior en el mundo desarrollado, las universidades del futuro ya no tendrán enormes campus, muchos edificios  y laboratorios, sino que operarán por la vía electrónica, en casi todos los aspectos por educación a distancia; para que un solo docente de mucho prestigio imparta conocimientos simultáneamente a miles de estudiantes en todo el mundo, bajo sistemas que no imaginamos siquiera, pero que hasta los años 30 serán de aplicación masiva, en función de los adelantos científicos y técnicos.

 

El replanteamiento se lo ha previsto en cuatro etapas: de dinamización, del 2017 al 2018; de maduración, del 2019 al 2024; de estabilización, del 2025 al 2029; y, de consolidación, del 2030 al 2045.

 

Según menciona el Diario El Comercio de esta fecha, Yachay tiene 4461 hectáreas, de las cuales 1525 son zonas de conservación, cimas de montañas y quebradas y que 2936 son tierras fértiles, pero que de ellas un poco más de la mitad no están usadas. Además, estaba previsto que se utilice 1345 hectáreas para la Ciudad del Conocimiento, pero esa área se reducirá a 255 hectáreas.

 

Lo antes mencionado lleva a concluir en lo siguiente:

 

  • La planificación fue demasiado optimista. Se pensó que el flujo de los dólares del petróleo iba a permitir que el país tenga su propio Silicon Valley, que le permita saltar del tercer mundo al mundo “del buen vivir”.
  • La ubicación de los proyectos de universidad y ciudad del conocimiento fueron equivocados. Urcuquí no tiene las bases suficientes de infraestructura y servicios para que los proyectos se desarrollen en la forma necesaria y para que los docentes y alumnos dispongan de las facilidades requeridas para trabajar con los rendimientos esperados.
  • El costo de desarrollar proyectos públicos y privados en esa localización era y sigue siendo mucho mayor que el de dotar de recursos a las universidades y politécnicas ubicadas en sitios más cercanos a los puertos y aeropuertos, núcleos de actividad del comercio exterior.
  • La ejecución de los proyectos hasta la fecha ha sido deficiente. Se han malgastado recursos del Estado por valores muy importantes y las actuales autoridades dan cuenta de fallas en muchos aspectos: institucionales, académicos, de docencia y remuneraciones, de facilidades para profesores y alumnos, de utilización del espacio disponible, y en varios otros aspectos, mencionando incluso sobreprecios en la construcción de edificios.
  • Aparentemente, hay exceso de personal administrativo y su mayoría trabaja desde Quito, con remuneraciones que significan 13,5 millones de dólares al año.
  • En consecuencia, las gerencias han sido deplorables y el Plan Maestro ha tenido solo el título de tal.

 

Desde mi punto de vista, hay otro aspecto importante a considerar.

 

El país va a efectuar una enorme inversión en formas científicos y técnicos de primer nivel, con exigencias altas en cuanto a la capacidad de los docentes, la aptitud de los estudiantes para aprender y la tecnología de los equipos para efectuar investigaciones. El resultado tendría que ser que quienes egresen de Yachay tengan conocimientos suficientes y aptitudes para trabajar en cualquier empresa y parte del mundo, dentro del área de su especialización.

 

Qué pasaría, si como se conoce y pasa todos los días en Venezuela, la economía nacional no crece (peor si decrece) y no ofrece a los nuevos profesionales lugares de trabajo satisfactorios, públicos y privados, que les permitan laborar aprovechando sus conocimientos? Sucedería lo lógico: que esos científicos y técnicos se irían a otros países y a empresas multinacionales, con el doble perjuicio para el país: gastó mucho dinero en formarlos y no puede aprovechar sus capacidades, porque no hay sititos de trabajo adecuados.

 

Con esos antecedentes, lo recomendable para el gobierno es dinamizar la economía del país para generar nuevas e importantes plazas de trabajo en todos los sectores de la economía y darle, como titula El Comercio de hoy en la página 8, un nuevo enfoque al Proyecto Yachay, poniendo los pies en la tierra y corrigiendo los errores de quien se acostumbró a ordenar la construcción de elefantes blancos, sin los estudios suficientes sobre su factibilidad y proyección.

 

El conocimiento mundial, las ciencias y las tecnologías se desarrollan a un ritmo impresionante; y, hay que tener cuidado de no avanzar sin brújula y sin medir las consecuencias de los actos, sobre todo ahora que el país necesita salir de una profunda crisis y ponerse, lo más rápido posible, en el camino hacia el progreso.

 

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[1] _/ http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/red-tech-invertira-usd-3-mil-millones-para-construccion-de-megafabrica-en-yachay
 

BOLETÍN 151.- ECONOMÍA: DEL DICHO AL HECHO, PRIMEROS 100 DÍAS

ECO. LUIS LUNA OSORIO – MBA                                AGOSTO 26 DE 2017

En las actuales circunstancias del Ecuador, en las cuales la Asamblea Nacional ha decidido autorizar el enjuiciamiento penal de Jorge Glas, Vicepresidente y hombre de la más absoluta confianza de Correa, posesionado nuevamente en ese cargo hace pocos meses por el Consejo Nacional Electoral, parece importante iniciar este boletín con esta frase de Simón Bolívar:

“El Vicepresidente debe ser el hombre más puro, la razón es que si el primer magistrado no elige un ciudadano muy recto, debe temerle como a enemigo encarnizado y sospechar hasta de sus secretas ambiciones…” [1]_/

LOS 100 DÍAS

El 24 de mayo de 2017, el licenciado Lenin Moreno, en su primer discurso como Presidente de la República, señaló los principales puntos de su accionar en el periodo 2017 – 2021, en los ámbitos político, económico y social.

En este Boletín hago un análisis de las ofertas en materia económica y de lo que se ha avanzado a ese respecto en los primeros 100 días, que han registrado un torbellino de temas y problemas políticos, como la molestia diariamente manifestada por Rafael Correa sobre la conducción del gobierno nacional, el retiro de sus funciones al vicepresidente de la República por parte del presidente Moreno, el hecho de que cada día más dedos apuntan a Glas como parte de un sistema nacional de corrupción o ineptitud en el manejo de los sectores estratégicos, el conocimiento público del increíble accionar de varios delincuentes que tenían la obligación constitucional de cuidar los fondos públicos y no lo hicieron, la difusión de normas aprobadas en la Asamblea que favorecen a los corruptos, la verificación de que lo de Odebrecht es “juego de niños” frente al festín petrolero decenal, la lucha de muchos dirigentes de AP por evitar que el dominó político les afecte, luego de ser partícipes directos de la “mesa servida” que tuvieron durante una década con los fondos públicos.

El análisis considera, como base, que las medidas de tipo económico gubernamentales deben ser tomadas previo un diagnóstico real de lo sucedido hasta el 2017 y considerando el entorno internacional para los años 2017 – 2021.

Sobre lo primero, el presidente ha reconocido que no ha habido la “mesa servida” que le ofreció Correa; que la deuda pública no era de 27 mil millones de dólares, sino de más del doble, que ha habido irresponsabilidad presidencial y que la corrupción ha campeado, al punto que Contralor, ministros y gerentes han fugado antes de que la justicia (si hay) les tome cuentas de sus actos ilegales.

El entorno es preocupante, porque durante los años 2017 y 2018 la economía mundial crecerá lentamente; Estados Unidos crecerá poco, sigue reacio a nuevos acuerdos comerciales, renegocia el NAFTA y tiene un mal presidente; Europa anda golpeada por el Brexit, el terrorismo y la inmigración desde África; el precio del petróleo posiblemente no subirá de 50 dólares, según el FMI el PIB de América Latina crecerá apenas 1% en 2017 y 1,9% en 2018, a Colombia le afecta negativamente en su economía la grave situación política de Venezuela.

Todo eso significa que el PIB del Ecuador no crecerá, al menos hasta el 2019, porque varios de los mecanismos que lo impulsan funcionarán a medio gas, la tasa de 2017 será negativa o casi cero (sobre todo si persisten los problemas políticos, que provocan incertidumbre en los actores de la economía)) y la de 2018 será apenas positiva. De allí que algunos analistas indican que este gobierno, en materia económica, será de transición, con cifras de PIB muy bajas.

Con esos antecedentes, formulo algunos comentarios respecto a los señalamientos iniciales del presidente Moreno y las acciones que ha realizado, todas ellas muy preliminares y que dejan al país todavía pendiente de la presentación del Plan de Desarrollo 2017 – 2021, que trazará el derrotero oficial.

DOLARIZACIÓN. Fortalecer la dolarización y no generar dudas al respecto, fue uno de los temas que más enfatizó el Jefe de Estado. “Impulsaremos todas las políticas y actividades que permitan sumar dólares a la economía”. [2]_/

 

La afirmación presidencial es muy positiva y además es fundamental para la propia estabilidad del gobierno. El impulso a las políticas apenas empieza, con los diálogos presidenciales con el sector privado y la creación del Consejo Consultivo, la invitación a la “minga agropecuaria”, el diagnóstico del sector petrolero y algunas medidas para recomponerlo; las manifestaciones ministeriales con respecto a que se tomará  medidas para favorecer la producción y la exportación; y, la planificación de misiones para mejorar las relaciones comerciales con Estados Unidos, impulsar el acuerdo con la UE,  fortalecer vínculos con otros bloques y países, buscar inversión extranjera.

 

Pero, hay decisiones y acciones contraproducentes: la manifestación de Moreno de que seguirá aplicando el socialismo del siglo XXI, el respaldo oficial a Maduro y su Constituyente, la presencia en puestos claves de los mismos funcionarios que no dejaron la “mesa servida”; el valor del Presupuesto 2017, superior al valor del similar del 2016, el inicio del cumplimiento de las costosas ofertas de campaña en tiempos de crisis reconocida, la demora en la presentación del Plan 2017 – 2021, que va a clarificar lo que quiere hacer el gobierno en economía.

 

MONEDA PARALELA. La posibilidad de una moneda paralela al dólar fue descartada por Moreno.

 

Después de muchos meses de discusión sobre la forma en que debe ser manejada la moneda electrónica y del peligro de que ella sea utilizada por el gobierno para emitirla sin respaldo en dólares físicos, fue importante la declaración presidencial. Así mismo, es valiosa la decisión de que la moneda electrónica sea administrada por la banca privada y regulada por el gobierno.

 

DEUDA. El Jefe de Estado dijo que buscará mejorar las condiciones de plazos e intereses del financiamiento hasta ahora conseguido. Esta afirmación apunta a una reestructuración de la deuda pública, especialmente la externa.

 

El presidente reconoció que la deuda pública superaba los 57 mil millones de dólares, contradiciendo una de las principales afirmaciones de Correa y señalando que se necesitará cerca de 10 mil millones de dólares anuales para cubrir el servicio de la deuda. Ese fue un paso positivo para avanzar en el tratamiento del tema. Pero, que se conozca, no se ha hecho lo urgente: formar el grupo negociador para la reestructuración de esa deuda, especialmente en lo externo, para diferir lo más que se pueda el pago y mejorar las condiciones diferentes al plazo, de los contratos previos.

 

AUSTERIDAD. El Mandatario anunció que firmará un decreto Ejecutivo de austeridad en el Gobierno. Y aseguró que “todo gasto, toda inversión, pasará por un filtro objetivo de necesidades ciudadanas”.

 

Para lo primero, se han dado algunos pasos, que en conjunto todavía no son significativos, pero que van en la dirección correcta; han servido, en lo político, para elevar la estima de la población por el presidente y sus decisiones.

 

El Presupuesto 2017 no es austero. La proforma del 2018 debería mostrar los rubros en los que se desea aplicar una real austeridad, especialmente en el gasto corriente, para no afectar demasiado a la inversión pública, que tiene que atender la finalización y avance de los proyectos en ejecución.

 

PRODUCCIÓN. Moreno dijo que creará un Consejo Consultivo Productivo-Tributario para trabajar en conjunto con el sector privado. “Vamos a respetar el acuerdo firmado con el sector productivo”.

 

El Consejo se halla funcionando, inicialmente con el vicepresidente a la cabeza y ahora dirigido por la Ministra de Industrias. El plazo para que presente sus propuestas era de 90 días y está próximo a terminar. Se espera que las ideas sean factibles y no choquen con aspiraciones de otros sectores, como el laboral. Algunas propuestas sobre impuestos son conocidas y deberían ser aceptadas por el gobierno, para su aplicación pronta o gradual, según convenga, de manera de no incidir negativamente sobre las finanzas públicas.

 

ALIANZAS. El Jefe de Estado dijo que las Alianzas Público Privadas no se darán sin la presencia de los empresarios. Lo mismo se aplicará para otros sectores, como el agropecuario o con los trabajadores.

 

El presidente anunció que van a suscribirse convenios para este tipo de alianzas. El Estado no tiene recursos para ejecutar megaproyectos estatales y es bueno atraer a la empresa privada; pero, hasta la fecha el gobierno no da señales de cambio de orientación política y económica y con ello será difícil conseguir que capitales nacionales o internacionales se arriesguen a invertir. Alianzas público – privadas con grupos de trabajadores o entes del área de la economía solidaria no tendrán el impacto económico y laboral que se necesita con urgencia.

 

EXPORTACIONES. El nuevo Gobierno impulsará las exportaciones con alto valor agregado. Si bien se debe seguir exportando los bienes primarios, también se debe impulsar los envíos industrializados.

 

Las realizaciones en este sentido han sido pocas y solo continúan labores anteriores, como la negociación de acuerdos comerciales con Corea del Sur y otros países. La decisión más importante es la apertura a negociar con Estados Unidos para no perder las preferencias del SGP. Otra decisión interesante es la de formar una Misión para ofrecer 29 proyectos a la inversión extranjera.

 

INTEGRACIÓN REGIONAL. Este tema se mantiene en la misma ruta del anterior Gobierno. La Canciller se reúne con los miembros de la ALBA para respaldar a Maduro y eso no va en la línea correcta. Hay que trabajar con los bloques regionales para robustecer la integración y crear nuevos espacios dentro de la Unasur y Celac. También hay que buscar líneas de acción en la CAN.

 

MATRIZ PRODUCTIVA.- El cambio de matriz productiva se mantiene en la agenda del nuevo Gobierno. Para el 2021, Moreno se comprometió a entregar un país con mejores resultados en los ámbitos interno y externo.

 

En este sentido, los megaproyectos de Correa no se hicieron, fracasaron o sirvieron para generar megacorrupción. Muestras claras de que el tiempo dio la razón a quienes nos oponíamos desde el principio al “Estado empresario” están en las obras de Odebrecht y su “nido de ratas” y en lo que mostrarán en su momento otros proyectos más grandes, manejados por delincuentes.

 

Por tanto, se reitera la propuesta con respecto a que si empresas privadas quieren avanzar en algún gran proyecto, que sean bienvenidas y se les facilite el camino para ejecutar sus obras y recibir los beneficios de su inversión; pero, que el Estado abandone la idea de tener en propiedad plantas de aluminio, refinerías, astilleros, siderúrgicas, farmo – químicas, etc.

 

De otro lado, que toda alianza público – privada sea materia de concurso público y transparente. El país está fuertemente golpeado por la corrupción del más alto nivel y el pueblo debe conocer cómo se hacen los negocios estatales, de la manera más transparente. Hay que endurecer los castigos a los corruptos.

 

EMPRESA. A los empresarios el presidente Moreno pidió hablar bien del país. “Queridos empresarios (…) Hablar bien de nuestro país. Es verdad que hay mucho que cambiar. Aquí está lo construido, con errores y aciertos”.

 

No basta con hablar bien del país. Los empresarios tienen la oportunidad de demostrar que está en ellos y no en el Estado la responsabilidad de generar inversión, producción, riqueza, empleo y exportaciones. Lo primero, para que el Ecuador cuente cada día con más recursos financieros para su desarrollo; lo segundo, para que los consumidores del país y del exterior dispongan de más productos competitivos de origen ecuatoriano; riqueza, para que haya la posibilidad de efectuar una consistente redistribución, que reduzca la brecha entre los que más tienen y los que no poseen nada o viven al día; empleo, para que la población tenga cada vez mayores y mejores oportunidades de vivir con base en su propio esfuerzo y no esperando de “papá Estado” la solución de sus problemas; las mayores y más diversificadas exportaciones hacia más destinos, para que el país disponga de suficientes divisas para satisfacer las necesidades de su desarrollo. En las exportaciones hay que hacer un esfuerzo especial, porque el Ecuador, debido al pequeño tamaño de su mercado interno en términos de población e ingreso per cápita, no garantiza ni lo hará por mucho tiempo, un desarrollo sostenido en los planos económico y social..
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[1] _/ SIMÓN BOLÍVAR: Discurso a la Constituyente de Bolivia (1825). Citado en: Simón Bolívar, página 93, por Enrique Ayala Mora. Universidad Andina. 2004. Quito, Ecuador.

[2] _/ El párrafo sobre Dolarización y los siguientes que inician con negrilla son copia textual de la página 2 del Diario El Comercio de Quito, del 25 de mayo de 2017.

Boletín 146: EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ECUADOR

El ex – Presidente Correa, en el 2008, hizo aprobar por el pueblo la Constitución vigente, que pocos leyeron en su integridad y menos entendieron, cuyos cinco rasgos principales, entre otros, son: el estatismo, el presidencialismo, la redistribución de la riqueza,  el populismo y el alejamiento nacional de los países considerados imperialistas o capitalistas.

El Estatismo llevó a que, en el artículo 313 de la Constitución, se defina que los sectores estratégicos son: “… la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”. Varios de esos sectores tienen efectos directos o indirectos  sobre la industria, y están destinados a  “… la decisión y control exclusivo del Estado.”

Ello llevó también a que el gobierno planteara como los ejes del cambio de la matriz productiva, a varios megaproyectos industriales: petroquímico, siderúrgico, del aluminio, del cobre, del acero, de astilleros y de pulpa de papel. Tómese en cuenta que el Ministerio de la Producción y el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, en el punto 5.3.6 de un documento sobre la política industrial, señalan ilusamente que la inversión en esos proyectos sumaría 9.213 millones de dólares y que, para el año 2025, los ingresos que generarían serían de 3.832 millones, el impacto en la balanza comercial sería de 3.812 millones, el efecto sobre el PIB llegaría a 4.413 millones y determinarían 5.780 empleos.

A la fecha, 11 de junio de 2017, algunos de esos proyectos no se han iniciado, otros comenzaron mal y se paralizaron, y aparentemente solo el de astilleros está en actividad, pero no en el nivel propuesto originalmente. En el conjunto, el resultado esperado no se ha dado ni modestamente en el cambio en la matriz productiva buscado por el gobierno y no se ve posibilidades ciertas de que alguno de los proyectos madure según la idea original.

El Presidencialismo se practicó con mucha fuerza desde el 2008 hasta el 24 de mayo de 2017, pues el Presidente Correa se colocó en la cima de todas las funciones y entidades estatales y logró que el conjunto de las acciones de ellas se realice a su real saber.

La política redistributiva determinó que no fuera el objetivo final el desarrollo nacional, sino una economía orientada al fortalecimiento del mercado interno y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población pobre con los recursos estatales, desestimando el aporte de la empresa privada al crecimiento económico, llenándola de numerosos tributos, controles y trámites; y, haciendo que la inversión extranjera de riesgo existente se vaya del país y que no venga nueva inversión, ante la falta de seguridad jurídica.

El populismo hizo que, aprovechando el gobierno  los ingentes recursos obtenidos de la exportación del petróleo y el endeudamiento agresivo, se incremente el llamado “bono de desarrollo” y sus receptores, y se lo reparta con fines electorales; se creen nuevos subsidios y variedad de becas; y, se aumenten las plazas de trabajo y las remuneraciones de miles de nuevos empleados públicos, por encima de los niveles salariales de los empleados privados y de la lógica macroeconómica, multiplicando procesos, trámites y corrupción.

En el ámbito internacional, se amplió las distancias políticas con Estados Unidos, país con el cual las relaciones internacionales del Ecuador son la de mayor importancia; se negó por mucho tiempo la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea; se puso en neutro el avance de la Comunidad Andina en los temas de mayor relevancia para el país; y, no se buscó aproximaciones con otros mercados interesantes, gastando infructuosamente muchos esfuerzos de política internacional y de política económica internacional, en crear o aumentar vínculos con países pobres o lejanos que tenían afinidad política con el famoso “Socialismo del Siglo XXI”. La excepción fue China, que se convirtió en el primer soporte financiero para el derroche gubernamental, en condiciones muy gravosas, que incluían la construcción china de obras gubernamentales importantes; pero que, en cuanto a inversión en el país y a comercio bilateral, no dio mayores resultados.

Con respecto a la industria (excepto refinación de petróleo), entre 2007 y 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector creció en el 34%, por debajo del crecimiento de la cifra global del PIB (38%) y de las cifras de los sectores de suministro de electricidad y agua (200%), acuicultura y pesca (128%), correo y comunicaciones (100%), servicios financieros (79%), construcción (72%), administración pública y seguridad (62%), enseñanza y servicios de salud (55%), transporte (46%), actividades profesionales y técnicas (36%). Solo marcaron cifras inferiores a la industria, la agricultura (28%), el servicio doméstico (25%), el petróleo (13%), la pesca (7,7%) y la refinación de petróleo, que decreció.

Cabe mencionar, a este respecto, que la industria no funcionó en la década 2007 – 2016 como el motor del desarrollo productivo y tecnológico que se entiende debe ser. Su crecimiento de toda la década correísta, menor que el del PIB total, demuestra que no tuvo la fuerza necesaria para impulsar la oferta de  bienes de producción nacional; por ello, la tendencia por importar fue de gran magnitud, en todo tipo de bienes, de tal forma que en algún momento el gobierno se vio obligado a recurrir a salvaguardias e impuestos internos fuertes, con el objetivo de reducir el consumo de miles de productos.

Las salvaguardias no cumplieron su papel; además de incrementar los precios internos y de no impulsar a algunos sectores de la industria nacional (pues irresponsablemente se las colocaron a muchas materias primas y bienes de capital), generaron ríos semanales de gente hacia las fronteras, para comprar productos de primera necesidad en Colombia o Perú y provocaron cuantioso contrabando, por cientos de millones de dólares.

El cambio de la matriz productiva fue solo un espejismo, que se lo publicitó oficialmente como una realidad o como un proceso exitoso, a pesar de que ninguno de los megaproyectos anunciados por el gobierno tuvo los resultados esperados y de que uno de ellos, la refinería del Pacífico, fue el fiasco más monumental, pues se invirtieron 1.200 millones de dólares y en más de un lustro, solo ha llegado a contar con una explanada y una carretera que ya cuestan más de 1.600 millones, sin que se consiga fondos para su realización (que, además, al país no le conviene llevar a efecto, por múltiples razones).

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) no aportó para dinamizar esas actividades y cuando lo complementaron con otra ley, el mismo gobierno reconoció que no había dado frutos. Y se advierte que su ambicioso artículo primero decía:

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su conjunto,… Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de la producción en la economía, reconocidas en la Constitución… De igual manera, se regirá por los principios que permitan una articulación internacional estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente.”

Con respecto a las exportaciones industriales, entre el año 2008 y el 2016, éstas decrecieron en el 12,5% al pasar de 4.484 millones de dólares en el primer año a 3.921 millones en el último, en el cual significaron solamente el 23,3% de las exportaciones totales.

Además, se explica que, de las exportaciones industriales, el 24% corresponde a “Otros elaborados de productos del mar”, el 10% a “Derivados del petróleo” y el 10% a “Manufacturas de metales”, cuyos aportes reales de valor agregado son modestos.

Se destaca la exportación de (miles de) “Otros” productos industriales, que de 2008 a 2016 ha crecido de 1.145 a 1.503 millones de dólares, pasando de significar el 25,5% de las exportaciones industriales en el primer año al 31,3% en el último. Sin embargo, conviene señalar que todos ellos son poco significativos y no hay la expectativa de que alguno o algunos puedan elevar sus ventas para que tengan efecto macroeconómico.

Se anota que, en el primer trimestre de 2017, las exportaciones industriales fueron superiores a las de igual periodo del 2016 en 123 millones de dólares, debido a los incrementos sustanciales en las exportaciones de derivados del petróleo (70 millones de dólares); los otros productos del mar (49 millones de dólares) y harina de pescado (13 millones de dólares), a pesar de que se redujeron las exportaciones de elaborados de cacao y café, manufacturas de metales, sombreros y manufacturas textiles.

El inicio del gobierno del Presidente Moreno lleva a sugerir algunas acciones prioritarias para el Ministerio de Industrias, para acelerar el desarrollo industrial. Solo se las puntualiza y no se las explica, por falta de espacio, pero podrían servir como referentes.

  1. REFORMAS DEL MARCO LEGAL
    1. Ambiental (en relación con el uso del agua, la contaminación del aire, la explotación del suelo y del subsuelo)
    2. Energético (autogeneración por la empresa privada, tarifas industriales)
    3. Para la inversión extranjera directa (seguridad jurídica, renegociación de los tratados de protección recíproca de inversiones, diseño de formas de atracción de capitales, reducción de procedimientos y trámites para las empresas)
    4. Societario (revisión del COPCI y sus reformas y la Ley de Control del Poder del Mercado, mejoramiento del mercado de valores, respeto a la propiedad industrial, promoción de la localización industrial regional, creación de Zedes)
    5. Fiscal (rebaja de aranceles y carga tributaria interna, especialmente)
    6. Financiero (promoción y facilitación de créditos de fomento y privados)
    7. Laboral (impulso a la generación de empleo y revisión de los términos de contratación, administración y finalización de actividades laborales)
    8. De seguridad industrial (capacitación y mejoramiento de sistemas)
    9. De infraestructura (búsqueda de mejoramiento operacional de puertos, aeropuertos, carreteras, parques industriales, zedes)
    10. De exportación y logística (búsqueda de ganancia de competitividad)
    11. De educación y capacitación (dinamización del desarrollo tecnológico).

 

  1. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ESTATAL PARA EL DESARROLLO NACIONAL
    1. Planificación global (SENPLADES) – proyección del Sector Industrial
    2. Economía y Finanzas – obtención de recursos para el desarrollo del sector y atención especial a los temas 1.c a 1.f, 1.i y 1.j antes mencionados.
    3. Desarrollo Agropecuario (Coordinación con el MAG y Ministerio de Pesca)
    4. Energía – ver 1.b
    5. Obras Públicas – ver 1. i
    6. Ciencia y tecnología (SENESCYT) ver 1.b , 1.c , 1.d, 1.j, 1.k
    7. Según los literales del punto 1.
    8. Reducción de tiempos y requisitos para procedimientos y trámites.
    9. Seguimiento constante del correcto desarrollo de las industrias básicas

 

  1. COORDINACIÓN INTERNACIONAL PRINCIPAL CON:
    1. ONUDI En todos los ámbitos del desarrollo industrial
    2. OMC Para impulsar el comercio y la propiedad industrial
    3. CEPAL En temas de macroeconomía e industrialización
    4. CAF           Financiamiento del desarrollo a largo plazo
    5. CAN           Fortalecimiento de la integración andina
    6. ALADI Fortalecimiento de la integración latinoamericana
    7. Centros mundiales de desarrollo tecnológico industrial, para incrementar la competitividad nacional.

 

  1. APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES INTRA-INDUSTRIALES
    1. Impulso a la generación y desarrollo de cadenas productivas
    2. Capacitación empresarial y laboral en sus áreas y en comercio exterior
    3. Coordinación con el sector privado, universidades e institutos tecnológicos
    4. Coordinación con el sector laboral
    5. Formación de grupos de análisis sectorial y regional con los empresarios, los trabajadores y las universidades
    6. Apoyo a la investigación tecnológica y de mercados sobre temas de interés de la industria
    7. Organización de ferias industriales o apoyo a la participación en ellas.
    8. Instalación de zedes en las fronteras, especialmente en Tulcán.

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BOLETÍN 145: LOS TRATADOS DE PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES

ECO. LUIS LUNA OSORIO – MBA                                                           MAYO 26 DE 2017

 

El Ecuador había firmado, entre 1968 y 2001, treinta tratados de protección recíproca de inversiones. De ellos, hasta hace muy poco estaban vigentes los 17 suscritos: en 1969 con Suiza; en 1993 con  Chile,  Estados Unidos  y Venezuela; en 1994 con Argentina,  China, Francia y  Gran Bretaña; en 1995 con  Bolivia; en 1996 con Alemania, Canadá y España; en 1999 con Países Bajos y Perú; en 2001 con  Italia y Suecia. En ellos constan cláusulas que dicen que, después de su eventual denuncia,  se mantendrán vigentes los términos acordados, por 5, 10 o hasta 20 años.

 

La decisión soberana del Ecuador, de suscribir esos acuerdos se habría basado, desde un punto de vista técnico y racional, entre otras, en estas consideraciones:

 

  • El Ecuador carece de ahorro interno suficiente, que le permita efectuar inversiones en el volumen necesario para acelerar su desarrollo, debido al desempleo, el subempleo y las bajas remuneraciones de la gran mayoría de la población. Incluso, en los últimos años, según el ex – Presidente Correa, algunos de los pocos capitales nacionales habrían salido entre 2014 y 2015 por “… un total de 3.379 millones de dólares, cantidad equivalente a reconstruir íntegramente las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado”. [1]_/
  • Eso hace casi imposible que el Estado y la empresa privada nacionales inviertan y enfrenten con éxito la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y de producción y exportación de bienes y servicios, en forma satisfactoria, sin el concurso de capitales extranjeros, que es preferible traer por la vía de la inversión y no del crédito, sobre todo si éste es caro, de corto plazo y condicionado a otras exigencias.
  • La atracción de inversión extranjera de riesgo solo es posible si hay seguridad jurídica de largo plazo para el inversor, sea para colocar sus capitales en el país o para enviarlos al exterior en cualquier momento, junto con sus utilidades.
  • Los países que exportan capitales, movidos por sus potenciales inversionistas, buscan la firma de tratados de protección recíproca de inversiones con los países receptores, que den seguridad a sus ciudadanos con respecto a las aspiraciones mencionadas en 3); en consecuencia, hay que firmar esos acuerdos, siempre que sea en términos “ganar – ganar”.
  • Muchos países, incluso desarrollados o en similar estado de desarrollo del Ecuador, ofrecen seguridad jurídica y garantías a los inversionistas extranjeros, por la vía de esos tratados y hay que competir con ellos por recursos no crediticios para los proyectos nacionales.
  • La protección de las inversiones debe hacerse por largos periodos, que pueden ser 5, 10 y hasta 20 años; sobre todo si las inversiones se hacen en grandes industrias o proyectos que requieren periodos importantes de maduración; pues, durante esos tiempos deben tener la seguridad jurídica vigente cuando se los inició o una mejor; y, eso debe constar en los tratados a suscribir.

 

La Constitución vigente, inspirada en el Socialismo del Siglo XXI, dice en su artículo 422: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.

Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia.

 

En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano

promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a los

principios de transparencia, equidad y justicia internacional.

 

Sobre la base de esa norma, la Corte Constitucional había dictaminado que los 17 tratados que estaban vigentes eran inconstitucionales. Por su parte, el ex – Presidente Correa había dicho que tales tratados requerían ser denunciados, para luego  renegociarlos dentro del marco constitucional. Además, según el informe de una Comisión gubernamental, los tratados no habían servido para atraer gran inversión al país y el Estado ecuatoriano había sido demandado por un total de USD 21.200 millones por compensación, tras la supuesta violación de los acuerdos de protección a los inversores extranjeros, mientras el gobierno había dicho que, en varias de esas demandas, el arbitraje había sido perjudicial al Ecuador.

 

Es más, una legisladora por el movimiento Alianza País, había especificado que acuerdos como estos ya han pasado factura al país. “El Estado ecuatoriano se ha visto absolutamente afectado; tenemos demandas y montos adeudados y pagados por $2.800 millones al momento, y tenemos una serie de demandas que daría un total de $17.000 millones”. [2]_/ Precisamente, USD 17.765 millones en 24 demandas.

 

Con esos antecedentes, hace pocos días la Asamblea Nacional completó el trámite de su denuncia de los 17 tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones suscritos por el Ecuador, y el ex – Presidente Correa ratificó esa denuncia el 17 de mayo de 2017, con decretos ejecutivos en los que menciona su inconstitucionalidad.

 

Ello, naturalmente, ha creado incertidumbre entre los gobiernos de los países que habían firmado los tratados y como es lógico, en los inversionistas extranjeros existentes en el país y potenciales. Algunos embajadores extranjeros residentes en Quito también han expresado su preocupación por la denuncia de los tratados, lo que les ha valido amenazas y calificativos despectivos de Correa.

 

Ahora bien, la disposición constitucional es clara, pero tiene efectos desfavorables a la economía nacional, por su disposición de no ceder “… jurisdicción soberana…”.

 

En primer lugar, los tratados internacionales resultan de negociaciones entre estados. Es obvio que, a la hora de firmarlos, las partes cedan posiciones y “soberanía”, en aras del beneficio bilateral o multilateral, según los casos. En consecuencia, lo determinado al inicio del artículo 422 de la Constitución, es un derecho soberano, pero en este caso va en contra del interés de atraer capitales de riesgo desde fuera.

 

Hay tratados como los de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en los cuales incluso se han incorporado cláusulas coercitivas, para hacer que los países cumplan con aquello que se han comprometido; y, cada uno de esos países, que son 164, incluso el Ecuador, han aceptado esos términos y cedido soberanía.

 

Por cierto, el Ecuador en varios casos logró notables triunfos sobre la Unión Europea en su disputa sobre el banano; y, en la OMC, son temas de todos los días las controversias entre países sujetas a su arbitraje, por diversas razones.

 

Al respecto, se recuerda lo siguiente: Ecuador utilizará “todos los mecanismos” a su alcance para lograr una solución satisfactoria al litigio del banano con la Unión Europea (EU), sea por la vía bilateral o del arbitraje, (subrayado es mío) que ya ha reactivado, afirmó hoy su vicecanciller, Rafael Paredes. 11 de Junio 2007 / 12:35    [3]_/

Y también: La Unión Europea (UE) y 11 países latinoamericanos firmaron, el 8 de noviembre pasado, en la sede de la OMC en Ginebra, un histórico acuerdo que cerró formalmente el conflicto comercial sobre el banano, que duró más de 20 años y enturbió sus relaciones. Ante la presencia del director general de la OMC, Pascal Lamy, estos 11 países firmaron el acuerdo que archiva, además, ocho procesos pendientes en el conflicto sobre el banano con la UE. (subrayado es mío)  “Este es un momento histórico”, consideró Lamy al cerrar uno de los conflictos más antiguos y complejos llevados ante la OMC. [4]_/

Por otra parte, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y hasta la Secretaría de la Comunidad Andina, tienen capacidad para exigir (subrayado es mío) a los países Miembros que cumplan con lo que dispone el Acuerdo de Cartagena.

Mediante la resolución N° 1762, emitida el viernes 6 de febrero, la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) rechazó el pedido realizado por el Gobierno ecuatoriano (subrayado es mío) de aplicar medidas de salvaguardia por devaluación monetaria a las importaciones originarias de Colombia y Perú.

Como se sabe,… el Gobierno del Ecuador adoptó la Resolución 050-2014 del COMEX sin la autorización previa de la Secretaría General. La resolución precisa que encontrándose en aplicación las medidas de salvaguardia, el Gobierno del Ecuador deberá disponer su levantamiento de manera inmediata.

En los casos expuestos y en muchos otros, hay una evidente cesión de soberanía, que conduce a que un ente internacional disponga lo que debe hacer el Ecuador. De manera que el argumento utilizado, de que esos tratados iban en contra de la soberanía nacional, porque en  muchas ocasiones los árbitros han fallado perjudicando los intereses nacionales, no tiene sentido; pues, es lógico que el árbitro se pronuncie a favor o en contra de una o más partes, dependiendo de los argumentos y las pruebas que presenten los litigantes bi o multilaterales.

El arbitraje es una manera de solucionar problemas entre dos o más litigantes, en la cual el árbitro, aceptado por las partes, tiene la autoridad para definir quién tiene la razón. Al país no le conviene imponer el árbitro a la contraparte, porque eso significa inclinar de inicio la balanza para el lado estatal; más aún, cuando la idea es que arbitre alguien en el país o fuera de él, de aquellas entidades y personas claramente identificadas ideológicamente con el gobierno ecuatoriano. Tampoco le conviene, porque la mayoría de los otros países no tiene un sistema similar al definido en la Constitución nacional y como es obvio, los inversionistas van a preferir efectuar sus inversiones en ellos y no donde no les ofrecen seguridad jurídica.

 

El gobierno saliente ha dicho que, en aras del interés nacional, renegociará los tratados denunciados y para el efecto ha formado un comité. Lo correcto era que los renegocie sin denunciarlos; porque ahora, en los países y en los potenciales inversionistas afectados, se ha causado malestar y desgano. La renegociación puede iniciarse inmediatamente, según lo que disponga el nuevo gobierno, presidido por el licenciado Lenin Moreno, pero llegar a la firma de nuevos acuerdos, en algunos casos, podría demorar meses y hasta años.

 

Hay que tener en cuenta que el Ecuador no es un mercado sumamente atractivo para los inversionistas de otros países, por varias razones, entre las cuales son principales: 1) el modesto tamaño de su mercado interno; 2) el texto de la Constitución; 3) el hecho de que solo cuenta con tres acuerdos comerciales, derivados de su participación en la ALADI, en la Comunidad Andina y en el reciente Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, mientras Colombia, Chile y Perú, que tienen más de una decena de acuerdos con países de grandes mercados, están en capacidad de ofrecer a los inversionistas oportunidades de inversión mucho mejores que las de Ecuador y, por cierto, debido a la cantidad de acuerdos comerciales firmados, mercados de muchos millones de consumidores en todo el mundo. Además, los países inversores tienen suscritos decenas de TBI de textos similares entre ellos y con terceros y no van a cambiar los términos para dar gusto a un receptor pequeño, conflictivo e inseguro.

 

Finalmente, hay que decir que el Ecuador no ha hecho un buen negocio con sus decisiones sobre el tema que se trata y que las consecuencias se las verá en los próximos años, en los cuales el país necesita de una gran inyección de capital, para reemplazar las corrientes de dinero que llegaban por la exportación petrolera. De otra manera, solo verá inversiones extranjeras de poca monta, dirigidas a proyectos de alta rentabilidad y efectos inmediatos, sin mayor impacto en el desarrollo nacional.

 

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SI LE GUSTA ESTE BOLETÍN DIFÚNDALO;  SI NO DESEA RECIBIRLO, AVISE AL EDITOR  llunao@uio.satnet.net

[1] _/ http://www.eluniverso.com/noticias/2016/07/14/nota/5690559/rafael-correa-justifica-cadena-su-consulta-sobre-paraisos-fiscales

[2] _/ http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/economia/268936-asamblea-aprobo-denuncia-sobre-tratados-inversion-ecuador-12

[3] _/ http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/40098-ecuador-buscara-solucion-a-litigio-banano-con-ue/

[4] _/ http://www.revistalideres.ec/lideres/guerra-banano-llego-final-20.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

 

MENSAJE A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA

  1. El Colegio de Economistas de Pichincha saluda a todos los candidatos a Presidente de la República y tiene el honor de enviarles este documento, que pretende difundir su pensamiento sobre los problemas macroeconómicos del Ecuador y la necesidad de recuperar sus equilibrios, teniendo presente que la recuperación económica es urgente, así como la creación de empleos, el combate a la pobreza y la corrupción.  Los fundamentos para la exposición son  unos pocos indicadores que, desde luego, son los más importantes para la economía.
  2. Esos indicadores, presentes al final del año 2016, demuestran la crisis nacional y desequilibrios en aspectos básicos que  son los siguientes: vigencia de la Constitución del 2008, socialista, estatista, presidencialista y excesivamente garantista;   institucionalidad destrozada por el peso del Ejecutivo en la conducción del país y la reducción del espacio de las libertades ciudadanas y de  comunicación; decrecimiento de la economía de entre el 2% y el 3%; deuda pública superior a la que reconoce el gobierno, de alrededor de 50 mil millones de dólares; desempleo y empleo inadecuado crecientes, que afectan en conjunto al 53% de la población económicamente activa; creación de un sistema tributario económicamente complejo, con multiplicidad de tributos  y un nivel de los mismos excesivos que desalientan a los agentes económicos.  Una  reducción del 8% en las recaudaciones de la tributación no petrolera entre enero y octubre de 2015 e igual periodo de 2016; cambio publicitario pero no efectivo de la matriz productiva; dependencia en el 75% de las exportaciones con respecto a seis productos (solo uno industrializado) y seis mercados: Estados Unidos, la Unión Europea y cuatro países latinoamericanos; vigencia de salvaguardias para la importación que hay que eliminarlas y  que han encarecido la adquisición de bienes para el consumidor; inseguridad jurídica para la inversión; falta de una política positiva de comercio exterior.
  3. No obstante ello,  se han difundido diversos ofrecimientos de campaña, relacionados con la oportunidad y la forma en que se pretende superar la crisis, que son incompatibles con la situación financiera actual del país y del gobierno, que podrían crear falsas expectativas entre los ciudadanos y generarían desde mayo próximo graves problemas sociales, derivados de la insatisfacción con los procesos de ajuste necesarios, para restaurar los desequilibrios en la parte fiscal, monetario-financiero y de balanza de pagos.
  4. La Constitución del 2008 debe ser modificada. Reconocemos que contiene factores positivos de carácter social; pero, contiene muchas rigideces para cambiar su propio articulado y las leyes, muchas de ellas “orgánicas”, que deben reformarse, y algunas eliminarse como la Ley de Plusvalía. Se requerirá consensos, que desde hoy los recomendamos, entre todos los sectores políticos para el propósito mencionado.
  5. El abandono de la visión de Gobierno sobre la economía y la concentración del poder deben ser eliminados. El regreso a las tres funciones del Estado, la eliminación denormas como aquellas que produjeron la proliferación del microtráfico de drogas y las que obstaculizan innecesariamente las actividades privadas, no se producirá en el 2017, en el cual, en la práctica, el nuevo gobierno solo tendrá capacidad de acción el segundo semestre.
  1. La Constitución y varias leyes mandan que ciertos funcionarios claves para enrumbar el Estado ya estén en funciones o serán elegidos en los próximos meses por el actual gobierno, para periodos que incluso exceden el del Presidente que se posesione en mayo próximo. Estos funcionarios por delicadeza, deberán renunciar ante el nuevo Presidente del Ecuador.  Hay que  juzgar a los culpables de la debacle nacional y sancionar a quienes corresponda, con todo el peso de la Ley.
  2. Más allá de lo indicado, que dificultará el trabajo de cualquier nuevo Presidente, queremos referirnos de manera especial al crecimiento de la economía y los temas financieros: ingresos y egresos del Presupuesto del Estado, tributos, deuda pública, endeudamiento externo, balanza de pagos, dolarización.
  3. La actual tasa de decrecimiento de la economía no podrá ser revertida en el 2017. Algunos organismos internacionales calculan que tampoco en el 2018 y que recién se entrará en fase de crecimiento en el 2020. Aportan en ese sentido los indicadores que se analizan en seguida.
  4. Los ingresos procedentes del petróleo dependen fundamentalmente del precio del crudo en el mercado internacional y de su volumen que hoy está limitado porque no hay inversiones importantes en el sector, así como las decisiones de la OPEP  en materia de producción.  Hay ciertos factores que pesarán sobre él de manera importante; uno es la decisión del Presidente entrante de los Estados Unidos, de continuar la explotación de los esquistos, para el mercado interno y para la exportación; otro es el irrespeto tradicional de los países de la OPEP a las cuotas reducidas que acuerdan. Estimamos que el precio para el barril de petróleo del país bordeará los 40 dólares y con ello no generará recursos importantes al fisco, ni a la economía,  porque hay que pagar los costos de explotación y de llegada al mercado mundial del crudo, que superan los USD 25; aparte de que se deberá importar combustibles  y pagar a las compañías privadas de prestación de servicios.
  5. La política fiscal actual debe ser abandonada, porque es una amenaza al sistema monetario vigente. La disciplina fiscal que debe aplicarse en los próximos años debe contemplar cero déficit y optimización y cuidadosa vigilancia del uso de los recursos públicos. El gobierno ya no obtendrá ingresos importantes por el petróleo y el financiamiento del Presupuesto se basará fundamentalmente en los tributos. Por lo tanto, hay que limitar el gasto a lo imprescindible, sin afectar las asignaciones presupuestarias a los sectores de salud y la educación.
  6. Hay que eliminar varios impuestos existentes, como el de la salida de divisas, el anticipo del pago del impuesto a la renta,  la plusvalía; pero eso no será fácil. Primero, porque esa decisión requiere de una mayoría en la Asamblea para reformar las leyes y segundo, porque el Estado necesitará los recursos que generan esos tributos, para poder funcionar. Los impuestos que queden deben producir necesariamente un efecto positivo sobre la economía.  El consenso político aquí es básico e indispensable porque el país requiere  una nueva reforma tributaria integral simplificadora y de reducción de impuestos.
  1. La deuda pública ha sido adquirida en forma irreflexiva: plazos cortos, tasas elevadas, condiciones secretas que hay que trasparentar. La interna del gobierno con diferentes entidades: IESS, Banco Central, gobiernos autónomos y otros acreedores habrá que reconocer y determinar que se pagará, adoptando un programa para el mediano o largo plazo; la deuda externa con gobiernos y otros entes hay que renegociar urgentemente, especialmente con China que, al parecer, tiene las mayores acreencias y peores condiciones. Para lograr ese objetivo hay que crear de manera urgente una comisión encargada de la renegociación y adoptar las decisiones complementarias necesarias.  Es necesario que el nuevo gobierno cree el Comité de Deuda Pública  que deberá analizar técnicamente la conveniencia del nuevo endeudamiento del Gobierno.
  1. Será muy complejo el esfuerzo de reducir el desempleo y el subempleo. Para conseguir esa reducción hay que adoptar un programa de recuperación económica, en el cual una meta fundamental sea la generación de puestos de trabajo. La reducción del tamaño del Estado es urgente, también. El ahorro financiero deberá ir  con una mayor asignación a los sectores  sociales, como el de  salud y educación. De otro lado, el sector privado, en una primera etapa y en una economía en decrecimiento, no tendrá mucho espacio para generar nuevos empleos. El Colegio reconoce que es una prioridad dar ocupación a la población, pero ella está ligada al crecimiento económico que se logre. La realidad choca con los buenos deseos y será un gran resultado, incorporar un total de 500 mil personas al trabajo, en los próximos cuatro años, teniendo como objetivo un crecimiento real de PIB del  3% como promedio anual en el próximo periodo presidencial.
  2. La matriz productiva tradicional no ha sido modificada; pero, es necesario cambiarla. Los megaproyectos del gobierno (petroquímica, siderúrgica, astilleros, farmoquímica, farmacéutica), resultaron un fracaso cuando se los quiso llevar a la práctica, siendo el peor el de la Refinería del Pacífico; y, proyectos del sector privado han sido pocos y de bajo nivel, porque no dieron resultado ni el Código de la Producción, ni sus dos reformas. El nuevo gobierno debe trabajar de inmediato en generar condiciones para que se produzca el cambio indicado, con la participación de la academia y la empresa privada, para que se desarrollen proyectos de agroindustria, industria de diversa clase y servicios necesarios a la población. El impulso a la manufactura y los servicios debe estar unido a la ejecución de una política comercial exportadora, porque es innegable que producir solo para el mercado interno no funciona en países como el nuestro, cuando la globalización rige en el mercado mundial cada vez con mayor presencia.  Por otra parte en dolarización, la variable exportación se vuelve críticamente importante y el Gobierno debe fortalecer al sector privado de exportación, eliminando todos los obstáculos que impiden  que el sector sea altamente productivo y eficiente para competir en el mercado internacional.  No se puede exportar impuestos y mano de obra cara.
  1. La solvencia del sistema bancario nacional le conviene al crecimiento económico del país, a la estabilidad política del gobierno y al funcionamiento óptimo de los diversos sectores  productivos. Por lo mismo, las reservas financieras que mantienen los bancos en el Banco Central del Ecuador y que en última instancia pertenecen a los depositantes, no pueden ser irresponsablemente utilizadas como lo ha hecho el actual gobierno, porque ello puede traer consecuencias funestas para la economía, así como para el manteniendo del sistema monetario actual  y para la estabilidad política, generando problemas sociales enormes, como los registrados y aún presentes en varios países amigos.
  1. La restauración del equilibrio de la balanza de pagos significará un gran esfuerzo en varios sentidos: primero, se requiere de una política comercial positiva, que lleve a incrementar los ingresos por exportaciones no petroleras en forma sustancial; posiblemente para eso ayude la aplicación efectiva y dinámica del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, al cual hay que darle mucha atención en la etapa final del actual gobierno y desde el inicio del gobierno entrante; segundo, se necesita la eliminación de las salvaguardias, que en las cifras oficiales habrían dado resultados, pero que en las cifras reales de gran salida de dólares por las fronteras y por el mar y efectos colaterales (como las “reciprocidades” de algunos gobiernos), han sido negativas; tercero, hay que buscar y facilitar la inversión extranjera en el país; para ello, será importante garantizar seguridad jurídica a esa inversión y promoverla para proyectos de exportación, que son los que más demandan recursos y tecnología de punta; cuarto, es urgente, como ya se anotó, la renegociación de la deuda pública externa, a los plazos más largos posible y con años de gracia que faciliten la estabilización de la economía. La deuda del Gobierno al Banco Central del Ecuador y al IESS deben ser  canceladas mediante un programa de pagos en cinco años.
  2. A pesar de la oposición del Presidente de los Estados Unidos a los tratados y acuerdos de libre comercio, para el país es fundamental negociar una fórmula de acceder con la mayor facilidad posible al mercado estadounidense, que significó la tercera parte de la demanda por productos nacionales en el año 2016. En todo caso, se necesita preparar y aplicar una estrategia de mayor cobertura de ese mercado, sobre la base de una mejor cobertura con los productos que ya se exportan, el desarrollo de clúster cercanos a los principales productos para incrementar el valor agregado exportado y la investigación, al interior del país del norte, de demanda potencial por otros bienes y servicios.
  3. Todos los señores candidatos han hablado de mantener la dolarización. Pero, obviamente, ese resultado no se logra con palabras sino con hechos. Desde el primer día de labores del nuevo gobierno hay que trabajar en mejorar las condiciones del sector externo; puesto que él es clave para evitar que en el Ecuador se produzca una crisis financiera que, en comparación, sería muchas veces más grave que la de 1999.
  4. La situación del IESS es de crisis financiera. Se requiere devolver al Seguro Social la deuda al seguro de salud, que debe estar alrededor de 2.300 millones de dólares, sin intereses y restaurar la contribución estatal del 40% al sistema de pensiones. La reforma al Sistema de Seguridad Social también es urgente y los candidatos a la presidencia de la república tiene que tener presente.
  5. Finalmente, el Colegio de Economistas de Pichincha rechaza todas las formas de corrupción, pero especialmente las de los funcionarios “socialistas” que proclamaron “manos limpias” ; y, considera que es urgente recuperar la autonomía y la capacidad efectiva de la Contraloría General del Estado,  para autorizar, antes de la contratación, el gasto en los proyectos estatales y de la Fiscalía General del Estado, de controlar efectivamente el correcto uso de los recursos públicos, evitando la corrupción, el parentesco y el compadrazgo. Ello debe empezar porque sea la Asamblea Nacional la entidad que nombre al Contralor y al Fiscal reconociendo sus conocimientos y experiencia, pero sobre todo comprobando su integridad moral y rectitud.

 

COMISIÓN  TÉCNICA

Econ. César Robalino Gonzaga                                Econ. Luis Luna Osorio

BOLETÍN 137: TAREAS DEL PRESIDENTE 2017 – 2021

ECO. LUIS LUNA OSORIO MBA                                  ENERO 26 DE 2017

Como señalé en el Boletín anterior, después de la “década ganada” del gobierno, el Ecuador queda con serios problemas políticos, económicos y sociales, a los cuales hay que añadir resquebrajamientos morales y culturales notorios.

La población está dividida en dos facciones irreconciliables: la de quienes siguen a Correa y piensan que se han cumplido los objetivos de Alianza País más allá de lo esperado; y, los que consideran que se perdió la mejor oportunidad de la historia nacional para llevar al país al desarrollo. Eso traerá graves problemas de gobernabilidad en los años futuros, no solo entre 2017 y 2021. Al nuevo Presidente le corresponde crear y consolidar un clima de paz en el país y que sean los argumentos con fundamentos sólidos y no los insultos y peor las armas, los que hagan prevalecer las posiciones de la gente o del gobierno.

Existen numerosas demandas reales y potenciales de inconstitucionalidad con respecto a medidas y normas impuestas por el gobierno saliente. Personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, que piensan que han sido afectadas en sus derechos y entidades que fueron muy mal tratadas, irán a la Función Judicial o a organismos internacionales, para que se resuelvan sus problemas. En varios casos, eso puede llevar a que el Estado deba pagar importantes cantidades de dinero por indemnizaciones. El Estado debe estar preparado para defender lo defendible y reconocer los errores o abusos del gobierno saliente, muchos de los cuales son evidentes.

La institucionalidad nacional está seriamente afectada. En la Constitución y en las leyes se introdujeron reformas no discutidas por los entes legisladores; las entidades públicas, en la práctica, fueron adscritas a la “Jefatura del Estado” por diez años;  en diversos casos se han acomodado o violentado  normas y se han nombrado funcionarios dóciles al poder, para lograr los propósitos del Ejecutivo.

Incluso, varias autoridades simpatizantes o partes de Alianza País, nombradas en organismos claves del Estado (Contraloría, Fiscalía, por ejemplo), tendrán nombramientos vigentes, en algunos casos, hasta más allá del periodo de Presidente entrante, que harán todo lo posible por evitar que se conozcan los graves errores del  gobierno actual o que serán juez y parte en los conflictos gubernamentales con personas naturales y jurídicas del país y del exterior. Al gobierno entrante le corresponde encontrar las vías más adecuadas para que esas autoridades cesen en sus funciones, cuando hayan conseguido los cargos por parentesco, compadrazgo o concursos amañados.

Es evidente el decrecimiento de la economía, que no será solucionado en el próximo periodo presidencial, a menos que el nuevo Presidente tenga la capacidad y en el país se cree el ambiente requerido para cambiar la tendencia rápidamente, con un gran esfuerzo de imaginación y decisiones prontas y acertadas. Para dinamizar el aparato productivo, tendrá que haber estabilidad política (difícil de conseguir, cuando hay tantos grupos políticos que ambicionan “servir al pueblo”); seguridad jurídica, posible de obtener si el Ejecutivo da confianza interna y externa en el sentido de que hará lo suyo y respetará a las otras funciones del Estado; condiciones favorables legales y fiscales para la inversión en general; reducción del aparato del Estado a lo mínimo necesario; eliminación de procedimientos y trámites que entorpecen las actividades de las personas, no aportan al desarrollo y favorecen la corrupción de altos ejecutivos y de funcionarios de distintos niveles; presencia internacional profesional.

Los ingresos reales del nuevo gobierno no serán ni de lejos los que tuvo el anterior y su Presupuesto anual se verá comprometido con el pago de la deuda pública, por valores superiores a 4 o 5 mil millones de dólares, que estarán entre el 20 y el 25% de los ingresos si es que se renegocia a diez años; o más, si no se puede renegociar. La renegociación debe traer aparejada la modificación de los términos de la deuda pública vigente, que no solo tiene altos intereses y plazos cortos, sino que registra cláusulas “secretas” que hay que transparentar.

La mitad de la población en capacidad de trabajar no tiene empleo o está subocupada (sin ganar ni siquiera el salario mínimo vital) y el porcentaje sube cada día. A ello hay que agregar que el gobierno tiene una cantidad de empleados con pocas funciones o en “buen vivir”, solo para tener un número importante de adherentes. Entonces, el reto del próximo gobierno es generar en el sector privado plazas de trabajo “digno”, como se llama ahora al trabajo con remuneración mayor a la mínima, para la gente desocupada y subocupada; pero, también para quienes hay que desplazar del sector público.

Este gobierno no logró cambiar la matriz productiva ni la estructura de las exportaciones nacionales. Hizo, hay que reconocer, un cambio importante, pero eventualmente sobredimensionado y por tanto costoso, de la matriz energética, que debe servir para desarrollar la industria nacional y cubrir mejor las necesidades de la población, en sus hogares y en el alumbrado público. Tarea prioritaria del nuevo gobierno debe ser efectivizar el cambio de la matriz productiva, con el concurso dinámico de la empresa privada en el desarrollo de proyectos claves en los bienes y servicios con mayor facilidad de impulsar.

Los megaproyectos industriales quedaron escritos y el que iba a ser el símbolo del cambio, la refinería del Pacífico, fue el mayor desastre financiero y empresarial del gobierno. Los 1200 millones de dólares gastados en ese proyecto representan ahora mucho más de 1500 millones, teniendo en cuenta el costo de oportunidad del dinero, y si se hubiera construido, igual sería un error, porque producir combustibles con petróleo importado, para venderlos subsidiados, no es negocio para nadie. La siderúrgica, los astilleros, la farmoquímica, fueron fuegos artificiales que se apagaron en muy poco tiempo. Por otra parte, hay algunos proyectos industriales que han cambiado en algo la producción de algunas empresas privadas, pero esos proyectos no inciden en el cambio de la matriz productiva nacional, que sigue siendo la tradicional.

La agricultura, generadora de los alimentos nacionales, de buena parte de las exportaciones y base de la agroindustria, ha sido poco menos que ignorada, cuando debió dársele la mayor importancia, para tecnificarla, volverla competitiva y solucionar problemas de empleo en el campo. El “socialismo” no llegó al sector rural. El PIB promedio anual de la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura para los años 2007 – 2015 fue de solo 3,3% y se originó en la mayor producción de banano, cacao, flores y pocos productos de exportación.

Con respecto a las exportaciones, en más del 70% son de los mismos seis productos anteriores al 2007, tienen los mismos seis destinos principales y no han elevado su nivel tecnológico. Para el nuevo gobierno, una tarea importante y urgente es hacer que el Acuerdo Comercial con la Unión Europea rinda frutos; porque es necesario y la atención de la ciudadanía está puesta en él. Lo inmediato es lograr que las exportaciones de los productos nacionales que ya se venden allá se multipliquen, con la confianza que da el tener las preferencias arancelarias y el trato especial asegurados por largo tiempo; la segunda etapa es hacer que esas exportaciones gradualmente vayan mejorando su valor agregado nacional, sobre la base de clusters de producción; una tercera acción es buscar de inmediato y encontrar en el menor plazo, bienes y servicios  nuevos que se pueda exportar a Europa. Para ello se necesita el apoyo estatal, en todos los frentes: legal, tributario, financiero, institucional, internacional.

El Presidente entrante, cualquiera que sea, el día que gane las elecciones deberá, con toda su fe, rezar a Dios que ilumine a él y a su equipo, para enfrentar una crisis nacional multifacética de enormes proporciones: 1) eliminar el presidencialismo a ultranza, para que las  funciones del Estado cumplan sus roles con la independencia necesaria; 2) crear condiciones para que la economía retome el rumbo del progreso y lo mantenga en el tiempo; 3) hacer que la carga de la reorientación política y económica no recaiga con dureza sobre las clases más necesitadas; 4) reformar las leyes relativas a la educación, para que los niños y jóvenes tengan la formación secuencial, complementaria y moral y técnica más exigentes; recuperar el prestigio internacional del país, mediante una diplomacia profesional, experta y dinámica.

Para avanzar hacia esos objetivos, con la premura del caso, se debería:

Convocar a una consulta popular sobre la forma más idónea de cambiar partes importantes de la Constitución, introducidas por los actuales gobernantes para llevar al país al socialismo del Siglo XXI; entre ellas, aquellas que fortalecen el estatismo, el presidencialismo, el populismo y el dispendio de los recursos, e ignoran los imprescindibles controles estatales previos técnicos y financieros. Hay que limitar el uso masivo e indiscriminado de los “decretos de emergencia”, que son la base de todas las formas de corrupción en las tareas estatales.

Elaborar tres planes: anual, cuatrienal y estratégico (de visión para por lo menos unos 12 años), no para que el gobierno se quede ese tiempo y ni siquiera 8 años en la Función, sino porque se debe tener objetivos de corto, mediano y largo plazo; y, entre estos últimos, los que rebasen un periodo presidencial, porque los grandes proyectos de infraestructura y las grandes empresas necesitan periodos de maduración de varios años, antes de estar operativos o de empezar a producir; y, varias políticas deben ser de Estado, no coyunturales.

Preparar un conjunto de proyectos de Ley para someter a la Asamblea el primer día del ejercicio del nuevo gobierno. El proyecto más importante sería aquél que haga posible derogar o modificar varias leyes “orgánicas” aprobadas sin sustento técnico o cuyo fin es fortalecer al gobierno central en desmedro de los intereses nacionales. A propósito de ello, hace falta en la Asamblea Nacional, una Comisión Permanente de Reducción del Marco Legal nacional, que es enorme y enredado y que ni siquiera los expertos especialistas conocen totalmente.

El primer mensaje al pueblo no debe ser solo de ofrecimientos, sino de explicaciones con respecto a por qué el Presidente desea que rijan las leyes y decretos que proponga y para anunciar otras acciones del primer año de labor.

El Presidente necesita contar con por lo menos tres candidatos para cada una de las funciones más importantes de la Función Ejecutiva.  Cada uno de ellos debería contar con tres cualidades verificables en cualquier momento y por cualquier interesado: honradez, conocimientos y experiencia. Ministros, embajadores y otros altos funcionarios deberían ser nombrados sin presiones de ninguna clase, y ellos deberían comprometerse, al posesionarse y salir del cargo, a declarar su patrimonio y el de sus familiares más cercanos, sin “olvidos”.

A propósito de esto, el autor de este blog considera que todos los ciudadanos, a partir de los 18 años de edad, cada 5 años (en el caso de los funcionarios y empleados públicos, al iniciar y al terminar sus funciones) deberían declarar su patrimonio y el de sus esposos e hijos; porque es importante erradicar la corrupción de alto vuelo, pero también la chica, que permite a un empleado público o privado con salario bajo, tener auto caro, casa amplia y viajar con frecuencia, al poco tiempo de entrar a trabajar.

El Presidente debe jurar que respetará la Constitución 2008, pero debe advertir que, por el medio más rápido e idóneo, promoverá su reforma inmediata, porque esa Norma fue elaborada para construir el camino al socialismo del siglo XXI y hay que cambiar muchos de sus artículos, ahora orientados al estatismo, el populismo, el autoritarismo presidencial y pienso, al “subdesarrollo crónico”.

Es necesario que el Estado cuente con las tres funciones tradicionales, al respeto democrático de la independencia de cada una de ellas y a la promoción de su interdependencia cuando ésta sea requerida por el interés nacional. Junto con ello, se debe garantizar las libertades individuales,, la comunicación y la seguridad jurídica para propios y extraños, señalando que el Ejecutivo respetará absolutamente sus compromisos nacionales e internacionales, al igual que los contratos que hayan sido suscritos legal y honradamente con empresas del interior o de fuera del país.

Un compromiso esencial del nuevo gobierno debe ser la devolución de la autonomía a las universidades, al IESS y al Banco Central y la devolución de los recursos de la seguridad social civil, militar y policial a sus legítimos propietarios (afiliados y jubilados), para que el sistema pueda cumplir con eficiencia sus funciones. Además, una reforma constitucional debería prohibir que el BIESS sea la “caja chica” del gobierno, afectando los intereses de afiliados y jubilados.

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