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Julio 4, 2014

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Julio 4, 2014

Código Monetario: el BCE toma la liquidez de la banca

El proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero permite, por escrito, que la liquidez del sistema financiero circule en la economía como préstamo. El artículo 119 estipula que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera definirá las políticas de liquidez para garantizar la eficacia de la política monetaria enfocada a la consecución de los objetivos establecidos en el Código. Asimismo, establecerá y regulará los instrumentos de política monetaria a utilizarse, tales como: reservas de liquidez, proporción de la liquidez domestica y la composición de la liquidez total, las tasas de interés, operaciones de mercado abierto y ventanilla de redescuento, entre otros, La implementación de estos instrumentos se hará a través del Banco Central del Ecuador.
Para el analista económico Pablo Lucio Paredes esto no es nuevo en el país. “Estos años el Gobierno ha obligado a la banca a traer recursos que estaban en el exterior, a través del llamado índice de liquidez doméstica que ha ido aumentando. Entonces, cada vez hay un mayor porcentaje de liquidez que la banca la tiene que tener en el Ecuador y en particular en el Banco Central”
“De hecho -continúa el analista- el BCE ha prestado ese dinero a entidades públicas como la Corporación Financiera Nacional”.
Precisamente, el Código Monetario plantea en el artículo 122 que el Banco Central podrá invertir los excedentes de liquidez de la economía en las entidades del Sector Financiero Público, por medio de instrumentos financieros reembolsables de inversión doméstica.
En cambio, para el sector privado se amplía el argumento: El Banco Central del Ecuador podrá invertir los excedentes de liquidez de la economía en las entidades del Sector Financiero Privado o entidades del segmento uno del Sector Financiero Popular y Solidario, por medio de instrumentos financieros reembolsables de inversión doméstica, previa rendición de garantías con títulos emitidos por el ente rector de las finanzas públicas, títulos del Banco Central del Ecuador o cartera de créditos…
Pablo Lucio Paredes dice que lo que ahora hace la ley es darle un carácter más legal. Sin embargo destaca que la liquidez que tiene la banca sirve para precautelar el dinero por cualquier necesidad frente a problemas de la economía, sean estos retiros de sus clientes… “Lo lógico es que cada entidad decida cuál es la liquidez que le parece conveniente tener”. En ese sentido, este Código le permite al Gobierno decidir cuál es la liquidez que requiere y si sobra esa liquidez la puede prestar en el mercado. Pero al prestarse en el mercado, esa liquidez deja de ser algo disponible.
Lucio Paredes explica que en general, en el mundo la tendencia en los últimos años ha sido tener menos liquidez y el papel del regulador ha sido obligar a la banca a tener más liquidez para bajar el riesgo en la economía. “Ecuador debe ser de los pocos casos en el que los bancos quisieran tener más liquidez y el regulador estatal les obliga a tener menos y que una parte de ese dinero se pueda prestar en la economía. Es una visión diferente de la economía. Creo que eso a la larga es aumentar la incertidumbre porque hay menos reservas y menos liquidez para proteger a la economía y cualquier problema. Esto denota los problemas de liquidez del Gobierno”.
Otro de los puntos que establece el Código es la emisión de valores por parte del Banco Central y su consecuente préstamo en el mercado. El artículo 124 plantea que la Junta de Regulación autorizará al Banco Central del Ecuador, dentro de los límites de sostenibilidad de la balanza de pagos, la emisión de valores denominados Títulos del Banco Central TBC, que serán de renovación automática y respaldados en su totalidad con los activos del Banco Central del Ecuador. Además, señala que estos valores se negociarán en el mercado primario solamente con el ente rector de las finanzas públicas, salvo excepción expresa y unánime de la Junta, servirán para el pago de tributos y cualquier otra obligación para con el Estado, a su valor nominal, y no serán consideradas deuda pública.
El Gobierno se protege de estas acciones y en el artículo 126 plantea que el Banco Central podrá otorgar créditos a través de la ventanilla de redescuento para cubrir las deficiencias de la reserva de liquidez, pero si las entidades financieras inclumplen el pago, esto podría ser una causal de liquidación forzosa y los valores de la cartera o títulos redescontados tendrán prioridad de pago. (JB)

Artículos del Proyecto de Código Monetario que respaldan la liquidez y la emisión de papeles
Artículo 116 Liquidez: La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera definirá las políticas de liquidez para garantizar la eficacia de la política monetaria enfocada a la consecución de los objetivos establecidos en este Código. Asimismo, establecerá y regulará los instrumentos de política monetaria a utilizarse, tales como: reservas de liquidez, proporción de la liquidez domestica y la composición de la liquidez total, las tasas de interés, operaciones de mercado abierto y ventanilla de redescuento, entre otros, La implementación de estos instrumentos se la hará a través del Banco Central del Ecuador.
Artículo 117 Informes sobre liquidez: El Banco Central del Ecuador, en coordinación con el ente rector de las finanzas públicas y el ministerio a cargo de la política económica, deberá presentar de forma periódica a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, un informe de la liquidez de la economía del país, que servirá de base para la adopción de las políticas que correspondan en la materia.
Artículo 118.- Proporción de liquidez doméstica.- Las entidades del Sistema Financiero Nacional, para conservar un nivel de liquidez adecuado que promueva el crecimiento y el trabajo, están obligadas a mantener en el país la proporción de la liquidez total que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Artículo 119 Reservas de liquidez.- Las entidades del Sistema Financiero Nacional y las entidades no financieras que otorgan crédito por sobre los límites que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, están obligadas a mantener reservas de liquide/ en el Banco Central del Ecuador respecto de sus activos y/o pasivos, de acuerdo a las regulaciones que se expidan para el efecto, las que podrán ser establecidas por segmento de crédito, tipo de entidad, sector y actividad, entre otros.
Los excesos de reservas de liquidez depositados en cuentas corrientes podrán, de forma transitoria, ser remunerados conforme lo establezca la Junta. Esta remuneración no podrá superar al equivalente de la variación anual del índice de precios al consumidor del año inmediato anterior, para el período de exceso de reservas.
Artículo 121 Sanción por deficiencias de liquide: Si la proporción de liquidez doméstica de una entidad financiera acusara deficiencia, el Banco Central del Ecuador aplicará una multa equivalente a Ja tasa máxima legal de interés vigente a la fecha del incumplimiento, calculada sobre el monto de la deficiencia, sin perjuicio de la obligación que tiene la entidad financiera de superar la deficiencia en forma inmediata.
Artículo 122 Inversión de excedentes de liquidez. El Banco Central del Ecuador podrá invertir los excedentes de liquidez de la economía en las entidades del Sector Financiero Público, por medio de instrumentos financieros reembolsables de inversión doméstica.
El Banco Central del Ecuador podrá invertir los excedentes de liquidez de la economía en las entidades del Sector Financiero Privado o entidades del segmento uno del Sector Financiero Popular y Solidario, por medio de instrumentos financieros reembolsables de inversión doméstica, previa rendición de garantías con títulos emitidos por el ente rector de las finanzas públicas, títulos del Banco Central del Ecuador o cartera de créditos con calificación de al menos A. Los recursos que la entidad financiera mantenga en el Fondo de Liquidez se constituirán e» garantía de última instancia sobre las operaciones de inversión doméstica.
Artículo 124.- Emisión de valares del Banco Central del Ecuador: La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con el voto unánime de sus miembros, autorizará al Banco Central del Ecuador, dentro de los límites de sostenibilidad de la balanza de pagos, la emisión de valores denominados Títulos del Banco Central TBC, que -serán de renovación automática y respaldados en su totalidad con los activos del Banco Central del Ecuador. Los Títulos del Banco Central TBC se emitirán por tipos o series que podrán tener diferentes características.
Estos valores se negociarán en el mercado primario solamente con el ente rector de las finanzas públicas, salvo excepción expresa y unánime de la Junta, servirán para el pago de tributos y cualquier otra obligación para con el Estado, a su valor nominal, y no serán consideradas deuda pública. Se exceptúan de la inscripción en el Registro de Mercado de Valores cuando su negociación se realice en el mercara privado.
Articulo 126,- Ventanilla de redescuento: El Banco Central del Ecuador podrá efectuar operaciones de redescuento, que podrán tener d carácter de revolventes, de cartera de créditos y de títulos de largo plazo emitidos por el ente rector de las finanzas públicas o Títulos del Banco Central TBC, con entidades del Sistema Financiero Nacional aportantes del Fondo de Liquidez previamente calificadas en cuanto a su perfil de riesgo y requisitos mínimos de solvencia.
En caso que las entidades financieras receptoras de las operaciones de redescuento incumplan con los pagos establecidos, el Banco Central del Ecuador declarará de plazo vencido la totalidad de la operación redescontada y requerirá al Fondo de Liquidez que Je transfiera de manera inmediata los valores adeudados pendientes, con cargo a los aportes de Ja entidad financiera que corresponda, sin que medie autorización adicional alguna. El incumplimiento de la entidad financiera en la restitución de los valores al Fondo de Liquidez será causal de liquidación forzosa.
En caso que las entidades financieras receptoras cíe las operaciones de redescuento entren en proceso de liquidación, los valores de la cartera o títulos redescontados tendrán prioridad de pago.

El Telégrafo

Julio 4, 2014

Mañana la comisión de régimen económico entregaría el informe para primer debate de la normativa.

Jubilados hacen 3 observaciones al Código: Un aspecto que les preocupa es el manejo de fondos previsionales. Galo Borja, vicepresidente de la Comisión del proyecto, asegura que los dineros seguirán siendo administrados de forma responsable.

 

La norma plantea que “los recursos de los fondos previsionales públicos del IESS se transferirán al Biess, en la forma y la periodicidad que establezca la Junta”.

Hasta mañana está previsto que el pleno de la Comisión de Régimen Económico presente en la Asamblea el informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero, por lo cual continúa recibiendo las observaciones de los sectores involucrados en la propuesta del Ejecutivo.

Uno de esos sectores es la Asociación de Jubilados del Ecuador, que por intermedio de su vocero, Édison Lima, planteó que se revise la modificación del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), el encargo a la Superintendencia de Bancos por 180 días y lo referente al manejo de los fondos previsionales.

Según la propuesta de Código Monetario, “el directorio del Banco del IESS estará conformado por 5 miembros”.

Estos serán el delegado del presidente de la República, el titular de la secretaría de Estado a cargo de la política económica y el titular de una secretaría de Estado a fín a la actividad o sus delegados. Habrá además un delegado de los afiliados y uno de los jubilados para que haya mayor representación.  

Lima manifestó estar de acuerdo en que se incremente el número de  vocales del directorio, pero que esto sea paritario, por lo cual propone que aumente un delegado de los servidores públicos y que se mantenga que quien presida el organismo tenga el voto dirimente.

Uno de los aspectos que más le preocupa es lo que se refiere a los fondos previsionales, contenido en el numeral 10 de la Disposición Reformatoria Vigésima Primera del Código Monetario, al considerar que existirían visos de inconstitucionalidad. El fondo previsional es una parte del aporte jubilatorio de los trabajadores afiliados, el cual se invierte con el fin de generar ganancias en las cuentas de ahorro individuales.

La norma plantea que “los recursos de los fondos previsionales públicos del IESS se transferirán al Banco, en la forma y la periodicidad que establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en las normas que expedirá para el efecto”.

Lima consideró que “esto estaría en contradicción con el artículo 372 de la Constitución, que determina que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio”.

Estos aspectos fueron contrastados por el vicepresidente de la Comisión, Galo Borja, quien explicó que durante la etapa de transición en que se hará el cambio del directorio del banco.

De acuerdo con Borja los miembros actuales seguirán en sus funciones hasta ser reemplazados, pero estarán acompañados por la Superintendencia de Bancos. Descartó que se incremente un miembro más al directorio.

Borja precisó que en el proyecto no hay vicios de inconstitucionalidad tal cual mencionó el representante de los afiliados.

Sostiene que el hecho de que la Junta de Regulación Monetaria establezca reglas de los fondos previsionales, no le da autoridad para utilizarlos de una manera diferente a la que se ha venido haciendo. “Los recursos van a seguir siendo manejados responsablemente”, dijo.

 

 

El Telégrafo

Julio 4, 2014

El Banco del Sur prepara su funcionamiento en la región

 

El Consejo de Administración del Banco del Sur tuvo el martes su primera reunión de trabajo en Caracas, Venezuela, a fin de acelerar la puesta en marcha de la entidad.  

En el encuentro se informó que el Consejo de Ministros se reunirá este 24 y el 25 de julio en Buenos Aires, para concretar los aportes de capital y nombrar el directorio ejecutivo y el presidente del Banco del Sur.

Andrés Aráuz, viceministro de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), participó en la cita en calidad de representante del Ecuador al Consejo de Administración del banco.

El funcionario indicó que la reunión del Consejo de Administración fue aprovechada para solidarizarse con la República de Argentina, ante la disputa de los llamados ‘fondos buitre’, en el contexto de reestructuración de su deuda. El Consejo alentó la posibilidad de “alcanzar acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo a los países hacer frente a problemas de sustentabilidad de deuda de forma ordenada”.

Aráuz señaló que “el Banco del Sur es una salida para fortalecer la integración regional ante ataques del capital”. Agregó que la entidad buscará la consecución de la soberanía alimentaria, energética, de la salud, de los recursos naturales y del conocimiento para toda  la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El banco financiará proyectos de desarrollo en sectores claves de la economía, orientados a mejorar la competitividad, el desarrollo científico-tecnológico, la infraestructura, la generación y provisión de servicios, la complementariedad productiva intra-regional y la maximización del valor agregado a las materias primas producidas y explotadas en los países de la región; proyectos de adecuación, expansión e interconexión de la infraestructura regional; y de creación y expansión de cadenas productivas regionales.

Entre las funciones del Banco del Sur consta favorecer el proceso de integración suramericana, mediante el desarrollo de un sistema monetario regional, el incremento del comercio, el ahorro interno de la región, así como con la creación de fondos de financiamiento para el desarrollo regional.

 

El Telégrafo

Julio 4, 2014

$ 10 millones en negocios es el objetivo de la Feria Expo USA .  La cita comercial será del 23 al 25 de octubre

 

Con exposiciones comerciales, ruedas de negocios y festival gastronómico y cultural, la feria Expo USA 360, a realizarse en octubre en Guayaquil, espera generar negocios entre EE.UU. y Ecuador por alrededor de $ 10 millones.

Se trata de la segunda cita comercial de este tipo en el país, organizada por la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio (Amcham), y la Corporación de Promociones e Inversión (Corpei).

La primera edición se llevó a cabo en 2012 y logró negocios por $ 5 millones, recordó el presidente de Amcham, Ricardo Estrada, por lo que la aspiración este año es obtener el doble.

El objetivo de esta iniciativa es que los empresarios ecuatorianos tengan una visión global del mercado de Estados Unidos y generar alianzas comerciales, así como oportunidades para pequeñas, medianas y grandes empresas.

Adicionalmente, el evento contará con un espacio de conferencias respecto a comercio, logística, propiedad intelectual y tecnología, entre otros temas.

De acuerdo con cifras de Amcham, el año pasado el intercambio comercial bilateral entre ambos países generó $ 19.000 millones, con una balanza a favor de Ecuador por $ 3’568.218. Según Estrada, en el primer cuatrimestre de este año la balanza favorable alcanzó $ 1.260 millones.

De las exportaciones de Ecuador, 77% corresponde a petróleo y el resto se reparte en productos como banano, camarón, atún y flores, así como oro en barra en 3%

En contraparte, uno de los principales rubros de importación desde el país norteamericano es el de productos de aseo personal, así como maquinarias y tecnología.

Estrada comentó que esta feria nació como una iniciativa, tras el cese de las preferencias arancelarias que ofrecía el Atpdea a Ecuador. “La idea era que las relaciones bilaterales, tanto en la parte comercial como cultural, no se vieran afectadas, o que su efecto se minimizara”, dijo el empresario.

 

El Comercio

Julio 4, 2014

LA INVERSIÓN PÚBLICA ES MAYOR LUEGO DE 10 AÑOS

 

Durante el 2013 la inversión pública, por primera vez en la última década, superó a la privada. Así lo indica un informe de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). El documento concluye que el 55% de la inversión en el país fue del Estado y el 45% del sector privado. De hecho, la primera ha mantenido un crecimiento paulatino durante los últimos cinco años, lo que refuerza el planteamiento de que el Gobierno ha sido el motor de la economía nacional.

Hoy

Julio 4, 2014

El derrame de crudo afecta a 200 familias en Sucumbíos

Los primeros resultados del derrame de 2 000 barriles en la línea 123/4 del Oleoducto señalan que hay más de 200 familias afectadas. Así lo dio a conocer la radio Sucumbíos en su portal web.

La emisora señala que según testimonio de finqueros afectados, el hecho se produjo a las 18 horas del martes 1 de julio.
El crudo derramado afectó al río Parahuaico, el mismo que desemboca en el Aguarico que también resultó contaminado por el derrame.
“El volumen de crudo que bajaba por el río a la media noche que me di cuenta es bastante, siquiera unos 50 centímetros de espesor que bajaba sobre el agua”, comentó Segundo Medina, finquero afectado.
Cuadrillas de contingencia trabajan en la recolección del crudo derramado, el río Parahuaico como en el Aguarico. Según sus declaraciones el río del que las comunidades se abastecían de agua está lleno de crudo. La mancha de crudo recorrió varios kilómetros de la parroquia Dureno (cantón Lago Agrio – Sucumbíos) y paso la jurisdicción de la parroquia Pacayacu (cantón Lago Agrio – Sucumbíos), alcanzó al Río Aguarico que pasa por el cantón Cuyabeno.
Las comunas indígenas como Cofan Dureno, Ñucanchi Llacta, Brisas del Aguarico, más varios recintos y comunidades de colonos, están afectadas, señaló el presidente del gobierno parroquial de Pacayacu, Henri Castro, según la radio Sucumbíos.
La tarde de ayer, Petroamazonas informó que 1 800 barriles ya fueron recuperados.
El ducto se fisuró a lo largo de 20 centímetros del cordón de soldadura. Esto ocurrió porque la mesa de la vía cedió y lo desplazó. La empresa pública espera concluir el arreglo el 3 de julio. Mientras eso ocurre, el crudo es almacenado en tanques de las estaciones de producción Sucumbíos y Atacapi

 

El País

Julio 4, 2014
América Latina, en la encrucijada.

Aumentar la productividad y reducir la desigualdad son los principales retos para el crecimiento de la región tras el fin del boom de las materias primas

 “Los vientos están cambiando para la región”. “Ahora, por lo menos sabemos lo que no queremos”. Estas dos frases, la primera pronunciada por Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, en la apertura del VI Fórum Económico Internacional sobre América Latina  y el Caribe celebrado el pasado lunes en París, y la segunda por el presidente de Perú, Ollanta Humala, en su clausura, encerraron cuatro horas de seminario dedicadas a debatir el camino a seguir por las economías latinoamericanas una vez terminado el carnaval de las commodities, la llamada Década Dorada propiciada principalmente por el tirón de la demanda china y los altos precios de las materias primas, sobre todo, de los minerales.

Los debates pusieron de manifiesto lo logrado durante estos años, como la solidez macroeconómica y la estabilidad democrática —entre 2012 y 2015 un total de 14 países habrán celebrado elecciones sin que dieran lugar a crisis de legitimidad—, pero también la decepcionante evolución de las economías del continente —con un crecimiento promedio del 2% del PIB frente al 5% de no hace tanto tiempo— y la urgencia de tomar las decisiones correctas en un momento crucial.

La selección mundial de expertos reunidos en París —Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Danilo Astori, vicepresidente de Uruguay; Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana; Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL; Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, entre otros— coincidieron en el diagnóstico y también, con matices, en los remedios.

Cinco males fueron identificados: la baja productividad, “bestia negra”, como dijo Gurría, que lastra el crecimiento del continente —en 20 años solo registró un aumento del 1,6% frente al 3% de países como Corea del Sur, Turquía o Polonia—; la desigualdad, que hace de América Latina la región más injusta del mundo—el 20% más rico capta en promedio el 47% del ingreso total—; la informalidad en el empleo, que afecta al 55% de sus trabajadores —unos 130 millones de personas—; la escasa capacidad de recaudación fiscal —del 13,6% del PIB en 1990 ha pasado al 20,7% ahora, muy lejos aún del 34,1% de media en los países de la OCDE— y la falta de inversiones en infraestructuras —una media de 2,5 puntos del PIB frente al 6 de los países asiáticos—, lo que dispara los costes de exportación en comparación con sus rivales comerciales.

Hubo consenso en la urgente necesidad de una revolución educativa, “tanto en lo que se refiere a la inclusión social de mujeres y jóvenes como a la búsqueda de la excelencia”, como dijo el vicepresidente Astori, como primer paso para mejorar la productividad, y en la apuesta por la calidad y la apertura de la sociedad.

También en la importancia de fomentar una mayor cooperación internacional e integración regional para abordar los grandes proyectos de infraestructuras así como en la defensa de las pymes frente al poder de los monopolios.

En cuanto a la desigualdad, la secretaria ejecutiva de la CEPAL rebajó la euforia de algunos gobiernos latinoamericanos: “Hablan de haber creado una nueva clase media y es verdad que millones de personas han salido de la pobreza, pero no son clase media por su capacidad de ahorro sino por su capacidad para endeudarse comprando bienes importados”. En este contexto, Alexandre Meira da Rosa, gerente del sector de Infraestructura y Medio Ambiente del BID, subrayó el vertiginoso proceso de urbanización de América Latina y la presión que sus habitantes, ahora con mayor poder adquisitivo, ejercen sobre unas autoridades incapaces de satisfacer las demandas de mejores servicios públicos.

En resumen, reformas y libre comercio, o dicho de otra manera la Alianza del Pacífico (México, Colombia, México, Perú y Chile) como modelo a imitar frente al estancamiento de Mercosur o la vía al subdesarrollo de Cuba y Venezuela, para afrontar la encrucijada en que se encuentra el continente.

En el tintero se quedaron las dificultades para aplicar y desarrollar esas reformas, el problema de la debilidad institucional de la mayoría de los países, lo que se traduce generalmente en exceso de burocracia, corrupción e impunidad, o el debate sobre si las conquistas de hoy serán reversibles mañana, si a la Década Dorada sucederá otra Década Perdida. Pero, al menos, como dijo Humala, parece que esta vez América Latina tiene claro lo que no quiere.

El País

Julio 4, 2014

Unas de cal y otras de arena

Se sabe que América Latina es tierra de paradojas muy complejas. Eso lleva a que en la búsqueda de describir o “entender” ciertos procesos, se caiga en enormes simplificaciones que suelen tener poco que ver con lo que realmente ocurre. Eso pasa con el tema de las migraciones y los lugares comunes al respecto. Por ejemplo, la idea de que los latinoamericanos estarán buscando siempre emigrar masivamente hacia el “mundo desarrollado”. O, alternativamente, la de que la “fuente de todos los males” sería la política migratoria de EE UU.

La realidad da cuenta de procesos multifacéticos, alejados de esas simplificaciones. Veamos dos de esas caras. Por un lado, durante los últimos diez años en buena parte de América Latina el fenómeno migratorio ha sido muy distinto del que imaginan los policías de frontera norteamericanos y europeos. Por otro lado, el hecho simultáneo de la reciente explosión migratoria de menores centroamericanos hacia México, que ha llevado a que en los últimos nueves meses cerca de 52.000 menores no acompañados hayan ingresado en EE UU sin seguir el procedimiento migratorio regular.

El actual fenómeno migratorio regional lo que prevalece y manda es el crecimiento entre los países latinoamericanos.

Primero lo primero: en el actual fenómeno migratorio regional lo que prevalece y manda —como tendencia— es el crecimiento de la migración entre los países latinoamericanos así como la disminución de los flujos hacia EE UU y Europa. Dentro de Sudamérica más de 1.700.000 personas migraron en la última década por razones laborales. Montos sin precedentes. En varios países los extranjeros residentes aumentaron exponencialmente: en Brasil más del 57% en los últimos dos años (de 961.000 a 1.510.000); en Chile, un 91% en los últimos ocho años; Argentina, por su lado, recibió en estos años a 500.000 paraguayos, 345.000 bolivianos y 157.000 peruanos. Simultáneamente, disminuía la presión sobre la frontera estadounidense. En 2000, 1,6 millones de personas fueron detenidas por la policía fronteriza estadounidense; bajó al 25% (415.000) en 2013.

Lo notable es que esa migración intrasudamericana ha venido seguida, no de xenofobia o persecuciones en los países receptores, sino de políticas orientadas básicamente a la regularización y a la inclusión. ¿Ejemplo para otros lares? Finalmente, en materia de refugiados, el país receptor del mayor número en la región —Ecuador, con más de 60.000 colombianos— cumple apropiadamente su papel en lo fundamental sin poner en marcha políticas xenófobas o de devolución en frontera ha convertido este asunto en asunto mayormente contencioso.

En el otro platillo de la balanza está la llegada de miles de menores no acompañados hacia territorio estadounidense, asunto sobre el cual se ha escrito mucho en los últimos días. Ya los tres países centroamericanos concernidos (Honduras, El Salvador y Guatemala) han anunciado algunas medidas que adoptarían y han hecho propuestas a EE UU. Ellas apuntan a que se garantice el principio del interés del niño y de no separación de la familia. Mencionan, también, la “responsabilidad compartida” de los países de tránsito y de destino.

Esta oleada de menores habría sido estimulada por las cadenas regionales de tráfico de personas que han abaratado sus costos debido a la disminución de la “demanda” dada la caída en el número de personas intentando ingresar ilegalmente a EE UU. Usaron, además, el falso rumor de que vendría luego una “amnistía migratoria” para quienes ya se encuentren en EE UU. El hecho es que las dificultades que ahora tienen las autoridades migratorias para manejar esta ola es como la cereza encima de la torta que evidencia el colapso de la política migratoria vigente.

Julio 3, 2014

El Comercio

Julio 3, 2014

Ocho minutos para analizar cada disposición del Código Financiero

 

El Código Monetario y Financiero ha causado preocupación en diversos sectores de la sociedad, por temas como la creación de una Junta de Regulación Monetaria con amplias funciones, o la regulación de la liquidez de la economía y del sistema bancario.

Esta nueva normativa deroga 31 leyes y decretos vigentes y busca, según el asambleísta oficialista Vethowen Chica, crear un cuerpo compacto que agrupe a todas esas regulaciones, que estaban repartidas.

El proyecto tiene en total 591 artículos y disposiciones que deben ser analizados y debatidos en un plazo máximo de 10 días en la Comisión del Régimen Económico, antes de que pase al Pleno de la Asamblea. La razón de la premura es que el texto fue enviado por el Ejecutivo como un proyecto urgente en materia económica.
El amplio proyecto está en esa mesa legislativa desde el jueves anterior y tiene hasta el sábado para elaborar el informe para primer debate. En promedio, los asambleístas tienen ocho minutos para analizar cada uno de los artículos y disposiciones que incluyen el texto.

“Es algo absolutamente irresponsable”, asegura el asambleísta Ramiro Aguilar (ex SUMA), miembro de esa comisión. Él señaló ayer que no cree siquiera se logre leer el texto completo del proyecto en los 10 días que tiene la comisión.

De hecho, el tiempo real que los asambleístas tendrán para analizar el proyecto es menor, pues es también trabajo de la Comisión recibir a las personas que quieran expresarse sobre el tema. Más de 20 funcionarios y representantes de bancos, aseguradoras, etc., asistieron anteayer para exponer frene a los asambleístas.
Una vez que el informe para primer debate esté listo, se mantiene el ritmo apresurado en el resto del trámite legislativo. En total, el proyecto debe ser aprobado en 30 días a partir de su recepción en la Asamblea, es decir hasta el 25 de agosto.

El Telégrafo

Julio 3, 2014

Ecuador y la UE entran a la etapa final para un acuerdo

 

Entre el 7 y 8 de este mes se cumplirá la cuarta ronda de negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea (UE), con el fin de firmar un acuerdo comercial multipartes, confirmaron el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, y el asesor de comercio exterior de la Presidencia de la República, Eduardo Egas.

Los diálogos que se cumplirán en Bruselas serán técnico-políticos, en los que participarán el jefe negociador, Roberto Betancourt; y los representantes de los equipos técnicos de agricultura, compras públicas, servicios y acceso a bienes industriales.

“La negociación se cumplirá entre el 7 y 8 de julio, pero nos reservamos el viernes, por sí acaso dure algo más; es decir, que podría ser toda la semana y tomaré una decisión de si viajo o no, dependiendo de los avances”, aseveró el funcionario.

Señaló que en esta semana se ha seguido conversando del tema y que el presidente de la República, Rafael Correa, dio a conocer lo que se debe hacer y las líneas rojas. Sobre la base de esos criterios se tiene el margen para negociar.

Francisco Rivadeneira dijo que existen expectativas de que se pueda lograr que el sistema de preferencias arancelarias (SGP Plus) se extienda hasta que entre en vigencia el acuerdo comercial.

“El SGP Plus esperamos que tenga solución, aparentemente existe la voluntad de parte de Europa, pero todo dependerá del paquete final de las negociaciones”, acotó Rivadeneira.

Para Eduardo Egas, existen pocos puntos a los que se busca llegar a un acuerdo, por lo que en el transcurso de esta semana se ha seguido conversando, previo a las reuniones de la próxima semana en Bruselas.

“Voy a destacar algunas cosas: en primer lugar, Ecuador ha conseguido que todos sus productos, tanto los actuales como los potenciales, puedan ingresar a 23 países de la UE con cero arancel. No solo los productos primarios, sino todos los productos industrializados, manufacturados, de todo el universo arancelario”, aseguró.

Explicó que en el tema del banano hay varios aspectos del ingreso de la fruta que están por resolverse la próxima semana.

“Nos dan un período de desgravación interesante, pero nosotros pedimos que por lo menos sea igual al de Colombia, y no menos que eso; más aún, pedimos que sea mayor porque Ecuador es el primer abastecedor de banano, y como tal tiene una calificación mayor en los procesos que son de negociación, estamos en esa parte pero creemos que lo vamos a solucionar”, aseveró.

Indicó que en compras públicas aún se mantiene el debate con respecto a los umbrales, sobre si serán transitorios o permanentes, si se los podrá mantener siete años o toda la vida.

Sostuvo que en sí hay una gran comprensión de la UE de que el país utilice las compras públicas como una herramienta de desarrollo para las pequeñas y medianas empresas, eso está aceptado y no se entrará a negociar en esa parte. “Los montos del umbral se están fijando pero depende de la clasificación de bienes”, expresó Egas.

 

 

El Universo

Julio 3, 2014

Cambios que se plantean para el Biess preocupan a jubilados

 

Los jubilados llegaron ayer con una “gran preocupación” ante la Comisión de Régimen Económico por el destino que podrían tener los fondos del Banco del IESS (Biess) y del IESS si se aprueba el proyecto de Código Monetario y Financiero, enviado por el Ejecutivo con carácter urgente.

Édison Lima, presidente de la Asociación de Jubilados del Ecuador, señaló el artículo 372 de la Constitución de Montecristi, que indica que: “Los fondos y reservas del Seguro General Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco (…). Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio”.

Esto, según Lima, porque en el Código se plantea la cesación del Directorio del Biess y una nueva conformación con tres miembros del Ejecutivo y dos de afiliados y jubilados. Si el Gobierno quiere poner un representante más del Ejecutivo, deberá también incluir a un representante de los servidores públicos, para así equiparar el número de miembros, dijo.

Comentó que la cesación del Directorio dejará sin representación a los dueños del Biess, que son afiliados y jubilados.

El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Oswaldo Larriva, anunció que analizarán todos los puntos expuestos por jubilados, aseguradoras, la Cámara de Industrias y entes de la economía popular, que expusieron inquietudes.

Ayer, la Comisión también acordó tratar 170 artículos por día, para que el sábado se analicen las disposiciones reformatorias y transitorias. Así alcanzarían a presentar el informe de primer debate el domingo, cuando se vence el plazo.

Previamente, la nueva fórmula de pago de las deudas del Estado con el IESS fue observada por el presidente de la cámara de Industrias, Richard Martínez. El Código plantea que toda contribución pendiente de liquidación del Estado desde el 2008 con el IESS, “no generará pagos adicionales como multas, recargos e intereses de mora”. La disposición también indica que el pago se calculará con una tasa de rendimiento y que “de existir una diferencia a favor del Estado por el pago, el IESS deberá reintegrar el saldo. De acuerdo con Martínez, la reducción de los intereses podría significar un impacto en el sostenimiento de las prestaciones.

Agregó que el Código no refleja interés en generar mayor estabilidad en el sistema financiero ni de instrumentos para enfrentar crisis sistémicas. Cree que hay concentración de poder en la Junta dirigida por el Ejecutivo.

516 artículos tiene el código monetario y financiero

SEGURO DE DEPÓSITOS, Cobertura: Gloria Grijalva, representante de la corporación Incluye, pidió que se traten con igualdad los depósitos del sistema popular y solidario y a los de la banca. Actualmente se da cobertura a los depósitos del sector solidario de hasta $ 11.000. En cambio, en la banca, la cobertura es de $ 32.000.

 

Expreso

Julio 3, 2014

Directorios estándar con roles a tiempo parcial en la banca pública

 

La banca pública va a cambiar. Se van a estandarizar sus directorios, de acuerdo con el objetivo del proyecto de Código Monetario y Financiero, defendido por el ministro Patricio Rivera en el segundo foro de socialización. Las dudas sobre la composición del órgano directivo del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) condujeron al Gobierno a explicar que su directorio estará efectivamente formado por cinco miembros, tres de los cuales corresponden al Ejecutivo. “La estructura actual del Biess ya establece que el Ejecutivo tiene mayoría. Establece dos contra dos, pero tiene un voto dirimente dentro del Ejecutivo”, dijo Rivera. En cuanto al cese de sus miembros, se explicó que es un mero formalismo para que los mandos asuman el cargo ya con un rol a tiempo parcial, en lugar de a tiempo completo.

“Lo que estamos haciendo es que el Ministerio Coordinador de Política Económica va a participar en todos los directorios de la banca, para garantizar mayor articulación”, añadió Rivera. Durante los 180 días de periodo transitorio para la formación del directorio, el Biess estará controlado por la Superintendencia de Compañías y Valores, aparte de por la ya supervisora Superintendencia de Bancos y Seguros.

El ministro también aclaró sobre qué pasará con las funciones que hasta la aprobación de la nueva norma ejerza la banca pública que desaparece, como el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. “Sus funciones las asume el Banco del Estado, que es una entidad que ya financia el agua potable, el alcantarillado y el manejo de residuos sólidos y por ello es la entidad mejor posicionada”.

Y el IECE, por su parte, se va a volver una entidad no financiera, se va a dedicar a la concesión de becas. Los convenios para préstamos educativos no se cambiarán. “Solo va a haber una entidad que se encargue de la gestión de la cartera”.

Julio 2, 2014

El Universo

Julio 2, 2014

‘Cuasi estatización de banca’, advierte vocero de gremio

 

Incompatibilidades con la dolarización y “una cuasi estatización de la banca” son dos de los problemas principales que advierte la banca privada en el Código Monetario y Financiero, que se está tratando en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.

Ayer, durante un foro de socialización organizado por el ente legislativo, en la Corporación Financiera Nacional, César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), expuso las principales objeciones a la normativa enviada con carácter urgente y cuyo primer informe deberá ser entregado por la Comisión, el domingo próximo.

Robalino dijo estar de acuerdo con el Gobierno con el planteamiento público de defender la dolarización, pero aseguró que pese a ese discurso, en el proyecto de ley existen propuestas que son incompatibles con esta.

Por ello pidió que no se eliminen los cuatro sistemas del Banco Central, pues esto le restaría transparencia y podría generar incertidumbre en los mercados. Pidió al menos mantener los dos primeros: el de canje y el de reservas financieras donde se encuentra el encaje de los bancos.

Consideró inconstitucional que se plantee declarar al servicio bancario como un “servicio de orden público de potestad del Estado”, lo cual constituye una “cuasi estatización” de la banca.

Robalino también indicó que el direccionamiento del crédito sería negativo, pues reduciría drásticamente la libertad de evaluar los riesgos crediticios y los de inversión.

Sostuvo que por las características del fondo (depósitos a la vista en su mayoría y de los depósitos a plazo solo el 5% es a un año, el resto es a menos), la banca no puede prestar a largos plazos, de lo contrario existiría peligro de descalce.

Por su parte, Diego Martínez, presidente del Banco Central, dijo que el direccionamiento del crédito ha tenido éxito en países como EE.UU., Francia, Alemania, Reino Unido y que ahora se aplica positivamente en Brasil y Chile.

El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, ratificó que el Estado no intervendrá en la evaluación del riesgo ni ordenará a quién prestar o no el dinero, sino que aplicará incentivos y desincentivos para promover el crédito productivo. Sin embargo, estas medidas no fueron detalladas.

Entre tanto, Robalino solicitó que no se baje la calificación de los papeles en los que se invierte el fondo de liquidez y que esta sea AA+.

70% del crédito que otorga actualmente la banca está dirigido al sector productivo, asegura ABPE.

70% de préstamos Se entrega a menos de un año plazo, asegura el ministro Patricio Rivera.

Biess: Tiempo de transición. Tiempo parcial.  Patricio Rivera explicó que se cesaría a los directores del Biess y que ya no continuarían siendo funcionarios de tiempo completo, sino parcial.

Estructura: Sostuvo que con la presencia de tres miembros del Ejecutivo en el Directorio del Biess se estandarizaría su estructura a la de otras entidades.

Control: Los organismos de control que vigilarían al Biess serían las superintendencias de Bancos y de Compañías.

 

El Telégrafo

Julio 2, 2014

La pobreza en Ecuador se redujo 12 puntos en 7 años

Entrevista / Pabel Muñoz / Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo

 

Los indicadores de pobreza y de igualdad revelan mejoras en los diferentes estratos sociales. A criterio de Pabel Muñoz, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) esto obedece al cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución de 2008, a la inversión social y a los proyectos de infraestructura que persiguen un cambio en la matriz productiva y energética.

El titular de la Senplades, en entrevista con EL TELÉGRAFO, hace un recuento de lo obtenido hasta ahora. Muñoz manifiesta que el país tiene la inversión más alta de América Latina, el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) que se ha destinado en carreteras, centros de salud, escuelas y hospitales.

Uno de los grandes avances de este Gobierno ha sido la disminución de la pobreza, ¿cómo se consiguió?
Nosotros recibimos el país con un índice de pobreza de 37,5% y lo cerramos con el 25,5% en 2013. El mensaje es que en este período (7 años) lo bajamos a 12 puntos. Por otro lado el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, bajó de 0,55 a 0,47, es decir cayó la desigualdad a 8 puntos.
El asunto es que se han tomado decisiones importantes dentro de la política pública. Privilegiamos el pago de la deuda social a la externa, hicimos una renegociación de contratos petroleros exitosos, repatriamos capitales que el sector financiero tenía ociosos afuera y los pusimos al servicio de la producción nacional, entonces estas son decisiones políticas destinadas al pago de la deuda social y a la inversión productiva.

¿En qué nivel ha crecido Ecuador?
Hemos crecido más que el promedio latinoamericano, nosotros lo hemos hecho un 4,3% y la región un 3,4% en los últimos 7 años. Tenemos la inversión más alta de América Latina, el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) que se ha destinado en carreteras, centros de salud, escuelas y hospitales. Evidentemente hay un impulso importante en la política pública, es una cifra significativa.

¿Y toda esta inversión y crecimiento cómo lo pueden notar los ecuatorianos en su día a día?
Se nota en la universalización de la educación en el país, todos los niños asisten a la escuela sin prejuicio de su condición étnica o situación de pobreza. Se nota porque más de 8.000 estudiantes están becados en las mejores universidades del mundo, es la inversión más alta de América Latina: el 2% en educación superior. Se ha multiplicado por 3 el acceso a los servicios públicos de salud y se han hecho cambios fundamentales en las carreteras del país, lo que ha mejorado la competitividad, al punto de que actualmente estamos después de Chile, en el segundo lugar en cuanto a carreteras en América Latina.
También se puede notar en el acceso a vivienda por ejemplo. Tenemos una política de garantía de derechos que están consagrados en la Constitución de Montecristi, salud, educación y vivienda.

El cambio de matriz productiva ha sido otra de las prioridades del Gobierno, ¿cómo avanza el proceso?
La disminución de la pobreza es la primera prioridad del Gobierno, la segunda es el cambio de matriz productiva y es un proceso que avanza, primero porque se han sentado condiciones estructurales para agilizar el sector productivo y estamos cambiando la matriz energética, lo que es una gran noticia no solo por la generación de energía limpia y barata, sino también por lo que representa para el sector productivo.
Se han invertido $ 5.500 millones en 8 centrales hidroeléctricas, lo que en 2017 el 96% de la energía tendrá una procedencia limpia y renovable, lo que dinamizará las industrias básicas, como la de aluminio y la siderúrgica. Mantenemos las últimas conversaciones para financiar el proyecto más grande que tendrá Ecuador en su historia de inversión. Considero que el sector industrial se dinamiza y se generan mensajes claros para que inviertan.

¿Es la sustitución de importaciones un puntal de este proceso?
A Ecuador llegan importaciones de mala calidad, lo que en otros países no se permitía ingresar traían al país, por eso hemos puesto un conjunto de normas técnicas que regula la calidad de esos productos y sin que haya sido esta la finalidad se ha visto reflejado en una mejora de la industria y en la disminución de las importaciones. Por otro lado se busca tener una economía con productos con más valor agregado.

¿El punto también es lograr un equilibrio en la balanza comercial?
En una economía dolarizada el tema de la balanza comercial es uno de los talones de Aquiles, por lo tanto debemos cuidarla. El año pasado la balanza comercial ecuatoriana cerró con más de 1.000 millones en cifras negativas para el país, pero este año ya empezamos a corregir. El tema es que había que tomar decisiones y  empezamos ya a hacerlo.

¿Cómo estos cambios pueden ser sostenibles?
Se necesita decisión política para atender lo que realmente le compete a la sociedad ecuatoriana y lo que se necesita es mantenerla. Si usted mañana tiene un gobierno que privilegia otros sectores habrá nuevamente un desequilibrio en el país. Sin embargo, lo más importante para mantenerlos es cambiar la mentalidad de los ciudadanos y que se hagan corresponsables de lo alcanzado hasta ahora.

 

AFP

Julio 2,2014

SIP cuestiona a Rafael Correa tras cierre de edición impresa de diario Hoy

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fustigó al gobierno del presidente Rafael Correa por el “deterioro” de la libertad de expresión en Ecuador, una situación que a su juicio se reflejó en el cierre de la edición impresa de diario crítico Hoy.
“Junto a otros gobiernos, el de Rafael Correa quedará en la historia como uno de los mayores responsables de ese deterioro, tanto por atacar a los medios independientes, como por utilizar a los medios públicos como si fueran propios”, señaló en un comunicado la noche del lunes el responsable de libertad de prensa de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo.
Diario Hoy, fundado hace 32 años, anunció el domingo que su edición impresa dejará de circular y que solo se mantendrá su edición electrónica, alegando la “gradual pérdida de las libertades y limitación de las garantías constitucionales” en Ecuador y la “autocensura que impone la vigencia de la Ley de Comunicación” de 2013.
El presidente Correa rechazó el lunes las razones esgrimidas por Hoy y dijo que ese medio más bien acumula “pérdidas desde hace años por una pésima administración”.
La SIP denunció el “autoritarismo” de Correa, que ha producido “el deterioro de la libertad de prensa en el país, cuya nueva evidencia es el cierre de la versión impresa” de Hoy, según el comunicado.
“Esto no es nada distinto a lo que otros gobiernos fascistas hicieron a lo largo de la historia”, denunció Paolillo.
La Ley de Comunicación “es peligrosa e intervencionista en materia de libertad de prensa, entrometiéndose en los contenidos de los medios independientes y privados”, dijo por su parte Elizabeth Ballantine, presidenta de la SIP, organismo con sede en Miami, Florida (sureste de EE.UU.).
El director de Hoy, Jaime Mantilla, dirigió la SIP entre 2012 y 2013.

 

 

El Telégrafo

Julio 2, 2014

Presidente Sarkozy imputado por corrupción activa

Sarkozy, de 59 años, había llegado a primera hora de la mañana del martes en un coche con los cristales tintados a los locales de la policía judicial en Nanterre, a las afueras de París, y no hizo declaraciones.

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy ha sido imputado hoy por “corrupción activa”, tráfico de influencias y encumbrimiento de la violación del secreto profesional.

El anuncio de la fiscalía a la prensa llegó en un comunicado después de que Sarkozy pasara quince horas declarando como detenido ante la policía y otras tres horas ante los jueces, a las afueras de París, medida inédita para un exjefe de Estado francés.

El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de hasta de diez años de prisión y 150.000 euros (205.000 dólares) de multa.

Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles.

En el mismo caso, que investiga si Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político conservador, también han sido imputados hoy su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.

Los tres tuvieron que declarar ante la policía judicial en calidad de detenidos, un estatuto que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que renunció Sarkozy, abogado de profesión.

Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo.

Estos le informaban supuestamente de los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó al Palacio del Elíseo en 2007.

Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida al magistrado Azibert que el expresidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco, que nunca obtuvo.

Sin embargo, la defensa del letrado Herzog sostiene que esas escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas.

“Thierry Herzog es libre. Sigue siendo el abogado de Nicolas Sarkozy, no le afecta ninguna prohibición”, dijo a la prensa Paul-Albert Iweins, defensor de quien habitualmente ejerce de abogado de Sarkozy y que ahora comparte imputación con el expresidente.

Uno de los elementos que pusieron en alerta a los jueces que llevan la instrucción fue el hecho de que Sarkozy abriera -bajo el pseudónimo de Paul Bismuth- una segunda línea de teléfono móvil.

Sospechan que a través de esas llamadas, que detectaron pronto, intentaba comunicarse discretamente con su abogado sobre los avances de los procesos judiciales de los que le informaban supuestamente los citados magistrados.

De esa forma nació el llamado “caso de las escuchas”, un dossier que deriva de una investigación original diferente, para determinar si el político recibió para su campaña presidencial dinero negro del depuesto dictador libio Muamar el Gadafi.

Sarkozy, de 59 años, había llegado a primera hora de la mañana del martes en un coche con los cristales tintados a los locales de la policía judicial en Nanterre, a las afueras de París, y no hizo declaraciones.

Pero la familia política del jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 afirmó durante el día que la medida judicial responde a un plan de caza y derribo que se activa cada vez que Sarkozy amaga con regresar a la política.

Sarkozy se plantaba anunciar su retorno tras el verano, según “BFM TV”, a lo que el diario “Le Parisien” añade que el expresidente planea cambiar el nombre de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido que le llevó al Palacio del Elíseo.

Esa formación conservadora se encuentra ahora sumida en una profunda crisis interna, en grandes dificultades financieras y salpicada por varios escándalos de corrupción.

“Cada vez que habla de su eventual vuelta, sorprendentemente, se le acosa con un asunto judicial que inmediatamente se viene abajo”, declaró la delegada general adjunta de la UMP, Valérie Debord.

Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Agricultura, el socialista Stephane Le Foll, dijo que los magistrados deben “ir hasta el final” porque “Nicolas Sarkozy es un justiciable, como los demás”.

Sarkozy, vinculado a siete investigaciones judiciales, ya había sido temporalmente imputado por el “caso Bettencourt”, que pretende esclarecer si la multimillonaria heredera de L’Oreal financió ilegalmente su campaña presidencial, como se sospecha de Gadafi.

Sin embargo, no declaró ante los jueces sin pasar por la policía, lo mismo que el también ex presidente conservador Jacques Chirac (1995-2007).

Chirac fue condenado en 2011 a dos años de cárcel exentos de cumplimiento por malversación de fondos y otros delitos cometidos en los años noventa como alcalde de París y juzgados tras perder su inmunidad parlamentaria, pero nunca estuvo detenido. EFE

Julio 1, 2014

El Telégrafo

Julio 1, 2014

El Código Monetario avala derechos de los clientes.  Hoy la Comisión de Desarrollo Económico se reúne con el sector bancario en Guayaquil para conocer sus criterios.

 

El proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero que fue enviado por el Ejecutivo, con el carácter de urgente en materia económica, a la Asamblea Nacional contempla la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y seguros.

En este sentido, la normativa desarrolla un capítulo en el que se determina que las personas naturales o jurídicas tienen derecho a disponer de servicios financieros de adecuada calidad, como a “una información precisa y no engañosa” sobre su contenido y características, así como de los reportes crediticios que sobre estos consten en las bases de datos de las entidades financieras.

Junta regulará calidad

Además, determina que es derecho de los usuarios que los cargos que se impongan por servicios financieros y no financieros se efectúen luego  de que hayan sido expresa y previamente aceptados.

La propuesta de ley establece que la Junta de Regulación Monetaria regulará los estándares de calidad de los servicios financieros, de los sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y de los sistemas de atención y reparación.

La norma también estipula la protección a que la información personal sea protegida y se guarde confidencialidad; que el respeto de los derechos de los usuarios será vigilado por los organismos de control, superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria;  y que los usuarios puedan interponer quejas o reclamos ante la propia entidad, organismo de control o al Defensor del Cliente o plantear cualquier acción administrativa, judicial  o constitucional.

Por otro lado, el Código desarrolla lo que determina el artículo 213 de la Constitución que establece la posibilidad de que los usuarios del sistema financiero cuenten con un Defensor del Cliente. Estos están en funciones desde el 5 de febrero de 2013, que fueron posesionados.

De acuerdo con la Carta Política será una persona independiente de la institución financiera, y no podrá tener ningún tipo de vinculación con los accionistas o con los administradores de la entidad, y su función es la de proteger los derechos e intereses de los usuarios.

En el caso de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, el Consejo de Vigilancia hará las veces del defensor del cliente.

Sin embargo, existe un cambio en la designación de este garante de los derechos del cliente. Será la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), la que lleve adelante el nombramiento.

Observaciones de defensores

“El proyecto de código ratifica las funciones que tenemos los defensores, pero estamos haciendo algunas observaciones, como que nuestra elección debe continuar bajo la dirección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, sostuvo el defensor del cliente del Banco de Machala, Ernesto Guadalupe.

Informó que los representantes de los usuarios mantuvieron reuniones en Cuenca y Guayaquil para concretar las observaciones que presentarán en la Comisión de Desarrollo Económico para que sean tomados en cuenta.

Guadalupe confirmó que hasta el momento las instituciones del sistema financiero cuentan con un defensor del cliente.

Mientras que Gabriela Mata, defensora del cliente del Banco Sudamericano, quien participa también de la reunión en la capital azuaya, no adelantó ningún tipo de criterio  con respecto a la propuesta del Ejecutivo.

Agregó que mantienen diálogos para presentar una propuesta consensuada a la Asamblea Nacional, que se haría durante la reunión con los legisladores mañana en Quito.

Clientes de acuerdo con la ley

Pero para los usuarios del sistema financiero, el hecho de quien designe a la autoridad no es de mayor relevancia, sino que sea alguien independiente y que esté presto a proteger sus derechos.

Elizabeth Gallardo, trabajadora pública, dijo que lo importante es que se mantenga a la figura del Defensor del Cliente, quien garantice que lo que se hace en la banca sea transparente y que en caso de necesitarlos ayuden a agilizar los trámites. “Quien lo designe no tiene relevancia, lo importante es que se mantenga al defensor”, acotó.

Para Carlos Osorio, empleado del sector privado, y que requirió de la ayuda de un defensor, dijo que los usuarios necesitan que haya quien los ayude a hacer reclamos, porque existen algunos abusos y si no fuera por ellos nunca se podría tener respuesta, y las quejas permanecerían sin solución.   

El proyecto de Código Monetario está compuesto por 516 artículos, 13 disposiciones generales, 37 disposiciones reformatorias y derogatorias y 35 transitorias.

 

 

El Comercio

Julio 1, 2014

Los principios económicos del Régimen se movieron en 7 años

 

Las decisiones adoptadas por el Gobierno los últimos meses en materia económica indican que muchos de los preceptos de Alianza País en su plan de gestión, de cara a las elecciones del 2006, han mutado.

Ese cambio se palpa en cinco facetas que en un inicio fortalecieron el concepto de revolución ciudadana. La primera tenía con ver con el discurso de la ilegitimidad en torno al endeudamiento externo y, en segundo lugar, se promovió un distanciamiento con los organismos multilaterales.

También surgió el sueño de dejar atrás el extractivismo como fuente del desarrollo nacional y se insistía en que los subsidios sí marcha una política efectiva de ayuda social. Finalmente, había tomado fuerza los cuestionamientos cualquier acuerdo comercial que signifique, en palabras del presidente Rafael Correa, “un bobo aperturismo”.

Casi ocho años después, el radicalismo que emanaban esas consignas ha perdido intensidad, al tiempo que el Gobierno opta por decisiones económicas similares a las de mandatos anteriores.

Una de ellas es la colocación de  bonos de deuda en los mercados internacionales por USD 2 000 millones. Son papeles con una tasa de interés del 7.9%, más altas en relación a otros países de la región.

Los interesados en adquirir estos bonos necesitan de un aval del FMI, organismos que tendrá que revisar el estado de la economía ecuatoriana.

El alto costo que para el Ecuador tienen estos bonos es consecuencia de su  última moratoria declarada en el 2009, bajo el argumento de que hubo tramos ilégitimos de la deuda ecuatoriana, luego de que una comisión del gobierno de Correa emitiera un polémico informe a finales del 2008.

La decisión que se tomó entonces guardaba relación con los preceptos que Alianza País escribió en su plan de Gobierno 2007-2011: “El Ecuador requiere una visión de corto, mediano y largo plazos del problema del endeudamiento. El pago de la deuda externa no puede ser, en ningún momento, un freno para el desarrollo”.

Esa visión alentaba a que Ecuador no se someta a la “presión política”, por parte de los tenedores de deuda, para lo cual había que desarrollar una “propia política económica alejada de las condiciones del FMI y Banco Mundial”.

Fander Falconí, uno de los dirigentes intelectuales de Alianza País, no cree que la reciente colocación de bonos de deuda signifique una contradicción.

Él insiste en que muchas de las deudas anteriores fueron “ilegítimas e inmorales” y que es el actual gobierno el que ha merecido un reconocimiento internacional, porque tras la denuncia de esa ilegitimidad, “usó mecanismos de los mercados financieros para reducir el peso de esta con un ahorro de de USD 8 000 millones”.

Para Falconí, el reciente retorno al sistema financiero internacional merece una mayor explicación por parte de las autoridades, pero “no veo ningún tipo de condicionamientos que lesionen soberanía”.

El exministro de Economía de este Gobierno, Diego Borja, sí encuentra que las críticas al sistema neoliberal de hace siete años (deuda, relación con los multilaterales, no a los acuerdos comerciales, etc.), estuvieron vigentes solo hasta el 2011. “Hoy han cambiado el discurso y la práctica económica con una factura neoliberal”.

Borja advierte que el Gobierno terminará sometiéndose a los condicionamientos de los multilaterales, que si bien no serán similares al de los años 80 y 90, pero existirán. “El FMI es un garante de la banca internacional, ese es su rol”.

El cambio que a su juicio existe en la hoja de ruta económica obedece, más que a factores externos, a las nuevas relaciones de poder existentes dentro del oficialismo y con distintos sectores económicos.

Por eso no le resulta aislado suponer que en el plan de gobierno de Alianza País del 2006 trabajaron personas hoy alejadas del Gobierno. Mientras que es el vicepresidente Jorge Glas, cabeza de los sectores estratégico y ejecutor del llamado cambio de matriz productiva quien hoy tiene más espacio.

¿Es por eso que el Gobierno apostó por el extractivismo petrolero, dejando de lado un proyecto bandera como la Iniciativa Yasuní, o que hoy se busque acelerar la firma del acuerdo comercial con Europa?

Borja insiste en que “hay un cambio de línea política interna que requiere de la reelección indefinida; eso es obvio”.

Falconí explica que los logros económicos del Gobierno se verán a largo plazo. “El fin del modelo extractivista solo se conseguirá con la incorporación de valor agregado dentro de la economía y que eso no se hace de la noche a la mañana”.

Ambas lecturas llevan a concluir que las necesidades de financiamiento del Gobierno (vía deuda o por recursos petroleros) lo que buscan es mantener una política de gasto público que, en cambio, ha marcado el ADN económico del Régimen.

El problema ahora son los ritmos, pues Borja estima que el país va percibir una desaceleración de ese gasto, “que no es lo mismo que una recesión”.

Por ello, cobra sentido que el Régimen decida cortar ciertas partidas como recursos adicionales a los gobiernos seccionales u otros rubros.

Se palpa -entonces- la intención por “racionalizar”, en palabras de Falconí, subsidios como el gas a través del cambio de la matriz energética, pero que bajo ningún sentido se afectará “inversión en capacidades humanas y en infraestructura pues son fundamental en un proceso de desarrollo humano, y permiten afrontar la crisis sistémica del capitalismo central”.

En lo que estas dos figuras coinciden, es que el Régimen debe retomar el aliento inicial por construir una arquitectura financiera latinoamericana que le permita al país tener mercados y líneas de financiamiento más favorables.

A criterio de Borja que iniciativas como el Banco del Sur no tengan mayor ritmo es otro pasivo de este Gobierno.

 

El Comercio

Julio 1, 2014

El subsidio al gas licuado de petróleo continuará hasta el 2017

Ayer en el Ministerio de Industrias se hizo una demostración de las cocinas de inducción con ollas ferromagnéticas. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La entrada de las nuevas cocinas eléctricas de inducción marcará el fin del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) o gas doméstico a partir de enero del 2018.

El presidente Rafael Correa indicó en agosto del año pasado que el subsidio al gas se retiraría en el 2016 con la entrada de las ocho nuevas centrales hidroeléctricas.
Esto debido a que se implementará el plan de reemplazo de cocinas de gas por cocinas eléctricas de inducción para aprovechar la abundante y barata oferta de energía que tendrá el país, y así reducir el subsidio al GLP que bordea los USD 700 millones al año.

Sin embargo, el ministro de Industrias, Ramiro González, indicó ayer que el subsidio para el gas se mantendrá hasta finales del 2017. Y a partir del 2018 el gas se cotizará a precios internacionales.

Lo anterior es para esperar a que los usuarios terminen de pagar las nuevas cocinas eléctricas de inducción.

Según González, actualmente un hogar ecuatoriano destina un promedio mensual de USD 8 para la cocción de alimentos con gas doméstico.

Con el programa del Régimen, se busca que ese mismo monto se destine mensualmente al pago de la nueva cocina durante tres años, tiempo que tendrán los usuarios para costear el artefacto.

González hizo este anuncio ayer luego de dar a conocer a las 12 empresas nacionales calificadas para fabricar las cocinas de inducción dentro del programa: Ecasa, Ferromédica, Electrococ, Ener-Intelco, Fibroacero, DME, Mabe, Kangle, Haceb, Induglob, Motsur y Golden Age.

El Gobierno busca sustituir 3,5 millones de cocinas de gas por cocinas eléctricas de inducción de alta eficiencia desde agosto próximo hasta finales del 2016. Las empresas calificadas presentaron 27 modelos a fabricar cuyo precio oscilará entre USD 156 y USD 191 para dos quemadores (focos o zonas de cocción).

Para los modelos de tres quemadores, el precio variará entre USD 243 y USD 303 y finalmente para cuatro quemadores los precios irán desde USD 243 hasta USD 318. Pero también se ofertarán cocinas de cuatro quemadores con horno eléctrico que irán entre USD 585 y USD 696.

González advirtió que sin embargo habrá dos grupos a los que no se les retirará el subsidio al gas. El primero incluye a las comunidades rurales donde no alcanza el tendido eléctrico y los pequeños restaurantes.

El Universo

Julio 1, 2014

El Código Monetario propone hacer cambios en banca pública

 

Los bancos del IESS (Biess), de Fomento y de Vivienda sufrirán cambios a través del Código Monetario y Financiero, que actualmente se está discutiendo en la Asamblea Nacional.

La propuesta en primera instancia consiste en reestructurar el directorio del Biess, de tal manera que habrá mayor número de representantes del Gobierno. En la disposición reformatoria y derogatoria vigésimo primera se indica en el inciso 4 que “El directorio del Banco del IESS estará conformado por cinco miembros”. Estos son el delegado del presidente de la República, el titular de la secretaría de Estado a cargo de la política económica y el titular de una secretaría de Estado afín a la actividad o sus delegados. Habrá un delegado por parte de los afiliados y uno de los jubilados.

Sobre el tema, Joaquín Viteri, ex director del IESS y abogado laboral, explicó que este cambio es ilegal, pues con esta estructura, el Gobierno de turno pasará a manejar los dineros de la Seguridad Social con los que se alimenta el Biess y a decidir sobre las inversiones.

Viteri explicó que según la Ley de Seguridad Social, los fondos del IESS son distintos a los del fisco.

Arturo Murillo, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Publio Antonio Falconí (con 4.700 socios), considera que con la nueva estructura los afiliados no tendrían la mayoría para las decisiones, y siempre la tendría el Gobierno. Por ello, dijo, no estar de acuerdo con la reestructura.

Además, según el Código, el Biess vivirá un periodo de transición, ya que se plantea que “todos los miembros del directorio y su gerente general cesarán en funciones 30 días después de la fecha en que entre en vigencia el Código”.

También se propone que en el plazo de 180 días, desde la vigencia del Código, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros junto con el Biess instrumentarán todas las actividades necesarias para la implementación de las reformas a la Ley del Biess dispuestas en el Código. Hasta tanto, el banco continuará bajo el control de la Superintendencia de Bancos, dice la ley.

Adicionalmente, según la disposición general vigésimo segunda del Código, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda se liquidará en la fecha de entrada en vigencia del Código. La entidad ya venía en un proceso de liquidación voluntario, según había anunciado en mayo del 2013 el superintendente de Bancos, Pedro Solines.

Ahora el Código establece que la liquidación no durará más de dos años y que sus bienes deberán pasar a Inmobiliar. Los depósitos se transferirán al Banco Nacional de Fomento (BNF) “o a su sucesor en derecho”, dice la norma.

Cambios, Otras entidades

Banco de Fomento: El Código propone que los créditos que fueron entregados a personas distintas al beneficiario registrado, sean trasladados a quienes recibieron el dinero o al servidor público que autorizó el desembolso.

IECE: Dejaría de operar con la vigencia del Código. Se crearía un ente público perteneciente al Ejecutivo.

 

 

 

El Nuevo Herald

Julio 1, 2014

Chavistas del ala militar se distancian del régimen de Nicolás Maduro

 Por: Antonio Maria Delgado

Dirigentes del ala militar del chavismo -que incluye a oficiales que acompañaron al fallecido Hugo Chávez en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992- han comenzado a marcar distancia del régimen de Nicolás Maduro, temiendo pasar a la historia como parte del colapso económico y social que aflige a Venezuela.
Los militares, que ocupan o han ocupado importantes cargos en el chavismo y son conocidos como el sector del 4F, están criticando abiertamente a Maduro por su mal manejo de la economía y por tratar de obligarlos a comparecer vestidos de oficiales a actos públicos del gobernante Partidos Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Lo que anda buscando Nicolás [Maduro] es que nosotros quedemos como los copartícipes del desastre con él, desde el punto de vista de propaganda, y ninguno de nosotros está dispuesto a asumir ese costo, ni lo vamos a asumir”, dijo uno de los integrantes de la agrupación bajo condición de anonimato.
“Como ya no le queda mucha fuerza dentro de la estructura de partido porque están pasando por un proceso de desintegración, lo único que le quedan son las fuerzas armadas y las fuerzas armadas no van a asumir el desastre con él”, agregó.
Una serie de pronunciamientos emitidos en los últimos días dejan entrever que la disensión está en vías de crecimiento dentro del chavismo.
Las primeras señales emergieron con la carta del recién destituido ministro de Planificación Jorge Giordani, quien acusó a Maduro de ser el responsable de la actual crisis económica por fracasar en ejercer un verdadero liderazgo dentro del movimiento y en frenar la enorme corrupción que crece a la sombra del régimen.
Después surgieron los pronunciamientos emitidos en defensa de Giordani luego de que el madurismo lo acusara de haber traicionado a la revolución.
“Etiquetar al profesor de traidor por hacer una crítica argumentada, constituye un gravísimo error no solo porque es falso, habría que comparar su trayectoria a la de algunos arribistas de los que hoy abundan en el gobierno, sino porque además se constituye en un precedente que puede tener como resultado la persecución y supresión de la crítica a lo interno del gobierno y del PSUV”, escribió el ex gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, otro integrante del 4F.
Otros dos comandantes de la misma agrupación –Yoel Acosta Chirinos y Carlos Guyón– también se pronunciaron el lunes en contra de Maduro.

El Universo

Julio 1, 2014

La Superintendencia de Bancos decidió poner en liquidación forzosa a Seguros Bolívar por no ser viable.

El organismo informó que se llegó a la liquidación forzosa por los altos gastos administrativos de Seguros Bolívar. Tenía deudas por $7,7 millones y pérdidas, a marzo pasado, por $800 mil.

El fiscal general, Galo Chiriboga, escribió el pasado 26 de junio  en su cuenta en Twitter que se había solicitado la intervención de una compañía de seguros, cuya sede está en Guayaquil, aunque sin especificar el nombre de la compañía.

El fiscal señaló que la solicitud se hizo ante la presunción de delito, “por la mala administración de fondos”; además, se pidió la prohibición de salida del país de cinco personas, principales representantes y funcionarios de la aseguradora, y la retención de sus cuentas en el sistema financiero y cooperativas.
Indicó que el pedido se hizo “con base en la denuncia que presentó la Superintendencia de Bancos y Seguros, el 12 de junio pasado”.

El Universo

Julio 1, 2014

BNP Paribas asume una sanción récord por saltarse embargos de EE UU.  El banco francés pagará 8.834 millones de dólares y no podrá operar en dólares en el sector energético

 

El BNP Paribas, el primer banco de Francia y segundo de la zona euro, asume que ha cometido irregularidades por las que Estados Unidos prevé sancionarle este lunes con una multa de 8.834 millones de dólares (6.450 millones de euros), una multa récord a una entidad europea. Además, BNP Paribas no podrá realizar durante un año pagos en dólares en el sector petrolero y gasístico. Mediante complejas operaciones bancarias, el banco francés eludió durante la pasada década embargos estadounidenses contra la venta de petróleo y gas procedente de Sudán e Irán.

El director general de la entidad francesa, Jean-Laurent Bonnafé, envió el pasado día 27 una carta a sus 180.000 empleados en la que admitía la posibilidad de que BNP fuera castigado por “los errores cometidos”. Se refería a las operaciones de compraventa de petróleo y gas, procedente sobre todo de Sudán, entre los años 2002 y 2009, a pesar del embargo decretado por EE UU.

Las operaciones, en ocasiones con pagos realizados desde empresas chinas para disimular más el origen del dinero, no era ilegal en otras partes del mundo, incluida Europa. Sin embargo, al utilizar dólares —la moneda más habitual en el sector energético internacional—, el recorrido financiero de esas compraventas incluían el paso por cámaras de compensación estadounidenses, momento en que se rompía el embargo.

Los investigadores estadounidenses analizaron operaciones de BNP por valor de unos 100.000 millones y, según diversas informaciones difundidas en medios franceses, las autoridades estadounidenses detectaron irregularidades en compraventas valoradas en 21.500 millones.

Una vez que BNP Paribas ha asumido sus “errores”, el banco se libra, en teoría, de que las autoridades estadounidenses persigan penalmente a sus directivos. Además, en las negociaciones registradas en estos meses pasados estos han conseguido reducir la multa (llegó a publicarse que ascendería a 16.000 millones) y aplacar la ira norteamericana con el despido pactado de una docena de cualificados empleados de la entidad, aunque inicialmente EE UU exigía que fueran 40 los despedidos en París, Ginebra y Singapur, las capitales desde las que BNP Paribas había ejecutado las operaciones. Pero por encima de todo, BNP mantendrá activa su licencia para seguir actuando en EE UU.

Con la asunción de su culpabilidad por parte de BNP Paribas, el Gobierno francés también ha puesto fin a la ofensiva diplomática desplegada desde comienzos de mes para rebajar o eliminar la sanción a la entidad financiera. El propio presidente francés, François Hollande, habló al respecto con su homólogo estadounidense, Barack Obama, tras calificar de “desproporcionada” la multa manejada inicialmente.

Para BNP Paribas, el escándalo le ha supuesto importantes bajadas en su valoración bursátil. Sin embargo, su cúpula directiva afirma que la multa no afectará al futuro de un banco que el año pasado registraba 94.400 millones en fondos propios.

Hasta ahora, la sanción más alta impuesta por EE UU a un banco europeo fue la impuesta a Credit Suisse el mes pasado: 2.600 millones por haber ayudado a clientes estadounidenses a evadir impuestos.

El Universo

Julio 1, 2014

BNP-Paribas se declara culpable y paga multa récord de $ 8.900 millones

 

El primer banco de Francia, el BNP Paribas, reconoció el lunes haber violado los embargos estadounidenses contra Cuba, Irán y Sudán y aceptó pagar una multa récord de 8.900 millones de dólares para evitar un juicio penal.

La sanción financiera, tomada tras meses de intensas negociaciones, es la más elevada jamás impuesta a un banco extranjero en Estados Unidos.

“BNP Paribas realizó esfuerzos para disimular transacciones prohibidas, borrar sus rastros y burlar a las autoridades estadounidenses”, subrayó el ministro de Justicia Eric Holder en un comunicado. “Estos actos representan una grave violación a la ley estadounidense”, añadió.

El monto está compuesto de 8.830 millones de dólares de multa y 143 millones de dólares en gastos, lo que eleva la suma a 8.900 millones.

El total es equivalente a la suma de las multas impuestas en 2012 y 2013 por Washington a varios bancos extranjeros, como los británicos HSBC y Standard Chartered, el holandés ING y el suizo Credit Suisse.

La sanción representa el monto que BNP reconoció haber transferido hacia Estados Unidos a nombre de sus clientes sudaneses (6.400 millones de dólares), cubanos (1.700 millones) e iraníes (650 millones).

Evitará juicio

En un comunicado emitido en París en la noche del lunes, el director general de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, reconoció los “errores cometidos en el pasado” y “se lamentó” por ellos.

La admisión de culpabilidad, excepcional para un banco, le evitará ser objeto de un juicio, pero lo expondrá a demandas de terceros y a la pérdida de grandes clientes institucionales que podrían verse tentados de cortar sus vínculos con esa entidad.

El regulador bancario francés estimó el lunes, sin embargo, que el banco es “capaz de absorber las consecuencias anticipadas” de la pesada sanción.

La autoridad de control del mismo país, la ACPR, precisó a su vez que examinó las cuentas del grupo francés y concluyó que su situación de liquidez y solvencia era “absolutamente sólida”.

Las sanciones financieras incluyen una suspensión por un año, a partir del 1 de enero de 2015, de las actividades “de compensación” en dólares, necesarias para las actividades a nivel internacional de la institución financiera europea.

La implementación de esta sanción será progresiva. El banco tendrá plazo hasta el 31 de diciembre de 2014 para encontrar una institución que se comprometa a realizar sus pagos en dólares.

Esta medida abarcaría las muy lucrativas actividades relacionadas con el petróleo y el gas.

Además de las sanciones financieras, BNP-Paribas fue obligado igualmente a desprenderse de 13 altos ejecutivos, entre ellos el director general delegado Georges Chodron de Courcel.

En total, 45 banqueros -27 de los cuales ya abandonaron el banco- fueron objeto de sanciones disciplinarias que fueron desde una baja de su salario hasta el despido.

Junio 30

El Telégrafo

Junio 30, 2014

ENTREVISTA / PATRICIO RIVERA/ MINISTRO COORDINADOR DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Código Monetario establece incentivos para que bancos inviertan en el país. La Junta de Regulación Monetaria determinará a qué segmentos de crédito la banca destinará recursos. Las instituciones del sistema financiero nacional volverán a registrarse.

 

El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, en entrevista con EL TELÉGRAFO, aclaró que el proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero no afecta, sino que garantiza que no haya comportamientos irresponsables que puedan dañar la economía del país y a la población. Rivera da detalles de la nueva ley.  

 

¿Qué tiene de revolucionario el Código Monetario?

Es poner a la gente por encima del capital, estableciendo normas que regulan el funcionamiento del sistema financiero en su conjunto, organizando la normativa bancaria, monetaria y financiera, para dejar todo en un solo cuerpo legal que permita recuperar instrumentos de política pública y desarrollar nuevos instrumentos.

¿Qué se hará con esos nuevos instrumentos?

Estos permitirán hacer más atractivo el crédito y más interesante algunos segmentos del sistema financiero, se hará que ganen menos en otros segmentos. Cambiaremos la rentabilidad del sistema financiero en cierto tipo de créditos para apuntalar la producción.

¿Para qué se necesita reorientar el crédito?

Necesitamos tener una estructura de crédito distinta, que le permita acceder al aparato productivo en unas condiciones de plazos, tasas y montos para generar empresas. También es deseable desalentar otros tipos de crédito que destruyen capacidades y oportunidades.

¿Para esto está la Junta Política Monetaria y Financiera?

El organismo garantizará un manejo más armónico, más articulado de lo que es la política económica y financiera.

¿En las atribuciones de la Junta están reunidas las de los 4 organismos a los que reemplaza?

En una muy buena medida, pero se recupera parte de las facultades que tenían hace 25 años y que dentro de la novelería neoliberal de la década del 90 se perdieron.

¿Cuáles son esas facultades que se quieren recuperar?

El hecho de poder regular más fuerte el crédito. Evitar que en los entes de control haya conflicto de intereses.

¿Qué significa identificar de mejor manera las instituciones del sistema financiero?

Antes los dueños de los bancos decían que tenían licencia para ser banqueros e iniciaban sus operaciones. Ahora si la entidad quiere dar microfinanzas tiene que saber dar este servicio, sí quiere dar créditos corporativos tiene que saber hacerlo. Con el código deberán demostrar que saben hacer lo uno y lo otro. Solo se autorizará a los bancos los segmentos que estén capacitados y garantizar el dinero de los depositantes.

¿Todas las instituciones del sistema financiero serán evaluadas para darles la licencia?

Sí, entrarán todas las entidades, para lo cual tendrán un período de 2 años para volver a presentar la información para que sigan funcionando en el sistema.

¿Cuánto será el capital que se requerirá para poner un banco?

Antes era $ 2,6 millones, ahora será más de $ 11 millones, lo que implica que quien quiera poner un banco debe tener un capital que garantice solvencia.

¿Cómo está el tema de las sanciones a las instituciones que no acaten el código?

En este tema también hay un cambio, ya que varía significativamente dependiendo del tamaño de la entidad. Antes la multa máxima era de $ 7.887 y se la establecía tanto al banco pequeño como al grande. Ahora no, la infracción de un banco pequeño es de menos impacto que una de las 4 entidades más grandes del país que manejan el 70% del crédito. Para esos bancos el tipo de pena será más grande.

¿El código mantiene que los accionistas con más del 6% deben responder en caso de que un banco tenga problemas?
En el código se deja en claro que no es lo mismo el 6% del banco más grande, que el 6% del más pequeño. Es por eso que se puso el 6% o $ 6’600.000. Además, se pusieron procedimientos más expeditos que quien sea accionista de un banco o gerente y a la entidad le va mal, los primeros que responderán son el accionista y el gerente, son corresponsables solidarios y responderán con su patrimonio.

Hay mecanismos por los que los accionistas o los gerentes no responden, ¿se ha tomado en cuenta esto?

Claro, sabemos que hay trampas, ponían un fideicomiso y como el que responde es este no había problema. Se ha desarrollado una legislación aun cuando lo hagan por medio de un tercero, que sea una persona jurídica, igual respondan.

¿Qué más se está haciendo?

También establecemos que el congelamiento de depósitos es considerado como peculado, es imprescriptible.

¿Por eso se pone el seguro de depósitos?

Estamos garantizando que todos  entren al seguro de depósitos. Ahora no todos están. La regla es muy sencilla, si alguien trabaja en el sistema tiene que garantizar a la gente un mínimo de seguridad, el seguro de depósitos.

¿Cómo funciona el seguro de depósitos?

Es sencillo, el seguro de depósitos será establecido en $ 32.000 para bancos y cooperativas grandes, entonces quien tenga depositados $ 40.000 con el seguro se devolverán $ 32.000, si tenía $ 25.000 se le restituirán los $ 25.000.

¿Para las cooperativas pequeñas el seguro es $ 11.000?

Sí, y las que en este momento no tienen los $ 11.000 la ley va a garantizar $ 1.000, que es al 95% de los depositantes. Sin embargo, las cooperativas que entregan información subirán su cobertura hasta llegar a los $ 11.000.

¿El sector cooperativo reclama que se lo haya dividido en dos segmentos?

Para evitar una cosa que en economía se llama riesgo moral. El seguro de depósitos es de $ 32.000 en una entidad que tiene depositantes con un promedio de $ 25.000, con depósitos que van desde $ 1 hasta $ 100 millones es una cifra razonable. Pero cuando la entidad es pequeña y la cifra es de $ 32.000 se cubre el 99,999%, con lo que quedarían 1, 2 o 3 bajo el seguro de depósitos, lo que es absurdo.

¿La norma busca que el país deje la dolarización?

No. Sabemos que la salida de un esquema de dolarización es algo difícil. El Gobierno lo reconoce, está claro, el propio código dice de manera precisa que todas las transacciones serán en dólares. El Presidente ha sido enfático en que la banca es uno de los sectores que más crece y que se debe corregir.

¿Qué hace precisamente el código?

Dos cosas, garantizar que la banca tenga incentivos para hacer lo que le conviene al país y eso se logra con regulación. No es malo que un banco gane, lo malo es que gane mucho, de una manera distorsionadora con respecto a los otros sectores y que lo haga haciendo cosas que no le convienen a Ecuador. Si tiene una rentabilidad razonable y que gane haciendo lo que le conviene al país, perfecto, de esto se trata todo, de  encausar la economía hacia lo que es mejor para el país.

¿Cuáles serían esos incentivos para la banca?

La política regulatoria que se abrirá con el código permitirá, por ejemplo, establecer qué banco que capta a la vista va a tener unos costos, unas provisiones o unos requisitos que van a ser más altos, que la entidad que capta a largo plazo.

¿El código establece cuánto tiene que prestar?

El negocio bancario es decir esta persona tiene un buen proyecto, bajo riesgo le presto, no paga nunca no le presto, ese es el negocio del banco y no nos vamos a meter en esa parte. Lo que sí vamos a hacer es decirle en este segmento queremos que entre, en este no queremos que entre, pero dentro del segmento el banco decidirá este vale o no vale.

¿Qué pasa con la banca pública?

Varias cosas, en general estas instituciones tenían una ley a la medida de la entidad y cada vez que queríamos cambiar algo debíamos reformar la norma, que es un absurdo. Lo que estamos haciendo es que el presidente de la República, Rafael Correa, pueda crear, transformar o eliminar las entidades del sistema financiero público, lo que permite dar mayor maniobravilidad al Ejecutivo para transformar estas instituciones bancarias cuando sea necesario y permitirles que avancen. En esta facultad se exceptúa al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), pero la institución también será controlada.

El Presidente mediante decreto dispondrá la creación de bancos, ¿es solo para la banca pública?

Sí, es solo para la banca pública, siguiendo un procedimiento que será controlado por el superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines.

 

 

Hoy

Junio 30, 2014

O vivimos en una economía abierta o estaticen todo

Entrevista a Mauricio Pozo crespo

 

Mauricio Pozo fue ministro de Economía en el Gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2004). Es máster en Economía por la Universidad de Notre Dame, en EEUU. Aquí analiza el Proyecto de Código Monetario y establece como uno de los puntos polémicos el control excesivo a la banca y afirma que es uno de los peores proyectos que ha visto con un lenguaje totalmente ideologizado.

¿Hacia dónde apunta el proyecto de Código Monetario?

Una vez ingresado a la Asamblea, es un proyecto absoluta y excesivamente intervencionista y, por otra parte, tras la  lectura se evidencia un objetivo de manejar la liquidez de la economía, paradójicamente en un país que no emite dinero y que no tiene política monetaria. Esto es una flagrante contradicción con la técnica económica en el sentido de pretender manejar la economía de un país que no tiene moneda. En segundo lugar, es contradictorio con lo que acaba de hacer el Gobierno con la emisión de los bonos Global. Estos bonos se emiten respetando los principios del mercado: la oferta, la demanda, el precio que estaban dispuestos a recibir los inversionistas. Así mismo respetando a los organismos multilaterales, a tal punto que en la circular se menciona que una causa de moratoria es que Ecuador deje de ser miembro del Fondo. Esto es contradictorio porque en el proyecto se hace una participación absolutamente fuera de lugar del Estado. Porque si el Estado va a definir, a través de algún burócrata en un Ministerio, cómo deben los bancos manejar la liquidez, a quién prestar, en qué condiciones, cómo manejar los excedentes… Debería el Estado asumir el riesgo de tales operaciones, porque es contradictorio que los bancos sean los responsables de la plata que reciben de los depositantes, pero quien decide cómo usar ese dinero no son ellos sino el Gobierno.

Aunque el Gobierno ha dicho que es el banco el que va a decidir a quién prestar…

Lo que dice el proyecto de la ley es claro. En el artículo 14 dice que la Junta es la que se encargará de normar las operaciones, entre otras, el crédito por segmentos, por actividad… Y si a eso se va a poner límites, eso será parte del instructivo. Pero como está redactado, así se entiende.

¿Qué otros puntos son controversiales?

Se eliminan los cuatro balances del Banco Central que se crearon para respaldar los pasivos de la entidad. Es decir, para dejar explícito que la dolarización tiene respaldo, la liquidez que respalda las operaciones y las obligaciones del Banco Central. Eso se elimina y simplemente se habla de los pasivos, el balance y los activos. Por otra parte hay una participación en la estructura de gastos de los bancos por el tema de remuneraciones. Estas son decisiones institucionales si pagan mucho o poco y no entiendo por qué tiene que meterse el Estado en este tipo de asuntos. Me parece que está fuera de lugar. Otro punto es el manejo de la liquidez externa. Ahora la liquidez interna y externa está en función de la seguridad de los recursos que reciben los bancos. La principal obligación de un banco es respetar el dinero que reciben como depósitos, en otras palabras, cómo utilizar de la manera más segura esos recursos. Si existe cierta liquidez externa que respalde cierto tipo de operaciones, no entiendo cómo a través de una norma  pueden cambiar esos principios. Ahí hay pocos ejemplos de una ley, que a mi criterio, es absolutamente peligrosa. Al contrario de lo que dice el Gobierno considero que es atentatoria para la estabilidad económica y la dolarización.

¿Es una ley que estatiza a la banca?

Yo no le quisiera poner ese calificativo, pero si a la banca “le van a dar decidiendo”, para qué tienen los bancos autonomía o privacidad, si el Estado va a normar absolutamente todo. En las motivaciones de la ley hay toda una letanía  de tesis ideológicas. Utilizan la dialéctica marxista, hablan de la clase burguesa…, que no es compatible con un tema que es sensible. Estos temas bancarios y financieros tienen que ser manejados con la mayor prudencia y cuidado porque puede generar un nerviosismo y si ocurre algo no lo van a poder manejar.

Pero el Gobierno habla de evitar una quiebra de la banca, pero en este periodo quebró Cofiec, Coopera, la compañía de seguros Prima. Bajo esta premisa, ¿cuál es la garantía de que el Estado sea un buen administrador?

El Estado  ha demostrado que no es un buen administrador. Porque no hay un ejemplo en estas fechas. La cartera vencida de la banca pública es entre  9% y 10% de la cartera total. La cartera vencida de la banca privada es 3%. Eso quiere decir que la banca pública tiene tres veces más de morosidad. En un ejemplo puntual  es el número de  veces que ha tenido deficiencia patrimonial el Banco de Fomento y al Estado le ha tocado intervenir poniendo plata, condonando deuda y una serie de cosas… Entonces, está fuera de discusión que el Estado no es un buen administrador. El Estado tiene que poner normas, tiene que ser supervisor, tiene que regular, tiene que poner los límites de la cancha para que los actores tengan que moverse bajo ciertos parámetros. En este caso son los bancos, pero aquí es juez y parte. Además, el Estado no es un eficiente administrador de recursos. Eso es ya absolutamente evidente.

¿Hasta donde llega el límite de responsabilidad en este proyecto de ley cuando el Estado va a controlar la banca pero no se responsabiliza por las entidades?

Esa es una pregunta para la que no tengo respuesta. Ahí uno puede colegir cosas. Es como que a una persona le obliguen a hacer algo y le vuelvan responsable cuando no decidió hacerlo. No tiene sentido.

¿Hay una señal de crisis en el país para que se establezca este proyecto de Código Monetario?

 No. No creo que el país está en crisis. Creo que tiene problemas, errores de política económica que se han ido acumulando: exceso de gasto, déficit fiscal creciente, dependencia del petróleo, déficit externo que no arreglan con medidas parches como prohibir ciertas importaciones y recién a los siete años están intentando reanimar las relaciones internacionales… Se han acumulado una serie de problemas y hay menos liquidez de lo que había antes y eso se explica con la emisión de $2 000 millones por un lado, la operación del oro por otro sector, el dinero electrónico… Eso es una evidente demostración de que están faltando recursos. Pero si no hay un manejo ordenado, si siguen acumulando desequilibrios esto se complica y se entra en una suerte de embudo. Y sí es preocupante que esa falta de liquidez quieran suplir con una norma donde el Gobierno tenga más capacidad de manejar los recursos.

¿Este proyecto de Código Monetario es la respuesta a la falta de Liquidez en el Gobierno?

No creo que sea solo eso, aunque no se descarta que pueda ser en parte. En el proyecto  de ley hay un sesgo ideológico fuerte. Hay una dosis de fanatismo y de aversión a la banca. Y la banca, sea buena o mala, cumple un rol. También hay banqueros buenos y malos, como en cualquier actividad. Con esa pasión y esa adversidad están creando una ley en la que están jugando con fuego. Esta es una ley peligrosa que puede generar un problema que ellos no van a poder manejar.

¿Pero la gente no siente el problema y se refleja en los depósitos?

Por el mundial esto pasa desapercibido. Pero cuando se empiece a sentir y comience a calar en la población será diferente. Ahora la discusión está en los técnicos. Si mañana esto empieza a filtrarse en la población y no se aclara hasta dónde quieren llegar y qué quieren hacer, obviamente que hay un riesgo importante.

La Junta de Regulación puede establecer medios de pago, ahí entra el dinero electrónico y se dice que el Banco Central es quien podrá proveer esta moneda física y electrónica y tiene poder liberatorio. ¿Qué efectos tendría?

Hay el riesgo de que sin los balances haya una emisión de dinero electrónico que no tenga respaldo en liquidez. Es lo que ya se ha dicho cuando  salió este tema, luego hubo una norma suavizando este tema. Pero de todas maneras sí hay ese riesgo. Los cuatro balances sirven para que se vean que todos los pasivos tenían la contraparte de liquidez. Ahora esa apertura estaría eliminada en la ley.

¿Esto va en relación con el artículo 17 en el que se menciona que la Junta podrá calificar una información como reservada…?

Claro. Ellos dirán qué mostrar, qué no mostrar, a quién prestar, cómo prestar… O vivimos en una economía abierta al mundo o mejor estaticen todo.

La moneda electrónica será puesta en circulación por el Banco Central. ¿Qué características hay que tener en cuenta  si no se habla de los balances? ¿Y el respaldo?

Eso debe operar como un mecanismo prepago, como un celular. El usuario paga minutos y usa hasta que se acabe. Yo no estoy en contra de que el celular sea un medio electrónico de pago. Yo estoy en contra de que creen dinero en un país sin moneda. Lo único que está permitido es la acuñación de moneda fraccionaria que son los centavos que circulan para transacciones menores. El dinero  electrónico debe ser entendido como una forma adicional de hacer transacciones. No como una forma adicional de dinero. Porque si es así, tiene que tener, como la moneda fraccionaria, el respaldo de liquidez. Si no están creando dinero sin respaldo.

Los miembros de la Junta Bancaria del Gobierno no podrán ser demandados a título personal…

Sí, pero porque tiene ese respaldo. Los problemas vienen después. Mañana no estarán en funciones públicas y ahí se verá el problema.

¿Cómo se ve la venta obligatoria de divisas?

Si hay venta obligatoria de divisas eso se llama incautación. Que administre el Banco Central las divisas que vienen por algún concepto como exportación eso se llama incautación de divisas. Eso es un paso previo a redefinir el régimen cambiario. No quisiera elucubrar porque hay que administrar lo que la ley dice y lo que tiene que explicar el Gobierno.

El Banco Central controlaría la deuda. ¿Qué perfecciona el proyecto de Código Monetario?

Se perfecciona el tema del oro, se perfecciona el dinero electrónico. Pero el comité de deuda está conformado por gente del Gobierno. Antes estaba un Banco Central independiente que opinaba sobre el exceso o no del endeudamiento. Ahora eso quedó en el papel. El Gobierno decide cómo endeudarse, hasta cuándo sin que nadie pueda opinar ni a favor ni en contra.

En sí, ¿cuál es el espíritu de este cuerpo legal?

Es una ley que tiene que ser absolutamente analizada con responsabilidad. Porque tal como está se evidencia un afán de manejar la liquidez de la economía, de una intervención excesiva en el sistema financiero. De no absorber el riesgo de las decisiones. Obviamente un riesgo involucrado para la estabilidad y el régimen cambiario. Esto a pesar de que han dicho lo contrario. Este es un proyecto de Ley de las peores iniciativas.

Junio 30, 2014

El Comercio

La deuda pública creció 66,3% desde el 2009 y se invierte en proyectos de desarrollo.

Junio 30, 2014

La deuda del sector público, incluida la interna y externa, cerró en USD 22,846.7 millones en 2013, esto es un incremento del 66,3% desde el 2009, que era de USD 13,734.0 millones. Desde inicios del actual Régimen, la inversión pública se venía cubriendo con los excedentes que deja el petróleo por su alto precio (cerca de USD 100 el barril). Pero este ingreso no ha sido suficiente para cubrir el Plan de Inversión Anual, por lo que el Gobierno ha encontrado en el endeudamiento una fuente para su financiamiento y desde el 2012 se evidencia un mayor crecimiento. ​ La mayoría de la deuda contraída se invierte en proyectos de desarrollo, según el Gobierno. La proporción de la deuda pública total respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del 2013, que cerró en 93, 577.2 millones, representó el 24,4% en ese año. Sin se compara con la relación deuda/PIB del 2009, el incremento fue de 2,2 puntos, por lo que el Frente económico ha visto que todavía hay un margen de maniobra. Fausto Herrera, ministro de Finanzas, anunció el martes pasado, en un conversatorio con la prensa que el endeudamiento respecto al PIB crecerá a un 34% hasta el 2017. La búsqueda de financiamiento durante este Gobierno se ha centrado en las entidades multilaterales con sede en América Latina, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el FLAR. Herrera advirtió una vez más que este y el próximo año son difíciles por lo que tendrá más trabajo para buscar recursos. El requerimiento de financiamiento alcanza los USD 8 500 millones y aclaró que el déficit presupuestario, tras ajustes, es de 4 500 millones. Para este año está previsto que llegen los desembolsos programados por aproximadamente USD 4 000 millones, provenientes de China y otros países. En contexto, desde el 2008, el Gobierno contrajo créditos por más de USD 10 000 millones, con China. Más debate en torno al oro Ecuador vendió sus primeros ‘bonos’ para construir el tren de Alfaro Ecuador paga más para volver al mercado Las 10 gestiones económicas USD 2 000 millones en bonos, a 10 años También se prevé que lleguen USD 1 000 millones, por la duplicación de una línea de crédito del Banco Mundial. Hace pocos días se concretó otro crédito de USD 400 millones con Goldman Sachs, al 4,3% y se realizó una emisión de bonos por 2 000 millones más, al 7,95%. El destino de estos dineros, principalmente, será para el cambio de matriz energética. Solo en los ocho proyectos hidroeléctricos se necesitan USD 2 000 millones. El artículo 126 de la Ley de Planificación de las Finanzas Públicas establece que los recursos, producto de transacciones de deuda pública, solo podrán utilizarse para: programas estatales, proyectos de inversión de infraestructura, que tengan capacidad financiera de pago. También se puede destinar para refinanciar deuda pública externa en condiciones más beneficiosas para el país. Esta norma prohíbe, además, que el endeudamiento sea dirigido para gasto permanente, con excepción de los que prevé la Constitución: salud, educación y justicia, previa calificación del Presidente.

Hoy

Código: Rivera compara a la banca privada con Drácula

Junio 30, 2014

En dos horas las autoridades financieras expusieron el nuevo Código Monetario
La Comisión de Régimen Económico inició el trámite del proyecto de ley que pretende normar las finanzas
Con frases relacionadas a la banca dichas por expresidentes de Estados Unidos y una breve reseña histórica de las crisis internacionales desde 1890, las autoridades económicas del Gobierno defendieron ayer el Proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero.
El texto, calificado ayer en el CAL y defendido inmediatamente por las autoridades económicas, reposa en el seno de la Comisión de Régimen Económico desde el miércoles. El pleno tendrá 30 días para aprobarlo por su carácter de económico urgente.
En la presentación del ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, y del presidente del Banco Central, Diego Martínez, destacaron frases como: “Hay que regular las tasas de interés por segmentos de crédito para evitar burbujas financieras”, “todas las entidades financieras tendrán seguros de depósitos”, “el Código no nos saca de la dolarización”, “el Código intenta poner controles y evitar problemas en la economía”, “el Estado no va a decidir a quién dar crédito y a quién no”…
La normativa está compuesta por tres libros: de los Sistemas Monetario y Financiero, del Régimen de Valores y del Régimen de Seguros. Uno de las figuras que se destaca es la creación de una Junta de Gobierno con amplios poderes para controlar las acciones del sector, hasta con la ayuda de la Fuerza Pública.
Mientras Rivera tenía la palabra, su tono de voz se elevaba al explicar los beneficios de la normativa: “El sistema financiero no es una mecánica o una panadería”, “se vienen sanciones más severas para los bancos que no cumplen las leyes”. Y la frase que se llevó más de una risa fue: “No podemos tener a drácula cuidando el banco de sangre”.
Las autoridades argumentaron, entre otras cosas, que no es suficiente tener bancos sanos, que deben ser regulados. Esa regulación se amplia, con el proyecto de Código, a la especie monetaria y a los medios de pago. Así como a las tasas de interés.
Uno de los puntos que resaltaron las autoridades tiene que ver con los paraísos fiscales. Allí, el documento plantea que la Junta de Gobierno tiene la potestad de regular las transacciones financieras internacionales en esos países. Además, las entidades Financieras tienen la obligatoriedad de informar a las autoridades de control sobre la cadena completa de una transacción internacional. La Junta puede regular la apertura, mantenimiento y cierre de cuentas o inversiones financieras en paraísos fiscales.
Otra de las propuestas del Ejecutivo es establecer montos máximos a las inversiones financieras que se hagan en el exterior y el ingreso obligatorio de divisas provenientes de esas operaciones que la Junta determine. Se cargará con multas hasta por el monto de divisas no ingresadas.
En lo que tiene que ver con las facultades en la gestión de capitales, la Junta podrá establecer condiciones y límites a la posición en activos externos que las entidades financieras mantengan en el exterior.
La exposición duró dos horas. Los asambleístas de la bancada oficialistas movían su cabeza en forma positiva cuando Martínez decía: “se derogarán 30 leyes y se las condensa en un solo cuerpo”, “vamos a hacer que el dinero sea útil para los ecuatorianos”, “la mitad del comercio mundial se tranza a través de los paraísos fiscales”, “ya no van a jugar lotería con los recursos de los ecuatorianos”… Sin embargo, el asambleísta independiente Ramiro Aguilar estaba inquieto en su asiento. En ocasiones se ponía de pie, analizaba los discursos, salía de la sala y volvía en cuestión de minutos. Al final de la cita dijo que este proyecto es extremadamente peligroso (ver compartida).
El Código, según las autoridades económicas, fortalece a las aseguradoras y beneficia a los usuarios. Según ellos la ley es para evitar quiebras bancarias
En cuanto a la regulación de crédito, señalaron que la normativa permite recuperar instrumentos de manejo de liquidez como regulación de crédito. Según ellos, la mayor cantidad de créditos se destinan al sector productivo, pero se trata de dinero entregado a corto plazo que no generan inversión.
La presentación concluyó y la Comisión de Régimen Económico espera hoy a los representantes de las mutualistas.

Un primer acercamiento del Proyecto de Código Financiero
Las funciones de la Junta
 Art. 14. Formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaría y financiera, incluyendo la política de seguros y de valores.

2.  Regular mediante normas la implementación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaría y financiera, incluyendo (a política de seguros y de valores, y vigilar su aplicación
3.  Regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del Sistema Financiero Nacional y las actividades de las entidades de seguros y valores;
4.  Regular la creación, constitución, organización, operación y liquidación de las entidades financieras, de seguros y de valores
5.  Conocer sobre los resultados del control efectuado por las superintendencias referidas en este Código, de la supervisión y vigilancia a cargo del Banco Central del Ecuador, y sobre los informes que presente la Corporación de Seguro de Depósitos y Fondo de Liquidez, en el ámbito de sus competencias;
6.  Interpretar las disposiciones de este Código, la normativa regulatoria y resolver lo» casos no previstos.
7.  Aprobar la programación monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, que se alinearán al programa económico del Gobierno.
8.  Autorizar la política de inversiones de los excedentes de liquidez y de las reservas internacionales
9.  Conocer y resolver las impugnaciones que se presenten a los actos de la propia Junta…
Las facultades macroeconómicas de la Junta
 Art. 15. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podría establecer condiciones y límites a la posición en activos externos que las entidades financieras, de valores y seguros, así como las entidades no financieras que otorguen crédito por sobre los límites que establezca la Junta, mantengan en el exterior.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá establecer condiciones y límites al endeudamiento externo que las entidades financieras, de valores y seguros y las entidades financieras que otorguen crédito por sobre los límites que establezca la Junta, del país contraten en el exterior. Además, podrá establecer condiciones y límites a los montos de firmas, avales, garantías o cualquier otro contingente que otorguen las entidades del Sistema Financiero Nacional a cualquier persona natural o jurídica.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá disponer que las divisas provenientes de las operaciones que ella determine, ingresen de manera obligatoria al país y establecerá multas hasta por el monto de las divisas no ingresadas, en caso de incumplimiento de tal obligación. Dichas multas serán impuestas por el Banco Central. En caso de no poder cobrar estas obligaciones mediante débitos bancarios, se procederá al cobro a través de la vía coactiva.
Art. 16. Los organismos de control, el Banco Central, la Corporación de Seguros de Depósitos y el Fondo de Liquidez podrán preparar y proponer estudios…
Las acciones del Banco Central del Ecuador
Art. 32. Informe trimestral. El Banco Central presentará a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera un informe trimestral sobre su situación financiera, reservas y posición de activos externos, acompañado de los respectivos estados financieros, documentos que deberán entregarse en el transcurso del mes siguiente, suscritos por el Gerente General y el Contador General del banco.
Artículo 33. Balance del Banco Central: La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera deberá establecer políticas orientadas a velar por la calidad y liquidez de los activos del balance del Banco Central del Ecuador, para respaldar apropiadamente sus pasivos, y emitirá la normativa necesaria para el catálogo de cuentas, los registros contables y la elaboración de los estados financieros del Banco Central. Las operaciones con derivados financieros que efectúe el Banco Central deberán atenerse a las normas sobre aspectos contables, financieros y operativos que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Artículo 34. Presupuesto. El presupuesto del Banco Central se financiará con los ingresos obtenidos por .su propia gestión y se elaborará en base a los lineamientos que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y demás leyes relacionadas con Ja materia. El presupuesto del Banco Central será aprobado por la Junta. En el caso que los ingresos de la gestión del Banco Central no sean suficientes para la operación, el ministerio rector de las finanzas públicas asignará las partidas…

Las funciones del Banco Central en relación a la Banca
 Art 36. Instrumentar y ejecutar las políticas y regulaciones dictadas por la Junta para los sistemas monetario y financiero, monitorear y supervisar su aplicación, sancionar su incumplimiento, en el ámbito de sus competencias, e informar de sus resultados.
2.  Administrar el Sistema Nacional de Pagos.
3.  Vigilar y supervisar los Sistemas Auxiliares de Pagos.
4.  Garantizar el suministro y la distribución de las especies monetarias y dinero en el país.
5.  Adquirir títulos y obligaciones emitidos por el ente rector de las finanzas públicas, de conformidad con las regulaciones de la Junta.
6.  Emitir valores.
7.  Efectuar operaciones de redescuento en las entidades del Sistema Financiero Nacional que cumplan con los requisitos que determine este Código y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
8. Gestionar la liquidez de la economía para impulsar los objetivos de desarrollo del país, utilizando instrumentos directos e indirectos como operaciones de mercado abierto, operaciones de cambio, erare otros.
9.  Fomentar la inclusión financiera, incrementando el acceso a servicios financieros de calidad, en el ámbito de su competencia.
10. Dirigir y promover la integración monetaria y financiera regional.

 El Banco Central y su operación en el sector financiero
Art 41. Operaciones financieras del Sector Público no Financiero: Las instituciones organismos y empresas del Sector Público no Financiero deberán efectuar por medio del Banco Central del Ecuador, o las cuentas de éste, todos los pagos que tuvieren que hacer, así como todas las operaciones financieras que requieran, de acuerdo a las regulaciones y excepciones que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Las entidades del Sector Público no Financiero no podrán realizar inversiones financieras, con excepción del ente rector de las finanzas públicas, las entidades de seguridad social, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y la Corporación de Seguro de Depósitos y Fondo de Liquidez, o salvo autorización expresa de la Junta.
Las operaciones cursadas por las instituciones públicas o empresas públicas, a través del Banco Central, como agente financiero del Estado, ya sea en el país o en el exterior, son de naturaleza publica. La inobservancia de lo dispuesto en este artículo será sancionada penalmente como delito de peculado, de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles.
Art. 42. Convenios de corresponsalía: El Banco Central puede celebrar convenios de corresponsalía con las entidades del Sistema Financiero Nacional o del exterior, para la recaudación, cobro y pago de recursos públicos…
Los créditos externos
Art. 38. Créditos externos: El Banco Central, a nombre del Estado ecuatoriano, podrá contralar créditos externos para el financiamiento de la balanza de pagos y para atender necesidades de liquidez, con la aprobación del Comité de Deuda y Financiamiento,
Art 39. Representación del Estado: El Banco Central den representación del Estado ecuatoriano en sus relaciones con los organismos monetarios internacionales, suscribirá las aportaciones, adquirirá las acciones y títulos valores de esas instituciones.
Artículo 40. Depósitos del sector público: El recurso público de las instituciones, organismos y empresas del sector público no financiero se mantendrán en depósito en el Banco Central, de conformidad con las regulaciones que emita la Junta. Las entidades del Sistema Financiero Nacional participarán en la recaudación de los recursos públicos, a través de cuentas recolectoras a nombre de las entidades públicas no financieras, de conformidad con las regulaciones que expida la Junta. El saldo de dichas cuentas se transferirá de manera automática a las cuentas que les corresponda a las respectivas instituciones públicas en el Banco Central, de conformidad con la regulación que se expida para el efecto. Las entidades del Sistema Financiero no podían abrir, a nombre de las instituciones públicas, otro tipo de cuentas, salvo que cuenten con la autorización de la Junta…
‘El proyecto lleva a la estatización de la banca’
Ramiro Aguilar, asambleísta independiente
El Gobierno a través de la Ley casi impone la hoja de ruta y la actividad diaria del sistema financiero privado, lo cual en la práctica volvería casi imposible el tener este sistema y podría conllevar la estatización de la banca. El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo puede crear instituciones de sistema financiero público. Es decir, los bancos públicos creados bajo decreto, no a través de una ley… Veo una irresponsabilidad al mandar este proyecto tan complejo, con el carácter de económico urgente. La comisión tiene apenas 10 días para preparar el informe para primer debate. Aquí cada uno será responsable de sus actos. El presidente va a tener concentrado en él la autoridad de regular todo el sistema financiero del Ecuador y todo el sistema monetario. Es extremadamente peligroso. Se vende la idea de que el banquero es el enemigo de la gente y que el Estado va a proteger a la gente.

Hoy

Jugando con fuego

Junio 30, 2014

Por: Mauricio Pozo Crespo

Acaba de ingresar a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley denominado Código Monetario y Financiero. Este cuerpo legal, que se procesaría con el carácter económico urgente y con formato de ley orgánica, expone en los motivos toda una letanía de historia ecuatoriana y mundial donde el mensaje es que los bancos han sido los grandes culpables de las crisis económicas a lo largo de los siglos. No niego que han existido excesos y culpables, pero como todo en la vida, hay buenos y malos en todas las profesiones. El texto de las motivaciones de la ley asoma como una aclamación a la dialéctica marxista del siglo XIX, nada más alejado del mundo de hoy.
La contradicción oficial más flagrante y evidente es la emisión de $2 000 millones en bonos en el mercado internacional, y esta ley. En el primero de los casos respetan el mercado, la oferta y la demanda, así como a los organismos internacionales como el FMI, al punto de que en la circular de oferta de bonos se expresa que una causa de “default” o de moratoria de deuda es que el Ecuador deje de ser miembro del FMI. ¿Y la famosa soberanía que tanto recalcan? Cualquier disputa, dice el documento, está bajo leyes extranjeras como la de New York. ¿Y la soberanía? Resalto estas contradicciones, aunque opino que es una mejor forma de endeudamiento que la contraída con China o la relativa al oro, para evidenciar el opuesto comportamiento del Gobierno con lo que pretende esta ley.
Es un cuerpo legal que traduce una intención oficial por manejar la liquidez de la economía, meta contradictoria para un país que no emite dinero y que no tiene política monetaria. Si les van a ordenar a los bancos dónde invertir, dónde y cómo prestar, ¿cómo les pueden dejar con el riesgo del crédito? El manejo del riesgo es del banco pero si este decide; caso contrario, debería ser el Estado el que lo absorba, en cuyo caso no me queda claro qué hace el sector privado y hasta dónde llega el sector público.
La principal responsabilidad de un banquero es cuidar la plata de los depositantes. Esa alta responsabilidad no es compatible con la intención del Gobierno para que un burócrata desde algún ministerio decida cómo deben los bancos usar la plata de los depositantes. Entre muchas otras barbaridades, también se eliminan los cuatro sistemas de balances del Banco Central, cuando los mismos se definieron precisamente para que se explicite el respaldo de los pasivos del Banco Central, vale decir, que las obligaciones tienen el soporte de liquidez y, por lo tanto, la dolarización está garantizada. ¿Cómo pueden decir entonces que defienden el régimen cambiario?
Los asuntos bancarios y del sistema financiero son temas excesivamente sensibles y no pueden ser tratados con ideologías, apetencias o antipatías. Si la banca no se la regula con criterios absolutamente técnicos y objetivos, sin pasiones ni fanatismos, pueden provocar un clima de nerviosismo y preocupación que no van a poder manejar. Allá, cada cual con su responsabilidad; la mía es contribuir como ecuatoriano responsable de los riesgos de estas intenciones.
La contradicción oficial más flagrante y evidente es la emisión de USD 2.000 en bonos en el mercado internacional

 

El País

BNP Paribas asume una sanción récord por saltarse embargos de EE UU

El banco francés pagará 6.500 millones y no podrá operar en dólares en el sector energético

Junio 30, 2014

El BNP Paribas, el primer banco de Francia y segundo de la zona euro, asume que ha cometido irregularidades por las que Estados Unidos prevé sancionarle este lunes con una multa de 6.500 millones de euros, una multa récord a una entidad europea. Además, BNP Paribas no podrá realizar durante un año pagos en dólares en el sector petrolero y gasístico. Mediante complejas operaciones bancarias, el banco francés eludió durante la pasada década embargos estadounidenses contra la venta de petróleo y gas procedente de Sudán e Irán.
El director general de la entidad francesa, Jean-Laurent Bonnafé, envió el pasado día 27 una carta a sus 180.000 empleados en la que admitía la posibilidad de que BNP fuera castigado por “los errores cometidos”. Se refería a las operaciones de compraventa de petróleo y gas, procedente sobre todo de Sudán, entre los años 2002 y 2009, a pesar del embargo decretado por EE UU.
Las operaciones, en ocasiones con pagos realizados desde empresas chinas para disimular más el origen del dinero, no era ilegal en otras partes del mundo, incluida Europa. Sin embargo, al utilizar dólares —la moneda más habitual en el sector energético internacional—, el recorrido financiero de esas compraventas incluían el paso por cámaras de compensación estadounidenses, momento en que se rompía el embargo.
Los investigadores estadounidenses analizaron operaciones de BNP por valor de unos 100.000 millones y, según diversas informaciones difundidas en medios franceses, las autoridades estadounidenses detectaron irregularidades en compraventas valoradas en 21.500 millones.
Una vez que BNP Paribas ha assumido sus “errores”, el banco se libra, en teoría, de que las autoridades estadounidenses persigan penalmente a sus directivos. Además, en las negociaciones registradas en estos meses pasados estos han conseguido reducir la multa (llegó a publicarse que ascendería a 16.000 millones) y aplacar la ira norteamericana con el despido pactado de una docena de cualificados empleados de la entidad, aunque inicialmente EE UU exigía que fueran 40 los despedidos en París, Ginebra y Singapur, las capitales desde las que BNP Paribas había ejecutado las operaciones. Pero por encima de todo, BNP mantendrá activa su licencia para seguir actuando en EE UU.
Con la asunción de su culpabilidad por parte de BNP Paribas, el Gobierno francés también ha puesto fin a la ofensiva diplomática desplegada desde comienzos de mes para rebajar o eliminar la sanción a la entidad financiera. El propio presidente francés, François Hollande, habló al respecto con su homólogo estadounidense, Barack Obama, tras calificar de “desproporcionada” la multa manejada inicialmente.
Para BNP Paribas, el escándalo le ha supuesto importantes bajadas en su valoración bursátil. Sin embargo, su cúpula directiva afirma que la multa no afectará al futuro de un banco que el año pasado registraba 94.400 millones en fondos propios.
Hasta ahora, la sanción más alta impuesta por EE UU a un banco europeo fue la impuesta a Credit Suisse el mes pasado: 2.600 millones por haber ayudado a clientes estadounidenses a evadir impuestos.

 

El Universo

Junio 30, 2014

Hoy vence el primer plazo de Argentina de bonos Discount

 

Argentina sigue al borde del abismo por su controversia judicial, financiera y política con fondos especulativos, a riesgo de incurrir en default en una cuota a bonistas, si fracasa un arreglo antes del 30 de julio. Hoy cae el primer vencimiento del pago de una cuota del bono Discount de los canjes del 2005 y 2010 por $ 225 millones bajo legislación de Nueva York, en cuya justicia dirime un litigio con grupos de inversores que rechazan la reestructuración.

El plazo de gracia y último vencimiento por contrato para acreditar el pago vence el 30 de julio, fecha en la cual se podría registrar la tan temida moratoria de la cuota si antes no hay un entendimiento de algún tipo con los demandantes. “Si en un mes no hay acuerdo con los holdouts la cosa se va a poner extraordinariamente más complicada”, dijo Daniel Marx, director de Quantum Finanzas.

Organismos internacionales y países han manifestado su preocupación por un caso que podría ensombrecer todo proceso de reestructuración soberana, pero la Justicia ha ordenado “páguese” y no hubo vuelta que darle.

Argentina expresó ayer su intención de pagar de forma “justa, equitativa y legal” a todos los acreedores de la deuda externa, entre ellos quienes no aceptaron una reducción en el monto, los llamados “fondos buitre”. Además, volvió a cuestionar la decisión tomada el viernes por el juez estadounidense Thomas Griesa, que ordenó al Banco de Nueva York no direccionar el depósito de $ 539 millones que el gobierno argentino realizó para pagar desde hoy a los bonistas reestructurados de la deuda externa.

 

El País

Bruselas permite destinar 1.700 millones contra el ataque a los bancos búlgaros

Siete detenidos por un compló para desestabilizar el sistema bancario del país

 

La Comisión Europea ha autorizado al Gobierno de Bulgaria a poner en marcha un plan de liquidez para los bancos del país por 3.300 millones de levas (1.700 millones de euros). La línea de crédito al Estado es “proporcional y adecuada con la necesidad de asegurar liquidez suficiente a sector bancario en las actuales circunstancias”. El Ejecutivo del país asegura que con ese dinero podrá responder “a los ataques de carácter especulativo de la semana pasada”, supuestamente concertados para provocar una crisis financiera en el país.
El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha acogido con satisfacción esta medida por considerar que estabilizará el sistema bancario búlgaro. Bruselas considera que “el sistema bancario búlgaro está bien capitalizado y tiene altos niveles de liquidez en comparación con sus homólogos en otros Estados miembros” y cree que los problemas vienen de “acontecimientos externos, no relacionados con la banca”.
El presidente del país, Rossen Plevneliev, se vio forzado a negar este domingo que los bancos del país estuviesen al borde del colapso. La declaración coincidió con la detención de seis personas en el país acusadas de “extender información falsa” sobre varios bancos. La semana pasada se produjeron “ataques” a dos de los mayores bancos del país que instaban a los clientes a retirar sus depósitos. La afluencia masiva de clientes para retirar dinero obligó a cerrarlos temporalmente.
La Agencia Nacional de Seguridad de Bulgaria ha informado este lunes de la detención de dos nuevas personas en relación con un presunto compló dirigido a desestabilizar el sistema financiero del país mediante la difusión de manera concertada de falsas informaciones a través de Internet y de teléfonos móviles.
La agencia ha informado de que la detención de estas dos personas, ambas de nacionalidad búlgara, se ha llevado a cabo en Sofía en el transcurso de una operación iniciada tras detectar la creación de una red de empresas de servicios de mercadotecnia responsables del envío de cientos de mensajes bajo el título de “Boletín informativo de los riegos para los depósitos en los bancos búlgaros”.
En este boletín, los detenidos habrían difundido informaciones sobre los problemas de liquidez que atraviesan algunas entidades búlgaras, como CorpBank, cuarto mayor banco del país, que tuvo que ser intervenido por el Gobierno la semana pasada y podría acabar siendo nacionalizado si sus accionistas de referencia no se ponen de acuerdo en un plan de recapitalización.
Asimismo, los presuntos conspiradores habrían difundido informaciones acerca de la delicada situación del Fondo de Garantía de Depósitos de Bulgaria, que no contaría con capacidad para salvaguardar los ahorros de los ciudadanos en caso de que los problemas de los bancos del país se agravasen.

Más arrestos el fin de semana

Estas nuevas detenciones tienen lugar después de que la Policía búlgara arrestara a otras cinco personas durante el fin de semana después de que la semana pasada tuviese lugar una segunda retirada masiva de depósitos por ciudadanos que hicieron cola a las puertas de las oficinas de los bancos por temor a perder sus ahorros.
Asimismo, en los últimos días el tercer mayor banco por volumen de préstamos, Primer Banco de Inversiones, sufrió también una importante fuga, lo que provocó que el Banco Central advirtiera de un ataque sistemático contra el sistema bancario.
Por otro lado, el presidente de Bulgaria, Rosen Plevneliev, ha afirmado que disolverá el Parlamento y ha fijado el 6 de agosto como la fecha de nombramiento de un nuevo Gobierno en funciones que conduzca a Bulgaria a unas elecciones parlamentarias previamente acordadas por los partidos políticos para el próximo 5 de octubre.
Plevneliev ha señalado este domingo que las instituciones y los partidos políticos de Bulgaria apoyan los esfuerzos para estabilizar el sistema bancario y que los ciudadanos no tienen por qué temer por sus ahorros.

Junio 27, 2014

El Comercio

Junio 27, 2014

Arremetida contra la banca en la presentación del Código Monetario

Dos de las principales autoridades económicas del país se presentaron ayer, 26 de junio, ante la Comisión de Régimen Económico, solo 20 horas después de que el Ejecutivo enviara a la Asamblea el proyecto de Código Monetario y Financiero. Durante dos horas, el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, y el presidente del Directorio del Banco Central, Diego Martínez, expusieron los motivos por los cuales es necesario aprobar este proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente, por lo que deberá ser aprobado en hasta 30 días. Según los funcionarios, la legislación vigente privilegia al capital por sobre el ser humano, además de que el sector monetario y financiero es el más atrasado en términos institucionales. De ahí que el objetivo principal apunta hacia una regulación más severa de las operaciones financieras, para evitar crisis como las que vivió el país en 1999, dijeron. En sus disertaciones ante los asambleístas de la Comisión, en una sala llena de periodistas y representantes de sectores involucrados, tanto Rivera como Martínez se refirieron en duros términos al accionar de la banca privada, no solo nacional, sino de todo el mundo. Para ello utilizaron citas de ex presidentes de EE.UU. que se referían a la necesidad de mantener a estas instituciones bajo control, para que no generen desigualdad y desempleo. Así, Martínez, hizo referencia a la frase de Thomas Jefferson, respecto a que “las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército”, para referirse a que no se debe permitir que los bancos controlen la emisión de dinero. Por su parte Rivera, con un tono de voz más enérgico, fue más punzante al señalar, por ejemplo: “Ya no van a jugar lotería con los recursos de los ecuatorianos”, “El sistema financiero no es como una mecánica o una panadería” o que “No podemos tener a Drácula cuidando el banco de sangre”. Y desagregó algunas de las medidas que se vendrán para mejorar el funcionamiento del sistema financiero y controlar los gastos de las entidades: se incrementará el requisito mínimo de capital pagado para que puedan operar las instituciones, de USD 2 600 millones a 11 500 millones; se regularán las remuneraciones y otros beneficios de los administradores: se incrementarán las sanciones administrativas que pasarán de un máximo de USD 7 887, hoy, a 860 000. ​ Carlos Marx Carrasco: No estamos pensando en desdolarizar La rentabilidad de la banca cayó en 7 años La Asamblea acelera su trabajo con el trámite de 4 proyectos cruciales Adicionalmente, se regulará el crédito, de tal manera que se destine a actividades que generen producción y empleo, ya que, según las autoridades, cuando el crédito cae, el empleo también lo hace. De esta forma se evitará que se repitan crisis como las que vivió el país o que se repliquen burbujas como la ocurrida en la crisis mundial del 2008. Todo esto será supervigilado por una Junta de Regulación que estará conformada por el Ministro Coordinador de la Política Económica, el Ministro de Finanzas, el Secretario Nacional de Planificación, el Ministro Coordinador de la Producción y un delegado del Presidente. En este núcleo no tendrá cabida ningún representante de las instituciones financieras. A ellos se refirió Rivera como “Drácula”. Para el asambleísta Ramiro Aguilar, miembro de la Comisión, esta Junta es una especie de “Dios”, que determinará lo que pase con el dinero de todos los ecuatorianos que se encuentra en los bancos. El legislador fustigó el alcance del proyecto y el poder que se otorgará a este nuevo ente. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, César Robalino, señaló que, dada la extensión del documento (170 páginas), todavía están estudiándolo. “En los próximos días nos pronunciaremos”. El próximo martes, en Guayaquil, la Comisión recibirá a los representantes de los bancos privados. El lunes, en cambio, se recibirá a los dirigentes de las mutualistas, en Cuenca. Para el analista económico, Pablo Lucio Paredes, la creación de esta Junta, en una economía dolarizada, “es mucho más grave que cualquiera de los elementos de regulación que se han dado hasta ahora”. Mayoría oficial en el Biess ​ El Régimen busca mayoría en el Directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). El proyecto de Código cambia la conformación de esta entidad, que tiene entre sus funciones, además de otras, las de aprobar las inversión del portafolio de la entidad que al 2013 sumó USD 12 255,6 millones. Hoy, el Directorio del Banco cuenta con cuatro miembros: dos del Ejecutivo (el Presidente del Directorio del IESS, quien es designado por el Presidente de la República; y un miembro designado por el Directorio del IESS de una terna presentada por el Mandatario), un delegado de los afiliados y otro de los jubilados. El proyecto establece que la entidad estará conformada por cinco miembros: tres del Ejecutivo (el Presidente del Directorio del IESS, el titular de la secretaría de Estado a cargo de la política económica o su delegado, el titular de una secretaría de Estado afín a la actividad o su delegado), un delegado de los jubilados y uno de los afiliados. Además, determina que los miembros del Directorio serán cesados, que el banco estará por 180 días a cargo de la Superintendencia de Bancos y que los miembros del Directorio actuarán únicamente en las sesiones que sean convocados y en los comités que por normativa sean requeridos. El exdirector del IESS, Marco Morales, cree que con la reforma la entidad pierde autonomía. “El Biess es el banco de los afiliados y el Directorio debe estar conformado por los actores. Los actores de ese Banco son jubilados, afiliados y patronos. Está bien el control, pero la autonomía de la entidad no puede perderse”. La reforma llega en momentos en que el Consejo de Participación Ciudadana lanzó un concurso para reemplazar a los representantes de los jubilados y los afiliados, miembros del Directorio que se eligen a través de un concurso. En contexto El Ejecutivo envió el miércoles 25 de junio del 2014 el proyecto que deroga 30 leyes. El cuerpo legal consta de 516 artículos, 13 disposiciones generales, 37 disposiciones reformatorias, 31 derogatorias -entre leyes y decretos-, 35 transitorias y tres disposiciones finales.

El Universo

Junio 27, 2014

Nuevo Código Monetario no nos saca de dolarización, según BCE

El presidente del Banco Central, Diego Martínez, aseguró ayer que el Código Monetario Financiero, que fue enviado el miércoles a la Asamblea como urgente en materia económica, “continúa con el proceso de dolarización”. “No nos saca de la dolarización”, insistió.

Lo hizo en su comparecencia a la Asamblea, acompañado del ministro de la Política Económica, Patricio Rivera, durante la primera comisión general organizada por la Comisión de Régimen Económico –que la preside Oswaldo Larriva (AP)– ente que elaborará el primer informe del Código para la discusión en el pleno.

Martínez explicó que se podrá continuar haciendo las transacciones con normalidad, aunque con distintos tipos de dólares: los billetes verdes, la moneda fraccionaria (dólares ecuatorianos) y la moneda electrónica. Martínez aseguró que el dinero electrónico podrá ser cambiado en cualquier momento por dólares físicos.

Insistió en que el Código establece que en ningún caso el Estado podrá obligar a una persona natural o jurídica a recibir moneda distinta al dólar de EE.UU. “Nadie será pagado por el Estado en ninguna cosa que no sea dólares”, aseguró.

El ministro Rivera defendió el tema del direccionamiento de crédito por parte del Estado que propone el Código. Dijo que la regulación garantiza que los banqueros ganen plata, pero la ganancia será mayor si hacen “lo que le conviene al país” y menor si no lo hacen.

Según Rivera, la visión económica de izquierda sostiene que la regulación del crédito y la moneda permiten generar crecimiento, empleo, evita burbujas especulativas, crisis bancarias. En este sentido, dijo que para el Gobierno es indispensable regular el crédito.

Las presentaciones de ambos funcionarios generaron preocupación en el asambleísta Ramiro Aguilar (independiente). El legislador calificó como una irresponsabilidad del Gobierno haber enviado el proyecto legislativo, que es complejo y voluminoso, por la vía urgente.

Advirtió que será muy difícil examinarlo a fondo en 10 días, que es el tiempo que tiene la Comisión de Régimen Económico para tratar el tema. Consideró, además, que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tendrá un poder enorme, que será emanado desde la Presidencia de la República, pues quienes la conforman son ministros designados por el primer mandatario.

El Código que tiene 184 páginas eliminará, según informaron las autoridades, 30 leyes neoliberales. La normativa también aborda temas como el Seguro de Depósitos, la prelación de pagos de los bancos en liquidación. También entrará a regular a las aseguradoras y empresas que dan crédito sin pertenecer al sistema financiero.

516 artículos tiene el proyecto enviado por el Ejecutivo.

Hoy, a las 10:35, se socializará el Código con actores de cooperativas y aseguradoras en conjunto con el Superintendente de Economía Popular y Solidaria.

El martes se escucharán las voces de la banca en la CFN, en Guayaquil. Previamente el lunes habrá una reunión en Cuenca con mutualistas.

El Telégrafo

Junio 27, 2014

Código Monetario crea la Junta de Regulación Monetaria y Financiera

La Comisión de Régimen Económico inició ayer el proceso de socialización de la propuesta de ley. Hoy se reunirá con el sistema cooperativo del país.

Para reordenar el sistema financiero público, privado, de la economía popular y solidaria, así como del régimen de valores y seguros del país, el Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera, un ente de control que será parte de la Función Ejecutiva.

El nuevo organismo reemplazará a la Junta Bancaria, Junta del Mercado de Valores, Junta de Regulación de la Economía Popular y al Directorio del Banco Central (BCE), explicó el ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, durante su comparecencia ante la Comisión Económica de la Asamblea. En la disposición transitoria tercera también se determina que todos los reclamos y trámites administrativos presentados en  dichas entidades deben ser resueltos por la nueva junta en 180 días.

La nueva entidad estará conformada por los ministros de la Política Económica, Producción, Finanzas Públicas, el titular de la Planificación del Estado y un delegado del Presidente de la República. Mientras que los superintendentes de Bancos, Economía, Popular y Solidaria, y de Compañías, Valores y Seguros participarán en las sesiones del organismo con voz, pero sin voto. La creación de este nuevo organismo de control es ya motivo de polémica. El asambleísta Ramiro Aguilar (ex-Suma) considera que el proyecto de ley otorga demasiados “poderes” a un solo ente, que estará manejado por el Ejecutivo.

Aquello es cuestionado por el ministro Rivera, quien señaló que el propósito  de la Junta Política y Regulación Monetaria es garantizar la integración de la normativa que regirá a los sistemas. “Tenemos al momento cuatro entidades que establecen cómo deben moverse las cosas (…) Lo lógico es tener una articulación en términos de la política pública”, acotó.

Entre las 48 funciones que tendría el organismo están: formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo la política de seguros y de valores;regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del sistema financiero nacional y las actividades de las entidades de seguros y valores; regular la creación, constitución, organización, operación y liquidación de las entidades por esta controlada; aprobar la programación monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, que estará acorde al programa económico del Gobierno.

Además establecerá los cupos que las entidades de los sectores financiero privado y popular y solidario  podrán contratar con el Banco Central del Ecuador para operaciones de ventanilla de redescuento o de inversión doméstica, sobre la base de su solvencia, relaciones patrimoniales y la política económica que se determine para el efecto.

A través de un correo electrónico el director de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE),  César Robalino, señaló: “…Estamos analizando el contenido que tienen más de 600 artículos y cerca de 190 páginas. Debido a que el proceso de análisis nos tomará más días. No puedo hacer comentarios todavía”.

El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Oswaldo Larriva, informó que tienen previsto reunirse el martes en Guayaquil con los representantes de la banca.

DATOS:

La Comisión de Régimen Económico inició ayer el proceso de socialización de la iniciativa del Ejecutivo, que ingresó con el carácter de económico urgente.

El organismo legislativo ha establecido un cronograma de trabajo, tomando en cuenta que en 10 días deberá presentar el informe para primer debate al pleno de la Asamblea.

Está previsto que el lunes mantengan una reunión de trabajo en Cuenca con los representantes de las mutualistas y los decanos de las facultades de Economía para conocer sus criterios sobre la propuesta.

La reunión con los representantes de la banca privada se cumplirá en Guayaquil el martes en el edificio de la Corporación Financiera Nacional (CFN) para recoger sus observaciones al articulado.

Junio 26, 2014

El Telégrafo

Junio 26, 2014

El Gobierno destina este año $ 810 millones para el desarrollo social del país.  El 56,29% de los recursos asignados dentro del Programa Anual de Inversiones (PAI) está enfocado en proyectos de inversión para mejorar la salud de la población de escasos recursos.

De acuerdo con el Plan Plurianual de Inversión Pública (PPIP), que comprende los programas y proyectos planificados y alineados estratégicamente con el Plan Nacional para el Buen Vivir, está prevista una inversión -que inició el año pasado- de $ 45.234 millones hasta 2017.

El Gobierno tiene 2 objetivos: reducir la pobreza extrema y cambiar la matriz productiva. El PPIP comprende los programas y proyectos planteados por las entidades del Estado para su ejecución durante los siguientes 4 años y cuyo financiamiento está incluido en el Presupuesto General del Estado (PGE), que asciende este año a $ 34.300,63 millones.

Hasta 2017 el sector que más recursos obtendrá es el de producción, empleo y competitividad, con un total de $ 12.865 millones. Mientras que para el desarrollo social, el Gobierno destina este año $810 millones, un 56,29% es para el sector salud ($ 771,52 millones).

El presidente Rafael Correa, señaló en enero que en los próximos 2 años continuará la construcción de 8 hidroeléctricas, con las cuales el Gobierno pretende cambiar la matriz energética del país. “Esos proyectos exigen grandes desembolsos y todavía no nos ahorran nada, es solo gastar y por ello serán difíciles los dos años próximos (2014 y 2015) en lo fiscal”, agregó.

En 2016, cuando ya estén en pleno funcionamiento los proyectos hidroeléctricos, se desahogará el gasto fiscal y se reducirá la fuga de divisas al exterior.

El Gobierno busca en el mercado internacional financiamiento para seguir construyendo estas obras y para el desarrollo social de los ecuatorianos, según varios analistas.

Los expertos consideran que la última colocación de bonos por $ 2.000 millones es acertada, ya que quita una presión al Estado en cuanto a la brecha fiscal existente. Resaltan que estos recursos servirán para financiar los proyectos que son parte del Plan Anual de Inversiones (PAI) y no ser dependientes de una sola fuente de financiamiento, como China.

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Hoy

Junio 26, 2014

Una Junta del Gobierno para la banca privada

El nuevo organismo regulará hasta los salarios de la banca


Una Junta del Gobierno con plenos derechos, integrada por los ministros responsables de la política económica, de la producción, de las finanzas públicas, el titular de planificación y un delegado del Presidente, será la encargada de formular y dirigir las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras públicas y privadas, incluyendo la política de seguros y valores.

Esta Junta, en la que los superintendentes de Bancos y Compañías, el gerente del Banco Central…, tendrán voz pero no voto, regulará todas las actividades del sistema financiero nacional. Al menos eso consta en las funciones que le da el Código Orgánico Monetario que llegó ayer a la Asamblea con el carácter de económico-urgente.
La Junta podrá interpretar también las disposiciones del código y la normativa regulatoria y resolver los casos no previstos, además de aprobar las programaciones monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, que deberán estar alineadas con el programa económico del Gobierno.

En el marco de sus competencias también está la de establecer cualquier medida que coadyuve a incentivar los procesos regionales de integración y hasta precautelar la sostenibilidad de la balanza de pagos, la planificación económica para el buen vivir y, también, la defensa de la industria naciente.

En el punto 14 de sus funciones está la de definir “los criterios a seguir para la gestión de los excedentes de liquidez con el fin de estimular la inversión doméstica, su sostenibilidad, su consistencia, “con los objetivos de crecimiento económico, generación de trabajo, sostenibilidad de la balanza de pagos, reducción de la desigualdad y la distribución y redistribución del ingreso”.

La Junta, en total, tiene 48 funciones. La número 17 le da la facultad de determinar los cupos que las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario podrán contratar con el Banco Central para operaciones de ventanilla, de redescuento o de inversión doméstica, sobre la base de su solvencia, relaciones patrimoniales y la política económica que se determine para eso.

La Junta fijará las personas jurídicas no financieras que realicen operaciones de crédito por sobre los límites establecidos, requisitos de reservas míninas, además de requerimientos patrimoniales y de liquidez.

La Junta establecerá también los medios de pago y podrá normar el Sistema Nacional de Pagos, además de regular la gestión de moneda electrónica,  su implementación y su evaluación.

Los niveles de crédito, las tasas de interés, las reservas de liquidez, encaje y provisiones aplicables a las operaciones crediticias, financieras, mercantiles y otras, que podrán definirse por segmentos de actividades económicas, también estarán bajo su control.

La regulación del crecimiento de las entidades financieras, de valores y seguros, así como la fijación de normas para el funcionamiento de los pagos y transferencias desde y hacia el exterior son otras de sus atribuciones.

Es una función de la Junta establecer también los cargos por los servicios que presten las entidades financieras y no financieras que otorguen crédito, además de regular los niveles máximos de remuneración y los beneficios económicos, sociales y otras compensaciones de los administradores de las entidades financieras, considerando el capital de la entidad en comparación con el resto del sistema.

La función de la Junta es establecer además directrices de la política de crédito e inversión, activos, pasivos y operaciones contingentes del sistema financiero nacional.
La Junta tiene amplias facultadas para solicitar información que considere necesaria a todas las entidades, ya sean superintendencias, Banco Central, Rentas Internas, Aduanas…, con una salvedad: no es aplicable para los temas relacionados con la deuda pública contraída por el ente rector de las finanzas públicas.

El código concede a las superintendencias, al Banco Central y a todas las entidades financieras y de seguros de propiedad mayoritaria del Estado la jurisdicción coactiva.
Ningún servidor o funcionarios de los nuevos organismos de control podrán tener conflicto patrimonial de intereses. Se cae en esa figura si ese funcionario tiene el 1% o más del capital suscrito de la entidad controlada o su equivalente: mil salarios básicos. (JT)

 

 

El Comercio

Junio 26, 2014

La Asamblea acelera su trabajo con el trámite de 4 proyectos cruciales

El ritmo pausado con el cual la Asamblea Legislativa, dirigida por Gabriela Rivadeniera, trabajaba desde mayo del 2014 se aceleró repentinamente en las últimas dos semanas. Lo que los pronósticos parlamentarios no acertaron un año atrás (se hablaba de una agenda ambiciosa de leyes tramitadas en los primeros meses), los tiempos ahora lucen más expeditos. Sin una campaña electoral en el mediano plazo y descartada una eventual consulta popular sobre el Yasuní, el oficialismo puede centrar su atención en la actividad parlamentaria. Los primeros resultados están a la vista. Esta semana se terminó de aprobar, luego de cuatro años de un debate estancado, la Ley de Aguas. Y se anunció, para julio, el inicio de las discusiones en torno a la Ley de Tierras. Mientras tanto, ayer al mediodía, el Gobierno envió a la Asamblea, con el carácter de urgente, el proyecto de Código Monetario que deberá aprobarse en un mes. Por otro lado, la Asamblea, a partir de hoy, esperará a que la Corte Constitucional defina la ruta para impulsar su propuesta de enmiendas. El Código Monetario se envió antes del partido El pasado martes, durante un conversatorio con medios de comunicación, un periodista le preguntó al ministro de Finanzas, Fausto Herrera, ¿cuándo se enviaría el proyecto del Código Monetario y Financiero a la Asamblea? A lo que él respondió, sonriendo, “en estos días”. Otro periodista, ironizando, replicó: “En medio del partido de mañana”. Todos, incluidas las autoridades económicas, rieron. Y ayer, en medio del nerviosismo por el último partido de la Selección de fútbol en el Mundial, el Ejecutivo envió a la Asamblea el proyecto con el carácter de económico urgente. El documento, que consta de 516 artículos, 13 disposiciones generales, 37 disposiciones reformatorias, 31 derogatorias -entre leyes y decretos-, 35 disposiciones transitorias y tres disposiciones finales, tendrá un mes de plazo para su discusión y posible aprobación en la Comisión de Desarrollo Económico. Entre los aspectos principales del documento se resalta la creación de una Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera que será el órgano máximo de creación de las políticas públicas, la regulación y la supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera y de seguros y valores. Esta Junta estará conformada por los ministros responsables de la política económica. Y, como parte de su campo de acción, está el definir los niveles de crédito de las instituciones del sistema financiero nacional, sus límites de crecimiento y las políticas de inversión. Adicionalmente, esta Junta podrá disponer que las divisas provenientes de operaciones que ella defina ingresen obligatoriamente al país. Con ello, el control al sistema financiero se hace más fuerte. El artículo 17 de este proyecto tiene que ver con la reserva que tendrá el trabajo de esta Junta y los actos de sus miembros, que tendrán fuero de Corte. En cuanto a la banca pública, se determina que el Banco del Afiliado (Biess) estará por 180 días a cargo de la Superintendencia de Bancos. Los miembros del Directorio serán cesados. En ese tiempo se trabajará en las reformas a la Ley del Biess. La enmienda a la Carta Política arranca Hoy, a las 11:30, está previsto que la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, presente en la Corte Constitucional su propuesta de enmienda a una decena de temas la Carta Política vigente. De esta manera comienza el análisis jurídico para determinar si el proyecto del oficialismo puede ser únicamente tramitado por el Pleno legislativo (figura de la enmienda) o debe convocarse a una consulta popular (figura de la reforma constitucional). Si el tema de la reelección indefinida es el punto central de la agenda de cambios propuestos, esta deberá estar lista, máximo en febrero del 2016. Es decir, un año antes de las próximas elecciones, por lo que los jueces constitucionales podrían dar a conocer su dictamen sobre el trámite que se debe seguir, hacia el últimos trimestre del años. Otros temas en la propuesta de enmienda de Alianza País tienen que ver con regular las acciones de protección (tutela o amparo) interpuestas por los ciudadanos, para evitar que su “abuso” genere complicaciones en la gestión pública. El presidente Rafael Correa habla de una posible ingobernabilidad, debido a estas acciones. Un segundo y tercer temas se refieren a los límites que tendrán los gobiernos locales para hacer consultas populares y para ejercer su competencia en temas de infraestructura en educación y salud. También, están dos cambios relacionados con las FF.AA. Uno para que estas puedan apoyar en la “seguridad integral” del Estado y para que este, por otro lado, les garantice sus pensiones jubilares. La Contraloría es otra institución dentro del paquete de enmiendas. Solo controlará el uso de recursos públicos pero dejaría de evaluar la consecución de los objetivos trazados por las entidades públicas. Hay unos ajustes sobre el alcance del Código del Trabajo para servidores y obreros públicos y quedará sin fecha la creación de las regiones del país. Finalmente, la Comunicación será concebida como un servicio público que deberán prestarlo los medios públicos, privados y comunitarios. De la Ley de Aguas a la Ley de Tierras La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, anunció que otra ley de importancia para los sectores indígenas y campesinos comenzará a ser tratada en julio. Se trata de la Ley de Tierras. Lo dijo ante partidarios que llegaron el martes hasta el Palacio Legislativo para celebrar la sanción parlamentaria a la Ley de Aguas, que, por mandato constitucional, debió ser aprobado un año después de la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi del 2008. Tal como con la legislación aprobada antes de ayer, será la Comisión de Soberanía Alimentaria la encargada de elaborar los informes de este nuevo cuerpo legal, que ya ha tenido algunas discusiones y talleres. Para el oficialismo, según dijeron varios asambleístas luego de la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, el país se encamina hacia una verdadera “revolución agraria”. Y para ello, nada más importante que la aprobación de la de Aguas como primer paso para alcanzar ese objetivo. Sin embargo, para los sectores indígenas de la Conaie y de la oposición, la ley que espera la sanción presidencial para sustituir la vigente desde 1972, no incluye las propuestas fundamentales que se plantearon desde la consulta prelegislativa. Allí comenzó un problema que fue el comienzo de un discusión sin salida. La Constitución dice que la consulta no es vinculante; en cambio, los indígenas se preguntaban para qué sirve una consulta si las propuestas no se tomarían en cuenta. Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, señala que se acogió todas las propuestas que respetaran el espíritu de la Constitución. Al considerar el agua como recurso estratégico, la ley no solo impida su privatización, sino que también destina recursos para su preservación y recuperación. Sin embargo, como dijo Mónica Chuji a este Diario poco antes de la asamblea de la Conaie, en mayo, el tema del agua no se puede pensar sin el territorio. Así, la tierra será el gran tema que la Asamblea deberá legislar el próximo mes.

El Comercio

Junio 26, 2014

Sin subsidio, el mercado del gas se ajustará

El Gobierno introducirá desde agosto próximo 3,5 millones de cocinas eléctricas de inducción para reducir el subsidio al gas de uso doméstico, lo cual generará una contracción en el mercado de este combustible. Detrás de este mercado están 21 envasadoras, 58 centros de acopio (mayoristas), 12 comercializadoras, 2 500 autotanques, 3 136 distribuidores de cilindros y 2 737 depósitos de distribución (venta al por menor), según datos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (Arch), de junio del año pasado. Germán Espinosa es uno de esos actores. Cuando volvió de España, hace nueve años, decidió invertir sus ahorros en un camión para distribuir cilindros de gas a domicilio. Ahora teme que el cambio de matriz energética lo deje en el desempleo. Tiene 50 años y cree que ninguna empresa privada lo contrataría por la edad. Cambiar de negocio no es fácil, dice. Para el transporte de gas se debe adaptar el camión para el transporte de los cilindros. Estas inversiones pueden llegar hasta los USD 3 000 adicionales. “He pensado en vender el camión y comprar un bus de turismo, pero necesito ayuda del Gobierno”, comenta. También le preocupa el futuro de los 60 cilindros de gas que adquirió para su negocio y cuya inversión suma USD 3 000. Para Efraín Tipanluisa, quien lleva más de 35 años en el negocio de distribución de gas, el futuro de este mercado es incierto. Se vio obligado a renovar su vehículo debido a la resolución 068 de la Agencia Nacional de Tránsito, aprobada en abril del 2013, la cual puso un límite a la vida útil para el transporte público y comercial. Según una tabla establecida en la norma, las camionetas para uso comercial y público tienen una vida útil de 15 años. En enero pasado, los controles basados en esta norma dejaron fuera del negocio del gas a 137 propietarios de vehículos en Pichincha, quienes deben invertir en unidades nuevas, dijo Ricardo Flores, presidente de la Federación Nacional de Distribuidores de Gas. Tipanluisa cambió su camioneta Nisan 1974, que usaba para distribuir gas, por un camión que le costó USD 30 000. Para ello obtuvo un crédito que terminará de pagar en el 2017. Este distribuidor está de acuerdo con la renovación, pero teme que la inversión realizada quede en nada cuando en el 2016 entre en marcha el plan de cambio de cocinas de gas por las de inducción. Flores calcula que la política gubernamental dejará fuera al 50% de distribuidores. El sector presentó varias propuestas al Gobierno, entre ellas, que se formen empresas mixtas entre el Estado y los distribuidores con el objetivo de prestar servicios de transporte. Desde USD 300 costarán cocinas de inducción de cuatro quemadores 12 empresas postulan para fabricar cocinas de inducción Frente a ellas, en una comunicación firmada el 28 de febrero de este año, el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Pedro Merizalde, señaló que las alternativas serán analizadas según se vaya implementando el plan para el cambio de la matriz energética. Liceo Campoverde, de 58 años, cree que el negocio del gas no va a desaparecer y se endeudó para renovar su vehículo. “Toca arriesgarse, si no me arriesgo, de qué vivo”, dice. Las comercializadoras son más optimistas sobre el futuro de este negocio. El gremio calcula una caída del mercado doméstico de entre el 20 o 25%, pero que será compensado, dijo Laura Acuña de Nájera, titular de la Asociación de Comercializadores de Gas. “Creemos que el sector comercial o industrial va a subir el consumo. Estudios dicen que hay un uso indebido. El gas se va a sectores que no deben gozar del subsidio”. Otro nicho de negocio es el gas centralizado, que aunque no llega al 1% del total de consumo de gas doméstico (650 toneladas métricas/mes de unas 82 900) ha venido creciendo al 20% anual, dice la Asociación. Pero este nicho también puede achicarse en el 2016. Frente al futuro de este negocio, Duragas señaló, vía correo, que los sistemas centralizados de gas de uso doméstico no solo sirven para la cocción de alimentos, sino para otros usos domésticos como el calentamiento de agua. “En el caso de los proyectos (inmobiliarios) que manejamos, la mayoría de promotores han optado por mantener los sistemas centralizados de GLP (gas licuado de petróleo o de uso doméstico) y adicionar la infraestructura eléctrica para que el usuario tenga la opción de escoger”.

Junio 25, 2014

El Telégrafo

Junio 25, 2014

Ecuador será “más agresivo” en buscar créditos

El frente económico del Gobierno anunció ayer que están en marcha nuevas operaciones para conseguir créditos destinados a las inversiones en los sectores eléctrico y petrolero, y negó problemas de liquidez en la economía.

“Es verdad que el plan de inversiones es ambicioso y, por tanto, las necesidades de financiamiento son grandes también, pero eso no quiere decir que hay problemas de liquidez en la economía, los niveles de liquidez de la economía son los niveles más altos en la historia del país”, señaló el gerente del Banco Central, Mateo Villalba.

De su lado, el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, confirmó que luego de conseguir $ 2.400 millones en financiamiento en el último mes ($2.000 millones por la emisión de bonos y $ 400 a través de Goldman Sachs), el Gobierno busca nuevo financiamiento.

“Vamos a ser un poco más agresivos en la parte bilateral, diversificando con otros países, y también vamos a ser agresivos en la parte multilateral. Estamos trabajando en el refinanciamiento de algunos créditos con algunas multilaterales y otras operaciones fuertes con el Banco Mundial”, dijo Herrera. Anticipó que hay transacciones que siguen en curso y que “se cerrarán en los próximos meses”.

El ministro Coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, enfatizó que los préstamos están destinados al cambio estructural de la economía del país, a través de la transformación de la matriz energética y la matriz productiva.

Los proyectos tendrán una rentabilidad de entre 25% y 30%, lo que permitirá pagar las deudas de manera “sostenible”.

Herrera señaló que el Gobierno prevé aumentar hasta 2017 el porcentaje de deuda pública respecto al producto interno bruto hasta 34%. Hasta abril ese porcentaje llegó al 25,6%.

CÓDIGO MONETARIO IRÁ ESTA SEMANA A LA ASAMBLEA

El  ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, confirmó que  esta semana será enviado a la Asamblea Nacional el proyecto de Código Orgánico Monetario Financiero, para su tratamiento y  aprobación.

No descartó que sea remitido con el carácter de urgente en materia económica. La propuesta de ley tiene como objetivo  regular al sistema financiero, así como los regímenes de valores y seguros del país.

El Universo

Junio 25, 2014

Gobierno dice que seguirá en los mercados de capitales

Representantes del área económica del Gobierno anunciaron ayer que continuará en los mercados de capitales para obtener financiamiento.

“No queremos hacer una emisión cada diez años, como hacía el Ecuador, creemos que los mercados de capitales son una herramienta válida para continuar el apalancamiento del desarrollo del país”, señaló Fausto Herrera, ministro de Finanzas, en una rueda de prensa en conjunto con las autoridades del Banco Central y del Ministerio de Política Económica.

Las autoridades defendieron la emisión de bonos soberanos por $ 2.000 millones, la semana pasada, y un crédito de $ 400 millones a inicios de este mes entregado por el banco de EE.UU. Goldman Sachs (por el cual se utilizaron $ 600 millones de las reservas de oro en una inversión como colateral).

Herrera dijo que los $ 2.000 millones se destinarán a programas y proyectos de infraestructura y a refinanciamiento de deuda existente.

Al ser consultado sobre cuánto irá al refinanciamiento de deuda, el funcionario indicó que la Constitución y las leyes no determinan una cuota fija, pero –agregó– que la gran mayoría de la emisión irá al programa anual de inversiones del presupuesto del 2014. “Y una parte servirá para reprogramar las amortizaciones que se tienen en el 2014”, agregó.

El ministro señaló que los porcentajes no están definidos, sino que dependerán de la ejecución del presupuesto.

“Cada vez que veamos las condiciones financieras y el mercado tenga condiciones buenas para (…) Ecuador, nosotros podremos hacer una operación en el mercado de capitales”, señaló Herrera.

Según Diego Martínez, presidente del Banco Central, Ecuador recibirá entre $ 16 millones y $ 20 millones de rentabilidad en tres años que dura la operación con Goldman Sachs.

“El Banco Central adopta una política mucho más activa no solamente en el mercado de oro, sino en muchas otras cosas, y por lo tanto vamos a instrumentar muchos más aspectos relativos a compra de oro, venta de oro, derivados financieros, fundamentalmente para apoyar en un proceso crucial, que es el mercado de oro doméstico, se está exportando una importante cantidad de oro, especialmente de pequeña y mediana minería…”, agregó Martínez.

Brecha de financiamiento: Cero

Según Fausto Herrera, ministro de Finanzas, la brecha de financiamiento es “cero”.

Otras operaciones

Dijo que está identificada y que se está trabajando en operaciones que se firmarán en el resto del año.

El Telégrafo

Junio 25, 2014

Ecuador, entre los mejores países de Latinoamérica (Infografía)

Según el Good Country Index, el país se ubica en el puesto 39 en cuanto a factores de paz y orden mundial.

Leonardo Boix, corresponsal para El Telégrafo desde Londres

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Ecuador fue elegido entre los mejores países de América Latina en un sondeo global que listó a todas las naciones del mundo de acuerdo con su contribución a la humanidad y el planeta, siendo Vietnam y Libia los últimos de la lista.

El Índice del Buen País (Good Country Index) fue creado por el consejero político británico Simon Anholt y combinó 35 indicadores de Naciones Unidas, el Banco Mundial y otras institucionales internacionales. “Vivimos en un mundo en el que todo lo que hacemos tiene un impacto, por eso necesitamos comenzar a tomar responsabilidades por esos impactos”, menciona Anholt como una de las razones para crear el ranking.

Del informe se desprende que Ecuador quedó en el puesto número 39, solo por detrás de Chile y Colombia en la región sudamericana.

Además Ecuador superó con creces a Uruguay (41), Paraguay (54), Argentina (57), Perú (86), Bolivia (88) y Venezuela (117).

La lista evaluó el tamaño de la economía de cada país y luego analizó su contribución global a la ciencia, tecnología, cultura, paz internacional, seguridad, orden mundial, clima, prosperidad e igualdad, y salud y bienestar de la humanidad.

De acuerdo con el estudio dado a conocer en Londres, Irlanda fue elegido como “el mejor país del mundo” por su contribución y legado a la humanidad y a la salud del planeta.

Los medios irlandeses recogieron las impresiones de los ciudadanos, quienes mostraron su agrado por encabezar el listado. Destacan que a pesar de la crisis económica e inmobiliaria que vivieron en 2009, ha sido posible salir adelante. “Una muestra de ello fue el juicio a 3 altos directivos del Anglo Irish Bank acusados de fraude”, publicó el diario independiente de Irlanda.

El colapso de ese banco llevó al Gobierno a nacionalizarlo en 2009 y a invertir más de 30.000 millones de euros en su rescate.

Los últimos de la lista

En el final del listado, que fue elaborado por primera vez este año, quedaron Zimbabue, Angola, Azerbaijan, Irak, Vietnam y Libia, todos  con una casi nula contribución a la humanidad o el planeta.

El consejero Anholt explica que espera que el índice transforme la forma en que los países hacen negocios, y que sirva para incentivar a pensar más sobre el impacto global de sus acciones, en lugar de sus intereses propios.

“La idea del índice del ‘Buen País’ es bastante simple: medir lo que cada país contribuye al bien común de la humanidad, y lo que quita”, declara el analista.

“Al utilizar un gran número de indicadores de la ONU y de otros organismos internacionales, le hemos dado a cada país una hoja de balance que muestra en detalle si es un acreedor neto de la humanidad, un peso para el planeta o algo intermedio”, agrega.

Anholt pidió a las naciones “dejar de comportarse como islas”, al indicar que el mundo, como nunca antes, “está cada vez más conectado”.

De acuerdo a Anholt, muchos países siguen tratando a otras naciones como si fueran pequeñas islas privadas. Es hora de que los países comiencen a pensar más seriamente acerca de las consecuencias internacionales de sus acciones”, finalizó.

Aunque Irlanda encabezó el listado, fue toda la región de países nórdicos la que hizo la mayor contribución al planeta y la humanidad que cualquier otra parte del mundo.

Estados Unidos, una de las naciones más ricas del planeta, cayó al puesto 21 principalmente por una mala puntuación en el área de paz internacional y seguridad debido a sus decisiones en cuanto a política exterior.

Fuera de Europa Occidental y del mundo angloparlante, el país con mejor puntuación fue Costa Rica, en el puesto 22, en tanto que la nación africana que más contribuye a la humanidad y el planeta fue Kenia, en el 26.

El autor del índice indica además que Kenia “es un ejemplo inspirador para el mundo, al demostrar que hacer una contribución a la humanidad y el planeta no es exclusivo de las naciones del llamado primer mundo”.

De todos modos, 9 de los mejores 10 países se encuentran en Europa Occidental, que fue considerado el continente “más benigno” para la humanidad y el planeta.

DATOS:

Los 35 indicadores fueron divididos en 7 grupos distintos o contribuciones como ciencia, tecnología, cultura, paz, orden mundial y bienestar social.

Los indicadores incluyen también el número de premios Nobel, la exportación de bienes creativos y de servicio, además de las aportaciones en cuanto a labores humanitarias y contra las drogas.

Además de ser el primero en el mundo en Igualdad y Prosperidad, Irlanda concluyó segundo en orden mundial, séptimo en cultura y noveno en cuanto a la gestión de salud y bienestar.

Según datos del Banco Mundial, Ecuador redujo en 6.9 puntos porcentuales la pobreza extrema desde el 2007 (19.8)  hasta 2012 (12.9). Mientras que la Cepal estima un crecimiento del 4,5 % para el país durante 2014.

El Telégrafo

Junio 25, 2014

Entre 1983 y 2003 los gobiernos de turno aceptaron todo tipo de exigencias, en especial del FMI

Ecuador cambió su política de endeudamiento desde 2007 (Infografía)

La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público señaló en un informe que los organismos internacionales condicionaban la entrega de los préstamos.

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El incremento anual del precio de los combustibles, la devaluación del sucre, la aprobación de leyes especiales dirigidas a sectores productivos y el aumento en las tarifas eléctricas eran las medidas que se tomaron entre 1983 y 2003, como parte de los acuerdos entre el Gobierno ecuatoriano y los organismos multilaterales de crédito, los cuales marcaron la historia de la deuda externa ecuatoriana.

Según el informe presentado por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), los créditos y programas financiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Corporación Andina de Fomento (CAF) se caracterizaron por imponer políticas neoliberales basadas en cambio del rol del Estado y el traspaso de sus recursos, infraestructura y servicios al sector privado, con el fin de garantizar el pago de la deuda externa.

Estos créditos se utilizaron también para el financiamiento de garantías colaterales de obligaciones emitidas en el Plan Brady (que fue una estrategia adoptada en 1989 para reestructurar la deuda contraída por los países en desarrollo con bancos comerciales).

En la década de 1980, el FMI impulsó programas de estabilización macroeconómica y ajuste estructural detallados en sus cartas de intención, con el fin de garantizar el pago de la deuda externa y, a su vez, introducir las políticas neoliberales.

“Situación que tuvo un cambio radical en 2007, con la presidencia de Rafael Correa, que al inicio de la gestión ordenó una auditoría de la deuda, a la cual calificó de ilegal, sugirió no mantener relaciones con el FMI, entre otras acciones”, manifestó DiegoBorja, exministro de Economía y extitular del BCE.

El exfuncionario del actual régimen señaló que los condicionamientos de los organismos de crédito tenían vicios de anatocismo, ilegalidad e ilegitimidad, lo que dio como resultado el retiro de los bonos 2012 y 2030, por parte del Gobierno.

Sin embargo, en los últimos años, el país ha buscado nuevamente acercarse a los organismos internacionales de crédito, cuando el Banco Mundial anunció la entrega de $ 1.000 millones, el intercambio de oro por $ 400 millones y, en días pasados, la colocación de $ 2.000 millones en bonos en el mercado libre de capitales internacionales.

De acuerdo a Borja, el ‘viraje’ que se ha dado en este tema es algo que pudo evitarse si se mantenía la voluntad política de llevar adelante la nueva arquitectura financiera regional, que era un espacio en donde los países de la región iban a tener mejores oportunidades que las que ofrecen los organismos de crédito internacionales.

El analista económico Roberto Palacios se mostró en desacuerdo con ciertos expertos que hablan de que el país ha vuelto a fijarse en los multilaterales de crédito por la colocación de $ 2.000 millones en bonos.

Aseguró que en estos negocios intervienen personas, entidades, fondos de inversión que ven una oportunidad de invertir en el país. “Esta apertura de Ecuador es buena porque de esta manera no se depende de una sola fuente, sino de distintas fuentes”, agregó Palacios.

El analista calificó de positiva la decisión del Gobierno porque el dinero que se está recibiendo es para financiar una importante infraestructura en energía, carreteras, telecomunicaciones y los inversionistas ven que, a futuro, habrá capacidad de pago y que el riesgo de incumplimiento es inferior.

Deuda multilateral

Según datos estadísticos, elaborados por la Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa (Ceidex), Ecuador contrajo 286 créditos con organismos multilaterales en el período 1976-2006, constituyendo el 42% de los préstamos contratados. Mientras que 386 créditos de gobiernos, bancos del exterior, emisiones de bonos y proveedores, cubren el 58% restante del número de préstamos contraídos.

De acuerdo al Ministerio de Finanzas, hasta abril del presente año la deuda multilateral (con organismos internacionales) que mantiene Ecuador es de $ 5.921,1 millones.

El Comercio

Junio 25, 2014

‘La vida antes que la deuda’

Xavier Basantes. Editor del Semanario LÍDERES

 El 20 de noviembre del 2008, en el auditorio de Ciespal en Quito, los acólitos del Gobierno proclamaban que ese día era ‘histórico’ para la economía ecuatoriana. La tarde de ese jueves se presentó ante las principales autoridades, el informe de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, en donde se concluía que un buen tramo de la deuda externa que había acumulado el Ecuador era ilegítimo. A renglón seguido, el Régimen anunciaba que no se pagaría la deuda “ilegal, ilegítima y corrupta”. El 12 de diciembre de ese mismo año, Ecuador cayó en mora al no pagar los intereses de los bonos Global 2012; es decir, el país entró en ‘default’. Los discursos que acompañaron esas trascendentales decisiones políticas y económicas cuestionaron en duros términos a los organismos internacionales de crédito, a los acreedores internacionales, a las exautoridades económicas que dieron paso a los agresivos endeudamientos externos, entre otros ‘acusados’. Uno de los movimientos más entusiastas frente a esas decisiones era (o es) Jubileo 2000, una organización cuyo lema es (o era) “La vida antes que la deuda” y cuyos principales cuadros fueron y son colaboradores cercanos de la actual administración. Transcurridos seis años de ese “histórico momento” y ante la necesidad de obtener más recursos, el Régimen tuvo que recurrir este año de nuevo a esos organismos y a esos acreedores, para financiar un déficit calculado en unos USD 5 000 millones, en el Presupuesto de este año. El Régimen ha emprendido desde el 2010 un proceso de endeudamiento público, tanto interno como externo, que se aceleró en el 2012 con China y que llegó a uno de sus momentos más representativos en las últimas semanas con el acuerdo suscrito con Goldman Sachs y la emisión de bonos por USD 2 000 millones. Sería bueno conocer ahora qué opinan quienes criticaron el endeudamiento externo y ante todo proclamaban: “La vida antes que la deuda”.

Junio 24, 2014

El Comercio

El país transó su oro con un banco polémico

Junio 24, 2014

Hablar de Goldman Sachs es hablar de una institución que lleva en el mundo 145 años y que ha estado vinculada a la élite financiera, empresarial y política de EE.UU. Y que desde su centro de operaciones en Nueva York, en pleno Wall Street, ha estirado sus brazos a todos los rincones del planeta. Entre sus negocios está ofrecer asesoramiento, manejar inversiones o conceder préstamos a entes privados o públicos. En eso, Goldman Sachs no hace discriminaciones. Uno de sus clientes recientes es el Gobierno ecuatoriano, que negoció con este banco 466 000 onzas de sus reservas de oro por un derivado financiero que le rinde 0,85% anual. Esta operación con el metal le sirvió como garantía para un crédito de USD 400 millones, al 4,3% anual. Tras la operación, el Ministerio de Finanzas se refirió al banco como uno de los más fuertes del mundo. El poder del banco no se limita a lo financiero, sino que llega a la esfera política, a tal punto que la Secretaría del Tesoro Norteamericano ha estado liderada en los últimos años por sus ejecutivos: Henry Paulson, Robert Rubin, Larry Summers y Timothy Geithner… En este escenario, los escándalos no han estado ausentes de la historia de este gigante financiero, que hoy cuenta con una nómina de aproximadamente 35 000 empleados. La bibliografía al respecto es amplia, con historias que cuentan en detalle cómo este banco estadounidense ha manejado los hilos financieros de empresas, e incluso países, hasta el punto de quebrarlos, según versiones oficiales. Uno de los ejemplos más representativos es el libro de 320 páginas de Greg Smith, que relata la historia del porqué dejó de trabajar para Goldman Sachs. Publicado en marzo del 2012, y con ventas de más de tres millones de ejemplares, el libro hacía referencia a “la despiadada mentalidad del ‘toma el dinero y corre’ que hace unos años puso la economía mundial de rodillas”. Smith se refería a la crisis financiera del 2008, cuya responsabilidad, según varias investigaciones en curso, apunta hacia la actuación de Goldman Sachs. Desde el 2012 para acá, las observaciones han ido creciendo. Entre otras cosas, el banco estadounidense es señalado de haber provocado el colapso del sistema financiero mundial y beneficiarse de ello. Además, de haber ayudado a ocultar los problemas fiscales de Grecia, lo que le llevó a la quiebra.  Incluso se han rodado películas respecto a su polémico accionar. Una de ellas es el filme ‘Mobius’ (2013), donde se responsabiliza a Goldman Sachs como el principal causante de la crisis hipotecaria mundial. Así, este banco le permitía a una persona obtener una casa con USD 1 400 de entrada, teniendo una hipoteca de USD 200 000. Y como ya tenía ese patrimonio era un buen sujeto para nuevos créditos. Así nació la crisis ‘subprime’, cuando la burbuja hipotecaria estalló. La semana pasada, la cadena Al Jazeera relató en un programa de 47 minutos que desde el ‘crash’ de la bolsa, que se produjo el 15 de septiembre del 2008, el nombre de Goldman Sachs (GS) ha aparecido en el colapso del sistema financiero, en la crisis griega, en la caída del euro, y en la campaña para evitar que se regulen los mercados financieros. “Hoy por hoy, GS está acusado de innumerables cargos, como de haber jugado un papel clave en el fiasco de los préstamos subprime, ‘empujando’ a varios de sus competidores a la quiebra; o de ayudar a países como Grecia a esconder su déficit antes de especular con su caída, lo que propició el desplome del euro e influyó directamente sobre el índice de precios al consumidor. Pese a ello, GS es más poderoso que nunca”, señala Al Jazeera. Y por eso ha llamado la atención que Ecuador haya decidido abrir su abanico de financistas a un banco con antecedentes polémicos que, precisamente, han sido cuestionadas por el actual Gobierno durante siete años. Según el economista Andrés Romo, es necesario leer esta acción desde dos puntos de vista. El primero, desde el financiero: “El Gobierno requiere financiar la obra pública. Hasta cierto punto es lógico acudir a uno de los bancos que más poder tiene en el mundo actualmente. USD 400 millones para ellos es un pelo”. El segundo es el político: “Hay contradicción o, al menos, se parece mucho. Por ejemplo, se aprobó una Ley de Hipotecas para evitar posibles prácticas de abuso por parte de la banca, como ocurrió con la burbuja hipotecaria en el 2008, pero se negocia un crédito con un banco que está siendo investigado por eso”, dice Romo. En el extranjero, la transacción de Ecuador con GS generó sorpresa. Maxwell “Max” Keiser se refirió en duros términos a esa operación. Él es un estadounidense que mantiene un programa sobre finanzas y tiene otros espacios en London’s Resonance FM y The Huffington Post. Keiser le comenta a Alasdair Macleod, especialista de Goldmoney.com, “Qué idiotas son en Ecuador, porque colaboran con GS para cambiar su oro por papel. Qué les pasa a los de Ecuador. ¿Se drogan? ¿Cuántos países se van a dejar engañar, como ocurrió con Grecia?”. Macleod responde: “Ojalá estuvieran drogados. Es algo que carece de todo sentido. O están desesperados o se han dejado engañar por GS. Lo mínimo que debió hacer Ecuador es hablar antes con unos cuantos ministros de Economía”. En contexto A mediados de mayo de este año, el Gobierno ecuatoriano negoció alrededor de su mitad de reservas de oro a cambio de papeles que le rindan beneficios de entre USD 16 y 20 millones en tres años. Esta operación sirvió de respaldo para un crédito de USD 400 millones.

El Comercio

Austeridad y pragmatismo

Junio 24, 2014

Washington Herrera

Tal como están las cosas en el Ecuador, es necesario adoptar como disciplinas a la austeridad y al pragmatismo, ya en el ámbito gubernamental como en todas las actividades de la sociedad. Austeridad para no malgastar los recursos, para ser severos con el dinero público y con el privado, porque como no hemos podido todavía producir más y mejor, solo hemos repartido lo poco que ingresa en una economía pequeña, lo que pronto no sería posible hacer si los estragos de El Niño restringen las exportaciones. Por esto, toda la población debe ser austera en el consumo sobrio y sin alardes. Pragmatismo necesitamos para revalorizar los efectos prácticos de las acciones en todos los campos, propendiendo a adaptarse a las condiciones reales del mundo en que vivimos. El Gobierno debe ser pragmático para obtener mejores resultados con los recursos que siempre son escasos frente a las múltiples necesidades y toda la población debe ser pragmática en las interrelaciones políticas y sociales. Hemos reingresado al mercado occidental de capitales pero al costo de una tasa de interés altísima y así hemos financiado el presupuesto. Este es el un lado de la moneda, el otro es en qué y cómo se va gastar. El endeudamiento público –así como el privado- presupone trabajar productivamente para pagar las deudas cuando se venzan los plazos y el Ecuador deberá hacerlo correctamente para que seamos creíbles, bajemos el riesgo país, con el fin de disminuir las tasas de interés en el futuro. Ahora nos corresponde hacer lo necesario para producir más y mejor y no solamente repartir sobre bases populistas. Cuidado creer que hay abundancia y propender al gasto fácil, infértil e incontrolado. Cada funcionario responsable de los egresos públicos debe ser inoculado por la disciplina de la austeridad para evitar la contratación de obras muy costosas, como carreteras no indispensables que cuesten 17 millones de dólares cada kilómetro. En lugar de esto, el país debe acostumbrarse a contratar proyectos de infraestructura productiva y de servicios con empresas privadas, nacionales o extranjeras, de modo que su inversión sea recuperada con tasas y peajes por un período suficiente para que los inversionistas tengan una rentabilidad razonable. Es el momento de cambiar así la política, pragmáticamente, para atraer más inversiones y menos préstamos que deben pagar las futuras generaciones. El pragmatismo del sector emprendedor consiste en mejorar la productividad auténtica en todas las áreas para ser competitivos en un mundo real que se abre al comercio de todo origen. Cuando se desmoronan las preferencias arancelarias lo que supervive es el producto de buena calidad a precios competitivos. Esta es la clave para clasificarnos a escala mundial.

El Comercio

Junio 24, 2014

Repentinas nupcias

Walter Spurrier

Se conocía del inicio de la ronda de las autoridades económicas por los centros financieros internacionales para promocionar una próxima emisión de bonos, que el Presidente estimó en USD 700 millones. Pero el coqueteo del Gobierno con mercados financieros pasó a mayores y de manera sorpresiva contrajeron nupcias: colocación de bonos a 10 años por USD 2 000 millones, casi tres veces el valor anticipado por el Presidente. El retorno a los mercados es una buena nueva. Al menos una pequeña parte de los mismos superó la reticencia que causa la propensión del Ecuador a la moratoria.La concesión por parte de Goldman Sachs de un crédito por USD 400 millones fue un buen antecedente para romper resistencias de los inversionistas, aunque en la operación Goldman no corre riesgos. Como Goldman Sachs tiene como garantía el oro del Banco Central, en la práctica lo que hay tras el swap es un crédito del Banco Central al Gobierno. La colocación de bonos diversifica las fuentes de financiamiento. Desde la moratoria hemos conseguido muy poco crédito externo neto (o sea, que alguien nos desembolse más de lo que le amortizamos) excepto de China. Y todo indica que con nuestro pedido que China financie el gigantesco proyecto de la Refinería del Pacífico, Pekín reduciría su crédito para otros fines. Las condiciones de los créditos chinos, de alrededor de 7% y garantizados por la venta de petróleo a PetroChina, que paga a través de los bancos acreedores, sirvieron de referencia para la tasa de interés, 7,95%, esto es 5,32 puntos porcentuales por encima del rendimiento de los bonos de los EE.UU. La diferencia cuantifica cuánto más riesgosos son los bonos ecuatorianos que los estadounidenses. Simultáneamente al Ecuador, Kenia hizo la primera emisión de bonos de su historia. El segmento a 10 años fue a 6.875%; los mercados cuantifican el riesgo de Ecuador como mayor al de Kenia en 1 punto porcentual. Las autoridades revelan que hubo demanda para los bonos ecuatorianos por USD 5 000 millones. Por eso se entiende que la emisión de los que serían bonos 2014 haya sido superior a lo inicialmente previsto. Pero no comprendemos por qué no se aprovechó la ocasión para hacer una emisión aún superior. A no ser que las autoridades estén revisando a la baja el presupuesto de inversiones, y por lo tanto son menores las necesidades de financiamiento. El Presidente ha dicho que no hay plata. En todo caso, los USD 2 000 millones reducen sustancialmente las necesidades de financiamiento en 2014. Pero el escenario se repetirá en 2015, con el agravante que habrá que amortizar USD 650 millones de los bonos globales que se vencen. El Gobierno no puede mantener indefinidamente una estrategia de crecimiento basada en el endeudamiento agresivo. Un giro de timón es indispensable.

Hoy

Junio 24, 2014

Vivienda: la plusvalía, aumenta en el norte

60 proyectos inmobiliarios se presentan en el norte de Quito

El centro norte de Quito es uno de los sitios de más demanda. Los departamentos superan los $100 mil. El promedio por metro cuadrado para vivienda está en $1 000.
Los otros sectores de preferencia por los usuarios son el sur, el norte y el Valle de los Chillos. Así lo demuestra un estudio de la empresa Plusvalía.com.
Estos datos se confirman en las ferias de vivienda que se realizan en Quito. En esta semana se presentan 60 proyectos inmobiliarios en el Centro de Exposiciones Quito. Luisa Flores, organizadora del evento Salón de la Vivienda, indica que la gente prefiere estas zonas porque son comerciales y están cerca de los lugares de trabajo de los usuarios.

La mayor oferta para vivienda se concentra en un valor que fluctúa entre $30 mil y $75 mil. Sin embargo, en las ferias se presentan proyectos que están entre $40 mil y $180 mil.

De acuerdo con datos de Plusvalía.com, en los últimos cinco años el poder adquisitivo para vivienda ha mejorado. Según esta firma, que ofrece sus servicios por Internet, el tamaño del crédito hipotecario se duplicó entre 2008 y 2013. La cifra pasó de $800 millones a $1 650 millones. El actor es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), con 65% del mercado.

“Uno de los problemas que enfrentan los ciudadanos es el valor de las viviendas. Como cámara hemos pedido -indica Flores- una estandarización de precios porque son exorbitantes de acuerdo al uso de suelo. Se debe tomar en consideración que en el tema de acabados, los materiales que se utilizan en los departamentos que están por encima de los $150 mil son los mismos que los de un bien que se adquiere en $40 mil”.

Flores enfatiza que en el sector no utilizan las normas Inen en cuanto a los materiales de construcción y que se debe establecer un control.
La plusvalía en el sector de construcción de vivienda en los últimos dos años creció 11% en Quito y 15% en Guayaquil, según datos de Plusvalía.com. Además, el valor de la tierra se ha incrementado 60% en sitios de mayor demanda. El valor promedio por metro cuadrado construido para vivienda en Ecuador excede los $1 000. En los proyectos más pequeños, el costo está en $400 y en los sectores exclusivos el valor sube a $2 200.

En ese sentido, una de las sugerencias del presidente de la República, Rafael Correa, es la eliminación de la plusvalía de la tierra. “¿Qué más ilegítimo?”. El mandatario calificó de “pura y simple especulación” que un terreno pueda multiplicar su valor en pocos años sin transformación o generación de valor.
El Estado es un impulsor de la vivienda solidaria. Es un modelo a favor de gente de nivel socioeconómico medio bajo o bajo.
Según Rafael Portilla, gerente de Plusvalía.com, las personas que generan ingresos alrededor de un salario mínimo vital destinan entre 50% y 65% de su salario a vivienda o alquiler. Bajo este concepto, el Gobierno podrá generar alquileres más bajos a los del mercado. La gente podrá acceder a destinar más dinero a educación, vestimenta…, a generar ahorro que podrá servir para que el usuario concrete la compra de vivienda dejando el alquiler. (JB)
La plusvalía en la construcción de vivienda creció en dos años 11% en Quito y 15% en Guayaquil

 

 

El Telégrafo

Junio 24, 2014

En 2 años la Superintendencia de Compañías disolvió 17.314 empresas

Un sistema informático identifica a las firmas que consecutivamente incumplen la ley. El ente de control puede intervenir cuando presume que hay inactividad y que se podría afectar a terceros.

De enero de 2012 a mayo de 2014 se han disuelto, liquidado y cancelado en Ecuador 17.314 compañías, especialmente porque sus accionistas  no han presentado balances y no han pagado las contribuciones que por ley les corresponde.

El actual sistema informático de la Superintendencia de Compañías (SC) ha permitido verificar automáticamente qué empresas incumplen y, a la vez, tener una base de datos casi depurada de las compañías que operan en el país y su situación.

Los resultados se evidencian luego de que en 2011 la SC comenzó a automatizar su base de datos. Antes de esa fecha tenían que revisar manualmente expediente por expediente, lo que dificultaba la tarea de control y vigilancia.

A decir de Víctor Anchundia, intendente nacional de Compañías, la mayor cantidad de disoluciones de empresas en los últimos años se debe a que los propios accionistas dejan de interesarse en cumplir las formalidades básicas como: presentar información de balances, estados financieros y dejan de pagar las contribuciones.

“Solo un 5% o máximo un 10% de compañías se disuelven como consecuencia de los controles que realizamos. Según una matriz de riesgo,  que nos sirve como hoja de ruta, vamos a las compañías y hacemos las inspecciones. Si vemos que  su situación económica no es buena o que la documentación está incompleta, viene la disolución para que no  perjudique a terceros”, destacó Anchundia.

Lo que el sistema ha hecho es facilitar y optimizar la labor de la SC, organismo que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley. Además, controla, vigila y promueve el mercado de valores.

La intervención se aplica a todas las ramas económicas

La SC no actúa según la rama de actividad económica de una empresa, sino cuando han incurrido en alguna causal de disolución establecida en la ley (Ver subnota). De ahí que entre las  compañías cerradas están inmobiliarias, constructoras, de servicios e industriales.

Algunas de las disoluciones que mayor eco han tenido son Casa Comercial Tosi S.A., Constructora Naranjo Ordóñez S.A., Visionconstru Cía. Ltda., Inmodiez Estrellas Cía. Ltda., Habitavia Home S.A., Ícaro y empresas relacionadas, Vuelos Internos Privados VIP S.A., Empresa Minera Portovelo Ecuador S.A.; y sucursales de empresas extranjeras, como Machala Power Cía. Ltda., Noble Energy Ecuador Ltda. y China Tiesiju Civil Engineering Group.

Como parte de la sistematización de la Superintendencia, las notificaciones a las compañías envueltas en alguna causal de disolución ahora se hacen vía correo electrónico.

Toda esa información está disponible para la ciudadanía a través del portal www.supercias.gob.ec. Allí consta si determinada empresa está o no en causal de disolución por pérdidas, otro factor por el cual se disuelven las compañías.

Antes, la SC recibía balances físicamente y los funcionarios debían sumar o restar los balances para  sacar las cuentas y saber si había pérdidas. Pero desde hace 2 años el ente estatal recibe los balances vía electrónica y el sistema informático arroja resultados inmediatos.

“El grueso de causales de disolución es por no presentar balances, por lo que mal se podría decir que estamos conspirando contra el empresario que  sí cumple. Se está disolviendo al que no presentó balances, al que no está trabajando o quiere ocultar algo; obviamente, esa clase de empresarios nadie quiere”, resaltó Anchundia.

El funcionario precisa que un síntoma de alerta es la reincidencia, es decir, si por 2 y 3 años consecutivos las empresas no reportan ingresos por la actividad económica que realizan, se presume que están inactivas.

2.193 COMPAÑÍAS CONSTITUIDAS EN MENOS DE 5 MESES

Del 1 de enero al 19 de mayo de 2014 se han constituido 2.193 compañías en Ecuador. De ellas, según cifras de la Superintendencia de Compañías (SC), el sector económico que más ha despuntado es el relacionado con el comercio al por mayor y menor, y la reparación de vehículos automotores y motos (577).

Otro sector que ha tenido un despunte en cuanto a la constitución de compañías ha sido el de transporte y almacenamiento (344), seguido del relacionado con las actividades profesionales, científicas y técnicas (284) (ver gráfico).

En la actualidad existen registradas en la SC 74.118 empresas, de ellas, la mayoría se concentra en 2 provincias: en Guayas 34.268 y en Pichincha 22.049.

Desde el órgano estatal de control se destaca que el objetivo no es crear leyes que limiten la actividad empresarial en la medida en que se adecúe a la ley.

En ese sentido, el 20 de mayo pasado se publicó en el Registro Oficial la ‘Ley orgánica para el fortalecimiento del sector societario bursátil’, en donde se privilegia la facilidad para constituir empresas.

Un ejemplo de aquello es la constitución simplificada, en donde la aprobación para la formación de una empresa ya no la hace la Superintendencia de Compañías, sino que el interesado va directamente ante una notaría y al Registro Mercantil. La SC entra después para iniciar su labor de control.

La Superintendencia de Compañías se encuentra trabajando en una reforma macro para privilegiar lo de la disolución, con el objetivo de hacerla más ágil.

13 CAUSALES HAY PARA DISOLVER UNA EMPRESA

El artículo 361 de la Ley de Compañías establece 13 causales de disolución, entre ellas, que una empresa haya perdido el 50% o más de su capital social; que por inobservancia o violación de la ley atente contra su normal funcionamiento o cause graves perjuicios a los intereses de los socios, accionistas o terceros; y por obstaculizar la labor de control y vigilancia de la Superintendencia o incumplir las resoluciones que ella expida.

Y si se establece la inactividad de la empresa, sea porque no cumplió con el objeto social por 2 años consecutivos o por no presentar información, la entidad también puede actuar de oficio.