Mayo 30, 2016

El Comercio
Mayo 30, 2016
Empresas y establecimientos se alistan para cobrar IVA del 14%

Ajustes en los sistemas contables, cambios de facturas físicas y electrónicas y actualización de cajas registradoras, y de etiquetas son los principales cambios que las empresas realizan para arrancar desde el 1 de junio, con la adaptación del 14% del impuesto al valor agregado (IVA).
El incremento de dos puntos porcentuales al actual IVA (12%), que arranca este miércoles y rige por un año, se aprobó en la Ley solidaria. Esta normativa busca recaudar fondos para la reactivación económica del sur de Esmeraldas y Manabí. Estas provincias fueron golpeadas por el terremoto ocurrido el pasado 16 de abril.
En función de esta disposición, empresas y negocios a escala nacional tienen que actualizar sus sistemas y los precios de los productos para incluir el nuevo IVA.
Carlos Sarche, gerente de Negocios de la empresa Olimpyc Juice Olyjuic, que elabora las bebidas de la marca Orangine, explicó que sus proveedores de botellas y tapas ya fueron notificados de los nuevos precios en los que se incluye el 14% de IVA desde el 1 de junio.
Pero la empresa cuenta con reservas, por lo que tiene 15 días para ajustarse a los nuevos valores. Las entregas que realizará Orangine en esta semana a sus puntos de ventas se harán con el precio anterior. Esto significa que en estos días la firma asumirá el 2% en sus costos operativos hasta homologar el precio con el nuevo tributo.
En la parte tecnológica, el área de informática trabaja a contrarreloj para ajustar los dos puntos porcentuales en el sistema contable.
Del portafolio de productos de la empresa productora de lácteos, Floralp, la crema de leche y la mantequilla sí pagan el IVA. Para esto, en las áreas contable y administrativa, hace 15 días iniciaron con todos los ajustes en los sistemas detalló, Rodolfo Purtschert, gerente general de la empresa.
El trabajo consiste en poner nuevos códigos a los ítems gravados con IVA, a fin de que a inicios de junio próximo ya se vendan estos alimentos incluido el 14% de IVA.
En cuanto al tema de etiquetas no presenta dificultad, porque los productos se venden a clientes corporativos.
Si bien tiene productos que no pagan IVA, la empresa sí enfrentará un aumento en sus costos, pues insumos como etiquetas,empaques y otros subirán de precio desde el 1 de junio próximo, algo que ya le han advertido sus proveedores.
A esto se añade la contracción de sus ventas en un 10% el mes pasado (abril) con relación al mismo período del año anterior. La empresa no subirá el precio al consumidor final, pues teme que eso afecte más sus ventas, que ya cayeron.
Otras empresas, en cambio, no ven mayor complejidad en los ajustes financieros y administrativos para adaptar las compras y facturas al IVA del 14%. En la firma de cosmética y cuidado capilar René Chardon, al no marcar el precio al consumidor final, no tiene complicaciones en etiquetas debido a que esto lo realizan los autoservicios, explica Christian Donoso, gerente general de esta empresa.
René Chardon, que al año pasado creció un 20% en facturación, espera llegar solo a un 10% este año, debido al incremento del IVA.
Gustavo Terán, del Grupo Nu, señaló que en esta compañía se están ajustando sus sistemas contables, los menús de los cuatro restaurantes a su cargo, para ajustarse al nuevo impuesto. “Son cosas técnicas que toman tiempo; por ejemplo, unos USD 300 será el costo para elaborar las nuevas cartas del restaurante”, explicó. Y hasta la 23:59 del 31 de mayo realizarán pruebas en su sistema contable para que a partir del 1 de junio, todos los valores registren el incremento del impuesto al valor agregado.

En tiendas y comercios aún hay dudas sobre la aplicación del incremento del tributo.
Carmen Duque, propietaria de la panadería Delicatessen -ubicada en la av 12 de Octubre, en el norte de Quito-, señala que tiene un stock hasta la segunda semana de junio de bebidas azucaradas, gaseosas, jugos, galletas y chocolates con el 12% de IVA. La microempresaria aún no sabe cómo proceder con el cobro del IVA.
Pedro Páez, superintendente de Control del Poder de Mercado, indicó hace unos días que los supermercados y autoservicios deben elaborar los reetiquetados que marquen el precio con el IVA del 14%. Ante la consulta de este Diario sobre si se llegó a algún acuerdo con tiendas y demás puntos de ventas que tengan stock de productos con el IVA actual, el funcionario señaló que todos estos establecimientos desde el 1 de junio deben acatar la disposición del SRI en la Ley solidaria.
Corporación Favorita indicó que hoy emitirá un comunicado sobre el proceso de etiquetado de precios y otros ajustes.

El Expreso
Mayo 30, 2016
Esta semana se emiten reglamentos de las dos reformas tributarias

La Asamblea confirmó la información del Servicio de Rentas Internas
El marco legal está casi listo. Las dos reformas tributarias que tramitó la Asamblea Nacional, en un mes y medio, tendrán un reglamento técnico esta semana, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).
A decir del titular del ente recaudador, Leonardo Orlando, los reglamentos se emitirán hasta el viernes para aterrizar las reformas que, en suma, generarán unos 1.400 millones de dólares para el Estado. De ese monto, cerca de 1.090 millones de dólares servirán para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril.
La emisión de la documentación coincide con el incremento de dos puntos porcentuales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Desde el miércoles, el tributo será del 14 % y no del 12 %. Si el pago se hace con dinero electrónico, Rentas Internas devolverá el equivalente al 4 % del tributo. Dicha devolución se hará con el medio de pago alternativo.
Este es uno de los puntos que deben ser precisados en el reglamento. Una de las disposiciones transitorias de la última reforma tributaria establece libertades para el uso de la moneda digital.
Otro de los temas pendientes es el de la emisión de facturas con el nuevo porcentaje de impuestos. En un recorrido realizado la semana pasada en Quito y Guayaquil, técnicos del SRI explicaron que las facturas impresas con tarifa del 12 % son válidas. El alza al 14 %, según lo dispuesto en la ley, aplicará solo por doce meses.
La ley para el equilibrio de las finanzas públicas también contará con reglamento. En ese caso se especificarán los mecanismos para el incremento de impuestos en el valor unitario de cigarrillos, bebidas gaseosas y azucaradas y licores, según su grado alcohólico.

El Expreso
Mayo 30, 2016
Mejoría en los saldos de la cuenta del Tesoro Nacional

Subió a 232 millones de dólares al cierre del 20 de mayo. Otra vez vuelven a recuperarse. Los depósitos del Tesoro Nacional se ubicaron en 232 millones de dólares, por encima del piso mínimo de 99 millones registrados en abril: el valor más bajo en una década.
El Tesoro es como la cuenta corriente del Estado, pero parece que la caída de sus rentas, tanto por la baja en el precio del crudo, como por los ingresos por impuestos, han contraído los saldos en esa cuenta, según las estadísticas del Banco Central de Ecuador (BCE), que antes contaba de cifras tan altas como los 2.456 millones de dólares que en promedio registró en el 2008, aquel año con repuntes inéditos en la cotización del crudo.
En ese año, el precio del petróleo llegó a 140,97 dólares y eso significó un guiño de ojo para un Gobierno que apostó por el gasto público como pilar para dinamizar a la economía. Pero ahora, con el desplome del crudo, el Gobierno ha debido ajustar la inversión pública como variable para compensar la reducción de ingresos fiscales.

El Expreso
Mayo 30, 2016
Dos luces al final del túnel

El dólar y el crudo vuelven a jugar a favor de la economía del país El billete verde pierde valor y estimula las exportaciones El petróleo acaricia los $ 50
En medio de tanta Ley Murphy y tormentas perfectas, la luz al final del túnel económico empieza a verse. Aunque suene muy optimista. El dólar se deprecia y el petróleo se recupera: dos buenas nuevas para una economía que requiere con urgencia ampliar sus rentas por exportaciones.
Esto es que ingresen divisas que ayuden en algo a ver florecer la famosa balanza de pagos (BP). ¿Cómo aportan esas cuentas al ciudadano? Pues en mucho. Si la BP arroja saldos positivos, el Gobierno no tendría excusas ideológicas para extender las salvaguardias. Esto es, puede abrir un poco el grifo para las importaciones y darle un pequeño respiro a un sector que vive ya varios años sometido a los designios de las restricciones de compras al exterior, a través de aranceles, cupos y sobretasas. Así, los hogares accederían a productos más baratos.
Es que, un dólar apreciado gana poder para comprar bienes afuera; es decir, estimula las importaciones, pero, según el Ejecutivo, eso complicaba la salud de la cantidad de dólares que requería la economía. Fue entonces que puso cotos a la salida de divisas con un mosaico de medidas. Pero vinieron más: para equilibrar las finanzas públicas, el Ejecutivo impulsó hace poco una ley que subió el ICE a las bebidas azucaradas, cervezas y cigarrillos. Así, obtendría unos 800 millones de dólares, en lo que queda de este año más todo el ejercicio 2017.
Ya con el terremoto del 16A, vino la Ley de Solidaridad, que, entre otras cosas subió el IVA del 12 al 14 % desde junio. El afán es conseguir recursos para la reconstrucción de las zonas devastadas, aunque esa reforma promete ser temporal (por un año). Pero, como el presidente Rafael Correa tiene la potestad de retirarlas antes, si presentase la economía señales de mejoría, como la subida del crudo WTI, de referencia para Ecuador, que cerró el pasado viernes en 49,3 dólares, cuando el Gobierno armó un presupuesto estimando un valor de 25 dólares, las empresas se esperanzan en que se dé marcha atrás, porque “se están quedando sin oxígeno” con este “bullying normativo” de más impuestos, dice Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE). Él habla de 15 reformas tributarias en los últimos nueve años que han elevado su carga tributaria en un 9 %. Algo que refuta Juan Miguel Avilés, director de la zona 8 del SRI, quien recuerda cambios que beneficiaron como la Ley de Equidad Tributaria, que permite a los trabajadores en relación de dependencia deducir sus gastos personales, además de la Ley de Remisión de Intereses, que puso al día a algo más de un millón de contribuyentes, quienes saldaron sus deudas con Rentas.
En medio del debate, están los importadores y los consumidores, que se las ven en serio. Y esperan que el salto de tipos de cambio sea aprovechado y que se levanten las medidas. Es que, de diciembre a abril, el peso colombiano se ha apreciado en relación al dólar. Ese mes por cada dólar, se conseguían 3.169 pesos, pero en abril, 2.877 pesos. Esto es, el billete verde ahora rinde menos y eso desalienta las importaciones que, incluso, se volverán más caras con las sobretasas extendidas hasta junio-2017 del 15 al 40 %. La moneda peruana, en cambio, pasó de 3,41 a 3,27 soles por dólar.
Xavier Salem, un joven empresario, sabe el peso que han tenido las sobretasas sobre ciertos sectores. Dijo días atrás a EXPRESO que debió cerrar la franquicia de Armani Exchange en Guayaquil, por el tema salvaguardias. Ahora lucha por mantener la de Quito, lo que se complica por la extensión de un año de las sobretasas. Desde el 2010, dice, que trae la marca al país, vivió dos navidades (la del 2014 y de 2015) sin las colecciones nuevas de noviembre, pues recién pudo sacarlas en los eneros siguientes, por temas aduaneros. Detalla su situación desde el vientre de un galpón, donde, como buen emprendedor que caza oportunidades: ahora levanta una planta de muebles.
Hay más razones para tener fe: el dólar depreciado impulsa las exportaciones. Además de que al tener Riesgo País (867 puntos) menor, el Estado pueda conseguir deuda pública y externa más barata.

El Universo
Mayo 30, 2016
Eduardo Ledesma: “Esperamos que el acuerdo con UE se firme en octubre”

El banano ecuatoriano paga al momento un arancel de $ 0,54 por caja que ingresa a Europa, lo que le resta competitividad y cuotas de mercado. El presidente de la Asociación de Exportadores de Banano, Eduardo Ledesma, espera recuperar terreno con la firma del acuerdo con la Unión Europea, que aspiran se concrete en pocos meses.
¿Cómo está la situación del banano ecuatoriano en la Unión Europea?
Hemos perdido, del 40% (de mercado que tenían en Europa), estamos en el 26% y es muy probable que terminemos el año en 20%.
¿Qué proyecciones tienen para el 2016?
En el mejor de los casos, llegaremos al nivel del 2015 cuando se vendieron 317 millones de cajas.
¿Cómo analizan las negociaciones del Gobierno con la UE?
El ministro Juan Carlos Cassinelli es muy dinámico, lo importante es acortar fechas, él ha logrado acortar en menos de 60 días lo que en otros países ha demorado seis meses o un año.
¿Qué les ha dicho él?
Él tuvo una gira por Europa. Nos explicó que fue muy beneficiosa y había tenido una apertura increíble de los ministros de Comercio Exterior de seis países (….) y que veía con gran satisfacción el hecho de que se iba a formar una misión en la que asistiría el vicepresidente de la República, Jorge Glas, a efectos de ver si se puede dejar firmado entre septiembre y octubre el acuerdo y entrar en vigencia en enero de 2017.
¿La extensión de las salvaguardias hasta el 2017 no afectaría el acuerdo?
Nos dijo que el tema se trató, pero que los europeos no le han dado una mayor importancia, les llama la atención, pero saben que es un mecanismo de protección del Estado porque no tienen una moneda propia.
¿Solo la falta del acuerdo afecta al sector?
No, existen otros temas como la ley que debería ser modificada (…). Casinelli nos dijo que se iba a reunir con el presidente –Rafael Correa– para poder caminar hacia este objetivo. Es una ley que tiene una serie de trámites, cupos de exportación (…), se está cobrando a los productores una patente de comercio que no tiene por qué cobrarse, sino para comerciantes, industrias y para turismo… todo eso hace que suba el costo y perdemos mercado por falta de competitividad.

El Expreso
Mayo 30, 2016
7,8: profesionales proponen una reconstrucción integral

Un foro dejó como resultado un manual para el proceso de reinicio económico y urbano en zonas afectadas Seis ejes fueron priorizados en el documento
Vieron cómo parte del Ecuador se devastó por un terremoto de 7,8 grados y decidieron no cruzarse de brazos. A tres semanas del desastre, el Colegio de Ingenieros Civiles y el Colegio de Arquitectos del Guayas, junto con otros 12 colegios profesionales, 14 organizaciones sociales y otras entidades, como la Cámara de la Construcción, se reunieron para tratar de esquematizar los pasos a seguir en la reconstrucción de Ecuador.
La propuesta, que nació como un foro de dos sesiones, dejó como resultado una guía de acciones humanitarias y técnicas que las autoridades podrán poner en práctica en las zonas más afectadas por el terremoto, Manabí y Esmeraldas.
Los especialistas se valieron de seis ejes que serán contemplados en la Conferencia Mundial Hábitat III, que organiza Naciones Unidas y que tendrá como sede a la capital en octubre próximo.
En esa cita sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, plantearán, por ejemplo, la cohesión social y la equidad, marcos urbanos constructivos, desarrollo territorial, economía urbano-regional, ecología urbana y ambiente, y vivienda urbana y servicios básicos.
El arquitecto urbanista Fernando Garzón, especialista en ordenamiento territorial, fue el coordinador del foro ‘Ciudad región por la reconstrucción’ y ahora es el vocero de los resultados y propuestas que se obtuvieron de esa cita.
La alternativa es compleja. Implica un proceso de reinversión en el desarrollo urbano, reinvención en la metodología de los reasentamientos, reubicación de áreas de alto riesgo, tanto de invasiones como de grandes programas inmobiliarios, entre otros puntos.
Los expertos dirigen sus soluciones específicamente a las autoridades y profesionales inmersos en el tema de la reconstrucción. “Porque son ellos quienes tienen sobre sus hombros la responsabilidad de generar resultados”.
Incluyen en la guía no solo lo relacionado con la reconstrucción a largo plazo, sino también la forma en que se debe tratar un asentamiento provisional, como es el caso de los albergues que fueron abiertos.
Es que no solo preocupa la ubicación, sino también la inseguridad. Garzón pone como ejemplo a Haití, en donde se registraron abusos contra niños y ancianos.
La labor de estos profesionales enmarca las soluciones para el desastre desde una perspectiva integral. Han tenido en cuenta, incluso, la actividad económica de los perjudicados. Planteando una interrogante ineludible: ¿qué pasará con los obreros cuando ya no haya qué más construir?
Bajo ese punto de vista, los expertos concluyen que el trabajo de la reconstrucción debe ser atendido desde todas las aristas afectadas. El presidente de la Asociación de Barrios del Ecuador, Luis Gómez, pide por ejemplo, más protagonismo para los líderes barriales.
“Esto es realmente un foro por la vida. La reconstrucción que se lleve a cabo debe ir de la mano de la prevención. Es muy importante. Lo que se haga ahora podrá o no protegernos ante futuros desastres naturales de cualquier índole”.

El Universo
Mayo 30, 2016
Puerto Bolívar prepara su cambio a consorcio turco

La Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar en los próximos días tendrá que entregar esas instalaciones al consorcio turco Yilport Holding, que ganó en febrero pasado la concesión por 50 años por una inversión de $750 millones. Ese traspaso conlleva la transición de software, operadoras, activos fijos, proceso que se deberá ejecutar en no más de cinco meses.
Vicente Guzmán, gerente de Autoridad Portuaria, dijo que ese proceso de concesión dejará al Estado $ 1.540 millones por impuesto a la renta y que “se trata de una delegación de servicios por un determinado tiempo”.
Explicó que con el modelo de gestión subsidiado la inversión no tenía retorno. “Portuaria ha invertido en maquinarias, muelles, readecuaciones, lo que ha dado como resultado un gasto corriente excesivo y un gasto de inversión mínimo”, y defendió el cambio de modelo.
Los primeros diez años seguirá la modalidad de la carga del banano al granel y se ratifica seguridad laboral de obreros.
Autoridad Portuaria asumirá el costo de la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar con el canon fijo y variable, las rentas para los seccionales de Machala y El Oro seguirán. Yilport tiene que pagar 2% para la Subsecretaría de Puertos, la Casa de la Cultura y todos los aportes del Estado.
Yilport propone un proyecto con tres fases: Infraestructura, abrir nuevas líneas de negocio, como cereales; otros graneles sólidos, como cemento, carbón. Otra fase que ampliaría la línea de atraque. Y diversificaría los tipos de carga y servicios como almacenaje frigorífico.

Mayo 26, 2016

El Comercio
Mayo 26, 2016
Francia da a Ecuador un crédito de USD 100 millones para reconstrucción

El Gobierno de Francia aprobó un crédito extraordinario de USD 100 millones que serán utilizados para la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto, que azotó en abril la Costa norte de Ecuador, informó hoy, 25 de mayo, la Presidencia de la República.
Junto a ese crédito, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) propuso la reasignación parcial de financiación propia y de fondos no reembolsables de la Unión Europea (UE), administrados por esa institución, por un monto de USD 10 millones que serán empleados en proyectos en favor de las zonas más afectadas por el terremoto.
Según la embajada de Francia en Ecuador, el organismo de cooperación galo ha propuesto también la “asignación excepcional post-crisis” de financiación para organizaciones no gubernamentales (ONG) francesas que trabajan con organizaciones locales en Ecuador, así como la implementación de una operación de cooperación técnica impulsada por una entidad francesa.
Tras el terremoto de abril, Francia entregó a Ecuador ayuda humanitaria por valor de USD 1,4 millones aportados por su Gobierno, por empresas y por ONG del país europeo.
Entre la ayuda que se brindó, figura la de una treintena de bomberos de ese país que instalaron estaciones potabilizadoras de agua en la localidad de Chone, mientras que seis expertos en infraestructuras trabajaron en la evaluación de edificaciones en la localidad de Portoviejo.
El terremoto golpeó el 16 de abril la Costa ecuatoriana y causó la muerte de 663 personas, mientras que nueve están desaparecidas y 28 775 resultaron damnificadas, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El Comercio
Mayo 26, 2016
Banco del Pacífico compró 324 millones en papeles de Finanzas

El Ministerio de Finanzas obtuvo liquidez para afrontar sus compromisos fiscales, a través de un nuevo mecanismo. En este participaron dos entidades bancarias claves: los bancos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y del Pacífico.
El Fisco presupuestó este año necesidades de financiamiento por USD 6 609 millones, pero este momento hay menos ingresos por la caída del precio del crudo, por una menor recaudación tributaria y por dificultades para acceder a crédito externo.
El 30 de marzo pasado, el Biess compró USD 360 millones en Certificados de Depósito de corto plazo (33 días) y 2% de interés, que el Pacífico ofertó, a través de Valpacífico, en la Bolsa de Valores de Quito (BVQ). Esta transacción se realizó a las 14:50.
Una hora más tarde del mismo día, el Banco del Pacífico adquirió cupones de capital de la Tesorería de la Nación por USD 324 millones, a 33 días y 2,35% de rendimiento según registra la BVQ.
El superintendente de Bancos, Christian Cruz, explicó a EL COMERCIO que la compra de papeles estatales del Banco del Pacífico está dentro de los parámetros normales, que puede hacer la banca privada.
Aunque para que estas transacciones sean posibles, la Asamblea aprobó 13 días antes, el 17 de marzo, dos artículos introducidos a último momento en la Ley de Promoción del Empleo. A pocos minutos de la votación del proyecto de ley y en la penúltima intervención del segundo debate, el asambleísta oficialista, Fausto Cayambe, propuso una reforma a la Ley del Biess.
Dicha reforma dio vía libre para que los recursos de las administradoras del IESS y los saldos disponibles en sus cuentas se inviertan a través del Biess. Según el presidente del Directorio de la entidad, Richard Espinosa, había unos USD 400 millones en el IESS que estaban inactivos, sin generar rentabilidad.
Tras la aprobación de esta disposición, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera resolvió transferir los excedentes del IESS por USD 360 millones al Biess y amplió el presupuesto de inversiones de renta fija en el sector privado por el mismo valor, a través de la resolución 228-2016-F, aprobada el 29 de marzo, justo un día antes de que se efectuara la transacción. Cruz indicó que la operación del Banco del Pacífico nació luego de que esta reforma legislativa permitiera identificar recursos del IESS que no se transferían al Biess para inversión. “Para optimizar esos recursos se hicieron inversiones de corto plazo”.
¿Por qué el Biess no invirtió de forma directa en bonos estatales como lo hace habitualmente? Para Cruz, esa es una decisión de la comisión de inversiones de ambos bancos.
Los miembros del Directorio del Biess no solo aprobaron la primera compra de certificados por los USD 360 millones sino que el 2 de mayo pasado, en sesión extraordinaria y modalidad virtual, renovaron esta inversión con el Banco del Pacífico. La decisión estuvo respaldada con informes del 28 y 29 de abril de la Gerencia General y de las áreas de Inversión, de Riesgos y de Coordinación Jurídica.
La renovación se hizo el mismo 2 de mayo por igual monto y rendimiento, pero a 25 días, que se cumple mañana. De igual forma, el Banco del Pacífico repitió la compra de papeles estatales por USD 324 millones, también a 25 días.
Espinosa señaló que el banco es libre de invertir con el Pacífico y analizarán si se continúa o no con esta inversión o se coloca a mayor tiempo de vencimiento, incluso, directamente con el Ministerio de Finanzas.
Esta operación representa 70,5% del presupuesto que el Biess prevé invertir en el sector privado este año y que suma USD 510 millones, mientras que su proyección de inversión en el sector público es de USD 894 millones.
Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, con esta operación, a la que calificó de “inusual”, el Gobierno no solo mejoró la liquidez de la caja fiscal sino que logró un incremento en los depósitos totales de la banca privada.
Entre enero y marzo pasados, los depósitos bancarios subieron 4%, principalmente por esta transacción bursátil, según los balances de la Superintendencia de Bancos.
Acosta puntualiza que este dinero no ha servido para entregar créditos al sector productivo sino que se fueron a inversiones del Régimen. “El sector público sigue absorbiendo los dineros de todo el sistema ecuatoriano, afectando al resto de sectores productivos, que también demandan fondos. Estas son operaciones poco claras porque es una triangulación para llevar los recursos (a Finanzas)”.A marzo pasado, el Banco del Pacífico, el segundo más grande por sus activos, se convirtió en el mayor tenedor de papeles del Estado del sistema bancario privado, con una participación del 41% (555,6 millones).
Para entender la magnitud de los 324 millones, por ejemplo, se puede señalar que representó el 11,8% de su cartera total de crédito y el 8% de sus depósitos a plazo, a la vista y restringidos, de acuerdo con el registro hasta marzo de la Superintendencia de Bancos.
Este Diario consultó vía correo electrónico sobre el tema al representante del Pacífico, Efraín Vieira, quien respondió: “Lamento informar que el sigilo bancario nos impide atender su pedido”.
Para el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, esta operación genera preocupación porque no es una inversión que guarde los principios de seguridad de cualquier banco privado, tomando en cuenta la iliquidez fiscal y el riesgo país. “El Pacífico -al vencimiento del papel- debería acercarse a Tesorería y decirle devuélvame la plata y, ¿si no tiene la plata, qué le va a dar: otro papel?”.
El Ministerio de Finanzas tampoco contestó la solicitud de información que hizo este Diario sobre la operación.
Cifras:
8 379,4 millones de dólares es el saldo de los papeles que el Biess ha invertido con el Fisco.
150 millones iba a invertir el Biess en el sector privado antes de la última reforma.
555,6 millones registró Banco del Pacífico en inversiones del Estado a marzo pasado.

El Expreso
Mayo 26, 2016
Inicia el reparto de los primeros 300 bonos de acogida para damnificados

Hoy al mediodía habrá un simulacro en escuelas y colegios
Los bonos de acogida, arriendo y alimentación para los damnificados del terremoto de 7,8 grados empezaron a entregarse.
El beneficio llegará a las primeras 300 familias acogientes, anunció la ministra de Inclusión Económica y Social, Lídice Larrea. Según sus cifras, hasta ahora, unas 5.255 familias se inscribieron para este bono. Y 3.239 para el de alquiler.
En los próximos días el bono se extenderá a los primeros 1.000 beneficiados de los 10.640 censados, ofreció la funcionaria.
El trámite para acceder al bono puede durar una semana. El beneficiado debe estar censado, luego tiene que inscribirse, esperar que personal del MIES haga una validación en Quito y finalmente recibirá la aprobación del trámite.
El bono se dará a los propietarios del inmueble que acoja o alquile, previa verificación. Pero quienes quieren recibir los 135 dólares del bono de arriendo enfrentan un problema en Manabí: los alquileres subieron incluso a 300 dólares.

El Comercio
Mayo 26, 2016
Marco Naranjo: ‘Sistema depende de actividad económica’

Entre 2000 y 2015, esto es, el período en que estamos dolarizados, la masa monetaria total o liquidez de la economía, que significa el dinero en efectivo más los depósitos en cuenta corriente y más los depósitos de ahorro y plazo ha pasado, en números redondos, de USD 4 600 millones a 40 000 millones.
Por el contrario, para el mismo período, el flujo neto de la Balanza de Pagos ha sido negativo: han salido del país más dólares de los que han entrado.
La pregunta es: ¿Cómo es posible que habiendo salido más dólares de los que entraron la masa monetaria total se haya multiplicado por diez? La respuesta es que en dolarización el dinero es endógeno y depende, fundamentalmente de la actividad económica. Es la actividad económica, el crecimiento de la producción, la que determina el incremento de la cantidad de dinero, no el saldo de la balanza de pagos.
En el año 2000, en términos corrientes, el PIB alcanzaba la USD 18 319 millones; para 2014 superó los 100 000 millones y en el 2015 fue de un poco más de 99 000 millones. Este incremento es el que explica la evolución de la cantidad de dinero, la cual, disminuyó en el año 2015 debido, precisamente, a la disminución del PIB corriente.
Con estos antecedentes, si realmente se quiere proteger la liquidez, lo que se debe es incentivar a la actividad económica y no lo contrario. Resulta entonces un sin sentido, por ejemplo, imponer salvaguardias y nuevos impuestos que generen contracciones del sector del comercio, el cual significa cerca del 10% del PIB, genera empleo y promueve otras actividades productivas.
Es contraproducente provocar expectativas negativas para la construcción, que significa cerca de 10% del PIB, con amenazas de impuestos.
El justificativo de que “hay que proteger la dolarización vía limitación de importaciones” es totalmente incorrecto, pues la cantidad de dinero no depende de la balanza de pagos. Si así fuera, como se señaló antes, la liquidez habría disminuido durante todo el período, pues, en el neto, la balanza de pagos ha sido negativa.
Lo cierto es que es la actividad económica la que crea los dólares a través de la creación secundaria del dinero, pues un depósito genera un préstamo y este provoca, a la vez, un nuevo depósito y así sucesivamente.
Veamos un ejemplo. Si alguien recibe un cheque y lo deposita en un banco, este depósito sirve para que el banco otorgue un crédito, quien recibe el crédito, gira un cheque para realizar el pago de un bien o servicio, pero quien recibe el mencionado pago, realiza un nuevo depósito en un banco de ese cheque, lo que le permite al banco otorgar un nuevo crédito y así sucesivamente.
Pero para que lo señalado ocurra, no se debe limitar ni entorpecer a la actividad económica, pues de lo contrario no existirán ni ventas ni compras y, por lo tanto, ni crédito ni depósitos, y por consiguiente tampoco se creará dinero. Lo señalado define lo que significa dinero endógeno, que finalmente significa el dinero creado por la actividad económica.
En dolarización, el 99% del dinero es endógeno, concepto fácil para la mayoría de las personas, pero difícil de entender por algunos economistas ahora funcionarios del Gobierno

La Hora
Mayo 26, 2016
Deuda pública ya sobrepasaría límite que impone la Ley

El Estado tiene un límite de endeudamiento fijado en el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: este monto no debe superar el equivalente al 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin embargo, analistas aseguran que este porcentaje ya estaría superado.
De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Finanzas, la deuda pública fue de 34.183,4 millones de dólares al cierre de abril de 2016; es decir, un 33,37% del PIB (102.426 millones de dólares).
Pero a esta cifra no se habrían sumado los valores por venta anticipada de petróleo a China por 643 millones de dólares y los Certificados de Tesorería por 1.544 millones, la deuda flotante del presupuesto del Estado por 1.500 millones, así como las deudas con las empresas petroleras por 1.555 millones de dólares, los pagos a municipios, al Issfa, al IESS, entre otros.
“Existe un total no registrado como deuda por unos 11.000 millones de dólares. La deuda real del país, conservadoramente, son unos 46.000 millones de dólares. Estimo yo dos mil a tres mil más”, asegura el analista económico y exvicepresidente Alberto Dahik.
Según los cálculos del experto, el endeudamiento público ya habría superado un 45% en base al PIB a abril de este año. “Esto en términos conservadores, yo calculo que es un 48% o más”, dijo.
Con este planteamiento coincide el analista económico Jaime Carrera, quien considera que la deuda pública estaría bordeando el 45% del PIB.
“El Gobierno no considera los Certificados de Tesorería a corto plazo, los bonos comprados con la reserva, los anticipos de dinero de la colocación del Campo Auca, las ventas anticipadas de petróleo… Y no sumar estos montos es poco responsable, porque se oculta al país el endeudamiento real que se tiene para sostener un gasto público elevado”, sostiene.
En enero pasado, el gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Diego Martínez, aseguró que la deuda pública del país estaba a niveles sostenibles, situándose en un 33% del PIB.
“Al cierre de 2015, el nivel de deuda bruta fue del 33% del PIB, se ha incrementado, pero siempre, y esto es lo importante, respetando el límite que nosotros mismos hemos puesto en la legislación”, dijo en rueda de prensa. Martínez se refería al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, vigente desde el 22 de octubre de 2010.
Consultado sobre si existe algún pronunciamiento oficial al respecto de las opiniones de los analistas económicos, el Departamento de Comunicación del BCE ofreció a este Diario una entrevista con un vocero en días próximos.
La disposición del artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, de que la deuda pública no debe pasar el 40% del PIB, está en concordancia con el artículo 289 de la Constitución que dice: “La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley”.

El Expreso
Mayo 26, 2015
El Estado cobraría la plusvalía en lugar de los municipios

La Asamblea está en espera de los proyectos El SRI pondrá en la web las tablas para calcular la Ley de Herencias Solo 76 ecuatorianos pagarán más
Preocupados. Los municipios y la oposición rechazan el anuncio del ‘regreso’ de dos nuevos tributos a la Asamblea: las leyes de Plusvalía y Herencias.
Aunque esas iniciativas del Ejecutivo todavía no tienen una fecha en el tratamiento legislativo, ya hay voces de protestas por tantos gravámenes. Ambos proyectos ocasionaron que los ciudadanos salgan a las calles durante junio de 2015. Por eso, el jefe de Estado tuvo que retirarlos del Parlamento.
La propuesta de la Ley de Plusvalía estaba incluida en la Ley Reformatoria al Código Orgánico Territorial. También es muy probable, que en este segundo intento por imponer ese impuesto, se use ese texto, pero con algunos cambios, tal como dijo el presidente Correa.
¿Cuál es el argumento para la reforma? El Gobierno central construye muchas obras de infraestructura en los territorios, pero no recupera esa inversión. Mientras que los municipios deben cobrar la plusvalía, sin embargo, no lo hacen.
El Estado cobraría los impuestos por esas obras de valor agregado en las provincias, cantones y parroquias, y repartiría un porcentaje a los gobiernos y descentralizados.
Ayer, el director del Sistema de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, explicó que se retoma los conceptos de la propuesta del año anterior con algunas modificaciones. “Se exoneraría el impuesto a las ganancias extraordinarias. También habrá un régimen de transición para los constructores, así ellos no subirán los precios de las propiedades”, señaló.
En cambio, en la Ley de Herencias, el 99,6 % de los ecuatorianos no pagará ese impuesto, dijo. “Menos de 76 ecuatorianos pagarán algo más que con la ley actual”, subrayó.
Pero la oposición opinó que el anuncio de reactivar esas dos leyes “está lleno de rencor”. “Correa se ha echado para atrás dos veces: la primera, con ambos proyectos; la segunda, con la enmienda que impidió su reelección”, sentenció el legislador independiente Ramiro Aguilar. El asambleísta de Pachakutik, Pepe Acacho, adelantó que “usaremos la misma estrategia de 2015: la convocatoria al pueblo en los mismos lugares, plazas y calles”.

El Universo
Mayo 26, 2016
Comerciantes: Leyes son un desaliento a la invers
ión

Como ‘una desconexión’ del Gobierno con los sectores productivos, la familia y la sociedad civil calificó ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, al reenvío de los proyectos de leyes de Herencia y Plusvalía.
“Que tenga la amabilidad de explicarnos (el presidente) de qué manera estos dos impuestos van a contribuir a la reactivación del sector privado, del sector productivo y a la generación de más y mejores empleos”, dijo Arosemena.
Para el, más allá del efecto que tendrán los tributos en la liquidez y la recaudación es la señal de desaliento que se envía al inversionista y pequeño emprendedor. A esto se suma lo que llamó la ‘herencia’ de este Gobierno: 27 reformas a leyes tributarias y 25 a reglamentos de este tipo

El Universo
Mayo 26, 2016
Vuelve la calculadora de impuestos

Tras comparecer a la Comisión de Régimen Económico por el trámite de la Ley contra el Lavado de Activos, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, anunció que, desde este fin de semana, se reactivará la calculadora tributaria del impuesto a la plusvalía, específicamente, y sobre herencias, una vez que se tengan ciertas precisiones.
En su Informe a la Nación, el pasado martes, el presidente Rafael Correa indicó que enviará a la Asamblea, nuevamente, los proyectos de leyes de Herencias y de Plusvalía, que tuvo que retirar el año pasado tras las protestas que generaron.
Orlando señaló que para herencias se va a mantener la tabla actual para los activos productivos y los negocios en marcha y, en el caso de herederos directos, la tarifa máxima será del 17,5% como consta en la actualidad, pero en el caso de activos no productivos se establece una exoneración –que hoy es de algo más de $ 70 mil– de alrededor de $ 175 mil, el equivalente a 480 salarios básicos, que corresponde a lo que recibiría un trabajador que gana el básico por 40 años.
Según el funcionario, si se aplica la nueva tabla a las declaraciones del año pasado, el 0,4% de los declarantes de un total de 43.300 (185) habrían pagado un impuesto y, de esos, 76 habrían pagado más con el régimen que se estaría proponiendo versus el régimen anterior.
Sobre plusvalía, se exoneraría no solo del Impuesto a la Ganancia Extraordinaria que se puede aplicar a partir de la segunda venta, sino que también aplicaría el régimen de exoneración en el periodo de transición para los constructores y favorecer los proyectos de construcción de vivienda, que no estén afectados con el tributo. Las ganancias sobre las que recae el impuesto que es sobre el excedente es aquella ganancia considerada especulativa.
En la Asamblea, Virgilio Hernández (AP), presidente de la Comisión de Régimen Económico que abordaría esas normas, manifestó que no quiere adelantar ningún criterio. Pero la oposición se ratificó en las críticas a estos dos proyectos.
Franco Romero (PSC), integrante de la misma mesa, sostuvo que es un pésimo mensaje para los inversionistas porque los impuestos anunciados son confiscatorios. “Me parece un anuncio pesimista y peor todavía en la crisis que está viviendo el país”, agregó.
Otro integrante de la Comisión, Ramiro Aguilar (antes de SUMA), manifestó que el anuncio del presidente está “lleno de rencor” porque antes retiró las leyes por la presión de la ciudadanía en las calles y le “huele a provocación”.

El Telégrafo
Mayo 26, 2016
La protección social complementa al mercado

de la República señaló que se ha construido un modelo económico, político y social que crea las condiciones necesarias para beneficiar a todos. Durante los últimos 9 años, las políticas e inversiones públicas han fomentado la expansión del producto social y, también, una mejor distribución de la riqueza. El manejo del déficit externo será el aspecto clave de la gestión económica en 2016. Redaccion Economía En su último Informe a la Nación, el presidente de la República, Rafael Correa, expresó su admiración hacia las personas damnificadas por el terremoto del 16 de abril, y también su gratitud hacia todos los ciudadanos involucrados en las labores de rescate y asistencia. “Esta tragedia no doblegará el espíritu del pueblo manabita y esmeraldeño, que mantiene la convicción de que juntos superaremos las dificultades y saldremos fortalecidos”. El Mandatario resaltó que los problemas estructurales ocasionados por el desastre natural no podrán resolverse con acciones espontáneas temporales. Por esta razón se planificaron medidas que canalizan la solidaridad y la acción colectiva de todos los ecuatorianos. Una vez introducidas esas acotaciones, el presidente Correa se refirió a la preparación que tenía el país para enfrentar la emergencia. Cuestionó entonces a aquella oposición que, en lugar de entender la lógica de la inversión y el ahorro públicos, critica la eliminación del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep), una decisión que Correa tomó como ministro de Economía y Finanzas en 2005. El Presidente recordó que tal fondo fue creado en 2002 para cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la firma de acuerdos. Se nutría de la participación estatal en la producción de crudo pesado, esto es, del 45% del exceso de ingresos petroleros y del superávit presupuestario. El mandatario señaló las contradicciones que existían en el fondo. Mientras que el 70% de los recursos acumulados en el Feirep se destinaban por ley a la recompra de deuda pública, solo el 10% iba para desarrollo humano (educación y salud) y el 20% para contingencia frente a desastres o desfases presupuestarios. “Antes que un fondo de estabilización era una garantía de recompra de deuda, que además disponía de la mayor asignación presupuestaria de la historia ecuatoriana”, dijo Correa. Esta situación provocó que se revalorizaran artificialmente los bonos de deuda y que se transfiriera una enorme cantidad de recursos a los acreedores. Concretamente, los tenedores de los bonos ecuatorianos, que no necesariamente eran extranjeros, tuvieron ganancias por más de $ 1.400 millones en un año. La Ley de Transferencia Fiscal, mediante la cual se creó el Feirep, limitaba también el crecimiento del gasto público a un máximo del 3,5% anual, sin discriminar si ese incremento iría a hidroeléctricas, puertos o sueldos para maestros. “En lugar de estos fondos recesivos y altamente costosos en términos de oportunidad, hicimos lo inteligente y correcto. Mantuvimos al máximo nuestras capacidades sociales por medio de una adecuada inversión. Tuvimos listos créditos de contingencia que permitieron iniciar la reconstrucción y activación económica de las zonas de desastre”. Estas referencias del Primer Mandatario sirvieron para contextualizar las diferencias existentes entre la conducción macroeconómica basada en los preceptos ortodoxos y el nuevo modelo de desarrollo impulsado desde 2007.
Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-proteccion-social-complementa-al-mercado
Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec

El Expreso
Mayo 26, 2016
Revisión al servicio exterior

El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, anunció que se eliminarán las agregadurías militares El trabajo lo asumirán funcionarios de las embajadas
Optimizar el trabajo de 808 funcionarios del servicio exterior. Esa es una de las metas del Gobierno, en un año en el que “el reto es convertir la riqueza y los activos, en liquidez”, según dijo el primer mandatario.
El anuncio lo hizo el presidente Rafael Correa, en el informe a la nación, al referirse a las medidas que implementará para hacer frente a las dificultades económicas que atraviesa el país.
“Se ha iniciado un proceso de optimización de embajadas, consulados y agregadurías militares y policiales”, dijo en la Asamblea. No dio más detalles.
Lo cierto es que este análisis se extiende, además, al personal que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores en la planta central, en Quito y otras ciudades, dijo a EXPRESO el canciller Guillaume Long, el martes.
“Seguimos analizando cómo optimizar recursos y eso debe ir de la mano con el fortalecimiento institucional. Se estudia todo el tema de los ascensos y tener un escalafón racional”, puntualizó el funcionario.
Según el distributivo de personal de esta cartera de Estado, con fecha 30 de abril de 2016, Relaciones Exteriores cuenta con 2.070 trabajadores, tanto fuera como dentro del país.
Demasiados a criterio del exembajador del Ecuador en Londres, Mauricio Gándara. Él calcula que en los últimos años casi se ha triplicado la nómina de Cancillería “de forma inexplicable”.
Apunta que una parte del problema es la cantidad de asesores que han sido contratados. “Antes eran los funcionarios de carrera los que daban asesoramiento al poder político, en diversas áreas. No se necesitaban muchos asesores. Hoy hay mucho componente político e ideológico”, dijo a este Diario.
Además, el país ha abierto, en los últimos años, embajadas en naciones en las que antes no tenía presencia diplomática. Ese es el caso de Bielorrusia, Argelia, Angola y Nigeria. Solo en estas cuatro misiones diplomáticas se cuentan 21 funcionarios.
¿Cuáles serían los beneficios de estas nuevas relaciones diplomáticas? El excanciller Francisco Carrión dice que hay que evaluar cada caso. Por ejemplo, si Nigeria, que es un país petrolero, nos puede transferir tecnologías y conocimientos, o solo es un competidor. O si Angola está dispuesto a hacer inversiones en el país.
“Hay que hacer una selección en función de un criterio que es el desarrollo como objetivo principal. Determinar los países con los que se puede hacer comercio, inversiones o hay afinidades en términos de cooperación. Lo fundamental en política exterior no son las emociones o sentimientos”, dijo Carrión a EXPRESO
En 2013 el presidente Correa anunció el cierre de, al menos, nueve embajadas por falta de reciprocidad. Mencionó a Holanda, Australia, Sudáfrica Portugal, Bélgica y Singapur.
De acuerdo con la información de la página electrónica de Cancillería aún están abiertas las delegaciones diplomáticas de Holanda, Australia o Sudáfrica.
Long informó que, hasta el momento, no se ha analizado si se harán cierres de otros consulados o embajadas. Aseguró que la información será entregada en cuanto se tomen resoluciones concretas en Relaciones Exteriores.
Ambos analistas consultados por EXPRESO coinciden en que es importante el anuncio de optimización de recursos. “Esto debió hacerse antes, o mejor aún, nunca se debió incrementar de esta forma el personal del servicio exterior en general”, concluyó Carrión.

El Telégrafo
Mayo 26, 2016
El Estado prepara la venta, fusión y liquidación de al menos 16 entidades

El sector privado podrá participar en hasta el 49% del paquete accionario de las empresas públicas de los sectores estratégicos y de las centrales hidroeléctricas.
El presidente de la República, Rafael Correa, confirmó la venta, fusión, diversificación de capitales y liquidación de al menos 16 instituciones -incluidos bienes-, con lo cual el Estado aspira a captar mayores recursos que sirvan para enfrentar la coyuntura económica que atraviesa el país; y, a su vez, ejercer un proceso de optimización del aparato público (ver infografía). A inicios de mayo, el Primer Mandatario adelantó la intención de concretar la venta de los canales de televisión incautados al Grupo Isaías en julio de 2008. Desde entonces, la comercialización de TC Mi Canal y de GamaTV se ha visto entorpecida aparentemente por presiones externas por parte de los hermanos Isaías a compradores interesados, según denunció Correa. De los dos medios, TC es el que mayores ingresos genera. A diciembre de 2015 contaba con un patrimonio de $ 42’323.532. En cambio, GamaTV registra un patrimonio de $ 615.014. También entrarán a proceso de venta las empresas públicas TAME, Cementera del Ecuador, Fabricamos Ecuador (Fabrec) y el Banco del Pacífico. La aerolínea pública se encuentra en una difícil situación financiera. Entre 2014 y 2015 reportó pérdidas por cerca de $ 58 millones, lo que obligó al cierre de rutas locales e internacionales, así como la venta de parte de su flota. Según el informe de Ejecución Presupuestaria de TAME, con corte a diciembre de 2015, la empresa obtuvo ingresos que bordearon los $ 280 millones. Fabrec, dedicada a confeccionar la indumentaria para la Policía Nacional, se convirtió en empresa pública en 2012. Desde entonces su rendimiento ha sido favorable. De 2014 a 2015 tuvo una variación positiva de 0,1%, con un patrimonio actual que supera los $ 13 millones. Similar comportamiento registra la empresa Cementera del Ecuador, cuyo patrimonio incrementó sustancialmente en un año por más de $ 189 millones. Según el estado de situación financiera de la compañía, en 2014 su patrimonio fue de $ 31 millones, mientras que en 2015 se elevó a $ 152 millones. Por otra parte, el Banco del Pacífico es la segunda mayor institución financiera del país, con activos que ascienden a los $ 5.052 millones. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) considera que la mejor opción sería venderlo a inversionistas internacionales, con el objetivo de que ingresen al país importantes recursos del exterior. En 2015 la financiera generó utilidades por $ 50,6 millones.

El Expreso
Mayo 26, 2016
El gobierno invertirá $ 31 millones en la conferencia mundial Hábitat III

Para la remodelación de la Casa de la Cultura se destinarán siete millones
La cumbre mundial del urbanismo toma forma. En octubre, Quito albergará la Conferencia de Desarrollo Urbano Hábitat III. Allí se definirá, dicen sus promotores, la agenda urbana mundial para los próximos 20 años.
La preparación y la logística del evento se afinan desde ahora. La conferencia, que congregará a los 193 países miembros de Naciones Unidas, representará una inversión de $ 31 millones, dinero que, a pesar de la crisis económica, debe salir del gobierno central.
La expectativa, sin embargo, es que el efecto multiplicador de la conferencia permita la recuperación de esos recursos. ¿Cuánto? “El Estado ecuatoriano va a recibir tres dólares por cada dólar invertido, por el gasto que generen los participantes”, explicó Carlos Dueñas, director de logística del evento.
Él calcula que Hábitat III reunirá a unas 30.000 personas, todas con una capacidad de gasto media y alta (ver gráfico).
La primera inversión ‘fuerte’ que está haciendo el gobierno es la remodelación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CEE), ubicada en el centro norte de la ciudad capital. Son siete millones de dólares.
El edificio de la CEE y el parque El Arbolito pasarán a ser territorio de Naciones Unidas durante los cuatro días de la conferencia. Allí se realizará el evento central y los foros en otras partes de la urbe.
¿Qué se discutirá en Quito? Dueñas recordó que en este evento (que se desarrolla cada 20 años) se discutirá el futuro del urbanismo. Se hablará de cambio climático, movilidad, asentamientos humanos, ciudades inteligentes, consumo, emisiones de carbono o tratamiento de desechos sólidos y líquidos.
La agenda también incluye planificación y ordenamiento de las ciudades. El objetivo es evitar que fenómenos naturales ocasionen daños a la infraestructura y, lo más grave, la pérdida de vidas humanas.
Fernando Guerrero, gerente de Hábitat III, comentó que otro tema en debate será la cantidad de personas que vivirán en las ciudades. Según dijo, en 1976, el 37 % de la población estaba en las urbes; en 1996 subió a 45,1 %; en 2016 al 54,5 %; y para 2050 será el 65 %.

El Comercio
Mayo 26, 2016
La figura de concesión se analiza para hidroeléctricas

Hasta fines de este año, al menos tres hidroeléctricas públicas se pondrán a disposición del capital privado para atraer liquidez.
Sopladora, Manduriacu y Ocaña están dentro de la lista de activos del Estado donde habrá un proceso de desinversión o apertura hacia capitales privados, según una presentación efectuada por el presidente Rafael Correa durante su Informe a la Nación del martes pasado.
En este contexto, la concesión es la figura que el Régimen analiza para que se hagan cargo empresas interesadas en las hidroeléctricas.
Esto lo dijo el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda en una entrevista concedida ayer a este Diario. “El fin último no es tener una hidroeléctrica, sino asegurar la energía para el país”, aseguró el funcionario al indicar que la soberanía energética del país está garantizada en esta operación.
“Seguramente será la figura de concesión. En la estructura legal de Ecuador, cuando un privado da un servicio público como la generación eléctrica lo hace bajo la modalidad de un contrato de concesión”, puntualizó.
Aunque aún no están determinados todos los detalles del proceso, la concesión podría ser de entre 20 a 30 años dependiendo del modelo económico y financiero. Se descarta además que funcione bajo la directriz de una empresa mixta con el Estado.
Por la concesión, el Régimen recibiría un monto determinado y a cambio se asegurará para la empresa, además del manejo de la hidroeléctrica, un contrato de compraventa de energía con el Estado con una tarifa por kilovatio hora.
Aunque el proceso aún está en una etapa preliminar, el Régimen se ha puesto como plazo hasta finales de este 2016 para concretar la concesión de estos activos.
Dentro del diseño del proceso se encuentra además del Ministerio de Sectores Estratégicos, los ministerios de Electricidad y Finanzas.
Para determinar el valor de la concesión se tomará como referencia la inversión realizada en la construcción de las centrales, los flujos que generará a futuro por la venta de energía, la tarifa que pagará el Estado y lo que está dispuesto a pagar el inversionista.
“Estamos evaluando los escenarios y tendremos definido el proceso de selección en las próximas semanas”, dijo Poveda al insistir en que no se descarta la inclusión de otras centrales como el mismo Coca-Codo Sinclair, la obra emblemática de generación del Régimen que comenzó a operar al 50% de su capacidad en abril pasado y que operaría a plena capacidad desde julio.
Sopladora tiene un avance del 99% y comenzará a operar desde junio próximo, indicó el vicepresidente Glas.
Manduriacu y Ocaña ya operan desde el 2015 y el 2012, respectivamente. Entre las tres centrales el Estado ha invertido más de USD 1 000 millones para su construcción.
Los artículos 24, 25 y 26 de la Ley del Sector Eléctrico, que entró en vigencia en enero del 2015, establecen que el Ministerio de Electricidad podrá autorizar la participación de empresas públicas internacionales en actividades de generación, distribución y transmisión de energía.
También, señala que podrá delegar “de forma excepcional, a empresas, de capital privado, la participación en actividades del sector eléctrico”. La norma, además, autoriza al Ministerio a suscribir contratos de concesión con empresas privadas.
Para el catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica, Jesús Játiva, la concesión de las centrales contradice el discurso inicial del Régimen que priorizaba la participación del Estado en actividades del sector.
Añadió que a escala internacional fusionan dos tipos de modelos para la construcción de hidroeléctricas. El primero, tipo BOT (Construcción, Operación y Traspaso, por sus siglas en inglés), donde un privado corre con el riesgo y los costos de construcción de la hidroeléctrica, la opera y le cobra una tarifa al Estado. Y un segundo modelo tipo DBO (Diseño, Construcción y Operación), donde el Estado contrata la construcción de la central y luego la recibe corriendo con el financiamiento y los riesgos. “En ningún caso, el Estado construye para luego pasarla a un privado para que opere”.
Játiva insiste en que la empresa que opere Sopladora “ganará un negocio redondo” porque no solo recibirá la central sino también los beneficios de los embalses de Mazar y Amalusa que se encuentran aguas arriba.
Es decir, que prácticamente tendrá asegurada la producción de energía y la venta al Estado sin correr riesgos.
Finalmente, dijo no creer que el resto de centrales como Manduriacu tengan ofertas porque son centrales de pasada sujetas a estiaje.

Registro Oficial Nro. 759

Registro Oficial Nro. 759, de Mayo 20 de 2016,  contiene la recientemente aprobada “Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016”;  en la cual se legisla y crea contribuciones solidarias sobre remuneraciones (un día de remuneración), patrimonio (contribución del 0.90%,), utilidades (contribución del 3%); y, sobre bienes inmuebles (contribución solidaria del 1,8% del avalúo catastral del año 2016).

click para descargar

SUPLEMENTO RO NO.759 DE 20 DE MAYO DE 2016

Mayo 19, 2016

El Comercio
Mayo 19, 2016
Diego Martínez: ‘Se inyectará liquidez al Fisco como una medida anticíclica’

Entrevista a Diego Martínez, gerente del Banco Central del Ecuador.
¿Qué futuro tiene el dinero electrónico sin participación de los bancos, como el sector anunció ?
He escuchado el pronunciamiento de la Asociación de Bancos Privados, pero entiendo que ha dejado en libertad a los bancos para que individualmente tomen su posición sobre el tema. Creo que eso es lo más sano porque lo que el Banco Central del Ecuador (BCE) ha establecido es que el esquema de manejo de dinero electrónico -que no es sino el manejo de efectivo desde un dispositivo móvil- esté en una plataforma abierta donde puedan participar todos los actores.
¿Cuál es la diferencia de esto con lo que se venía haciendo?
Ahora permitiremos que entidades financieras, de servicios móviles, etc., puedan ofrecer a sus usuarios los servicios de dinero electrónico a través de sus propios canales de negocio. Para ello, podrán conectarse a través de la plataforma del BCE.
¿Pero cuál es el cambio?
La apertura de cuentas será en la banca privada u otros actores privados.
Pero, eso es un trámite.
No. El cambio se refiere a dónde deja usted su dinero. El esquema es que si usted abre una cuenta en el banco o en otro actor calificado, su dinero estará en la empresa donde usted haya decidido abrir su cuenta.
¿Qué pasa con las cuentas, hoy a cargo del BCE?
Pueden mantenerse acá (en el BCE) o pueden migrar a un actor privado. Esa decisión la tomará el ciudadano. El BCE no ofrece servicios financieros, no ofrece servicios digitales, esos servicios sí los ofrecen los privados.
¿El BCE ya no va a centralizar todo?
Antes no era así. Había macroagentes. De hecho, el sitio donde el ciudadano iba a dejar su dinero era en el macroagente y este habría una cuenta en el BCE. El dinero nunca ha estado en el BCE. El ciudadano entregaba su dinero a un macroagente: banco, almacén…
Pero siempre dijeron que la cuenta se abría en el BCE, con lo cual se entiende que el dinero estaba ahí; nunca que se quedaba en el macroagente.
Abrir una cuenta en el BCE no significa que el dinero esté en BCE, sino que es un esquema de compensación de cuentas. En el esquema que ahora estamos proponiendo, en cambio, el dinero está en el macroagente y este será el responsable por responder por el dinero del ciudadano.
Esa propuesta no genera confianza en la banca.
Lastimosamente la postura que tuvo (la banca) era completamente inaceptable. Primero querían una exclusividad. Segundo esperaban que se libere las tarifas, pero a la vez que se garantice un costo bajo para la interconexión.
¿Ahora el sistema de dinero electrónico se llamará “efectivo”?
Es una marca, que es mucho más cotidiana, sencilla de entender porque es el manejo desde el celular del efectivo que tienen un usuario.
¿La falta de masificación de este sistema es un problema de marca o de confianza?
Es un tema de adopción tecnológica.
En Paraguay, donde el sistema lo manejan privados, existen dos millones de usuarios.
El proceso de adopción tecnológica por parte de la población ha tomado cerca de cinco o siete años. Ese es el caso de Paraguay.
¿Qué uso le dará el BCE a los depósitos que reciba del público cuando abra una cuenta de dinero electrónico? ¿Se destinará a financiar al Fisco?
Bajo ningún punto de vista. Eso sería incorrecto. Lo que la gente decida depositar con este medio de pago estará en bancos, cooperativas, etc.
¿Ha utilizado el BCE las reservas de la banca privada para financiar al Fisco a través de operaciones de corto plazo?
Los bancos tienen depositados en el Central USD 2 100 millones. De esos, 800 millones son encaje que debe estar en BCE y no puede estar en ningún otro lado. El resto está cubierto por la reserva internacional que suma unos 2 300 millones, aproximadamente.
Si no son recursos de la banca privada, ¿qué recursos se están usando para estas operaciones?
De activos internos.
¿Cuáles?
De todas las entidades públicas: Gobierno central, seccional, banca pública, empresa pública…). Son operaciones calzadas en tiempo, a corto plazo, colocadas responsablemente para que puedan atenderse los pagos. Nadie puede señalar que el BCE no ha cumplido con un pago que le hayan pedido.
¿Hasta cuándo seguirá con estas operaciones?
Mientras las condiciones de liquidez generada por factores externos sigan siendo difíciles. El año pasado se esperaba que se recupere el precio del crudo, pero eso no ocurrió, por tanto tomamos la decisión de utilizar un mecanismo anticíclico. Si no hiciéramos estas operaciones se restringiría más la liquidez y se afectaría la dinámica de la economía.

El Comercio
Mayo 19, 2016
Luis Espinosa Goded: Valorar a quien crea riqueza

Luis Espinosa Goded es profesor de economía.
Así estamos:
cuador está en crisis. A nadie le puede caber ya ninguna duda. Y eso significa que la mayor parte de los ecuatorianos vivirán económicamente peor en el 2016 de lo que vivieron en el 2015. La cuestión que queda por dilucidar es si el 2017, 2018 o 2019 serán peores. Y eso dependerá de si somos capaces de identificar las causas de la crisis y somos responsables de tomar las medidas para afrontarla.
¿Y por qué está Ecuador en crisis? No es por el precio del petróleo, ni la apreciación del dólar. Tampoco es responsabilidad solamente del despilfarro del Gobierno de la Revolución Ciudadana (que también). Es responsabilidad de todos, que pedimos o permitimos que el Gobierno asumiese el control y el manejo de la economía, de las importaciones, exportaciones, la regulación de las maneras de producir, de los precios en supermercados, de la innovación, etc.
La principal fuente de ingresos del país son las exportaciones petroleras, que entran al Gobierno y luego se distribuyen con criterios políticos en subsidios, organismos de control y gasto corriente en su mayoría.
Debemos empezar a asumir que eso no debería ser así, pero demasiados, por no decir casi todos, miramos al Gobierno para que regule nuestro sector, que nos subsidie nuestros consumos (gasolina o gas), o para que nos apoye con contratos públicos.
Una economía sana es una economía que compite, en la que el Gobierno no es el principal agente económico o decisor, sino los ciudadanos.

El tamaño del Estado es excesivo para el tamaño de la economía. Como también es insoportable su intervención sobre cada aspecto de la vida -también económica- de los ecuatorianos.
Las salidas:
En Ecuador hace falta libertad, apertura y competitividad. Facilidad para hacer negocios, para formalizarlos y para internacionalizarnos.
Pero sobre todo hace falta una valoración social a quienes crean riqueza, a quienes innovan, a quienes arriesgan, tanto si triunfan como si fracasan. Un reconocimiento a los buenos profesionales cuando hacen bien su trabajo; tanto con una justa remuneración o reparto de utilidades diferenciado, como con un simple “gracias por hacer bien su trabajo”, sea profesor, taxista o asambleísta.
Y también es imprescindible una sanción social a quienes actúan mal.
Lo peor que le podría ocurrir a los ecuatorianos es que todo el sufrimiento que está causando -y causará- esta crisis, consecuencia de las malas decisiones del pasado, no sirva para sentar las bases de un mejor futuro económico.
No podemos seguir creyendo que el Gobierno debe ser quien solucione los problemas y regule la economía, sino nosotros mismos los que podemos crecer económicamente compitiendo, vendiendo en los mercados internacionales y atrayendo inversión extranjera.
Ahora tendremos que asumir las pérdidas de esta crisis, y como sociedad tenemos que decidir si tomamos las decisiones valientes para aprovechar la oportunidad por una economía competitiva, abierta al exterior y no-dependiente; o si se vuelve a la espiral histórica de una economía politizada, cerrada y rentista

El Expreso
Mayo 19, 2016
Las multas tributarias tensan a empresarios

La Ley de Solidaridad impone el 3 % de sanción indefinida a quienes no pagan a tiempo Se cuestiona el cobro adicional
No se darán abasto. Vendrán tres meses de pagos de impuestos que no constaban en las cuentas apretadas de algunos empresarios. Ni de las personas naturales.
Xavier Salem, un joven emprendedor guayaquileño, sabe que hay que solidarizarse con las víctimas del terremoto del 16A, pero recuerda que estamos pasando por un ciclo económico en picada, lo que complica sumar, salvo ciertas excepciones, estas nuevas contribuciones a los costos del quehacer empresarial.
En su caso, cerró la franquicia de Armani en Guayaquil, y aguantó la de Quito por un año, hasta que se desmontaran las salvaguardias en junio 2016, pero el negocio no será sostenible, augura, con la extensión de esas sobretasas otro año: a junio 2017.
Y ese pensar es común entre los empresarios que han cabalgado por una economía asustadiza, de familias que atrasan sus compras, por lo que, a duras penas, al menos las pequeñas y medianas empresas verán ganancias. De hecho, el FMI proyectó hace poco que Ecuador decrecerá el 4,5 % el 2016. Y eso que la estimación no incluía el fatídico sismo (aunque el Banco Central cuestionaba que esos pronósticos se hicieron con un petróleo de 25 dólares por barril, cuando ya se había recuperado).
Lo cierto es que, desde junio próximo, los empresarios deben pagar un 3 % adicional, sobre las utilidades. Adicional al 22 % que tributan ahora. El impuesto intruso debe pagarse en tres cuotas mensuales, y tomando como referente la utilidad de 2015.
Una base no comparable, según Salem, porque se conoce que muchas empresas no podrán acumular rentas este año, por la complicada situación económica; y, sin embargo, tendrán que ver de dónde sacan para cumplir. Es el mismo criterio de Pablo Guevara, socio de la firma asesora Fidesburó. Sin embargo, la nueva norma intenta poner un aliciente. Se dará facilidades de pago, de hasta tres meses. Además, “en los casos en los cuales el valor de dichas contribuciones exceda el valor de la utilidad gravable de 2016, la diferencia será deducible para los siguientes ejercicios fiscales”, dice la Ley Orgánica de Solidaridad.
A Guevara le preocupa la sanción para el incumplido que no pague a tiempo, la primera cuota empieza en junio y según el noveno dígito del RUC. La multa es “del 3 % sobre el impuesto causado y es ‘sin límite’. El interés por mora mensual es del 1,081 %, me parece, más 3 %, son 4,081 % al mes: multiplíquelo por doce”. Y a veces, advierte, es que el empresario no puede pagar, no que no quiere. Ese 3 % también existe cuando no se declara el Impuesto a la Renta (IR), pero tiene un tope, que no pase del IR causado en sí. Pero en estos casos, no.
Los fideicomisos mercantiles también son gravados con el 3 %, independientemente de si están obligados o no a pagar IR. La contribución sobre las utilidades también aplica para personas naturales, siempre que sus rentas superen los $ 12.000. En ese grupo están excluidos quienes las obtienen en relación de dependencia y/o por la participación, como trabajadores, en las utilidades de la empresa.
La nueva norma incluye un tributo del 0,9 % sobre el patrimonio que posean las naturales, si supera el millón de dólares. Los residentes en Ecuador pagarán según lo que tengan aquí y afuera. Y los que viven en el país, sobre sus bienes domésticos. Además, quienes ganen más de $ 1.000, hasta 2.000, contribuirán con un día de sueldo. La tabla es progresiva. Así, se extiende hasta quienes ganan más de 20 mil. Ellos donarán, en ocho cuotas mensuales, un día de sueldo por mes.
Paraísos
Se establece una contribución, por una sola vez, del 1,8 % del avalúo catrastal al 2016, sobre todos los bienes inmuebles existentes en el Ecuador; y, sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de capital de sociedades residentes en el Ecuador, cuyos dueños sean sociedades residentes en un paraíso fiscal.
En el exterior
La contribución será del 0,9 % del avalúo catastral de 2016, sobre la totalidad de bienes inmuebles existentes en Ecuador y sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de capital de sociedades residentes en el país en la parte que pertenezca de manera directa a una sociedad que resida en el exterior

El Expreso
Mayo 19, 2016
Las empresas públicas buscan un ahorro de $ 30 millones por comprar a sus pares

Son iguales. Tienen el mismo propietario, el mismo mercado y oportunidades, las mismas carencias y reglas de funcionamiento. Sin embargo, no trabajan en conjunto. Las 26 empresas públicas del Gobierno central tuvieron, ayer, su primera ronda de negocios para fomentar las relaciones comerciales.
Un ejemplo es la aerolínea estatal Tame. Según datos entregados en la ronda, la empresa tiene 50.000 dólares para pauta en medios de comunicación. Sus directivos dialogaron con la también estatal Medios Públicos del Ecuador que, de su parte, tiene un presupuesto de 90.000 dólares para pasajes aéreos que necesita.
Jorge Wated, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, ve en esas situaciones el ejemplo ideal. Las estatales tienen necesidades complementarias pero no se acercan a conversar. Él reconoce que hay una serie de fallas que la coordinadora, en funciones desde finales de 2015, debe corregir.
Ana García, gerenta general de Ferrocarriles del Ecuador, tiene una explicación para la falta de coordinación. En su caso, los montos de algunas compras son muy bajos y las otras empresas no pueden cerrar negocios por cifras pequeñas. Con la ronda, espera, se abrirán espacios para conversar.
Wated reconoce que el trabajo conjunto es incipiente y que se debe optimizar las labores del holding de empresas públicas. También admitió, ayer durante la ronda, que hay que revisar las cifras de cada entidad. Algunas tienen déficit pero los datos no son claros.
Con el piloto de ronda de ayer, en las instalaciones centrales de Ferrocarriles del Ecuador, se espera tener un ahorro de 30 millones de dólares gracias a la economía de escala.
Fabricamos Ecuador (Fabrec EP) tiene la situación a su favor. Más de 15 empresas necesitan uniformes para sus empleados y no tienen proveedor. Los directivos comerciales de la entidad presentaron sus vestidos y los materiales con los que trabajan en un desfile. La Flota Petrolera Ecuatoriana tiene 223.214 dólares de presupuesto para uniformes, la Corporación de Electricidad tiene 4,2 millones asignados para adquirir ropa de trabajo.

El Universo
Mayo 19, 2016
Issfa esperará débito de sus cuentas para iniciar acciones

La Unidad Judicial de Adolescentes Infractores del Distrito Metropolitano de Quito negó la medida cautelar que planteó el oficial en servicio pasivo Wagner Bravo en contra del Gobierno, para evitar el débito de $ 41 millones al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por un pago ‘en más’, que determinó la Contraloría General del Estado en un examen especial a la compraventa de 66 lotes de terreno para edificar el parque Samanes en Guayaquil.
El miércoles de la semana pasada, Bravo y un grupo de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas presentaron una solicitud de medidas cautelares en contra del Banco Central del Ecuador y del Ministerio de Finanzas para que se “abstengan de debitar ningún valor de dinero de las cuentas del Issfa”.
La justicia ordinaria concluyó, el fin de semana, que el pedido de medidas cautelares “carece de bases razonables que permitan presumir las violaciones” a sus derechos, y que el débito “no constituye amenazas de vulneración a derechos constitucionales”.
Bravo, vocal suplente en el Issfa, recogió en su solicitud las declaraciones del ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y del secretario de Comunicación, Patricio Barriga, sobre la decisión de este descuento.
Para dicha judicatura, ello no hace “constar de qué manera se vulneran derechos constitucionales”. Y le niega su pedido.
El delegado de los oficiales en el Consejo Directivo del Issfa, Bolívar Silva, explicó que esta acción fue planteada por Bravo como oficial en servicio pasivo, a la que se sumaron otros militares.
Pero el Issfa espera que se oficialice el débito y plantearán su propia acción judicial.
Según el directivo, el Gobierno aún no ha descontado los $ 41’090.491.
“Todavía no se han hecho los débitos. Cuando esto se compruebe con documentos, ahí viene la medida (judicial) que va a plantear el Issfa. Cuando haya el débito que conste en los departamentos contables, ahí se tomarán las acciones que correspondan”, expresó.
Esto pese a que el presidente Rafael Correa y los ministros de Defensa, Ricardo Patiño, y del Ambiente, Daniel Ortega, aseguraron días atrás que el 10 de mayo pasado se recuperaron estos fondos, que habrían sido trasladados a las cuentas del Banco Central.
En un conversatorio con la prensa, la noche del martes pasado, el jefe de Estado pidió que se deje de creer que el “Issfa es una extensión de las Fuerzas Armadas”, e insistió que descontar los $ 41 millones era para “corregir un error evidente, y hasta banal”, pero que había puesto “en peligro la democracia” en el país.
Silva reiteró que el alto mando de las Fuerzas Armadas, el director del Issfa y los delegados de oficiales y tropa pidieron un reunión del Consejo Directivo al ministro de Defensa para hablar del tema, pero que al momento no han recibido ninguna respuesta.
79 millones de dólares mensuales requiere el seguro militar para atender el pago de pensiones, seguro de salud y otros.

Mayo 16, 2016

El Universo
Mayo 16, 2016
Aumento del IVA del 12% al 14% regiría desde 1 de junio próximo en Ecuador

Desde el 1 de junio próximo, el 47% de los productos que son parte del gasto de un hogar ecuatoriano común tendrían un incremento de precios por el alza del impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 14%, según un reporte presentado por la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), basado en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por la afectación del terremoto, aprobada por la Asamblea el pasado jueves, se indica que el aumento de dos puntos del IVA se aplicará el primer día laborable del mes siguiente de entrada en vigencia la norma.
El texto ya está en manos del presidente Rafael Correa, quien la podría enviar esta misma semana para su publicación en el Registro Oficial.
Según el informe de Cordes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que usa el INEC desde 2014 tiene 359 productos pertenecientes a 12 divisiones; de ellos, los que tienen IVA del 14% representan el 49% del gasto de un hogar tipo.
Sin embargo, si a esta lista se le rebaja el IVA de los combustibles, que en la ley se indica expresamente que no se verán afectados, entonces el impacto sería para 47%.
El incremento de dos puntos del IVA provocaría, además, un aumento de 1,8% en el precio final de los bienes y servicios gravados, dice Cordes.
Se trata de un alza “moderada”, pero que ocurre durante una contracción del consumo de los hogares sobre bienes y servicios, según el estudio.
Según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), en el primer trimestre del 2015 la recaudación del IVA fue de $ 1.802,6 millones; la cifra cae a $ 1.490,2 millones en el mismo periodo de 2016.
Pablo Dávalos, exviceministro de Finanzas, señaló que el alza del IVA puede generar negativas consecuencias a la economía tanto inflación como consumo y desempleo.
Según el experto, al sentir el incremento la gente disminuirá el consumo o realizará un reemplazo de bienes de menor valor o no imprescindibles.
Este cambio del comportamiento llevaría, en un segundo momento, a que las empresas que ven su mercadería represada empiecen a realizar estrategias para colocar el stock (ofertas o baja de precios); pero a la vez podría devenir en el despido de su personal.
Dávalos calculó que la inflación podría incrementarse en 2 o 3 puntos.
Jaime Carrera, vocero del Observatorio de la Política Fiscal, consideró que si bien el alza de dos puntos en el IVA puede considerarse “moderada”, el problema es que se generan efectos en cascada en toda la economía. Además consideró que para los sectores más pobres, un alza de centavos puede afectar el consumo.
Explicó que aunque hay productos, como alimentos y combustibles, que no se gravarán con IVA directamente, sí pueden tener un incremento porque en la cadena de comercialización suben los precios de los repuestos de los transportes, aceites y otros

La Hora
Mayo 16, 2016
Se advierten riesgos por uso de dinero electrónico

La transitoria ingresada en la Ley de Solidaridad, que liberaría al Banco Central del Ecuador (BCE) de cualquier regulación establecida en el Código Orgánico Monetario y Financiero, genera preocupación.

Esta dispone que, por un plazo de 12 meses, el BCE subsidie a las entidades financieras la implementación de mecanismos de interconexión con la plataforma de dinero electrónico de acuerdo con los límites y las condiciones que establezca la Junta de Regulación Monetaria y Financiera.
Para este fin, durante el plazo fijado, “el Banco Central del Ecuador no estará sujeto a los límites y restricciones establecidos en el Código Orgánico Monetario y Financiero”.
El articulado también dispone el cobro del 10% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando una transacción se realice con dinero electrónico.
“Por un lado, ordenan la devolución automática de 4 puntos porcentuales del 14% de IVA cuando el pago sea hecho con dinero electrónico”, opina Guillermo Lasso, líder del movimiento CREO, quien dice que lo curioso es que “por otro lado, se exime por 12 meses al Banco Central de todos los límites y las restricciones que establece el Código Orgánico Monetario y Financiero, precisamente para implementar el dinero electrónico.
¿Bimonetarismo?: El analista económico Alberto Acosta Burneo considera que esto podría abrir una puerta al bimonetarismo en el país. “La solución que plantea el Gobierno es inflar la oferta monetaria a través de la emisión de dinero electrónico, es decir, que haya un nuevo medio de pago de circulación en la economía”.
Agrega que esta propuesta incluye emisión de dinero “porque quien lo crea es el BCE y este banco la única restricción que tiene es la que dice el Código Monetario y Financiero: que debe estar respaldado por activos líquidos”.
El bimonetarismo traería un grave riesgo a la economía, acota el catedrático y analista económico Pablo Dávalos, pues la relación que debe existir entre el dólar físico y el dólar electrónico es de uno a uno. Es decir, que cada moneda electrónica debería tener su respaldo físico en las arcas del Estado. Cuando esto no sucede, una de las monedas tiene un valor y la otra no.
“Cuando tenemos bimonetarismo las dos monedas empiezan a competir y el país entra en transición monetaria, es decir, el país empieza a salir del dólar como moneda única”, explica.
Posturas: Mientras tanto, Julio José Prado, de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), aseguró que la inclusión de la transitoria les tomó por sorpresa pues no se discutió en los anteriores debates. Y Fidel Egas Sosa, del Banco Pichincha, escribió en su cuenta en Twitter: “Banco Pichincha no va a participar en el programa de dinero electrónico”.
El Dato: La Ley de Solidaridad aún espera el veto del poder Ejecutivo.

El Telégrafo
Mayo 16, 2016
OCP debe $ 71 millones por evasión fiscal

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha detectado varios tipos de elusión fiscal desde 2001, lo cual ha ocasionado flujos de dinero no transparentados por más de $ 1.500 millones que compañías ecuatorianas habrían manejado a través de empresas de papel domiciliadas en paraísos fiscales para no pagar impuestos a las utilidades generadas por importaciones, exportaciones, servicios y regalías. Unidad de Investigación La falta de una cultura tributaria en el país ha sido uno de los mayores problemas de la sociedad ecuatoriana. Entre 2001 y 2009 el Servicio de Rentas Internas (SRI) glosó $ 662 millones por la utilización de la figura de ‘subcapitalización’ en paraísos fiscales. ¿De qué se trata? Según el abogado David Meza, la subcapitalización se basa en un préstamo entre relacionados, es decir, empresas de un mismo grupo económico. Explicó a diario EL TELÉGRAFO que el crédito en sí no corresponde un gasto deducible, sino los intereses que genere. Para ejemplificar, Meza indicó que el dueño de una empresa ecuatoriana le pide a su matriz, registrada en un paraíso fiscal, un préstamo fingido con un interés del 10%, del cual sacará $ 25 mil de intereses, pero lo clasificará como un gasto de la firma ecuatoriana y en la offshore como ingreso. Esta última, al estar en un régimen fiscal preferente, no generará impuestos de ese ingreso. Es decir se ahorraría en impuestos el 22% de esos $ 25 mil. Meza dice que esta es un práctica común en las multinacionales “porque tienen empresas en todos los paraísos fiscales” y la forma de sacar ganancia es generar créditos entre relacionados con intereses usureros. “Un interés que esté por encima de la tasa activa del Banco Central del Ecuador es una usura. Es ahí donde el SRI ha metido mano; y me parece bien porque va en contra del erario público”. Efectivamente existe un caso emblemático en Ecuador en donde en 4 años de contiendas jurídicas se han logrado 3 sentencias a favor del SRI, aunque todavía existen litigios en proceso. En 2009, el presidente Rafael Correa denunció en su enlace ciudadano Nº 128, que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 969 en el gobierno de Gustavo Noboa, se autorizó la construcción y operación del oleoducto de crudos pesados a la compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Limited con domicilio en las Islas Caimán, considerado un paraíso fiscal. Dicha empresa estaba compuesta por Andes Petroleum, Repsol YPF, Petrobras, Perenco, Occidental, empresas que ya operaban en el país bajo el nombre de OCP Ecuador. Correa explicó aquella vez que las petroleras que estaban trabajando en el país y no podían sacar su petróleo hicieron una compañía en un paraíso fiscal y con dicha firma construyeron un oleoducto. “Es decir, los dueños de la OCP son los usuarios de la OCP”. En un inicio, el proyecto costaba $ 500 millones, capital compuesto en 70% financiado sobre la base de un préstamo internacional y 30% aporte de accionistas; pero 3 años más tarde el costo sube a $ 1.474 millones que provendrían en 63% de terceros y 37% capital propio. Sin embargo, los accionistas no llegan a entregar el 37%, sino tan solo el 4% ($ 55 millones) y el restante (33%) lo convirtieron en una deuda subordinada de $ 465 millones con un interés de entre 18 y 21%, que les concedió la matriz de las Islas Caimán (ver gráfico). “Con esta operación -dijo Correa esa vez- se castigan utilidades, salen gastos en intereses grandísimos y con eso no se paga impuestos”. Actualmente los grupos económicos ya no pueden realizar este tipo de préstamos entre relacionados, ya que el nuevo Código Tributario espitula que una sociedad que quiera cargar costos de interés en sus gastos tiene que ser con base en una tasa aprobada por el Banco Central de Ecuador (BCE). Hoy la OCP tiene una deuda fija con el Estado de $ 71 millones, monto que con los intereses referenciales del BCE se podría duplicar. Precios de transferencia Otra de las figuras creadas por compañías ecuatorianas para eludir impuestos, identificada por el SRI, son los ‘precios de transferencia’ que la utilizan principalmente compañías exportadoras o importadoras que simulan la venta o compra de productos a terceros, que por lo general es la misma firma domiciliada, con otro nombre en un paraíso fiscal. Esta actividad habría causado entre 2006 y 2010 un flujo no transparentado en el país de $ 884 millones. En estos casos, por ejemplo, una empresa exportadora de fruta declara que vendió su producto a una empresa intermediaria, previamente calculan que el precio cobrado coincida con los costos de producción y reportan cero ganancias, o incluso pérdidas, en la transacción para no pagar impuesto a la renta en el país. La empresa intermediaria negocia, a su vez, el producto a precios reales en los mercados internacionales y esa diferencia ingresa en su totalidad sin pagar rentas, ya que en los paraísos fiscales no se tributan impuestos. Esta es al figura que habría utilizado Bananera Noboa en 2005 cuando el SRI le siguió un juicio por la evasión en el pago de impuestos por $ 105 millones. El excandidato presidencial Álvaro Noboa abrió una cuenta en el banco HSBC en 2006, bajo la empresa Fruit Shippers Limited, que está domiciliada en Bermuda y Estados Unidos. La máxima suma registrada en la cuenta fue de $ 92,1 millones entre 2006 y 2007. Esa entidad financiera está implicada en el caso ‘Swiss Leaks’ por evasión y lavado de activos. El director del SRI en ese entonces, Carlos Marx Carrasco, explicó que se glosó a la compañía por $ 226 millones y la obligó a pagar $ 82 millones por concepto de un ajuste integral de precio de transferencia, pues se determinó que declaró menores ingresos. En su defensa Noboa, a través de sus abogados, indicó que el SRI calculó con base en el precio de venta de $ 9,32 la caja, cuando el valor promedio al que Ecuador vendió en ese año fue de $ 4,78. En 2013 el SRI embargó 8 lotes: la hacienda La Clementina y otras propiedades de Noboa, para ser rematados con el fin de cubrir la deuda tributaria. Estos procedimientos se caracterizan por hacer una triangulación artificial que cumple la tarea de evitar el pago de impuestos sobre las utilidades. Meza considera que todas estas prácticas afectan al erario fiscal, pues no se captan los ingresos que se debería y eso golpea al Presupuesto General del Estado. “Lo cual produce que los países víctimas de estas ilegalidades no generemos riqueza, porque nuestros impuestos son engañados”. (I) Un importante financista de la campaña fujimorista está involucrado ‘Papeles de Panamá’ implican a más de 200 peruanos Jorge Yoshiyama Sasaki es el sobrino del exministro del Gobierno de Alberto Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka, quien aportó a la campaña de Keiko Fujimori. Captura de pantalla de Youtube La filtración de más de 11 millones de documentos que dan cuenta de movimientos financieros de centenares de personas a nivel mundial, a través del bufete panameño Mossack Fonseca, para crear sociedades mercantiles y compañías offshore, buscando evadir impuestos en sus respectivos países, involucra, de acuerdo a un informe publicado el pasado lunes por IDL-Reporteros, a unos 260 peruanos. Los nombres de políticos y gente ligada a la minería, agroindustria, farándula, deporte, producción de medicamentos, entre otros sectores, se inscriben dentro de la lista de los relacionados con Mossack Fonseca en este país. Apenas destapada la información, el pasado 3 de abril, y a una semana de cumplirse la primera vuelta electoral, se conoció que en los entornos de los candidatos Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo, se encontraban decenas de personas relacionadas con la creación de empresas offshore en paraísos fiscales. Los casos que más han resaltado, en este contexto, han sido los ligados a los candidatos finalistas en la contienda democrática. Jorge Yoshiyama Sasaki, uno de los financistas más importantes de la campaña fujimorista, y quien figura como accionista principal de una offshore creada por el buffette panameño, en lo que va de las dos postulaciones de Keiko Fujimori a la presidencia, ha financiado cerca de 380 mil dólares. Kuczynski, en cambio, habría firmado una recomendación para su amigo personal, Francisco Pardo Mesones, exdirector del Banco Central de la reserva de Perú, quien cerró millonarios contratos con empresas venezolanas y cubanas a través de una offshore creada en Panamá. Si bien la información sobre el contenido de estos papeles ha tenido un seguimiento intenso por parte de IDL-Reporteros y el portal Ojo Público, a nivel nacional, en tanto medios de comunicación masivos, la radio, prensa y televisión no han realizado una cobertura pormenorizada de esta información ni de las consecuencias que tendría a nivel global en el país. Desde el Estado, las acciones frente a los ‘Panama Papers’, como se ha nombrado a este caso, ha tenido una respuesta articulada entre la Fiscalía, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y la labor de fiscalización del Congreso. De este modo la Sunat decidió, apenas difundida la información, crear un equipo especial de investigación que se encargará de esclarecer el nivel de participación de empresarios peruanos en este caso. Una de las primeras acciones fue el allanamiento de las oficinas de Mossack Fonseca en Lima y la incautación de papeles que revelaron nuevos nombres de los usarios de este mecanismo de evasión. Gastón Acurio, dueño de uno de los emporios más reconocidos de comida peruana a nivel mundial, figura como uno de los beneficiados por los paraísos fiscales. La lista abarca, entre otros, los nombres de Magaly Medina, reina de la prensa rosa en Perú; José Lizier Curbetto, dueño de la nave en la que escapara Vladimiro Montesinos; y Mario Vargas Llosa y su exesposa, Patricia, quienes durante algunos meses de 2010 tuvieron en posesión las acciones de una offshore en paraíso fiscal. Las investigaciones de la Sunat han servido para determinar algunas pistas que derivarán en acciones ampliadas en contra de los involucrados. Se sabe, por ejemplo, que de entre los 260 registrados hasta ahora, unos 57 usuarios de offshore habrían recibido hasta 60 millones de dólares de los paraísos fiscales. La Unidad de Inteligencia Financiera reveló también que unos 7 involucrados en este caso presentan reportes de operaciones sospechosas en el sistema bancario de Perú, lo que abre la posibilidad de hallar casos de lavado de activos.

El Telégrafo
Mayo 16, 2016
Solo el 9,2% de la población económicamente activa trabaja en el Estado

Desde 2007, que ingresó al gobierno el presidente Rafael Correa, se crearon varias políticas de optimización del gasto público, entre ellas la reducción de sueldos y la disminución de asesores. Redacción Política Ecuador es el país con el más alto ajuste de gasto en la región. Según Omar Simon, secretario general de la Presidencia de la República, entre 2015 y 2016 hubo 6% ($ 6.000 millones) de ajuste de gasto del Producto Interno Bruto (PIB). Simon indica que esta cifra se encuentra sobre otros países, como Brasil (2,3%), Colombia (1%), Costa Rica (1,4%) y México (1,5%). El secretario de la Presidencia indicó que esta reducción responde, entre otras, a las políticas de optimización y austeridad del gasto público de Ecuador. Detalla, por ejemplo, que en 2015 se logró un ahorro de $ 1.246 millones en partidas como adquisición de vehículos y equipos; servicios sin relación de dependencia, mantenimiento de edificios, estudios de proyectos, capacitaciones y publicidad, viáticos, subsistencias y pasajes, entre otros. Mientras que en 2016 se disminuyeron $ 2.600 millones en esos mismos rubros. Simon explica que el tamaño de un Estado no se mide por el número de organizaciones, en donde también hubo ajustes, sino, entre otras cosas, por la cantidad de servidores públicos en comparación a la población económicamente activa. Afirma que el país cuenta con 9,2% de servidores públicos en el Estado. Esto representa a 475.515 personas, de ellas -afirma- el 84% está constituido por policías, militares, profesionales de la salud y docentes. Precisa que el concepto de nómina del Gobierno central y otras funciones del Estado asciende a $ 8.500 millones y el 80% se destina al pago de estos grupos sociales. Indica que actualmente el 80% de la población asiste al sistema de educación pública y el restante 20% al privado, a diferencia de años anteriores cuando la educación pública alcanzaba el 70%. Reducción de salarios y prebendas Como parte de las políticas de austeridad del Gobierno están la reducción de salarios, asesores, así como el congelamiento los salarios del nivel jerárquico superior. El salario mensual del presidente Rafael Correa es inferior al de los presidentes de Argentina, Colombia, Chile, Honduras y México, en donde este último, Enrique Peña Nieto, por ejemplo, gana $ 20.409, que representa 174,9 veces más que un trabajador en ese país. Uno de los primeros decretos -cuando Correa se posesionó en 2007- fue la reducción de su salario. Antes de ello, presidentes como Gustavo Noboa (2002) ganaban $ 8.500; Lucio Gutiérrez (2005) y Alfredo Palacio (2006) percibían $ 9.800. Correa gana $ 6,261,30. En 2015, el presidente Correa dispuso la reducción del 10% de su sueldo, así como también de los ministros, subsecretarios, directores y funcionarios del nivel jerárquico superior. Los asambleístas disminuyeron su salario en 17%. Como parte de las políticas de eficiencia se suprimieron algunas partidas de asesores. Por ejemplo, desde octubre de 2015 salieron 425 asesores de un total de 1.850. Esto, según Simon, representó un ahorro de $ 3,8 millones para 2016. También explica que salieron 16.000 servidores públicos, obteniendo un ahorro de $ 70 millones. Menos entidades públicas A estas políticas se suman los ajustes de las instituciones públicas. En 2007 se registraron alrededor de 200 instituciones públicas, mientras que en noviembre de 2015 se llevó a cabo un ajuste al diseño del Ejecutivo. Producto de ello se suprimieron ocho entidades públicas y cuatro se fusionaron entre sí. Actualmente la Función Ejecutiva tiene 138 entidades. “No es cierto que el Estado actual es un obeso”, dice el secretario de la Presidencia. Reprogramación de rubros Simon no descarta futuros ajustes que se puedan realizar. Dice que el análisis es permanente, en donde se podría fusionar o eliminar algunas entidades. Habla también de una reprogramación en los rubros dentro del presupuesto, tras el terremoto de 7,8 grados del 16 de abril, que afectó al país. Por ejemplo, esa reprogramación -dice- podría darse en obras que están por iniciarse y destinarse esos recursos a las zonas de desastre. Recuerda que hay una afectación en 560 unidades educativas. Indica que se realizarán recortes presupuestarios, “pero en rubros que no afecten al normal desenvolvimiento del Estado”, así como que empezarán con un programa agresivo de venta de bienes que estaban en poder del Estado, como los canales incautados y Banco del Pacífico. Además de la venta de acciones de empresas públicas. Dice que se propondrá la concesión o venta de la hidroeléctrica Sopladora. “Revisaremos si alguna otra hidroeléctrica puede ser vendida”. Simon afirma que se tiene previsto vender hasta el 49% de acciones de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), así como la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). “No se trata de programas privatizadores, lo que uno debe garantizar es la soberanía”, expresa Simon sobre Sopladora, que representa 10% de la generación eléctrica del país. “Bajo ningún concepto la soberanía energética se pone en riesgo”. Obsequios como patrimonio Desde 1830, ningún presidente dejó los obsequios que recibió durante sus períodos presidenciales. En 2014 y 2015 se emitieron decretos que prohíben recibir regalos. Los obsequios que ha recibido el presidente Correa son parte del patrimonio del Palacio de Carondelet. Allí constan 11.428 obsequios, cuyo patrimonio sobrepasa de $ 1’200.000. Simon destacó que los obsequios que recibió el presidente en la IV Cumbre de los Países de América del Sur y Países Árabes (Aspra) son los más valiosos y se alista una subasta de los artículos (joyas, relojes, bolígrafo, etc.), cuyo valor sobrepasaría los $ 200.000, además de 32 relojes ($ 86.000). Los rubros irían a programas sociales, como ocurrió con las subastas de 2009.

El Telégrafo
Mayo 16, 2016
“Nos proponemos vender inmuebles por $ 100 millones en 2016”

Unos 29.600 bienes hay en el actual inventario de propiedades adscritas a la Función Ejecutiva. El 91% de los activos está concentrado en la Sierra y en la Costa. A propósito de la eventual venta de activos públicos, anunciado por el propio presidente Rafeal Correa, Milton Maldonado, director general del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), explica las características de la labor de la institución y las metas inmediatas. ¿Qué hace Inmobiliar y desde cuándo? La institución se creó en 2008 y, desde entonces, hemos desplegado acciones en dos direcciones básicas. Primero, efectuamos un levantamiento de lo que había. A nivel nacional, sin incluir las empresas públicas, el inventario de bienes inmuebles de la Función Ejecutiva registra actualmente 29.500 inmuebles. De este total, 19.600 ya fueron gestionados directamente por Inmobiliar y restarían unos 5.000 para ser recibidos y orientados posteriormente a un mejor uso. Segundo, hemos efectuado la transferencia de dominio de inmuebles a varias instituciones del Estado. De aquellos 19.600 inmuebles, 15.200 fueron transferidos al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) que a su vez los trasladó a pequeños agricultores. A otras instituciones se entregaron 2.560 inmuebles y 500 oficinas mediante convenios de uso. Hemos transferido unos 1.100 inmuebles al Ministerio de Finanzas para que el Estado honre obligaciones por juicios que perdió hace más de 15 años. ¿Dónde estaban estos bienes antes de la creación de Inmobiliar? Los bienes inmuebles públicos estaban dispersos y no tenían registro ni catastro. En términos espaciales, el 48% de los bienes estatales estaba o está en la Costa, el 43% se encuentra en la Sierra, el 8% en la Amazonía y el 1% en Galápagos. El esfuerzo más relevante de la institución consistió en identificar esos bienes y levantar su ficha catastral. Gracias a lo anterior, aquellos inmuebles pueden tener uso adecuado. El Estado debe tener exclusivamente la cantidad de muebles que necesita y el resto entregar a la sociedad mediante un mecanismo de “subasta ascendente”. ¿En qué consiste la subasta ascendente? Inmobiliar plantea un precio inicial de subasta que equivale al avalúo catastral del bien. Luego, conforme la ciudadanía participa en la subasta, el precio va ascendiendo. Así hemos logrado que se gestione un precio justo en las ventas. ¿Desde cuándo Inmobiliar efectúa esas subastas y qué tipo de bienes participan en el procedimiento? Desde mayo hasta diciembre de 2015 se realizaron 20 subastas y vendimos 200 inmuebles por $ 30 millones. Los inmuebles pueden ser parqueaderos, oficinas, departamentos, lotes o viviendas. En la próxima subasta se venderán unos 50 inmuebles con un valor referencial de $ 9 millones. ¿Cuál es el destino de los recursos recaudados a través de las subastas de inmuebles? El dinero se deposita en una cuenta transitoria en el Banco del Pacífico, inmediatamente se lo acredita a la Cuenta Única del Tesoro. El Ministerio de Finanzas es la institución que administra y asigna los recursos obtenidos según las necesidades del Estado. Si estaban catastrando desde tiempo atrás, ¿por qué no iniciaron las subastas en 2014? El sector inmobiliario tiene particularidades que demandan un aprendizaje institucional. La legalización y saneamiento pleno de los bienes es una actividad compleja. Para poder realizarla en el país se crearon incluso leyes para el cierre de la crisis bancaria. Cada vez que el Estado pretendía un inmueble en el Registro de la Propiedad, por ejemplo, venía una determinada acción judicial que impedía determinadas acciones. ¿Para la venta de un inmueble existe un plazo determinado? Como parámetro, nos proponemos iniciar la subasta de un inmueble dentro de los primeros 120 días después de su recepción. Esto es así porque la obtención de certificados de gravámenes, su notarización y legalización toma tiempo y demanda desplegar personal hacia otras instituciones. ¿Cómo efectúan la valoración de los activos que serán subastados? El avalúo catastral sirve de referencia para iniciar la subasta. En la práctica, sin embargo, las subastas terminan con un precio entre el 30% y 70% por encima del precio base o inicial. Las propiedades tienden a venderse con un demérito muy pequeño con respecto a su valor de mercado. En ese sentido hay una oportunidad de negocio para el sector privado nacional o extranjero que pueda seguir la hoja de ruta que está publicada en el reglamento vigente desde 2015. El procedimiento es público y puede conocerlo la sociedad a través de la página web institucional, las publicaciones en medios impresos y la difusión en redes. Hasta el momento los resultados han sido satisfactorios porque sí hay personas interesadas en adquirir bienes a un precio justo. Este año, ¿cuántos recursos podría aportar Inmobiliar al Presupuesto del Estado? Como una meta institucional nos proponemos vender inmuebles por $ 100 millones en 2016 por la subasta de 500 o 600 inmuebles. ¿Podría ejemplificar el rango de las operaciones de Inmobiliar? En esta actividad, el inmueble más pequeño podría ser un parqueadero. En el otro extremo se encuentra un predio rústico con 2.352 hectáreas en la provincia de Santa Elena y que suele ser conocido como ‘el polígono de tiro’. Este predio está siendo transferido a Inmobiliar desde la Dirección de Aviación Civil. Saldrá a la venta de manera inmediata una vez que el Municipio de Santa Elena nos proporcione el avalúo catastral. En las zonas afectadas por el último terremoto, ¿había inmuebles estatales? Sí había bienes públicos y bienes incautados por lo que fue el Consejo Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep); además, desde noviembre de 2015, Inmobiliar está recibiendo inmuebles por parte de la Secretaría Técnica de Drogas. Los inmuebles ya son utilizados. Hemos entregado bienes para su uso en las distintas actividades relacionadas con la emergencia causada por el terremoto del pasado 16 de abril. Por ejemplo, más de 50 contenedores fueron enviados al Municipio de Portoviejo. También, a distintas instituciones del Estado les entregamos vehículos incautados para las tareas de la emergencia. En Jaramijó desplegamos más de 14 vehículos y en Guayaquil entregamos más de 20. Estos vehículos reflejan la presencia del Estado y facilitan el transporte de las donaciones efectuadas por la sociedad civil.

El Expreso
Mayo 16, 2016
Ser rentables

Cuando uno no puede crecer hacia afuera, se debe mirar hacia dentro de la empresa. En un mercado contraído, donde las ventas y los ingresos tienden a bajar, hay que preocuparse por cómo se sostienen las operaciones y para eso la clave es ajustar los niveles de productividad.
Los expertos económicos advierten que en este cambio de época, caracterizado por una economía que ha perdido ingresos petroleros y al Estado como su principal motor, le toca a los empresarios ajustar la forma en cómo se genera valor dentro de la empresa. Y según explican se lo puede hacer implementando cambios en tres segmentos: en el campo de gestión, en el ámbito laboral y de producción (ver gráfico central). No siempre el despido de gente, aclaran, será la “mejor y única” salida.
Hugo Pérez, profesor de Sistemas, Dirección y Control Empresarial de la escuela de negocios IDE Business School, explica que toda acción que se tome debe estar ligada a una política de austeridad, que empieza por equilibrar los ingresos y gastos de la compañía. En Ecuador, explica, hay un descontrol que casi siempre se da con los recursos que se destinan al sistema de soporte de toda empresa (gerencias, departamento administrativo y de recursos humanos). “Lo ideal es que por cada dólar yo tenga que gastar unos 20 centavos en soporte y gerencia, pero en nuestro país ese valor es sumamente alto. Hay muchos sectores que están por los 45, 60 centavos”. Un gasto que, indica, se vincula directamente al negocio y que hace que el costo final de lo que se produce sea alto y poco competitivo.
Pérez, quien ostenta un diplomado en Educación Ejecutiva obtenido en Harvard, menciona que otra opción es eliminar aquellos procesos y costos que no generan un valor directo para el cliente. “Si una virtud de mi empresa es su tiempo de respuesta, yo puedo por ahora dejar de prescindir de otros atributos como podría ser la calidad de la atención personalizada. Si hoy en día nos comunicamos vía Internet, estaría gastando en algo que no le agrega valor a mi cliente”.
Otro eslabón, y con seguridad el más importante, es preocuparse por la productividad de las personas.
El despido de trabajadores, explica Xavier Ordeñana, director académico de la Escuela de Posgrado en Administración de Empresas (Espae), empieza a ser una de las principales consecuencias de la desaceleración económica que se vive. Esto porque es la primera alternativa a la que, comúnmente, se recurre a la hora de querer salvar un negocio. Pero no siempre es lo mejor, sostiene.
No, si primero no se han explorado otras formas para lograr eficiencia operativa y si se trata de una política que se toma a la ligera. “Muchas empresas toman decisiones con una proyección de hasta tres meses porque sienten que el mundo se les acaba. Si bien hay que cuidar el presente, no se debe descuidar el futuro”.
Los expertos coinciden que en esta época, trabajar con equilibrio emocional es clave. Es lo que les permite tomar ideas acertadas, pero también mejorar el nivel de desempeño de los directivos y los trabajadores de las compañías.
Hay que “pensar en positivo”. Así lo cree Alberto Rigail, gerente de Arco Estrategias. Esta es una época, explica, que puede implicar el tener que despedir a gente, en el último extremo, pero también generar nuevos negocios y por ende necesitar crear nuevos cargos. Para eso hay que mirar el entorno, dice. “La mayoría de empresas está metida en el concepto de producto, pero no en el de solución. Hay que analizar de qué manera se entrega mayor valor al cliente. Pero hay que tener en cuenta que ese valor también migra. Lo que hoy es beneficioso tal vez no lo sea después”.
En épocas de abundancia, las compañías tienden a diversificar su canasta de productos, pero en periodos de escasez hay productos que tal vez se deban racionalizar. “Si antes diseñábamos productos para largas temporadas, ahora hay que hacer productos y servicios enfocados a un periodo corto, que impliquen capacidad de pago y velocidad de reacción”, dice.
Todo esto, reconocen los expertos, puede significar que para lograr los resultados financieros que antes obtenía una empresa, ahora se deba trabajar más. Pero son compromisos a los que se deben de llegar para lograr mejorar ese índice de productividad. No hacerlo, explica Pérez, sería exponer a la empresa a índices bajos de rentabilidad, iliquidez y a problemas de sostenibilidad.
17-05-2016
GESTIÓN La escuela de negocios IDE Business School iniciará un programa sobre coaching directivo, que apunta a desarrollar el talento de los ejecutivos de empresas. Para quienes estén interesados en la actividad de dos días, pueden obtener más información llamando al 3-712560.
19-05-2016
PROCESOS Para quienes deseen reformar y optimizar los procesos dentro de sus empresas, la Cámara de Industria de Guayaquil (CIG) dictará un taller para dar pautas de cómo lograrlo. El evento tiene una duración de tres días y un costo de $ 75 para los afiliados a este gremio, $ 120 si es público en general. Para solicitar más detalles de este curso, escriba a informese@infoindustrias.ec

El Universo
Mayo 16, 2016
Gobierno ofrece ajustes en sus pensiones a militares en servicio pasivo

Una reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas o la emisión de un nuevo decreto ejecutivo para equiparar las pensiones militares es el acuerdo que habría alcanzado una delegación de militares en servicio pasivo con el ministro de Defensa, Ricardo Patiño.
Así lo indicó Carlos Urbina, presidente de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo, que participó en una cita con Patiño, el viernes pasado.
Ellos reclaman por “un quiebre generacional” en el pago de las pensiones que se generó desde el 2006 cuando el expresidente Alfredo Palacio emitió el Decreto Ejecutivo 1569, que estableció un “régimen transitorio en el periodo 2006-2010, en el cual el afiliado que pasa al servicio pasivo accede a una pensión de retiro calculada con un factor anual creciente que se eleva del 76% al 100% del haber militar de la fecha de la baja”.
Este decreto fue sustituido por el 1515, suscrito por el presidente Rafael Correa en el 2008, que señaló que “el sueldo imponible, que equivale al haber militar, y que sirve de base para el cálculo de las prestaciones del Issfa, es el equivalente al 88% del total de la remuneración recibida en el último mes en que se produce la baja”.
Correa consideró que el Decreto 1569 afectaba “la relación entre el haber militar que percibe el miembro en servicio activo en el mes de su baja y la pensión de retiro a la que accede al pasar al servicio pasivo, dando lugar a que, en algunos casos, la pensión militar sea superior al haber líquido del mismo grado…”.
Urbina sostuvo que la desigualdad se mantiene, por lo que plantearon que se emita una reglamentación que congele las pensiones hasta que los cerca de 25.000 militares afectados, puedan alcanzar el 88% del incremento actual.
“Los que nos retiramos hasta el 2006 nos quedamos con un incremento del 66%, y los que se retiraron luego del 2006 salen con otro porcentaje, que es del 88%. Y hasta la presente fecha no tenemos ninguna regularización”, explicó.
Esta propuesta se construirá en mesas de trabajo con técnicos del Issfa, del Ministerio de Defensa y de los retirados.
Patiño aseguró a este Diario que “es absolutamente injustificable que un general retirado tenga una pensión de $ 4.800 por toda su vida, y que el más brillante médico, el más destacado educador, ?o el más extraordinario trabajador del sector público no pueda superar los $ 2.000 de pensión, eso clama por un cambio”.

El Comercio /Líderes
Mayo 16, 2016
La morosidad se acentúa en el consumo y en el microcrédito

Los indicadores de morosidad vienen creciendo y esto genera análisis en el sector financiero. Según cifras de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), el promedio de la cartera impaga creció de 3,4% en marzo del 2015 a 4,6% en el mismo mes de este año.
El aumento es de 1,2 puntos en 12 meses año. Para Julio José Prado, director ejecutivo de la ABPE, el dato aún no es preocupante y es entendible dentro del entorno económico actual que vive el país.
Al revisar las cifras con mayor detalle se encuentra que existen segmentos con una morosidad más alta que otros. En créditos de consumo, por ejemplo, el índice en marzo del 2015 estuvo en 6,5% y para marzo de este año subió a 9%. Otro segmento en el que la morosidad se eleva es el microcrédito que pasó de 6,2 a 6,9% en el mismo período.
Los datos de la ABPE también dejan ver segmentos que mantienen una cartera impaga baja. El crédito comercial registraba hasta el tercer mes de este año una morosidad de 1,4% y el de vivienda de 2,9%. “Esos dos créditos específicos están con baja morosidad. En el comercial la gente se cuida para no perder su capacidad de crédito en el futuro y en lo que es vivienda la gente cuida mucho sus pagos porque se trata de su casa. Es lo primero en lo que las personas tratan de estar al día”, asegura Prado.
El director del gremio banquero agrega que en todas las líneas de morosidad se registró una reducción entre febrero y marzo. “Esto significa que las personas se han puesto al día con algunas líneas de crédito y también implica que la cantidad de créditos aumentó ligeramente entre esos meses”.
Las entidades financieras reconocen el incremento de la morosidad en sus carteras de crédito. Banco Pichincha asegura que la contracción económica que se evidencia desde el año pasado en la mayoría de sectores económicos y productivos del país ha provocado que la tasa de morosidad experimente un crecimiento.
En esta entidad, el índice de morosidad se situó en el 4,05% al cierre del año 2015. Según este banco, en vista de que la situación económica se mantiene, los indicadores de morosidad experimentaron un incremento en el primer trimestre del año. En marzo, estos se ubicaron en 6%.
En Banco Pichincha, los créditos que han evidenciado un mayor deterioro son aquellos destinados para consumo y microempresa. “Estos son segmentos que históricamente han registrado una tasa mayor de morosidad y la tendencia se mantiene en la situación actual”, asegura la entidad.
El presidente de Banco Pichincha, Antonio Acosta, dio a conocer semanas atrás, en una entrevista en Radio Quito, que la actual situación económica afecta a la gente que no puede pagar sus cuotas. “Hay personas que han perdido empleo y no pueden pagar. Ahora le corresponde a todos los bancos entrar en programas de reestructuración y reforzar los provisiones para cargar a esas provisiones la cartera que no se pueda cobrar”.
Otro actor del sistema financiero que mira con detalle la situación es Banco Solidario. Esta entidad señala que sus índices de cartera impaga han crecido, tal como ocurre en el sistema financiero en general y en medio de la difícil situación económica. En su caso la línea de crédito que mayor morosidad registra es la de consumo.
Ante esta situación las entidades aplican estrategias para ayudar a sus clientes. Banco Solidario explica que siempre se preocupa de que la cuota esté asociada a la capacidad de pago del cliente.
La entidad complementa esa precaución con asesoría y educación financiera sobre todo en planificación. La idea, sostiene el banco, es evitar el sobreendeudamiento y manejo del flujo de caja en el caso de los microempresarios. “Además, motivamos a aquel cliente que puede estar frente a un problema, para que se acerque al banco y analicemos formas para mantener su crédito al día”.
El tema de la morosidad es particular en las provincias más afectadas por el terremoto del 16 de abril. Según la ABPE, en Manabí el índice de morosidad estaba en marzo en 6,6% y en Esmeraldas llegaba al 11,7%.
En esas provincias se espera que los índices se eleven. Según la Superintendencia de Bancos esto dependerá del segmento y la ubicación. “No todos los sectores fueron afectados de la misma forma” asegura el organismo.
La morosidad subió, pero hay más control.
La morosidad aumentó en las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador. En las 24 entidades, que se ubican en el primer segmento (con más de USD 80 millones en activos) este indicador se incrementó de 5,58 a 7,05%, en el período octubre de 2015 – marzo de 2016, de acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
Según el director de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), Juan Pablo Guerra, este sector no puede estar divorciado de la situación económica complicada por la que atraviesa el Ecuador.
Por este factor, agrega, los socios de las cooperativas pueden verse afectados en sus ingresos y priorizarán sus gastos. “En esa medida uno de los temas que más puede afectarse es el cumplimiento de las obligaciones de crédito y pueden existir retrasos de días en los pagos”.
En las 33 instituciones del segmento 2 (entre USD 20 millones y 80 millones en activos), el índice se incrementó de 11,57 a 13,76%, en el mismo período. Guerra explica que el mayor nivel de morosidad en las entidades del segundo segmento con relación al primero se puede atribuir a la diferencia en el tamaño de estas entidades financieras.
Las del primer segmento tienen una mayor cantidad de oficinas en varias zonas, más volumen de cartera y eso produce un menor riesgo en la morosidad.
Es decir, una entidad que tenga oficinas en varias ciudades será menos afectada en una crisis o desastre como el terremoto que se registró en Manabí y Esmeraldas, que una cooperativa que solo tenga locales en dos urbes y uno de esos esté en la zona afectada.
Las cooperativas no han dejado de otorgar crédito, pese a las condiciones del país, a diferencia de otros sectores financieros, dice Guerra. De acuerdo con datos de la SEPS, las entidades de los segmentos uno y dos concedieron préstamos por USD 5 128 millones en marzo de 2015 y por USD 5 288 millones en marzo pasado.
La cartera está concentrada, principalmente, en el microcrédito y consumo. “El riesgo puede ser inminente en todos los tipos de préstamos…”. En un préstamo de consumo, al no ser productivo, el pago depende de la capacidad de la familia y si alguien pierde su empleo hay problemas, dice Guerra. En el caso del microcrédito, en cambio, su cumplimiento está sujeto a la dinámica del negocio.
Guerra señala que si bien la concesión de préstamos aporta al desarrollo o recuperación del país, puede afectar al índice de morosidad si hay retrasos.
Por esta razón, asegura el representante gremial, las cooperativas de ahorro y crédito buscaron reforzar los esquemas, los análisis crediticios y los criterios de calificación del socio solicitante, antes de conceder los préstamos. “Fue un esfuerzo grande en tecnificarse, dar un seguimiento adecuado y crear mecanismos que permitan la recuperación efectiva y rápida de la cartera”.
En la actualidad, señala Guerra, es necesario trabajar en una modificación del esquema de la constitución de las provisiones, criterios de calificación de la cartera, esquemas para refinanciamiento y reestructuración de la cartera, entre otros aspectos.
Según él, las expectativas del sector están centradas en generar una diversificación de la cartera y aportar a la recuperación económica del país.
La planificación es crucial
El consumo prudente. Analistas financiero y especialistas señalan que para combatir la morosidad la clave está en la prudencia.
Por ello, el editor de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, explica que las personas deben mantener el nivel de endeudamiento por debajo del 30% de sus ingresos. “La tercera parte del sueldo debe destinarse al pago de deudas. No hay que gastar en artículos innecesarios”.
El analista económico cree que para salir de mora es importante planificar mensualmente el presupuesto, analizar qué gastos se pueden suprimir y realizar una lista diaria en la que se especifique el consumo diario.
Acosta Burneo añade que hay que evitar las compras de impulso. Es decir, controlar el presupuesto y regirse a ello.
Para Sandra Muñoz, coordinadora académica de la carrera de Finanzas de la Universidad de las Américas (UDLA), la falta de recursos económicos y el aumento del desempleo influyen a que las personas no tengan el sustento económico y caigan en mora en la banca.
Una opción para solucionar este inconveniente, según Muñoz, es flexibilizar las condiciones de los créditos. Además, sugiere buscar alternativas de refinanciamiento que permitan opciones de cobro para el usuario.
La docente universitaria cree que el ciudadano debe tener conciencia financiera personal. Es decir, tener un control de los gastos recurrentes a futuro y la certeza de los ingresos reales. “Hay que tener en cuenta todos los rubros a pagar, no solo los evidentes. Esto bajo una planificación mensual y a futuro”, puntualiza Muñoz.
La catedrática recomienda además que para salir de una situación de morosidad se debe tener herramientas efectivas para solventar el endeudamiento. “No se debe endeudar en un lado por pagar otro”, enfatiza. La clave está en la planificación anticipada, refuerza la experta en finanzas.
Con esto coincide Mauricio Pozo. El analista económico considera que los ciudadanos deben trazar un flujo de caja con sus ingresos y gastos, con las fechas de cuándo se recibe y salen estos rubros de los ahorros familiares. “Si hay inconvenientes, lo mejor es acercarse a las instituciones bancarias o entidades que tienen obligaciones para buscar un plan de refinanciamiento de pagos”.
Pozo cree que los consumidores deben ser más cautos no solo con los valores a cancelar en una compra, sino también con respecto a los canales y opciones de pago. “Lo ideal es planificar los gastos hasta nivelar las deudas”, concluye el experto.

El Comercio
Mayo 16, 2016
Ley de Ordenamiento crea la sexta superintendencia

Una nueva Superintendencia se une a las cinco existentes en el país. La entidad estará a cargo de controlar y sancionar a los gobiernos autónomos descentralizados que incumplan con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y normas afines.
La normativa fue aprobada el jueves en la Asamblea y el viernes fue enviada al Ejecutivo, que tiene 30 días para analizarla. Al cabo de este plazo puede aprobarla o vetarla.
Si se produce el segundo caso, la propuesta volverá a la comisión de Gobiernos Autónomos para realizar los cambios.
El oficialista Richard Calderón, de Alianza País (AP) y presidente de la Comisión, espera que en el peor de los panoramas, la iniciativa ingrese al Registro Oficial en 60 días.
La norma permitirá regular el suelo con responsabilidad garantizando un crecimiento urbano con acceso a servicios básicos, con un hábitat seguro, saludable en zonas sin riesgo, según el oficialismo.
Calderón dijo que tras su publicación oficial correrán los plazos para cumplir con las disposiciones transitorias. En ellas se ordena que el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo se conforme en 60 días.
Un representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y otro de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo delinerán su reglamento. El Consejo emitirá las regulaciones nacionales sobre el uso y la gestión del suelo.
La segunda disposición transitoria señala que 120 días después de la publicación en el Registro Oficial, se nombre al Superintendente de Ordenamiento Territorial. Esta autoridad será escogida de una terna que envíe el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El elegido debe ser ecuatoriano, ejercer derechos de participación política, tener título de cuarto nivel y experiencia profesional de cinco años en temas relacionados con ordenamiento territorial y uso del suelo.
El Superintendente, mientras ejerza sus funciones o dos años después, no podrá ser propietario, miembro del directorio, representante o apoderado de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que construyan proyectos inmobiliarios.
En el mismo período no podrá tener contratos con el Estado para ejecutar obras públicas. Tampoco se escogerá a quien haya sido alcalde en los cinco años previos a su nombramiento.
El Superintendente expedirá el reglamento de la institución a su mando. No se conoce cuántos funcionarios se necesitarán y si van a tener representación en los 221 cantones del país. Calderón adelantó que actualmente hay herramientas tecnológicas que optimizarán el trabajo.
El legislador pidió que la ciudadanía se enfoque en lo costoso que resulta reubicar “poblaciones enteras”, debido a la mala planificación. Ejemplificó que en Guayaquil hay cerca de 8 000 hectáreas con asentamientos informales. “Ha sido necesaria la intervención del Gobierno. No han ejercido la competencia de control del uso y gestión de suelo”.
Precisamente, el alcalde del Puerto Principal, Jaime Nebot, aseguró que no acatará lo dispuesto por la Ley.
Las sanciones de la Superintendencia irán hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Pero tras un juicio de repetición, las multas podrían ser para sus autoridades.
El alcalde de Quito, Mauricio Rodas y la vicealcaldesa, Daniela Chacón, están en desacuerdo con la Ley. Chacón puntualizó que con esta normativa se quitan competencias que tenían, de manera exclusiva, los municipios. Con esto concuerda el asambleísta Montgómery Sánchez, aliado de AP, quien votó en contra de la iniciativa, el jueves.
Para Fausto Cayambe, de AP, una autoridad debe sancionar la falta de control. Aclaró que no se quita atribuciones a los alcaldes o prefectos.
En el país, hay cinco superintendencias: Información y Comunicación; Control del Poder del Mercado; Economía Popular y Solidaria; Bancos; y Compañías, Valores y Seguros. Las tres primeras fueron creadas por el Régimen actual. Las dos últimas ya existían, pero ampliaron su rango de acción.
El Gobierno también creó, en el 2015, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, que absorbió a la Superintendencia del ramo y a otras dos entidades.
El pago mensual que se hace a los trabajadores de las cinco instituciones bordea los USD 4,5 millones. Al año, sin contar horas extra y otros rubros, el gasto llega a USD 54.3 millones.
El aumento de la burocracia y el gasto público está entre las preocupaciones de los legisladores que se oponen a la Ley. Mae Montaño, de Creo, señaló que en época de crisis no se puede aumentar la masa laboral.
El Universo
Mayo 16, 2016
A un mes del terremoto en Ecuador, aún se cuantifican daños totales

En lo alto de la pared cuarteada de un edificio que lleva casi la mitad derrocado, un reloj público marca las siete menos un minuto. Está parado desde hace un mes y se halla en el corazón de la denominada zona cero de Portoviejo, la parte más arrasada por el terremoto de las 18:58 del pasado 16 de abril. Con una magnitud de 7,8 y una duración de 55 eternos segundos, el sismo afectó, sobre todo, a Manabí y una parte de Esmeraldas.
Aquel reloj, ubicado en el ala derecha de lo que era el centro comercial municipal de Portoviejo, señala la hora fatídica para los familiares de las 661 víctimas mortales del terremoto; para las 33.757 personas registradas como damnificadas, para los dueños de 10.924 edificaciones caídas o con daños, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Hoy, a un mes de la catástrofe, aquellas cifras, sin embargo, no son definitivas ni cuadran. La destrucción aún no ha sido contabilizada en su totalidad y según funcionarios del Gobierno central y de gobiernos municipales de la zona afectada, tomará algunos meses.
Así, por ejemplo, el informe de la Sectetaría da cuenta, hasta el pasado fin de semana, de que en Portoviejo se han inspeccionado 2.240 viviendas, de estas han detectado 279 colapsadas y 739 con daños parciales. Pero Johnny Quijano, director de Gestión y Control Territorial del Cabildo, dijo a este Diario que en esa ciudad se han inspeccionado unos 4.000 inmuebles, de 60.000 existentes. De esos, 195 colapsaron, 393 corren peligro de caer, 610 tienen daños parciales y 507 están sin afectación.
En Manta, la Secretaría de Gestión de Riesgos da cuenta de que se han evaluado 295. Hay 146 colapsadas y 124 con daños parciales. Pero el alcalde, Jorge Zambrano, explicó que hasta el jueves 12 tenían más de 500 órdenes de demolición y que la cifra aumentará porque hay más pedidos de asistencia.
Portoviejo y Manta tienen sus zonas cero. En la primera ciudad, esta comprende 32 manzanas y allí está la mayoría de las edificaciones colapsadas, algunas ya borradas. El área es totalmente restringida y es resguardada por 150 militares. Maquinaria y volquetes de dos constructoras trabajan en medio de una densa polvareda.
La demolición también avanza en las otras localidades afectadas, desde Muisne en Esmeraldas hasta Calceta, en el noreste manabita, pasando por Jama, Canoa, Bahía de Caráquez, Charapotó, Rocafuerte, Tosagua, Chone, Jaramijó. Es lo común en estos días,
A un mes del infausto suceso, el panorama que se repite en las localidades afectadas también es el de miles de personas durmiendo en veredas, en terrenos baldíos o en parques, mientras que el Gobierno se encuentra enfocado en llevarlos a albergues específicos, una especie de campos de refugiados, donde se concentra la atención.
La ministra de Inclusión Económica y Social, Lídice Larrea, dijo el jueves a este Diario que son 8.500 familias damnificadas y que el Gobierno busca llevarlas, hasta fin de mes, a los albergues organizados.
Pero aquello no lo aceptan cientos, miles de refugiados, como Omar Figueroa y casi una decena de vecinos del barrio 8 de Enero, de Manta, quienes tienen una hilera de camas en la acera. “Aquí al frente está nuestra casa caída. Si nos vamos, no hallamos nada”, afirma.
También descartan ir a un albergue María Merino y su hija. Duermen en una covacha de plástico y en el día se guarecen en una carpa, donde tienen unas sillas, un escritorio y una bandera del Ecuador en un palo. Es lo que les queda luego de que su edificación de tres plantas quedara inhabitable y la derrocaran. Tenían una imprenta y alquilaban dos cuartos. La pérdida la estiman en $ 400 mil y esperan planes de ayuda.(I)
Opiniones
Planes estatales
Bonos para reconstruir a la espera de informes
El vicepresidente de la República, Jorge Glas, anunció el jueves en Portoviejo, junto a la ministra de la Vivienda, María Duarte, la entrega de bonos de un promedio de $ 10.000 para vivienda nueva en planes estatales, en terrenos del damnificado, entre otros. No obstante, la construcción de casas no tiene fecha, pues, según Glas, depende de la inspección y aprobación de los terrenos donde se harán lotizaciones con todos los servicios y fuera de las zonas de riesgo. (I)
Registro de damnificados
Ministerio con sistema para informe unificado
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) encabeza la articulación gubernamental para tener el denominado Registro Único de Damnificados. Este concentrará la información sobre damnificados, sobre quienes perdieron viviendas o tuvieron daños y otras consecuencias del terremoto. Uno de los requisitos para acceder a los bonos es el constar en ese registro. Las brigadas que recorren las zonas afectadas ingresan la información al sistema.(I)
Manual de demoliciones
Afectados deben seguir norma para derrocar
Para la demolición, existe un protocolo determinado que establece la gestión que debe cumplir el dueño del inmueble y los lugares donde se arrojan los materiales. Este trabajo lo ejecutan los cabildos y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Antes del derrocamiento de la casa o edificio, el dueño debe aprobar esta acción basada en un análisis técnico que indique que el inmueble no se puede recuperar; luego el Municipio emite la orden de demolición.(I)
Diversos campos
Evaluaciones se hacen por áreas específicas
Los diversos ministerios se encuentran realizando evaluaciones en sus respectivos campos de acción para determinar las afectaciones. No obstante, hasta esta semana no se han entregado informes definitivos. Pero hay sectores como el comercio formal e informal que manifiestan de que no se los está tomando en cuenta, pues según dueños de negocios, de Portoviejo, por ejemplo, que no han pertenecido a gremios y temen no estar en el registro de afectados.

El Expreso
Mayo 16, 2016
Trabajar más no es sinónimo de productividad

La productividad no se mide con horas de trabajo. Para muestra está Alemania, el país donde menos tiempo se labora (1.371 horas), pero con la hora mejor valuada en el mundo ($ 49).
Ese resultado no sorprende, dice John Cruzatti, coordinador del Observatorio Económico de la Espol, cuando se entiende que el país europeo presume de buenos índices de motivación laboral.
Para Cruzatti, la eficiencia que logre cada país responde a distintos estímulos, que se dan según su realidad: nivel de educación, infraestructura, maquinarias y motivación. En el caso de Alemania, Cruzatti destaca sus políticas de Estado que dan énfasis al desarrollo del bienestar ciudadano, algo que no sucede en países como EE. UU. “que aunque cuentan con ciertos mecanismos básicos de bienestar flaquea en aspectos como el acceso libre y universal a servicios de salud o niveles de defensa al trabajador”.
Los retos de lograr mejor productividad sostiene tienen que ver con el reconocimiento de necesidades locales. Y en países como el nuestro, los desafíos áun están por el lado de la educación y la democratización del conocimiento (liberando por ejemplo el uso de patentes de descubrimientos”.

Mayo 13, 2016

El Universo
Mayo 13, 2016
Asamblea Nacional aprueba Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana

La Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó este jueves la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto, que contempla un paquete de medidas tributarias que apunta a un alza temporal de impuestos para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 7,8 que azotó el país el pasado 16 de abril.
La medida, aprobada por 94 legisladores de los 127 presentes en la reunión, se suma a la venta de activos productivos que prepara el Gobierno -que incluye una central hidroeléctrica, un banco y medios de comunicación, entre otros- para obtener liquidez.
“Cumplimos nuestra responsabilidad con las poblaciones afectadas por el terremoto”, dijo la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, tras la aprobación del proyecto, que ha despertado críticas de sectores de la oposición.
El paquete de medidas plantea un alza de dos puntos porcentuales por un año del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 14 por ciento, un día de sueldo y fija un impuesto al patrimonio personal que supere un millón de dólares y otro de un 3 por ciento a la utilidad de las empresas por única vez.
IVA del 10% solo en transacciones con dinero electrónico
Entre los cambios de último momento consta que se cobrará el 10% del IVA a quienes realicen transacciones con el dinero electrónico. La medida salió de la bancada de Alianza PAIS.
Las medidas incluyen además el aporte de los trabajadores públicos y privados de un porcentaje de su salario en base a una tabla de montos de ingresos mensuales.
El presidente, Rafael Correa, ha dicho que las pérdidas por el terremoto de magnitud 7,8 alcanzarían unos 3.000 millones de dólares, pero la cifra podría variar luego del estudio técnico que realiza el Gobierno con ayuda de organismos internacionales.
El terremoto dejó unos 660 muertos y unas 29.000 personas desplazadas, junto a millonarias pérdidas en las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas.

El Universo
Mayo 13, 2016
Estado ecuatoriano dará bonos de hasta $ 10.000 para casas en zonas afectadas

El Estado ecuatoriano dará bonos de hasta 10.00 dólares para acelerar el proceso de reconstrucción o reasentamiento de los damnificados del devastador terremoto que golpeó con fuerza la costa central de Ecuador a mediados de abril.
El vicepresidente Jorge Glas dijo en rueda de prensa que “aquí hay un gobierno que no dejará solo a ningún damnificado”.
Precisó que para acceder a los beneficios los damnificados deben estar inscritos en un Registro Único.
El 16 de abril un potente sismo de 7,8 grados de magnitud goleó con fuerza la costa central de Ecuador, y dejó 660 fallecidos y graves y extendidos daños principalmente en las ciudades de Manta, Portoviejo y Pedernales.
Tras el sismo de abril, inicialmente hubo unos 30.000 albergados, cifra que se redujo casi un mes después a unos 10.000.
Entre los bonos están alternativas como 10.000 dólares para construir una casa en terreno propio, 9.000 dólares para comprar vivienda nueva de hasta 70.000 dólares y para reparación de viviendas 4.000 dólares. Este plan está dirigido a ciudadanos damnificados de sectores urbanos y rurales, señaló.
Expresó que para el proceso de reconstrucción y reparación tendrán prioridad de contratación las personas que viven en las zonas afectadas por el terremoto, pero que las nuevas viviendas deberán ser construidas fuera de zonas de riesgo, con todos los servicios básicos y sobre todo con diseños antisísmicos.
Mientras, la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Gabriela Rosero, dio a conocer que se creó un incentivo con el fin de que más familias se unan a acoger a damnificados; la funcionaria explicó que la transferencia económica será destinada para las familias que arrienden viviendas o sean acogientes.
Los rubros son:
– Familias damnificadas recibirán $ 100 por rubro de alimentación, durante tres meses.
– Familias arrendatarias recibirán $ 135 al mes, durante seis meses.
– Familias acogientes obtendrán $ 150 mensuales ($ 135 de arriendo, más $ 15 por concepto de pago de servicios) por seis meses.
El presidente Rafael Correa estimó preliminarmente los daños del sismo en unos 3.000 millones de dólares.

El Expreso
Mayo 13, 2016
La eterna espera del jubilado para cobrar

Los servidores públicos que se retiran reciben bonos a 10-15 años Reclaman la no previsión
Décadas de trabajo no son suficientes para disfrutar de la tranquilidad de jubilarse teniendo todo resuelto en la vida. Los servidores públicos que se retiran van a tener que seguir esperando para alcanzar la paz laboral porque la crisis económica se cruzó en la recta final de sus hojas de vida.
La falta de liquidez y, según los reclamos de los jubilados, de previsión está retrasando el pago de las liquidaciones por el fin de la relación laboral a la que tienen derecho los servidores públicos cuando se retiran (no la pensión jubilar).
El Ministerio de Trabajo quiso poner solución a la demora: ordenó el pago inmediato a los jubilados que tengan más de 70 años y a los que sufran una enfermedad catastrófica. Los demás esperarán a que haya recursos, detalló ayer EXPRESO.
En papel, la letra se lee bien. Pero esos jubilados que deberían cobrar inmediatamente, según el acuerdo ministerial del pasado mes de abril, dicen que sus bolsillos siguen tan vacíos como cuando se retiraron de su trabajo. El pago inmediato de la liquidación (que equivale, según la ley, a cinco sueldos por año trabajado, sin contar los cinco primero, y con un máximo de 150 mensualidades) se está realizando en bonos del Estado, a un plazo de 10 a 15 años, reclaman los jubilados.
Es decir, que los servidores públicos que, por edad o enfermedad, pueden cobrar inmediatamente su liquidación deberán igualmente esperar a convertir en billetes esa liquidación en bonos emitidos a 10 y 15 años. Salvo que los vendan y, en ese caso, lo harían con descuento.
“No es conveniente”, ataja con indignación, José Hoyos, presidente del Frente de Defensa de Jubilados y Pensionistas del IESS del Guayas. “Claro que los bonos tienen intereses, pero se cobran pasados todos esos años”, añade y repite: “No es conveniente”. Hoyos asegura que el año pasado ya se empezó a realizar el pago de compensaciones con bonos del Estado a cinco años a los maestros, pero ahora ese plazo no baja de 10.
“No es ni justo ni legal que se pague en bonos porque la compensación al jubilado es un crédito privilegiado del trabajador y por lo tanto debería pagarse primero”, razona Tito Palma, exviceministro de Trabajo y profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Guayaquil, quien se pregunta por qué no ha habido una previsión o cálculo presupuestario de cuántos servidores públicos eventualmente se jubilan cada año y cuánto hay que pagarles. Para así, tener provisionados los fondos. Una cifra que sigue sin aclararse, mientras se acumulan las solicitudes de jubilación.
Aluvión de solicitudes de jubilación
“La gente está desesperada, temen que la situación económica del país sea más grave en el futuro”. Esta es la explicación del profesor de Derecho Laboral, Tito Palma, a la presentación masiva de solicitudes de jubilación por parte de servidores público. Según datos oficiales, recogidos ayer por EXPRESO, este año ya se acumulan 28.000 pedidos, mientras que entre 2011 y 2015 fueron 22.000. Y todas deberán ser aceptadas, dispone el Ministerio de Trabajo.

El Expreso
Mayo 13, 2016
La renta de los bancos cae 40 %

La cifra es inédita desde la crisis financiera del 99 Sube la morosidad de la cartera de consumo e inmobiliaria. Los ahorros caen 700 millones en un año
Los bancos habían logrado revertir los malos tiempos. El primer trimestre cerró con depósitos al alza, pero vino abril e hizo la diferencia: otra vez cayeron los ahorros en esa industria y ni qué decir de las utilidades consolidadas: se comprimieron en un 40 % en relación con el cierre de igual mes del año pasado.
Pero hay más: la morosidad sigue saltando y eso significa que la cartera de créditos continúa deteriorándose. La más complicada es la de consumo: 9,20 % es la tasa de mora, al cuarto mes de este año.
El retraso del crédito inmobiliario está entre los que más se ha complicado. Algo que no se veía antes porque, como dicen los banqueros y analistas, las familias lo que más cuidan es su patrimonio, por eso es lo primero que suelen pagar. También la del consumo, lo que revela que el mayor problema de pago se estanca en las finanzas de los hogares.
Es que, como lo ha explicado Efraín Vieira, presidente ejecutivo de Banco del Pacífico, y Ángelo Caputi, su homólogo en Banco Guayaquil, ese comportamiento obedece a la pérdida de empleo de algunos de sus clientes o porque, una parte de los que aún los conservan, están recibiendo menos comisiones porque las empresas en que trabajan están vendiendo menos carros, casas, seguros. De ahí que se explica los problemas para cobrar la cartera de los morosos, pero la banca está siendo más flexible. En general, la cartera de todo el sistema, donde se mezcla todo tipo de créditos, registra un nivel de incumplimiento de 4,65 %, por encima del 3,44 % de un año atrás.
El terremoto del 16A es otro factor que retrasará la recuperación de la cartera. Los bancos decidieron conceder un tiempo de gracia y prorrogaron por 90 días los pagos de cuotas y créditos a sus clientes afectados.

El Expreso
Mayo 13, 2016
Fabricantes de bebidas hacen un nuevo análisis del impacto de la ley
La caída probable de las ventas es del 25 %, manifiesta Anfab

La Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab) actualizó las cifras sobre el impacto de las medidas en el sector. Las que este Diario publicó ayer corresponden al proyecto de ley original.
La ley aprobada, en vigencia, establece un impuesto de 18 centavos por cada hectogramo de azúcar que contengan las bebidas con más de 25 gramos de azúcar por litro, así como el 10 % de impuesto a las bebidas gaseosas sin azúcar o con contenidos de azúcar menores a este límite”, dijo Christian Wahli, presidente ejecutivo. Las estimaciones actuales señalan una probable caída en ventas de alrededor de 25%, consecuencia de este incremento impositivo.
Un efecto de esta caída abrupta en los volúmenes de ventas, que advertimos oportunamente, es la potencial reducción de 1.400 plazas de empleo directas, 6.100 puestos indirectos, así como la grave afectación a 12.000 pequeñas tiendas cuya operación depende en gran medida de la venta de bebidas gravadas con este impuesto

El Expreso
Mayo 13, 2016
La Ley de Ordenamiento Territorial ‘vira’ a un aliado del oficialismo

La norma tiene 122 artículos, planifica y ordena el suelo
Un aliado esquivo. Se trata del legislador Montgómery Sánchez, del Movimiento Autonómico Regional de El Oro. Este joven ingeniero agrónomo, que es parte del Frente Unidos, votó en contra del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial. Eso ocurrió ayer en la Asamblea Nacional.
“No se rompe la alianza, pero no voté a favor de la ley. No podemos retroceder y crear una superintendencia para que meta las manos en los gobiernos autónomos y descentralizados”, explicó a EXPRESO.
¿Ese rechazo a la disposición de la bancada de Alianza PAIS para aprobar la normativa podría condenarlo al aislamiento? Él aseguró que no, aunque el vocero del nuevo bloque parlamentario Democrático, Antonio Posso, le dijo en broma: “eres bienvenido a las filas de la oposición”.
SUPERINTENDENCIA:
1. El principal ‘nudo’ entre los gobiernistas y la oposición sobre la norma aprobada ayer es una nueva institución burocrática: la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, para vigilar y controlar el ordenamiento territorial en el Gobierno central y los locales. Esta tiene 11 atribuciones y capacidad sancionadora. Para el arquitecto y legislador de CREO, Ricardo Moncayo, la ley es interesante, pero entiende mal el urbanismo, que da la calidad de vida a los habitantes. “Guayaquil es un ejemplo de renovación urbana. Los gobiernos locales no pueden someterse a una Superintendencia porque han sido elegidos por el pueblo”, dijo a este Diario.
REGULARIZACIÓN:
2. Según la disposición transitoria octava, los Gobiernos Autónomos tendrán dos años de plazo para terminar la regularización de los asentamientos humanos de hecho. Además, tendrán cuatro años para instalar los servicios básicos en esos lugares: agua potable, saneamiento y gestión integral de los desechos, dice la ley aprobada.
HABITABILIDAD:
3. El permiso de habitabilidad es obligatorio para todo propietario. Los gobiernos locales deben verificar que se cumpla con los planes aprobados, explicó a este Diario la legisladora oficialista, Liliana Guzmán. “Es para evitar construcciones y asentamientos irregulares. Por ejemplo, una casa para dos pisos y termina de cinco”, señaló.

El Comercio
Mayo 13, 2016
Andrés Vergara: ‘Hay que fomentar y crear empleo’
Debate

Así estamos:
La economía ecuatoriana está pasando por un mal momento como todos, con algunas excepciones, ya lo sabemos. Ese panorama se refleja en las siguientes cifras: actualmente solo el 40% de los trabajadores ecuatorianos tiene un empleo adecuado. Esta misma cifra a diciembre 2015 era 46,5% y a marzo 2015 era 43,7%. Es decir, el problema se está agravando y, día a día, a los ecuatorianos nos cuesta más trabajo encontrar empleo.
El otro ángulo del problema es que cada día hay menos dinero por concepto de depósitos e inversiones a plazo en el sistema bancario. Así, mientras a marzo del 2016 los depósitos sumaban USD 28 988 millones, a marzo del 2015 habían sumado un total de 29 936 millones. Esto grafica la visible contracción del crédito para el sector productivo.
Y el tercer ángulo del problema, la pobreza y el deterioro social también ha sufrido un visible deterioro: mientras a fines del 2014 cuantificaba un 22,4%, para este mes de marzo 2016, había alcanzado el 25,4%. Adicionalmente, la pobreza extrema subió desde el 7,7% al 10% en el mismo periodo.
Los tres aspectos señalados son, además, agudizados por la situación fiscal; el Estado viene arrastrando un déficit desde el 2009 que suma hasta febrero 2016 un total de USD 18 904,9 millones.
¿Por qué estamos pasando por esta situación? Depende a quién se le pregunte. Si la pregunta va dirigida a un funcionario del Gobierno, la respuesta se centrará en dos aspectos: caída del precio del petróleo y apreciación del dólar. Es decir, nos indican que nuestro bienestar económico depende de factores sobre los cuales no tenemos control, y que nuestros productos no serán competitivos sino devaluamos el ingreso de los ecuatorianos.
Si bien algunos aceptarían ese argumento como válido, muchos otros percibirían que los recursos naturales no son necesariamente un requisito indispensable para obtener prosperidad. Pero se necesita de una brújula que nos indique donde se encuentra nuestro objetivo.
Las Salidas:
Nuestra escuela económica plantea como una brújula y una salida a la crisis el fortalecer los siguientes tres pilares: equidad, estabilidad y empleo. La equidad no es un concepto moral o marxista sino que plantea que no existan sectores estratégicos favorecidos por las políticas gubernamentales, sino que se apliquen a todos las mismas reglas.
La estabilidad es un aspecto que está fortalecido en el país por la dolarización, la cual permite que el ingreso de los ecuatorianos mantenga su poder adquisitivo, que se haga inversiones a largo plazo y que los patrimonios familiares y empresariales no pierdan o ganen valor por las decisiones devaluatorias de los gobiernos de turno. También significa que reglas, leyes económicas e impuestos no cambien cada año.
Por último, creemos que se debe incentivar la creación de empleo. Si el nivel de empleo es alto por definición hay menos pobreza, más clase media, menos dependencia del Estado y más oportunidades. Una manera efectiva de bajar el nivel de desempleo es promover e incentivar la inversión nacional y extranjera. Por ejemplo, bajar impuestos y trabas para las organizaciones que recién empiecen, contraten más empleados y recapitalicen sus utilidades.

El Expreso
Mayo 13, 2016
España compromete apoyo financiero

También participó en el rescate de personas y con ayuda humanitaria
Canje de deuda, cooperación para reactivar el agro y un nuevo crédito para Ecuador. Es el nuevo paquete de apoyo que España entregará para el proceso de reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril.
El canciller de ese país, José Manuel García-Margallo, en conferencia de prensa, hizo el anuncio.
“Hemos estado en la etapa de rescate, en la de ayuda inmediata a los damnificados y, desde luego, estaremos en la fase de reconstrucción que lleva adelante el Gobierno ecuatoriano”, dijo.
El diplomático explicó que se ha decidido un canje de deuda por 2’000.000 de dólares. Se destinarán 20 millones para la cooperación técnica para la reactivación y acompañamiento del agro. Y, además, se aprobó una línea de crédito para Ecuador, de acuerdo con el requerimiento del país. García-Margallo tiene previsto visitar, hoy, las zonas afectadas por el sismo en Manabí.
Su homólogo ecuatoriano, Guillaume Long, dijo que España es el país europeo que más ayuda entregó, tanto con personal, como con vituallas y alimentos, para los afectados por el terremoto.

El Comercio
Mayo 13, 2016
Cobro de tasas desde el 23 de mayo

El cobro de Tasas por Servicios Administrativos de Diligencias y Actuaciones de la Función Judicial no cambia la gratuidad de la Justicia. La aclaración la hizo ayer el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, al explicar la vigencia de los costos a partir del 23 de mayo.
“El principio constitucional de gratuidad en el acceso al servicio de justicia no se ha tocado. Es importante que se regule y transparenten los cobros que siempre se ha habido. Se evitará el abuso”, dijo. La medida fue adoptada para evitar el cobro informal que siempre ha existido en las dependencias judiciales.
Según la resolución del 5 de mayo, las normas previstas serán de aplicación obligatoria en casos civiles, patrimoniales y mercantiles. Jalkh indicó que lo que se busca es tener un buen uso de recursos públicos. Por ejemplo, las copias simples que son pagadas directamente por el interesado en cualquier copiadora se mantienen, lo que se cobrará es la copia certificada que se usa como recurso público.
El funcionario explicó que estos recursos irán a una cuenta única del Estado, y luego regresarán a la Función Judicial para su operatividad. “Aquí no se está ganando nada”.
Hernán Ulloa, abogado de profesión, manifestó que la medida “vulnera normas constitucionales. Van en perjuicio de la gente que tiene acceso gratuito a la justicia. Son normas totalmente desmedidas”.
Similar opinión tuvo el jurista Franklin Ortiz, quien calificó de inconstitucionalidad el cobro de tasas y cree que la justicia ya no es gratuita.
Tamara Castro, una usuaria de los servicios judiciales, cuestionó el nuevo reglamento. Ella opina que a pesar que los usuarios tienen la opción de pagar las tasas que se han establecido igual se los obliga a pagar por copias o videos certificados. “El servicio debe ser gratuito, ya que el pueblo paga impuestos”.

Mayo 12, 2016

La República
Proponen obligar a los abogados que denuncien a clientes con compañías off shore
Mayo  12, 2016

Una reforma a la ley de régimen tributario interno, introducida luego del primer debate del proyecto de ley solidaria con los afectados por terremoto, establece la obligación para los abogados de que informen a la Administración Tributaria, bajo juramento, “un reporte de actividades sobre la creación, uso y propiedad de sociedades ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición de beneficiarios efectivos ecuatorianos”.
La reforma, que obliga a este comportamiento “los promotores, asesores, consultores y estudios jurídicos” ha sido ingresada por la mayoría de la comisión de régimen económico después de la primera discusión, y se encuentra expresada en el artículo 22 del proyecto de ley, que va a debatirse por segunda ocasión este jueves.
Según la propuesta, los abogados que incumplan esta disposición “serán sancionados con una multa de hasta diez fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta”.

El Universo
Mayo 12, 2016
Jorge Glas anunciaría hoy incentivos para afectados

En el Palacio de Carondelet, el Gobierno se dedicó ayer a continuar con el denominado Plan de Reconstrucción para los pobladores de la Costa afectados por el terremoto del 16 de abril pasado. Hoy se prevé el anuncio de dos estímulos económicos, en la capital manabita, Portoviejo, que estará a cargo del vicepresidente de la República, Jorge Glas.
La reunión se realizó a puerta cerrada por seis horas y estuvo presidida por el presidente Rafael Correa, y en esta participaron varios ministros de Estado del frente social.
La ministra de Coordinación de Desarrollo Social, Gabriela Rosero, no dio detalles de las conclusiones de este encuentro, pues subrayó que solo Glas lo anunciará.
Pero adelantó que se evaluaron los dos incentivos económicos que planteará el Gobierno para ayudar a los afectados, que son un bono de arrendamiento o acogimiento familiar y otro para la recuperación inmobiliaria por causa del terremoto.
En el primer caso, se prevé pagar una asignación económica de $ 200 para quienes acojan a familias que perdieron su vivienda parcial o totalmente.
Las cifras oficiales de esta secretaría de Estado reportan que 8.000 personas se encuentran en los albergues y para el próximo 16 de mayo prevén tener listo el nuevo sistema de Registro Único de Damnificados, en el que constarán los datos de niños, discapacitados, adultos mayores y familias a las que el sismo perjudicó, lo que “permitirá que los programas tengan una mejor focalización”, añadió la ministra.
“Las propuestas fueron evaluadas en diferentes escenarios, consideraciones como el impacto presupuestario, la sostenibilidad de esta focalización; y la propuesta la hará el vicepresidente Jorge Glas como titular del Comité de la Reconstrucción”, agregó.
La Vicepresidencia informó que Glas iniciará hoy su agenda con entrevistas en las estaciones de radio Capital y Marejada de Portoviejo; y recorrerá poblaciones como Bahía de Caráquez y Canoa, donde conocerá terrenos que sirvan para planes habitacionales.

El Comercio
Mayo 12, 2016
La Asamblea prevé aprobar hoy el incremento del IVA al 14%

El incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 14% ha provocado diversos criterios en la bancada de Alianza País. El proyecto denominado Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto buscará su aprobación definitiva hoy en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional.
En los dos reuniones de la Comisión de Régimen Económico, legisladores oficialistas presentaron diferentes alternativas ante la propuesta del Ejecutivo de subir el tributo para la reconstrucción de las zonas afectadas del terremoto del 16 de abril.
Soledad Buendía, asambleísta de Alianza País, sostiene que la política de su partido ha sido mantener el IVA, y que el incremento se efectuará por una situación “forzada”, y que se deben tomar en cuenta algunos factores que acompañan la medida: que es un aumento temporal del IVA y de otras contribuciones, y que también existirán otros aportes progresivos para afrontar esta situación, como el día de salario y los impuestos al patrimonio y a las utilidades. “Nunca nos gustó subir el IVA pero no es una medida permanente”, sostiene Buendía.
Para el asambleísta de Alianza País y Unidad Primero, Carlos Bergmann, las diferentes alternativas planteadas por los asambleístas no llegaban a los montos que se esperan recaudar a través del incremento del IVA, según datos del SRI.

Entre las propuestas, explica Bergmann, estaban subir el IVA solamente un punto, colocar un impuesto a todos los recursos que habían salido del país o un impuesto en la matriculación de los autos.
“Existieron diversos criterios que no estaban de acuerdo con la propuesta, pero luego de escuchar los estudios del SRI sobre los montos de recaudación decidimos, en consenso , mantener el incremento del IVA en dos puntos”, dice el legislador.
Gina Godoy, asambleísta también por Alianza País, asegura que han existido diversos criterios a la hora de elegir otros ingresos que complementen el incremento del IVA.
“Para la bancada de Alianza País no ha sido fácil procesar esta propuesta, pero el Ecuador entero ha sido testigo de cómo han quedado las zonas afectadas y que los recursos se necesitan para la reconstrucción”, señala Godoy.
El asambleísta independiente, Ramiro Aguilar, asegura que no existió divergencias importantes en la bancada oficialista con respecto al incremento del IVA, “a pesar de que esta medida se contradice con sus principios partidistas. La idelogía de Alianza País es muy elástica y se adapta a las diferentes circunstancias, o a las propuestas que realiza Rafael Correa”, sostiene Aguilar.

El Expreso
Mayo 12, 2016
Las empresas del Issfa otra vez en la polémica

No solo el tema de los 41 millones aqueja al Issfa Habrá una auditoría a las empresas. Hoy harán un plantón en Los Shyris
Expreso)
La reducción de 41 millones de dólares de la deuda que el Estado tiene con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) -para recuperar el dinero supuestamente pagado en exceso por la compra de Los Samanes- no es el único conflicto pendiente.
El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, anunció ayer que revisará las inversiones hechas por esa entidad.
Según explicó, de los 1.400 millones de dólares del presupuesto del Seguro Militar, 306 millones “están invertidos en acciones de empresas que dan un rendimiento insignificante”, dijo a la prensa oficial.
Se refería a las 13 empresas en las cuales el organismo es accionista. Según el director del Issfa, Juan Francisco Vivero, la utilidad por esas inversiones fue del 8 %, en 2015.
Pero existe, además, un desacuerdo en las cifras del aporte estatal al Instituto.
El presidente Rafael Correa dijo que el Issfa recibe 120 millones de dólares al mes. Pero el vocal Bolívar Silva, delegado al directorio por los oficiales en servicio pasivo, dijo que eso no es real. El mes pasado, por ejemplo, se ofreció 79 millones pero se recibieron 36. Este mes no han recibido nada, aseguró.
Ernesto González, exjefe del Comando Conjunto, precisó que los atrasos vienen desde diciembre de 2014. La deuda se ha acumulado y ahora es de 361 millones de dólares.
El Issfa, dijo, sacó recursos de sus reservas para cumplir sus obligaciones, pero “se agotaron y están suspendidas las prestaciones”. Según él, la situación es “crítica”.
Para Patiño, la inversión en las acciones de las empresas es mucho más importante que los 41 millones debitados al Issfa.
Los militares retirados no lo creen así. Por eso agotarán todas las instancias legales, incluida la internacional, en su pelea.
Ayer presentaron una acción de protección para parar el débito. Aunque para el jurista y catedrático universitario, Farith Simon, esta no es la vía correcta. Correspondía, dijo a EXPRESO, acudir al Tribunal Contencioso Administrativo. El caso debió dirimirse en la instancia judicial, dijo. En eso coincidió Wagner Bravo, vocal alterno del Issfa: un juez debe decir si alguien pagó o cobró demás, insiste.

El Universo
Mayo 12, 2016
Jubilados públicos deben esperar por compensación

Todo pedido de jubilación de los servidores públicos, menores de 70 años, será receptado de manera inmediata por las Unidades de Talento Humano de cada entidad; sin embargo, se les advertirá que el pago de la compensación a la que tienen derecho se les hará cuando el Ministerio de Finanzas disponga de recursos, siendo el límite de pago, el momento en que el solicitante cumpla 70 años.
Así se lo establece en el Acuerdo Ministerial 100 emitido el 11 de abril pasado y que ayer fue explicado a varios servidores públicos encargados de las Unidades de Talento Humano, para que a su vez les expliquen las condiciones a los servidores en edad de jubilarse.
Ayer, el viceministro de Servicio Público, Pablo Calle, informó a la prensa que actualmente existen unas 28.000 solicitudes de jubilación que entrarán en un proceso de priorización el próximo año cuando el Ministerio de Finanzas asigne nuevos recursos. “Este año ya se ha cumplido con los recursos que se tenía, el próximo año el Ministerio dirá vamos a asignar $ 100 o $ 200 millones y de ahí se hará la priorización”, dijo.
Dicha priorización depende de la edad, tiempo de servicio y otros datos de su carrera y no necesariamente de quién presentó primero la solicitud. El análisis lo hace la cartera de Trabajo, tomando en cuenta la asignación de Finanzas.
De acuerdo con cálculos de Calle, el pago total de las 28.000 solicitudes podrá cumplirse en dos o tres años. Sin embargo, admitió que cada año podrían presentarse más solicitudes.
Calle explicó que gracias al acuerdo se garantiza el pago de esa compensación, y se aclara que se deben atender de manera inmediata las solicitudes. Explicó que se habían registrado casos en muchas entidades en las que no se les recibía las solicitudes argumentando que no había fondos para cubrir en este año fiscal la compensación.
Durante el taller, los funcionarios del Ministerio pidieron que la aceptación de la solicitud sea inmediata, incluso para evitar demandas. (I)
Pagos, mecanismos, Beneficiados:
Hasta el momento se han acogido 22.000 servidores a esta compensación que puede ser de hasta $ 53.000 (del 2011 al 2015). Antes de este Gobierno esa compensación era de $ 4.000.
Bonos
La compensación puede ser en efectivo o bonos. Con la aceptación del servidor puede ser en acciones de las empresas públicas.
Atención prioritaria
Se la paga inmediatamente a quienes tienen 70 años o por enfermedad catastrófica o invalidez.

El Expreso
Mayo 12, 2016
No habrá drawback sin confirmar los recursos

El ministro Cassinelli confirma que se estudia cómo pagar $ 180 millones pendientes Hay exportadores que venden a pérdida
El sector exportador, el que sigue siendo una fuente segura de recursos para la economía, también está pasando por momentos ajustados. Nada más hay que comprobar que este año han caído los ingresos de camarón, banano, cacao y flores, respecto a su desempeño en 2014 (ver nota más abajo). Por eso, es importante para el sector conservar los beneficios tributarios que el Estado otorga.
Por un lado, los certificados de abono tributario que les permiten recuperar parte de los aranceles y utilizarlos para cancelar otras obligaciones fiscales. Pero sobre todo, el drawback, la devolución de impuestos simplificada que puso en marcha el Gobierno el año pasado.
Pese a la voluntad, el mecanismo que pretendía compensar la desigualdad de los exportadores ecuatorianos frente a sus vecinos competidores por la apreciación del dólar y la devaluación de las monedas extranjeras, se quedó corto. Se dispusieron fondos para esta devolución por 250 millones, pero solo se cancelaron 40 (hasta abril). Desde entonces, se acumula un compromiso pendiente de entre 180-200 millones que reconocen tanto los exportadores como el Gobierno.
Y lo que se viene. Para este 2016, todavía nadie asegura que este incentivo a la exportación para que no pierda competitividad vuelva a aplicarse.
De hacerlo, serían necesarios otros 250 millones de dólares, según el cálculo de Daniel Legarda, representante del sector (Fedexpor).
De hecho, el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, confirmó a EXPRESO en una entrevista este lunes que aún no se puede hablar de una renovación del beneficio, cuando no se ha cumplido con lo prometido en 2015. “Extender beneficios sobre un tema para el que no existen recursos sería hasta irresponsable de tratarlo ahora, hasta no saber la fuente de esos recursos”, aseveró, tras confirmar que todo el frente económico del Ejecutivo está analizando medidas para apoyar al sector exportador.
Esta declaración de intenciones tranquiliza momentáneamente a los empresarios que, según Legarda, en algunos casos, están vendiendo a pérdida.
No solo porque hayan caído los precios internacionales de las mercancías, sino también porque, dada la poca competitividad que ahora mantienen los productos ecuatorianos, deben bajar más allá de los mínimos para, al menos, “mantener el flujo de caja y conservar su presencia en el mercado”. Pero la situación es insostenible en el tiempo. Por eso piden, e insisten, en que los incentivos deben equipararse al aumento de la presión fiscal. Y para ello, hay que aprovisionar de fondos a los mecanismos de ayuda ya creados. De eso, también es consciente el bloque económico gubernamental.

El Universo
Mayo 12, 2016

Ecuador vendió 26% menos en trimestre
Las exportaciones totales del Ecuador al mundo en el primer trimestre del año (de enero a marzo) se redujeron en 25,9% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras publicadas por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) en un informe.
El resumen muestra que los envíos petroleros bajaron 49,3%, mientras que los no petroleros cayeron 12,6%.
Este comportamiento de los no petroleros fue motivado, según el gremio, por la caída en productos como aceites y extractos vegetales, pescado (excepto el atún y camarón), flores, entre los principales.
En este bloque de productos, los bienes tradicionales disminuyeron en un 8,3%, llegando a $ 1.519 millones, mientras que los no tradicionales presentaron una caída de 17,5%, ubicándose en $ 1.212 millones.
Las importaciones también presentaron declive en los primeros tres meses del año, según el informe de Fedexpor.
Hasta marzo este rubro presentó una caída de 33,4% frente al mismo periodo del 2015; las compras de combustibles disminuyeron en 46,2%, alcanzando un valor de $ 594 millones, en la compra de materias primas hubo un recorte de 26,1% con $ 1.441 millones.
Por otro lado, las importaciones de bienes de capital también disminuyeron en 36,2% con $ 1.009 millones, al igual que las compras de consumo que cayeron el 29,9% y se ubicaron en $ 826 millones. (I)
4% de disminución en exportaciones de productos no petroleros a la Unión Europea, según el informe de Fedexpor.

El Universo
Mayo 12, 2016
El desempleo en América Latina llegará al 7 % en 2016
Subirá desde el 6,5 % de 2015, según la Cepal y la OIT, por la crisis

El desempleo en América Latina aumentará al 7 % durante 2016 por el deterioro de las economías regionales, según un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “La evolución de los mercados laborales en América Latina y el Caribe durante 2016 será en general negativa, debido a la previsión de un contexto macroeconómico y de crecimiento más deteriorado que el año pasado”, describe el informe.
En 2015, por primera vez en seis años, el desempleo aumentó en la región, alcanzando al 6,5 % de la fuerza laboral frente al 6 % de 2014.
En 2015 el aumento del desempleo “fue producto de una mayor entrada de buscadores de empleo al mercado de trabajo en comparación con años anteriores” pero no hubo empleos suficientes debido al menor dinamismo económico.
En los países de Centroamérica, México, República Dominicana y las naciones del Caribe la evolución del mercado laboral fue más favorable que en América del Sur.

El Expreso
Mayo 12, 2016
El desempleo en América Latina llegará al 7 % en 2016

Subirá desde el 6,5 % de 2015, según la Cepal y la OIT, por la crisis
El desempleo en América Latina aumentará al 7 % durante 2016 por el deterioro de las economías regionales, según un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “La evolución de los mercados laborales en América Latina y el Caribe durante 2016 será en general negativa, debido a la previsión de un contexto macroeconómico y de crecimiento más deteriorado que el año pasado”, describe el informe.
En 2015, por primera vez en seis años, el desempleo aumentó en la región, alcanzando al 6,5 % de la fuerza laboral frente al 6 % de 2014.
En 2015 el aumento del desempleo “fue producto de una mayor entrada de buscadores de empleo al mercado de trabajo en comparación con años anteriores” pero no hubo empleos suficientes debido al menor dinamismo económico.
En los países de Centroamérica, México, República Dominicana y las naciones del Caribe la evolución del mercado laboral fue más favorable que en América del Sur.

Mayo 11, 2016

El Telégrafo
Mayo 11, 2016
$ 25.966 millones de capitales salieron desde Ecuador entre 2004 y 2013

En un lapso de 10 años, un monto equivalente a la cuarta parte del Producto Interno Bruto ecuatoriano alcanzado en 2015 emigró hacia países desarrollados y paraísos fiscales. Financial Integrity (GFI), una organización no gubernamental fundada por el empresario y analista económico Raymond Baker, publicó ‘Flujos financieros ilícitos desde los países en desarrollo: 2004-2013’. Se trata de la séptima edición de un informe anual que tiene como propósito consolidar la información existente sobre los capitales que emanan desde distintos países y salen hacia los paraísos fiscales como su destino intermedio o final. Por ‘flujos ilícitos’ la GFI entiende los movimientos de ‘dinero sin gravar’ que se efectúan transfronterizamente contraviniendo o manipulando normas jurídicas existentes en el país emisor, en el país intermediario o en el país receptor. Esos flujos suelen provenir de actos de corrupción, contrabando de bienes, tráfico de personas, actividades criminales, transacciones comerciales manipuladas para evitar la tributación y otras formas de elusión y evasión fiscal efectuadas por personas naturales o empresas. Para organizar y presentar la información sobre esos desplazamientos transnacionales de capitales, la GFI utiliza los datos oficiales sobre: los errores y omisiones en la balanza de pagos obtenidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI); los montos por deuda y servicio de deuda registrados por el Banco Mundial (BM); y los movimientos comerciales de mercancías proporcionados por UN Comtrade, por el Departamento de Comercio de Estados Unidos y por la Unión Europea. Los países más pobres financian a las economías desarrolladas A semejanza de lo sucedido en ocasiones previas, el informe de GFI constató que en 2013 -es decir, en el último año para el cual existe información consistente- un millón de millones de dólares salió desde los países más pobres. Se produjo así una descapitalización que incide sustantivamente en el futuro de las economías en desarrollo. LEA TAMBIÉN: Javier Molina denuncia que Mossack Fonseca usó irregularmente su firma “Los impuestos relacionados con la actividad ilícita podrían ser asignados a los esfuerzos para aliviar la pobreza. Millones de millones de dólares podrían ser captados fácilmente por los gobiernos si prestan atención suficiente y usan la tecnología adecuada. Incluso una pequeña reducción de estos flujos ilícitos tendría un efecto catalítico en la capacidad gubernamental para atender las necesidades de la población más vulnerable”, señaló Baker en su presentación del informe. Esta extracción de recursos genera una acumulación de capitales en los paraísos fiscales que, gracias a los diversos instrumentos financieros, trasladan la riqueza hacia los países más desarrollados. “Cada dólar que abandona un país debe terminar en otro (…) en última instancia, en bancos de países desarrollados como Estados Unidos y el Reino Unido, así como en paraísos fiscales como Suiza, las Islas Vírgenes o Singapur (…) Esto no sucede por accidente. Las instituciones de muchos países facilitan activamente -y obtienen enormes ganancias por- el hurto a gran escala de dinero desde los países en desarrollo”, indica el informe. Según la GFI, entre 2004 y 2013, los países en desarrollo transfirieron $ 7.848 miles de millones. En esos 10 años, en promedio, los flujos ilícitos incrementaron a una tasa anual del 6,5%. De ese total, el 39% salió de Asia y el 83% correspondió a pérdidas por ‘falsificación de la facturación comercial’ en exportaciones e importaciones. Esto último sucedió debido a la manipulación fraudulenta del precio, la cantidad o la calidad de bienes y servicios transables internacionalmente. Tal práctica les permitió a los evasores “desplazar grandes cantidades de dinero de manera rápida, fácil y difícil de detectar”. Los flujos desde Ecuador están por debajo del promedio regional La organización no gubernamental GFI realizó un ranking de 145 países con flujos de dinero sin tributar. Entre los primeros exportadores de capitales, medidos en miles de millones de dólares, se encuentran: China (139), Rusia (105), México (53), India (51) y Malasia (42). En un conjunto de 18 países latinoamericanos, Ecuador registró una salida promedio anual de $ 2,5 mil millones, una cifra que permanece aún por debajo del promedio regional ($ 7,8 mil millones). Sin embargo, en el ranking global, el país ocupa el lugar 45. Esta posición relativa indica que Ecuador transfiere más capitales que Panamá y Colombia, países que ocupan los lugares 52 y 63, respectivamente. (I) Datos El 45% de los flujos ilícitos de dinero termina en los centros financieros offshore y el 55% en los bancos de países desarrollados, según la organización GFI. Entre 2004 y 2013, el acervo de capital que salió de Argentina, evadiendo o eludiendo tributos, aumentó desde $ 6.116 millones a $ 17.171 millones. El monto acumulado de dinero que emigró llegó a $ 76.540 millones. En 453% aumentó el drenaje de capitales desde Bolivia en ese mismo período. En total, el país andino generó flujos de dinero por un total de $ 6.267 millones en 10 años. Un promedio de $ 4.284 millones por año salió de Perú entre 2004 y 2013. El acervo acumulado de flujos en este país llegó a $ 42.838 millones. Entre los 2 años que delimitan ese lapso, la salida de capital aumentó en 175%.

El Telégrafo
Mayo 11, 2016
“Mossack Fonseca no es una firma de abogados, es una fábricas de compañías”

Javier Molina, abogado en libre ejercicio, y hasta hace pocos meses asesor de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), fue abogado del consorcio Mossack Fonseca, una firma panameña cuyos archivos fueron revelados el pasado 3 de abril por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). En una entrevista realizada por Orlando Pérez, en el espacio radial en ‘Ecuador en Movimiento’ de Radio Pública de Ecuador, el abogado Molina ofreció detalles de cómo inició la relación laboral con la firma panameña. Diario EL TELÉGRAFO difunde la entrevista en la que el abogado opinó sobre la vinculación que realizara la ICIJ de Molina; del fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, así como de Rommy Vallejo, titular de Senain con la firma panameña. Inicios de la relación con la firma Mossack Fonseca: En 2007, junto con otros socios definimos que podría ser una opción interesante tener la representación de la segunda firma más grande que existe en Panamá. Fue así que arrancamos con 7 u 8 jurisdicciones dentro de estructuraciones patrimoniales, de negocios y funcionaba relativamente bien. ¿Por qué relativamente bien? Porque en ese entonces, las legislaciones y la orientación de organismos multilaterales como la GAF (Sistema de Gestión de Activos Financieros), entre otros, hacían presión por transparentar quién estaba detrás de la compañía offshore (con ventajas fiscales), de determinada operación mercantil o detrás de determinado activo. Fue así como en 2008, la Ley de Equidad Tributaria golpeó mucho la operación de paraísos fiscales. Tuvimos la lista de paraísos de fiscales que sacó el SRI (Servicio de Rentas Internas) mediante resolución y luego incorporó 4 jurisdicciones en los Estados Unidos. Esto evidentemente golpeó mucho el negocio y a mí me marcó la pauta de hacia dónde estaba yendo el mundo. En 2013 entró en vigor la Ley FAT (Factory Acceptance Test) en los Estados Unidos. No estaba muy equivocado al pensar que a los paraísos fiscales les queda muy poco tiempo de vida. Cuando se destapa lo que existe con Mossack Fonseca, se descubren un montón de delitos graves, delitos de lesa humanidad incluso vinculados a sociedades de Mossack Fonseca. ¿Qué es Mossack Fonseca? Mossack Fonseca no es una firma de abogados. Es una fábrica de compañías. Arrancó con oficinas en Panamá en 1977, y después se extendió hacia otras jurisdicciones: Bahamas, Islas Vírgenes británicas, el estado de Nevada (Estados Unidos)… Se extendió a territorios que ofrecen cierta opacidad en la composición accionarial o directiva. ¿Quiere usted decir que ellos se dedicaban a la creación de empresas de papel? Así es. El proceso para comprar una compañía —al menos en la época en la que trabajé con Mossack— es que usted recibía la documentación de quien quería ser cliente de Mossack y enviaba esto a Panamá para que se haga la debida diligencia. Esta era la garantía para la gente con la que estábamos trabajando, de la gente con la que íbamos a trabajar porque nos dijeron que esto se trabajaba sobre las páginas de la CIA, la DEA, la Interpol, el FBI, World Check.com y World Companies.com. Nosotros recibíamos como producto de esta investigación a un cliente AAA, a decir de Mossack Fonseca. Desconozco si a partir de 2011, que salí yo, cambiaron las políticas, o simplemente la gente que se contactaba en Panamá obviaba la diligencia porque llama mucho la atención que Mossack Fonseca esté en temas de lavado de dinero, de tráfico de armas, tráfico de esmeraldas, los escándalos de la FIFA, los escándalos de Odebrecht, el escándalo de la ruta del dinero de Kirchner… Cuando usted dice “fábrica de empresas”, ¿quiere decir que si un ciudadano común y corriente quiere tener una empresa, solo tenía que ir a Mossack Fonseca y le decía “necesito una empresa”? Así es. Se puede hacer un montón de cosas con eso. Es una estructura que yo la divido en 2. Podía operar como una intermediaria, o si usted quería estructurar su negocio podía poner bienes a nombre de esta compañía o podía abrir una cuenta en el exterior. El uso realmente es diverso. Estas empresas, por regla general, tienen un objeto social prohibitivo en 3 actividades: no pueden captar fondos (como un fondo de inversión), no pueden hacer banca y no pueden hacer seguros. Cuando usted trabajó para Mossack Fonseca, los clientes con los cuales trabajaba ¿para qué querían formar estas empresas? Como nosotros éramos parte de una firma, los clientes venían y decían: “quiero una compañía en Panamá o en donde deseaban”. En ese entonces proveíamos las compañías luego de que el cliente pasaba por un proceso que tomaba alrededor de 3 a 5 días en que nos respondían “el cliente está limpio para tener una compañía”. Muy poco interveníamos dentro de una asesoría para preguntar para qué quería una compañía. Además, por lo general, el cliente venía con su abogado. ¿Cuánto cuesta una compañía con estas características? Existen compañías desde $ 450 hasta $ 15 mil, dependiendo de los requisitos de la jurisdicción, de los costos de la jurisdicción. Después de que se compra la compañía, al siguiente año no paga impuestos porque es una jurisdicción de cero impuestos, pero paga una anualidad. Es decir, una tasa fija que no depende de su actividad, sino un monto permanente. En Panamá, por ejemplo, la anualidad creo que está en $ 450 que se pagan al Ministerio de Hacienda en Panamá, más $ 350 que se pagan por agente registrado (firma de abogados que avala esa compañía frente al Estado). Cuando usted aparece en los Panamá Papers, en lugar de aparecer su foto —que era la que debía ser aludida—, aparece la de Rommy Vallejo, el secretario Nacional de Inteligencia ¿Por qué aparece usted si era el abogado? Me llamó mucho la atención el resultado de esta investigación. Existieron 2 cosas: la primera, el impacto que significaba vincular al secretario de Inteligencia donde yo tuve una asesoría externa. Vincular de una manera deshonesta al secretario de Inteligencia con compañías offshore realmente era una golosina para la gente que quería afectar al Gobierno. Yo fui parte de Mossack Fonseca hasta 2011 y en 2014 tuve este contrato de asesoría con la Secretaría de Inteligencia. Son 3 años de diferencia en los que mal se pudo haber mencionado que Mossack Fonseca tuvo vinculación con la Secretaría de Inteligencia. En los papeles de Panamá que acaban de publicarse ayer, estuve buscando mi nombre. Entiendo que de la búsqueda que he realizado estoy relacionado todavía con 3 compañías, pero claro, esta información que publica el portal no significa que sea una información actual. Significa que los documentos que hackearon a la firma aparece mi nombre. Bien puede ser relación a la compañía en años anteriores. La segunda cosa que me llama la atención es que la firma haya mantenido mi nombre después de que terminó la representación. ¿La representación de Mossack Fonseca sigue en Ecuador? Entiendo que la representación sigue aquí funcionado con uno de los que fue mi socio. Pero su nombre no ha aparecido… Sí ha aparecido, pero ha sido muy poco. Ante todo la responsabilidad viene de Panamá, más que del socio del Ecuador. ¿Los periodistas que hicieron la publicación, tanto de El Comercio como de El Universo, le llamaron para consultarle si usted trabajó en esta firma? Una semana antes de que se publiquen los documentos fui contactado por un periodista de nombre Marcos García, parte del consorcio ICIJ que filtró la investigación y me preguntó por qué tenía declaraciones patrimoniales en 2007 y en 2015. Le expliqué que en 2007 yo fui propuesto como director suplente de una empresa que se llamaba Bindack, una empresa que tenía capital público privado, pero no recibimos sueldos de Bindack y, es más, jamás participé en uno de los directorios de Bindack, pero me requirieron que realizara una declaración patrimonial en 2007. En 2015 presenté declaración patrimonial cuando tuve el contrato de asesoría con la Secretaría de Inteligencia. El contrato se realizó bajo modalidad de servicios ocasionales sin relación de dependencia. Me preguntaron mi relación con Mossack Fonseca. Les describí mi relación y me sorprendió cuando la información que sale es que tengo 18 compañías, relacionadas a mi nombre. Fue o un error de interpretación de parte de los periodistas o un error de Mossack al mantener mi nombre en el tiempo, luego de que se terminó la representación. ¿Cómo vio la aparición de estos documentos sabiendo que usted había trabajado para Mossack Fonseca? Esto pudo haber sido manejado de otra forma, con un requerimiento de información de la firma. Existían varias denuncias en las redes sociales. Pudo haberse canalizado de otra forma sin que esto golpee a gente que no tiene nada que ver. Es un escándalo que pretende satanizar a las compañías extraterritoriales porque bien pueden ser compañías custodias de patrimonio, luego de que ese patrimonio ha tributado en Ecuador y se ha colocado bienes en el exterior. Corresponde a las autoridades revisar esto. La tendencia a escala mundial, la presión de organismos multilaterales van a acabar con estas jurisdicciones que permiten esta opacidad y esta extensión de tributos locales. La firma Mossack Fonseca estaba apelando a que no se publicaran estas investigaciones y que iban a interponer acciones legales ¿Tiene algún asidero legal el que Mossack Fonseca pueda plantearse una demanda contra quien divulgue este tipo de información? Mossack Fonseca está en todo su derecho. No solo de pedir que se pare la información, sino también judicializar este robo de información, porque a la final es un hackeo y es un robo electrónico de información. El dueño de la información es Mossack Fonseca, quien tiene la obligación de mantener la confidencialidad sobre esta. También quien tiene la responsabilidad frente a los clientes y está completamente empoderado para presentar las acciones legales que considere. Cuando usted dice que es propietario ¿qué implica eso? Que nadie puede conocer eso aunque sea de interés público… Vamos a la parte práctica. El momento en que a usted le publican información en un portal de Internet, si es que se quiere judicializar con estos documentos, usted lo primero que necesita son los documentos originales y los documentos originales están —hasta donde yo entiendo— en Panamá, porque lo que se hackeó fue la información o el escaneado de los documentos o los correos electrónicos. Entonces, si es que se quisiera judicializar algo, habría que pedir a la Fiscalía o al SRI en un esquema de colaboración con Panamá, se debería pedir la información, los documentos originales que vinculen a las personas con estas compañías o con esta firma. Cuando recién surge el escándalo, el ‘bombazo mediático’, no sale toda la información. De Ecuador salen 3 nombres: Javier Molina, Galo Chiriboga y Pedro Delgado y parecería que con eso ya era suficiente. Ahora resulta que son alrededor de 928 nombres los que aparecen ahí. Si es así es muy difícil procesar tantos nombres. Era un manejo muy parcializado, muy manipulador en poner solamente 3 nombres y no poner más. En el Ecuador, de la pobre investigación que veo que se hizo, hubo un golpe de impacto mencionando a 3 personas relacionadas con el Gobierno; funcionarios altos del Gobierno o funcionarios que han tenido relación con el presidente Correa. En ese sentido se utilizó erróneamente mi nombre como puente para llegar hasta el secretario de Inteligencia. Se relacionó principalmente a políticos a nivel mundial y a delincuentes a nivel mundial con las sociedades de Mossack Fonseca. Cuando aparecen estos otros nombres, en cambio, vemos una cantidad de empresarios —eso explica Diario EL TELÉGRAFO—. ¿Hay bufetes ecuatorianos que no sean necesariamente Mossack Fonseca que han gestionado para paraísos fiscales o que han contactado con Mossack Fonseca? Existen sociedades panameñas que se comercializaron en Ecuador mucho antes que nosotros tengamos la representación de Mossack Fonseca. Muchos de los clientes anteriores a nosotros se contactaron directamente con Panamá. Ellos no tenían la obligación de trabajar con nosotros acá en Ecuador. Nosotros lo que hacíamos era comercializar más los productos. Dentro de esa comercialización es más difícil llegar al cliente final, entonces trabajamos mucho con abogados. Si bien Mossack Fonseca era la segunda firma más grande en Panamá, la más grande es Morgan & Morgan que le pasa por 4 veces en dimensión a Mossack Fonseca. ¿Si un día se publicara lo que pasa en Morgan & Morgan el escándalo sería mucho más grande…? Yo creo que no estamos lejos de que pase algo así. La presión de organismos multilaterales, la presión de países como los Estados Unidos o la Unión Europea están llevando hacia eso. Creo que el futuro de los paraísos fiscales es desaparecer. ¿Usted va a emprender algún tipo de acción por haber afectado su imagen, por haber afectado su prestigio? En el tema de Mossack Fonseca haber mantenido mi nombre en el tiempo, haberme mantenido relacionado con su estructura o con sus compañías es algo que no correspondía y es algo para lo que yo he contactado abogados en Panamá para ver asidero legal, para acciones en contra de Mossack Fonseca. Dentro de los documentos que se filtraron el 3 de abril hay uno que me llama mucho la atención. Es un traspaso de acciones de una compañía que se llama Segal Ltd. que yo no firmé. Sin embargo, contiene algo que pretende que se pase como mi firma. Frente a esto he presentado una denuncia en la Fiscalía del Ecuador. ¿Qué implica que usted no haya firmado? Eso podría implicar falsificación de mi firma y si se falsificó una vez mi firma se pudo haber falsificado otros documentos que no han sido publicados y, evidentemente, no he tenido acceso. Esto hace que yo caiga en una circunstancia de que yo pida documentos a Panamá. Para esto ya he contactado abogados, para revisar las acciones legales contra Mossack Fonseca y pedir documentos adicionales sobre los cuales la ICIJ me vinculó a mí con compañías de esta firma. De los documentos, de la información publicada, ¿usted cree que es todo lo que hizo Mossack Fonseca en el Ecuador o queda todavía mucho más por descubrir? Creo que esto es todo lo que hizo Mossack Fonseca en el Ecuador. Evidentemente, aquí en Ecuador, nosotros habremos comercializado como representación unas 200 compañías. Supongamos que se hizo un estupendo trabajo. Del 2011 al 2016 puede haber otras 500 compañías más, pero las compañías que aparecen en la ICIJ como ecuatorianas son alrededor de 1.900. Eso da una idea de que ese número resulta de sumar las compañías que hizo la representación de Ecuador con la firma directamente en Panamá. Eso es lo que le comentaba, que el reportaje de EL TELÉGRAFO me parece bastante completo. Las compañías offshore no son para delinquir, han sido herramientas para la estructuración de negocios hasta el momento. No es ilegal tener una, tampoco tener una permite que exista la presunción de que se ha realizado una actividad delictiva hasta que la autoridad competente diga esto.

El Universo
Mayo 11, 2016
Debitan al Issfa $ 41 millones por parque Samanes; se lo acreditan al Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Economía de Ecuador debitó al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) los 41 millones de dólares del parque Samanes, por la venta en febrero del 2010 de 66 lotes de terreno al Ministerio del Medio Ambiente, confirmó este martes el ministro de Defensa, Ricardo Patiño.
El ministro indicó que el débito ya está realizado. “El Ministerio de Finanzas, como debió haberlo hecho, como corresponde que lo haga, ya hizo el débito correspondiente a la cuenta del Issfa y (entregó) el crédito al Ministerio del Ambiente”.
El débito es consecuencia de la disposición emitida por el presidente de la República, Rafael Correa, y que fue confirmado por el informe de la Procuraduría y por el informe de la Contraloría. “No hay nada que discutir al respecto, cumplir, es simplemente cumplir lo que se ha dispuesto”, dijo.
En febrero pasado, Rafael Correa ordenó descontar al Issfa la cantidad mencionada porque, según dijo, fueron pagados en exceso por la compra de lotes de terreno en lo que ahora es el Parque Samanes, en Guayaquil, de parte del Ministerio del Ambiente.
El secretario de Comunicación, Patricio Barriga, había indicado que la decisión de la Procuraduría, del 18 de noviembre del 2015, determina la devolución a Ambiente del dinero y que era de cumplimiento inmediato.
La exministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, y el exministro de Defensa, Javier Ponce, estuvieron involucrados en la compraventa de las 220,86 hectáreas que el Estado adquirió en el 2010 al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) en Samanes y que ahora ha desatado una polémica por un supuesto pago en exceso.
Los militares en servicio pasivo tenían previsto pedir al contralor Carlos Pólit una aclaración sobre los resultados del examen especial elaborado al proceso de compraventa de los 66 lotes de terreno.
Fuentes militares informaron el martes que el alto mando de las Fuerzas Armadas no tenía conocimiento de este descuento, al que habrían calificado como “arbitrario”, por lo que optarían por el “debido proceso”.
Patiño advirtió que los oficiales no van a pronunciarse sobre la decisión.
“…Deben una disciplina al poder civil, pero no solamente por una cuestión de disciplina, sino también porque yo permanentemente estoy conversando con ellos. Estamos conversando sobre los temas, que el diálogo nos permite que no haya en ningún caso una diferencia, una ruptura, peor pública, que por supuesto, no podrá producirse en ningún caso”, indicó.
Los militares en servicio pasivo se convocaron para el miércoles a las 10:30 a una concentración en el Círculo Militar en Quito, y prevén dirigirse al Consejo de la Judicatura, para presentar una medida cautelar que impida que se debiten dichos recursos, aunque ya se haya dado.
Además, rechazan afirmaciones del presidente Rafael Correa “que reiterativamente afectan el honor y la dignidad institucional”, señala un comunicado público.
Bolívar Silva, delegado de los oficiales en servicio pasivo en el Consejo Directivo del Issfa, confirmó la acción que ejecutó el Ejecutivo, pero recordó que ellos mantienen una deuda que bordea los $ 361 millones desde el 2014 con el Instituto.

El Universo
Mayo 11, 2016
Algunos productos de la canasta subirán con IVA

Electrodomésticos, artículos de limpieza, ropa, recreación, servicio de lavado y mantenimiento… son algunos de los grupos de productos que se verán afectados por el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 14% y que son parte de los 39 productos de la canasta básica familiar.
Ese incremento está previsto en la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad por las Afectaciones del Terremoto, que se tramita en la Asamblea Nacional. El proyecto será discutido en segundo debate mañana, desde las 08:45.
Así, de acuerdo con expertos, el incremento del IVA traerá dos efectos en la economía diaria de los ciudadanos. Por un lado se registrará la subida de precios en toda la cadena de comercialización y por otro contraerá más la economía.
Es que el IVA grava a todo consumo de bienes y servicios, transferencias comerciales y a las importaciones, explica Pablo Guevara, de la consultora Fidesburó. El incremento de precios se podría registrar en las actividades diarias, que no necesariamente son suntuosas. Por ejemplo, se aumentarán los alimentos procesados, preparados. Aunque aclara que no hay IVA en productos sin procesar como arroz, azúcar, carne al natural, entre otros.
Sin embargo, si una persona quisiera salir de viaje registraría el incremento de precios, por ejemplo en hospedaje, y si quiere distraerse e ir al cine también tendrá un incremento, explica. Guevara opina que el impuesto generará una contracción de la economía que se irá ajustando con el tiempo.
Por su parte, Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, dice que como efectos de la medida se incrementarán los precios de los productos, produciendo una baja del consumo, lo cual generaría incluso desempleo frente a la caída de ventas.
Dentro del informe a tratarse en segundo y definitivo debate se estableció que la medida no afectará los combustibles. No se incrementará el precio al consumidor y no se afectará la participación de comercializadores ni de distribuidores.
La ley que se discutirá mañana también contempla otra serie de contribuciones por parte de la ciudadanía y empresas: sobre remuneraciones, sobre patrimonio, bienes inmuebles de empresas en paraísos fiscales y utilidades. Los ciudadanos que ganan más de $ 1.000 deberán donar un día de sueldo por un mes; mientras que quienes más ganan deberán contribuir por un día por más meses, según el monto de sus ingresos.
Entre otros puntos, la Comisión de Régimen Económico, que trató el proyecto, incluyó una condición para que las empresas de Manabí y de otros sitios afectados tengan incentivos. Deben realizar un llamado a sus antiguos trabajadores treinta días después de reanudadas sus actividades.

El Expreso
Mayo 11, 2016
La nueva devolución del IVA será semanal

La ley de equilibrio de las finanzas populares está en vigencia
La última reforma tributaria en vigencia comienza a tomar forma. La devolución de dos puntos porcentuales del IVA por el uso de mecanismos de pago electrónico se realizará de forma semanal desde finales de mayo.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) aclaró el tema luego de la aprobación de la Ley para el equilibrio de las finanzas públicas. Las devoluciones desde el 1 de mayo hasta la tercera semana, por una sola vez, se entregarán de forma acumulada.
El reintegro, como adelantaron las autoridades, se cumplirá con dinero electrónico. Es decir, luego de las compras con esa moneda, el contribuyente recibirá el 2 % de IVA en su cuenta de dinero digital. Rentas utilizará la información de instituciones financieras y del Banco Central. “Los ciudadanos no necesitan acercarse al SRI”.
La normativa, aprobada el mes pasado, determina la devolución de dos puntos porcentuales del IVA si el consumidor utiliza dinero electrónico y 1 % si la compra se concretó con tarjeta de crédito o débito.

El Expreso
Mayo 11, 2016
Aprobado en la Asamblea el pacto comercial con Irán

Se prevé que el comercio bilateral crezca $ 400 millones
La Asamblea Nacional aprobó ayer el acuerdo comercial con Irán, suscrito en 2011, que abrirá las puertas de la república persa y de otros quince países al comercio ecuatoriano.
El acuerdo pretende que los productos ecuatorianos, especialmente alimentos, ingresen a través de Irán hasta Asia Central, que tiene 400 millones de habitantes, y también facilita los visados comerciales, establece beneficios consulares, acceso a ferias y cooperación entre las cámaras de comercio de ambas naciones.
Irán, segunda economía de Oriente Medio y norte de África, posee la quinta flota comercial más grande del mundo y la tercera reserva petrolera del planeta, señaló la Asamblea en un comunicado, en el que recordó que ese país mantiene preferencias arancelarias desde 2012 para una serie de productos ecuatorianos.
Con este acuerdo, el comercio bilateral con Irán, un mercado de 75 millones de habitantes, se incrementará en 400 millones de dólares, según el embajador de ese país en Ecuador, Ahmad Pabarja. “Irán compra mucho banano al Ecuador, pero lo hace a través de Turquía. Para bajar costos, lo queremos hacer de manera directa”, señaló el diplomático y subrayó el interés de su país en invertir en sectores como el de vivienda social y de abrir espacios en el ámbito de la transferencia de tecnología.

El Expreso
Mayo 11, 2016
Por qué es importante Europa

Perder las preferencias golpearía al 25 % de empleos del país Europa es el principal mercado de las mipymes
Aparte de que la Unión Europea es el principal socio comercial de Ecuador y de que la balanza comercial con el bloque es positiva -es decir, se vende más de lo que se compra a los 28 países- el mercado europeo es también el destino número 1 de las exportaciones de pequeñas y medianas empresas y fuente de trabajo para millones de ecuatorianos.
Por eso, el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, confirmaba ayer a EXPRESO su preocupación si, en el peor de los escenarios, Ecuador no consigue cerrar el acuerdo con la UE antes de diciembre y se pierden las preferencias arancelarias. Se abriría entonces un abismo comercial que impactaría en los ingresos públicos pero también en los hogares, ya que más de 260.000 plazas de trabajo dependen directamente de las ventas a la UE. Peor aún, llegaría en medio de un panorama económico donde el desempleo y las recientes subidas tributarias asfixian cada día más a las familias.
Aunque las ventas a la Unión Europea generan 260.000 empleos directos, la dimensión del negocio es mucho mayor. En Ecuador, 1,3 millones de personas trabajan en sectores productivos de los que se derivan los productos de exportación. Es decir, hasta un 25 % del total de empleos nacionales, según un informe de la Federación de Exportadores (Fedexpor) de 2014.
Más del 60 % de las exportaciones ecuatorianas entran en la UE con un arancel cero. Y si se tiene en cuenta el total de ventas, Ecuador paga un arancel efectivo del 1,5 %. Son unos beneficios que se perderán, de no aprobarse el acuerdo antes de diciembre, y que pasarán a ser del 16,5 % (unos $ 400 millones, según las ventas de 2013).
Fedexpor también ha calculado el impacto de perder las preferencias arancelarias en el reparto del mercado. Si Ecuador se encarece, la UE buscaría los mismos productos en países competidores, tal y como mencionaba ayer el ministro Cassinelli. En cifras, eso supone un impacto de 465 millones de dólares en el primer año. De ellos, el 77 % (361 millones) corresponde al ‘desvío de comercio’, es decir, lo que la UE compraría en otros mercados; y un 23 %, (104 millones) a ‘pérdida de comercio’ o la reducción de exportaciones a futuro.
Más de 1.400 empresas ecuatorianas viven de las exportaciones al bloque europeo y de esas, el 60 % son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Para estas últimas, la UE equivale a un 42 % de su mercado total. Además, de los 2.500 millones de dólares que exportaron al mundo las mipymes, el 29 % se fue hacia la Unión Europea con las frutas, legumbres y plantas como principal producto (60 %).
Casi todo el banano ecuatoriano (95 %) está dedicado a la exportación. Por su calidad, Ecuador es el principal proveedor de banano de Europa. Pero tiene en frente a competidores como Colombia, Perú y Centroamérica, que ya tienen suscrito un acuerdo comercial que le garantiza a su fruta un precio de 50 centavos de dólar más barato que el que ahora rige para Ecuador. El problema, si no entra en vigor el acuerdo, es que esa diferencia aumentaría a 60 centavos y los productores bananeros no podrían resistir ese margen.

Mayo 9, 2016

El Universo
Mayo 9, 2016
Últimos cambios a la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea hoy –a partir de las 11:00– sesionará para definir el segundo informe del proyecto urgente de Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto.
Tras su aprobación en esa mesa dicho informe se remitirá al pleno para su segundo debate y votación.
En este proyecto, que entre otras medidas contempla un aumento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 14% por al menos un año y la contribución de un día de sueldo, está pendiente la definición sobre si se incluye o no a Esmeraldas y otras jurisdicciones entre los beneficiarios del proyecto de ley, aunque una mayoría de Alianza PAIS (AP) en la mesa no apoya esta posibilidad, y el análisis del impacto de la subida del IVA en los combustibles.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) realiza los estudios sobre lo que implicaría para la comercialización de combustibles la subida del IVA.
El presidente de la Comisión, el oficialista Virgilio Hernández, declaró el viernes pasado que, de los datos preliminares, existiría un impacto de 1,6 centavos por galón en la gasolina.
Ese día, en la última sesión, la Comisión realizó cambios al artículo que impone una contribución solidaria sobre bienes inmuebles existentes en el Ecuador de propiedad de personas jurídicas constituidas en paraísos fiscales o jurisdicciones en el exterior.
Se cambia el término “personas jurídicas” por “sociedades”, y diferencia entre las sociedades en paraísos fiscales y las sociedades en jurisdicciones en el exterior imponiendo una contribución del 1,8% para las primeras y del 0,9% para las segundas, y agrega que ese aporte será sobre los bienes inmuebles y los derechos representativos de capital.

El Comercio
Mayo 9, 2016
Deuda y empleo, retos del próximo gobierno

En poco más de un año, el Ecuador tendrá un nuevo presidente e independientemente de su tendencia política deberá enfrentar una serie de retos en materia económica. Por un lado, deberá atender una serie de obligaciones adquiridas por el actual Régimen, especialmente el pago de créditos y contratos de financiamiento atados a la venta de petróleo.
Pero también tendrá ventajas en cuanto a la infraestructura desarrollada en los últimos diez años, la abundante oferta de energía de las nuevas hidroeléctricas, la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea y la producción de las minas de oro y cobre.
Un estudio elaborado por la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) anota que entre el segundo semestre del 2017 y el 2021, el próximo Gobierno deberá hacer pagos en promedio de USD 2 500 millones anuales solo por servicio de deuda externa adquirida por el Régimen, sin tomar en cuenta los créditos del terremoto ni la deuda interna.
Esto es un 45% del pago de servicio de deuda externa que el actual Régimen realizó entre el 2007 y el 2015, según el director de Cordes, José Hidalgo, quien indica que la nueva deuda es onerosa y de corto plazo.
El próximo Gobierno, además, verá mermados sus ingresos por la misma contracción de la economía prevista para este y el próximo años. También, están los contratos de venta futura del petróleo -agrega Hidalgo- que comprometerían la exportación de crudo la siguiente década.
“Es probable que aparte de la deuda externa, de las preventas de petróleo, el Gobierno también deje un atraso enorme con proveedores”, añade el director de Cordes, quien destaca que el próximo Régimen deberá recortar el tamaño del Estado, cuyo gasto no se puede sostener.
Otro desafío para al siguiente Gobierno es el desempleo que ha crecido el último año y que para el 2017 el Fondo Monetario Internacional pronostica en 6,4%.
El analista en temas económicos, Walter Spurrier, coincide en que la situación fiscal del próximo Gobierno será muy compleja porque el gasto no se podrá cubrir con los ingresos petroleros, ya mermados por los actuales compromisos de preventas.
Prevé un país con una estructura de costos muy alta y poco competitiva, principalmente por las salvaguardias. Pero también por el incremento de impuestos, algunos temporales como el alza del IVA, que esta semana entra en segundo debate en la Asamblea.Añade que, como estrategia, el próximo Régimen debiera modificar el marco legal para atraer inversión extranjera, pero el fruto de estos cambios se verá en años posteriores.
El exceso de energía de las nuevas hidroeléctricas se podría exportar, pero los únicos países en la región que requieren de energía son Venezuela “que no paga” y Chile que “está muy lejos”.
El Régimen sostiene que las centrales generarán ahorros al país por USD 1 300 millones al año en importación de combustibles.
No obstante, Spurrier destaca como positivo el acuerdo con la Unión Europa, de firmarse hasta finales de año.
El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, puntualiza que el nuevo Régimen asumirá una economía “el doble de grande de lo que recibió este Gobierno en términos nominales; con mucho menos pobreza y desigualdad; con un stock de capital mucho más grande porque hemos hecho muchísima inversión y hemos recuperado capacidad productiva. Hay más infraestructura, nuevos productos de exportación y mucho más talento humano”.
Pero la mayoría de precandidatos a la Presidencia y frentes políticos conformados con miras a las elecciones coincide en que se enfrenta un escenario adverso que exige una economía más abierta, buscar inversión privada y extranjera, reducir el gasto público y reestructurar o renegociar la deuda, especialmente con China (ver los recuadros).

El Expreso
Mayo 9, 2016
La cuenta del tesoro, en su nivel más bajo en diez años

El saldo se ubicó en $ 99 millones, lejos del récord de 2.456 millones en el 2008 Los 600 millones que llegaron días atrás ya se consumieron El crudo incide
El Tesoro Nacional, esa cuenta corriente con la que el Gobierno gira sus cheques para pagar sus obligaciones, está en su nivel más bajo: $ 99 millones, el mínimo de la última década, según el último corte al 29 de abril.
En resumidas, y haciendo un símil, es como cuando a una familia le queda poco efectivo en el banco, porque sus ingresos reducidos le han servido para atender todos sus gastos. Llega al fin de mes con las justas. El Estado tiene obligaciones a un promedio de 2.500 millones de dólares al mes (redondeando el presupuesto anual estatal a 30.000 millones de dólares).
José Hidalgo, director general de Cordes (Corporación de Estudios para el Desarrollo), destaca que se trata de la cifra más baja en un recorrido desde enero de 2006, cuando el Banco Central de Ecuador (BCE) empieza a publicar la cuenta del tesoro nacional.
Claro que, aclara, dentro del mismo mes, hay movimientos (de ingresos y gastos) en esa cuenta. Así, al 15 de abril, el saldo era de $ 133 millones, pero como el 22 de abril ingresó un crédito de 600 millones de dólares -luego del terremoto-, ese saldo subió a 717 millones, aunque pronto, en la semana siguiente, cayó a esos 99 millones”, dice Hidalgo.
Sin embargo, señala, al ver los promedios, se ven que se mueven en franjas más estrechas que las de antes.
Para el exmiembro del directorio del BCE, Marcos López, la cifra-piso récord “es la fotografía más triste de un país que vivió la bonanza de liquidez más grande de la historia reciente; nos muestra una situación de sobrevivir el día a día y mantener la esperanza de “creativas soluciones” (más endeudamiento) para poder mantener niveles de subsistencia en el sector público”. Y analiza el peso que eso supone a una economía públicodependiente. “Como actuaron pensando que solo el Estado era el gran motor que empujaba la economía hacia el desarrollo, esta situación de iliquidez está contaminando al sector real y se ha cambiado ese sentimiento de bienestar aparente que vivíamos años atrás por uno de angustia propio de la población de los países en crisis”.
Otra muestra de que el flujo de recursos se sigue reduciendo se detecta al mirar el gasto. El Gobierno se sigue atrasando, según las estadísticas del Ministerio de Finanzas. De enero a abril de este año, si se compara el gasto devengado del efectivo, se halla una brecha de $ 950 millones, superiores en 400 millones a los retrasos observados en igual tramo del año pasado.

El Expreso
Mayo 9, 2016
La producción de crudo en cifras récord

Ecuador alcanzó los 366.754 barriles de petróleo diario
Se habla de un plan de mantener la producción de petróleo, pero uno de los grandes países productor del crudo sube su exportación y uno de los países pequeños de la OPEP sube su producción.
En Ecuador la producción petrolera de Petroamazonas EP alcanzó en abril de 2016 un nuevo récord de producción promedio histórica diaria con 366.754 barriles por día. Esto supera en más de 800 barriles diarios el promedio del mismo periodo de 2014, cuando registró 365.942 barriles por día.
Mientras que Irán ha duplicado su exportación de petróleo tras la eliminación de las sanciones internacionales que se llevó a cabo el pasado mes de enero, informó el ministro iraní de Petróleo, Bijan Zanganeh. Explicó que durante las sanciones Irán exportaba solo un millón de barriles diarios, pero “muy pronto el volumen de las exportaciones superará los dos millones de barriles diarios”. No obstante, Irán está “en condiciones” para unirse al plan internacional de congelar la producción de crudo para ayudar a estabilizar el mercado, después de que el país haya llegado a su nivel de producción deseado tras el fin de las sanciones sobre su petróleo

El Comercio/Líderes
Mayo 9, 2016
La industria pesquera se recupera

Unas 162 toneladas de pesca blanca y camarón arriban a diario a la planta de la firma Negocios Industriales Real (Nirsa), un complejo de varios galpones en la comuna pesquera de Posorja, en Guayaquil.
El frío es permanente dentro de las instalaciones: esta es una condición indispensable para que el producto mantenga su frescura. De estas instalaciones salen los 20 productos congelados que Nirsa comercializa en el mercado interno y externo: atún, corvina y dorado, hasta camarones con cola congelados, una presentación apetecida en Estados Unidos.
Nirsa está ahora apostando a su segmento de mariscos congelados. Lo hace con nuevas inversiones y mejoras en su infraestructura, pese a que el sector pesquero atravesó una racha de bajos precios en el 2015. Las exportaciones de atún representan el 56% de la industria de la pesca blanca. Las exportaciones de enlatados de atún alcanzaron los USD 1 263 millones en el 2014, pero cayeron a USD 952 millones en el 2015, según datos del Banco Central.
La caída fue un reflejo de los bajos precios internacionales que se mantuvieron durante todo el 2015. Datos de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) ubicaron en USD 900 el precio internacional de la tonelada de atún hasta noviembre del 2015, pero desde diciembre se empezó a recuperar y a marzo de este año el valor se ubicó en USD 1 250.
Las exportaciones de otros enlatados y procesados de mar (precocidos y filetes congelados, por ejemplo) que en conjunto representan el 21% de las ventas de pesca blanca, experimentan este 2016 un crecimiento lento. Entre enero y febrero se exportó USD 155 millones, un incremento de USD 6 millones con respecto al mismo período del 2015.
Para Emilio Vargas, gerente de la división de Empacado de Nirsa, la caída de los precios de la pesca blanca no frenó sus inversiones. El año pasado la compañía compró una máquina de congelado rápido, que reduce este proceso de 10 horas a 25 minutos. Con estas inversiones, la empresa espera que las ventas de su división de productos congelados crezca un 15%.
Las exportaciones de elaborados del mar crecieron desde los USD 33,6 millones en el 2014, a los 39 millones el año pasado.
Eurofish, otra exportadora de atún, prevé hacer adecuaciones en su infraestructura para incrementar sus ventas al exterior. La compañía obtuvo ingresos en el 2015 por USD 90 millones. Sus plantas procesan 170 toneladas de atún al día, que se exportan a 16 países, bajo un abanico de 100 marcas.
Esta firma y otras dos más del sector participan desde el 2015 en el Plan de Mejoramiento Pesquero. Con ello buscan obtener una certificación internacional de sustentabilidad del recurso que, a criterio de Olmedo Zambrano, gerente de Eurofish, les permitirá llegar a más mercados. “Debemos ir cumpliendo ciertos objetivos, que implican nuevas inversiones”.
El sector se está recuperando de los bajos precios del 2015, por ello las inversiones en algunos casos se concentran en el mantenimiento de los buques pesqueros.
Para el presidente del capítulo Ecuador de la CIAT, Guillermo Morán, la industria pesquera deberá esperar hasta mediados de año para saber si habrá recuperación en las ventas al exterior. Morán afirma que el mercado para el atún es muy competitivo y ahora se tiende a adquirir un producto de origen sostenible. “La certificación de sostenibilidad tienen 50 pesquerías en el mundo”.
El mercado europeo absorbe más del 50% del atún ecuatoriano. A decir de Morán, hay nuevos mercados que se están abriendo o ampliando en Europa, como el de Alemania, Holanda e Inglaterra.
El presidente de Nirsa, Roberto Aguirre, coincide en que el sector recién se está recuperando, y que será difícil reinvertir inmediatamente. “Si bien el precio mejoró, las capturas bajaron desde diciembre, debido al incremento de la temperatura del mar, que alejó el alimento del pez”.

El Expreso
Mayo 9, 2016
El Consejo del Guayas analiza reducir el techo presupuestario

El financiamiento de la II fase del dragado también está en el orden del día
Reunión. El pleno sesionará en el auditorio de la Prefectura, en Guayaquil. (Archivo)
Los consejeros provinciales de Guayas tienen previsto sesionar hoy para analizar y resolver los informes de sustento de reformas de reducción del techo presupuestario del año 2016 y clausura de liquidación presupuestaria de 2015. El presupuesto aprobado por el pleno del Consejo para el presente año fue de 278 millones de dólares, y cuya prioridad son las obras viales, drenaje y riego.
El pleno también conocerá y ratificará la suscripción del convenio de dación en pago con el Ministerio de Finanzas para el pago de la devolución del Impuesto al Valor Agregado. En el acuerdo, la Corporación Provincial acepta recibir en dación en pago un Título del Banco Central por un valor de 5’878.082,22 dólares.
Otro tema que debatirán los consejeros es el financiamiento del dragado de la II fase del río Guayas y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, en una pasada entrevista, resaltó la necesidad de que el pleno apruebe el endeudamiento para financiar la obra y lograr que, a finales de mayo, se firme el contrato correspondiente.
En otros temas, también se contempla que el pleno conozca y ratifique la resolución para brindar apoyo logístico y humanitario a la provincia de Manabí, una de las más afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Además, resolverán sobre la posible declaratoria del 17 de abril de cada año como el Día de la Solidaridad, como tributo a la ayuda de los ecuatorianos dentro y fuera del país, y de otros países.
La sesión fue convocada para las 09:00 en el auditorio de la Prefectura, en Guayaquil.

El Expreso
Mayo 9, 2016
La Asamblea revisará el acuerdo comercial entre Ecuador e Irán

Los reconocimientos continúan. La Asamblea Nacional debatirá, mañana a las 09:00, la declaración del 16 de abril, día del terremoto de 7,8 grados que afectó a Manabí y al sur de Esmeraldas, como Día de la Solidaridad. El nombramiento se recordaría cada año.
Ese será el primer punto de debate del pleno. Con la aprobación, según los integrantes de la Asamblea, se destaca la “respuesta oportuna y la acción conjunta de la sociedad civil, la iniciativa privada, el gobierno nacional, los gobiernos locales y las funciones del Estado ante el desastre natural.” También se expresa solidaridad con los familiares de las víctimas de la tragedia.
Durante la misma sesión se cumplirá con la revisión del acuerdo comercial entre Ecuador e Irán. Un mercado que, a los ojos de la oposición, es positivo, pero no prioritario.
La Comisión de Relaciones Internacionales redactó el informe para la aprobación del tratado firmado el 21 de abril de 2011. Entre los justificativos, la mesa encabezada por la oficialista María Augusta Calle, se menciona que el texto “desde una perspectiva geoeconómica” permitirá que Ecuador ingrese a más países de la región de Asia Central. Un paso, afirma el documento, que aportará a la transformación de la matriz productiva planteada en el Plan de Desarrollo Nacional.
No solo habrá actividad en el pleno, las comisiones también sesionarán para dar trámite a proyectos que deben aprobarse este año. A la Comisión de Régimen Económico -que tratará la reforma tributaria hoy a las 11:00- se suma una serie de encuentros de la mesa de Biodiversidad para discutir los avances en el Código del Ambiente.
Según la agenda de la Asamblea, el viernes terminaron las jornadas de consulta prelegislativa sobre el código. Entre los temas más discutidos estuvo el manejo de animales.
En los diálogos participaron grupos sociales que están a favor de las peleas de gallos. Según dijeron, la semana pasada, la normativa en construcción debe clarificar “el respeto a la identidad cultural y patrimonio de los pueblos”. Ellos afirman que la actividad está ligada a las costumbres ecuatorianas.
Sobre los animales se trató, además, reglas específicas para los de compañía. Perros y gatos deben estar protegidos, afirman sus defensores, por una regulación que defina el manejo responsable de la fauna urbana. Los censos son una alternativa planteada por colectivos que apoyan los derechos de animales.
Según la comisión, más de 3.200 personas participaron en las jornadas.