Carta Pública al Presidente de la República Lenin Moreno. 25 de Octubre / 2017

Señor Presidente:

El Colegio de Economistas de Pichincha (CEP) felicita a usted por su llamado a Consulta Nacional, con cuyos objetivos está totalmente de acuerdo, aunque hay temas como los relativos a la seguridad social y la comunicación, que no son parte de ella a pesar de su importancia.

Superados los primeros cinco meses de su Gobierno, el Colegio desea exponerle, una vez más, sus preocupaciones sobre el estado en que se encuentra la economía nacional y proponer soluciones técnicas a algunos de los problemas más inquietantes.

El anuncio que hace pocos días realizó su Gobierno, como consecuencia del diálogo público – privado, es errado. No compartimos el optimismo de su Gobierno, ni las afirmaciones ni argumentaciones que el Frente Económico fórmula para exponer y defender las medidas difundidas.

Es un error incrementar el impuesto a la renta de las empresas al 25%. Es positiva la preocupación de su Gobierno por las empresas pequeñas, así como del microempresario y del emprendedor, pero las decisiones anunciadas  no son las correctas.

Gravar con el impuesto a la renta de las personas naturales al décimo tercer sueldo es otro error de su Gobierno.

Pero, lo peor de todo es el anuncio de que se subirá el nivel arancelario de 375 ítems, sin determinar todavía cuáles, y gravar con 10 centavos de dólar cada unidad de los bienes que se importen, sin considerar su costo. Las argumentaciones sobre contrabando y protección a la industria nacional son muy frágiles y débiles. El contrabando se incrementará con las decisiones que se están tomando para recaudar más impuestos de los que estamos mencionando. Por otra parte, la subfacturación se destruye no aumentando los impuestos, sino contratando una firma internacional que verifique el valor en factura de las importaciones. Ya otro Gobierno en el pasado utilizó dicho mecanismo con resultados positivos.

El rendimiento anual de 1600 millones de dólares netos que su Gobierno espera obtener de las medidas que anuncia es excesivamente optimista. Las recaudaciones tributarias no se incrementarán en dicho monto.

No obstante, permítanos exponer lo siguiente:

La Economía Ecuatoriana no crece y el estándar de vida de los ecuatorianos se viene reduciendo.  El ingreso per cápita 2016, en términos reales, es igual al registrado en el año 2012.  Concomitante con ello, el desempleo, el subempleo y el empleo informal, han crecido a niveles muy preocupantes.

Continuar con la política económica del gobierno anterior solo llevará al país al desastre y por tanto es necesario un giro de 180 grados, urgente y amplio.

Lograr que la economía vuelva a crecer en forma sostenida (4% anual) requiere tener una estrategia gubernamental de largo plazo e implementar un plan económico por 5 años, cuyos objetivos básicos sean: atraer inversión, dinamizar la producción, crear empleos productivos, incrementar las exportaciones y promover prosperidad; pero, previo a ello, el plan requiere una etapa de transición, para corregir los desequilibrios macroeconómicos presentes en el país.

La situación de las Finanzas Públicas se deteriora cada día más intensamente y requiere de acciones urgentes, específicas y concretas, con el objeto de crear mejores condiciones de estabilidad y certidumbre económica.

La Situación de Balanza de Pagos es volátil y crítica.  El incremento actual del precio del petróleo es un factor que ha mejorado temporalmente la posición de la Balanza Comercial y de la Cuenta Corriente.  Pero, este momento favorable no puede ser considerado una realidad permanente. Hay indicios de que las importaciones de bienes y servicios se están expandiendo más rápidamente que las exportaciones totales, especialmente en el caso de las exportaciones del sector privado.  Complementariamente a ello, se nota que la Cuenta Financiera y de Capitales refleja realidades que presentarán problemas para financiar cualquier déficit en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, como la insuficiencia de la inversión extranjera. La creciente limitación a la obtención de más crédito externo para el Gobierno es preocupante y la fuga de capitales, que sigue existiendo en el país, pronostican una situación muy delicada, no solo para el sostenimiento de la dolarización, sino también para la estabilidad macroeconómica y financiera nacional.

El Sector Externo, especialmente el sector exportador privado, requiere decisiones inmediatas y acciones de política económica y financiera para obtener más ingresos permanentes.  El sector exportador, en el nuevo modelo de desarrollo que se requiere adoptar e implementar en el País, se debe convertir en un motor de la expansión y prosperidad macroeconómica del país, no el gasto público, ni el endeudamiento público.

Por lo anterior, el CEP cree que es necesario adoptar, en un Plan Económico de 5 años, las siguientes acciones en el sector externo:

Primero, agregar más valor a la producción y aumentar el número y el valor de nuestros bienes de exportación.  Los impuestos indirectos a la compra de insumos para el proceso de producción de bienes exportables no deben existir o conviene devolverse en forma automática, vía la emisión de Certificados de Abono Tributario (CAT) negociables y útiles para pagar todo tipo de impuestos.  La importación de bienes de capital y de materias primas no producidas en el país debe estar libre de impuestos, inclusive de derechos arancelarios.

Segundo, iniciar con gran dinamismo la búsqueda de nuevos mercados para los bienes y servicios que producimos y exportamos.  Es necesaria la pronta negociación y firma de tratados de libre comercio o convenios bilaterales de comercio e inversión con países como Estados Unidos, China, Rusia.

Tercero, mejorar rápidamente las condiciones de los puertos para facilitar el transporte marítimo en buques post Panamá y lograr que se incrementen las rutas y frecuencias aéreas y los aeropuertos internacionales (Manta y Latacunga), para desarrollar el turismo hacia el país y el comercio exterior.

Cuarto, el sector exportador requiere de financiamiento en condiciones diferentes de las que concede la banca privada. La CFN, tiene que intervenir creando líneas de crédito a las empresas exportadoras, con plazos largos y tasas de interés máximas del 6% anual. Para ello, la CFN debe ser capitalizada por el Gobierno Nacional en U$ 100 millones, así como obtener del BID o de la CAF una línea de crédito por al menos U$ 500 millones, para promover intensamente el sector exportador ecuatoriano.

Quinto, el retorno o la repatriación de capitales, promovidos por usted, señor presidente, los apoyamos y deben estar basados en la seguridad jurídica sobre la propiedad para sus dueños, lo que también debe suceder para el marco legal de la inversión extranjera, que debe ser mejorado en el sentido de garantizar el arbitraje justo para los eventuales conflictos con el Estado. Por información internacionales se conoce que la inversión extranjera en Colombia en lo que va de este año supera los U$ 10.000 millones y en Perú rebasa los U$ 5.000 millones, mientras en Ecuador, hasta junio 2017 apenas era de 350 millones.

Creemos firmemente que Ecuador sí tiene recursos naturales en minería y petróleo que nos permitirían obtener montos muy superiores a los registrados en nuestro país.

Sexto, el Turismo es otro sector que no se ha aprovechado con intensidad. Es necesario crear estímulos tributarios y financieros para que el país sea mucho más interesante para los extranjeros, que es importante visiten mucho más nuestro país. Tenemos bellezas naturales, arquitectónicas y de otros tipos, únicas, que no hemos sabido aprovechar.

Las acciones anteriores bajarán costos al sector exportador privado, para que pueda competir mejor en el mercado internacional.

Séptimo, a los fines de evitar un crecimiento desmedido de las importaciones, el CEP cree que es necesaria una política industrial que produzca competitivamente, bienes que actualmente se importan. Todas las industrias de ensamble, tales como la industria automotriz, deben comprometerse a crear un mayor contenido de partes fabricadas nacionalmente.

Octavo, a los fines de desestimular la importación de bienes de consumo duradero, tales como automóviles, sugerimos disponer que ninguna entidad del sector financiero público y privado, ni los distribuidores de tales bienes, concedan crédito por más del 50% del valor del bien y a no más de 3 años plazo.  El otro 50% debe ser pagado en efectivo. El Banco del IESS debe modificar su política de crédito y reducir el monto de dólares que presta para fines de consumo.  El crédito quirografario debe reducirse y asignar dichos recursos al financiamiento de vivienda popular.

Por último, desde el punto de vista de la Balanza de Pagos, hay que adoptar una política petrolera que incremente, no solo las reservas probadas, sino también los niveles de producción y las exportaciones petroleras. Apoyamos las declaraciones del Ministro de Hidrocarburos sobre aspectos claves relativos al petróleo. El efecto internacional del incremento de la producción petrolera por encima del techo establecido por la OPEP debe ser manejado con habilidad.  Si la OPEP se opone a los planes del país, de incrementar la producción a 700.000 barriles diarios, habría que pensar seriamente en que el país deje de ser miembro de esa organización.

Todas las acciones anteriores tenderán a obtener una posición de equilibrio de la balanza de pagos, no solo en el corto, sino en el mediano y largo plazo.

Las finanzas públicas, señor Presidente, tienen una situación muy compleja que se agrava todos los días. Está situación es de un desequilibrio serio, que no es coyuntural, sino estructural, reflejado por varios factores, tales como la existencia de un aparato estatal gigantesco, frente a una economía que no puede soportar dicho peso.

El desequilibrio del Sector Fiscal es la mayor amenaza a la estabilidad económica y al mantenimiento de la dolarización, sistema éste que hay que protegerlo, mantenerlo y fortalecerlo, porque de su permanencia depende seguramente también la estabilidad de su gobierno.

Otros factores que demuestran el problema fiscal son los déficits del PGE y del Sector Público no Financiero (SPNF). Estos déficits tienen ya varios años y han estado, en promedio, en más del 5% del PIB. Consecuente con este monto del déficit fiscal, que superará este año los U$ 7.000 mm, es la presencia de la creciente deuda pública (interna y externa).

La Política Fiscal de su gobierno debe tener dos ingredientes: una reforma tributaria integral y una reducción importante y gradual del tamaño del Estado.

El gasto público debe enrumbarse en los próximos 4 años a un nivel del 30% del PIB, no más.  Las acciones anunciadas por el Gobierno en materia de austeridad están en la dirección correcta, pero son insuficientes para equilibrar la posición fiscal. El número de empleados públicos debe reducirse en dicho periodo en al menos el 10%, eliminando y fusionando varias secretarías de Estado y reduciendo drásticamente el personal administrativo.

El monto de la deuda pública reconocida por usted, señor Presidente, supera los U$ 60.000mm; esto es, más del 60% del PIB.  Es necesario transparentar toda la deuda pública, siendo necesario para ello modificar la Ley de Planificación y Finanzas Pública, por lo menos en dos temas. Hay que eliminar el artículo que determina que la emisión de Cetes, instrumentos financieros de corto plazo (menos de un año) no se registre ni se publique como deuda pública, No se conoce exactamente el monto de Cetes que está en el mercado. El segundo tema es reformar el artículo de la misma Ley que establece el techo del 40% del PIB como límite del endeudamiento público, e incrementarlo al 60%. Lo anterior debe ser una consecuencia de la transparencia que hay que dar a las finanzas públicas.

En otro sentido, la deuda de salud del Gobierno Nacional al IESS hay que pagarla emitiendo bonos a 10 años plazo y la deuda a los maestros, de U$ 1.000mm, también se debe pagar emitiendo bonos a 10 años.

Lamentablemente, señor Presidente, algunos problemas de deuda, como los mencionados y otros no registrados, ni publicados como tales, hay que reconocerlos emitiendo más bonos, en la medida que las circunstancias lo requieran y en las mejores condiciones posibles.

Los problemas son serios, pero hay que enfrentarlos y ello exige pagar un costo al que todos debemos contribuir.  Pero el ajuste macro fiscal y el macro económico deben ser distribuidos en forma equitativa y equilibrada entre los diferentes grupos humanos que componen la sociedad ecuatoriana.  Los pobres no deben absorber el 100% del ajuste. Ello no sería justo y engendraría problemas sociales y públicos que hay que evitar.

La eliminación de ciertos impuestos es necesaria, tales como el ISD, el impuesto a la plusvalía, el impuesto a los activos externos, el impuesto a las tierras rurales y el impuesto mínimo a la renta a las empresas.

La reforma tributaria que sugiere el CEP debe también simplificar el sistema tributario, eliminando una serie de exoneraciones que tiene el sistema, que favorecen a los ecuatorianos de altos ingresos. Complementariamente, hay que prohibir las condonaciones de intereses y multas sobre deudas con el Estado y ejercer la coactiva sobre las deudas no pagadas al Estado de los años anteriores al 2015, dando facilidades para el pago de las deudas de los años 2016 y 2017.

En el área de ingresos, el Gobierno Nacional debe incrementar el nivel de precios de los combustibles.  La gasolina super debe subir a U$ 3 cada galón.  La gasolina corriente debe subir a U$ 2 el galón.  El precio del diesel debe incrementarse en U$ 0.50 el galón.  El precio del gas doméstico debe ascender hasta el 2021 gradualmente a U$ 12 el tanque de 15   kilos, pero subir solamente hasta U$ 3,00 para la población muy pobre. Además, parece necesario incrementar el IVA del 12% al 14% e incrementar un nivel en la escala del impuesto progresivo a la renta de personas naturales, superior en 5% al más alto actual, para que tributen más quienes más ganan.

La generación de ingresos fiscales, por las medidas anteriores, es necesarias para reducir el déficit fiscal, pero también servirán para obtener los recursos financieros útiles,  para financiar la Política Social de su Gobierno.  Esto tiene que ver con el incremento del subsidio del bono de Desarrollo Humano, el financiamiento del plan “Toda una Vida”, mantener el subsidio al gas en los términos propuestos, cubrir los estímulos tributarios que requieren la inversión privada y el sector exportador privado para que se conviertan en motores del crecimiento, de la prosperidad y del creciente ingreso de dólares a la economía.

La generación tradicional de ingresos al fisco también debe preparar al Gobierno para que cubra las asignaciones de recursos que anualmente y sin intereses debe pagar al IESS, por efecto de la restauración del 40% de contribuciones del Estado al Sistema de Pensiones y el pago oportuno al seguro de salud.  Todos ellos, administrados por el IESS.

Recientes declaraciones del director del SRI señalan que hay más de 4 mil millones de dólares por cobrar a empresas nacionales. El Gobierno debe aplicar la ley y hacer todos los esfuerzos necesarios para recuperar un porcentaje elevado de ese dinero, que hoy más que nunca es muy necesario.

Por último, en el tema de ingresos, Petroamazonas y Petroecuador deben incrementar el nivel de producción de petróleo y gas a los niveles enunciados por el señor Ministro de Hidrocarburos. Estas acciones en el sector petrolero ecuatoriano exigen hacer inversiones en ciertos campos, porque el Gobierno Nacional requiere más recursos para financiar las actividades públicas.

En el lado del Gasto Público cabe sugerir algunas acciones como las siguientes:

La reducción del tamaño del Estado, como ya lo mencionamos, es vital.

El déficit fiscal hay que reducirlo a cero en 5 años. Las acciones específicas en el área de ingresos y gastos fiscales adicionales son, a juicio del CEP, las siguientes:

Es necesario rediseñar la Deuda Pública Externa a los fines de obtener de los acreedores plazos mayores y tasas de interés más bajas.

La austeridad fiscal es otro objetivo.  Hacia el futuro, las Finanzas Públicas, no deben descuidar ni sacrificar la asignación de recursos para los sectores sociales del País, como salud, educación y vivienda.

Con los organismos públicos de China Continental y de Tailandia, hay que lograr que los términos de los contratos que permitieron obtener recursos financieros bajo la modalidad de “ventas anticipadas de petróleo” se modifiquen, en el sentido de liberar el petróleo comprometido y pagar, vía emisión de bonos, el saldo que les debe el Gobierno Nacional.

En materia de Inversión Pública, el Gobierno debe implementar masivamente convenios públicos-privados para que el Sector Privado Nacional y/o empresarios extranjeros se encarguen, mediante la figura de concesión, de la construcción de proyectos de inversión pública de montos muy importantes.  Esta acción liberará al Gobierno de la presión por recursos financieros y proporcionará a la economía una mejor infraestructura básica para su creciente desarrollo.

El Mercado Laboral hace frente también a un grave desequilibrio caracterizado por una falta de empleo adecuado, así como por la mala calidad del empleo tipificado por el subempleo y el empleo informal. Este fenómeno surge por varios factores, pero fundamentalmente por la escasez o estancamiento del crecimiento económico (PIB) y una estructura legal del mercado que destruye empleo.

La Política Económica y el plan económico de 5 años (2018-2022) deben tener como objetivo central la expansión de la economía al 4% anual, con una etapa de transición, que es la del ajuste macro económico, que debería durar un año; pero, el crecimiento propuesto debe ir acompañado por cambios en la Legislación Laboral que permitan la aplicación de nuevas formas de contratos de trabajo, como el contrato a plazo, por horas, parcial y otras modalidades de flexibilización laboral.

Además, es necesario congelar sueldos y salarios a nivel nacional por 5 años.  El Ecuador se ha convertido en un país caro porque la mano de obra es cara.  Los sueldos y salarios han crecido más rápidamente que la productividad de toda la economía y en un país dolarizado, como el Ecuador, dicho fenómeno es mucho más serio para la competitividad de nuestros productos en el mercado externo. No se puede, señor Presidente, exportar mano de obra cara ni impuestos. Ello afecta a la competitividad de las empresas.

La reforma integral que sugerimos, además, debe darle al SRI muchas más atribuciones para luchar contra el fenómeno de la evasión y elusión tributaria.

Con respecto al mercado monetario, financiero y bancario, el CEP se permite formular las siguientes sugerencias:

El Gobierno no debe acudir a la obtención de recursos financieros de las Reservas Internacionales de Liquidez (RIL) para financiar el déficit fiscal.  Está práctica es altamente nociva para el mantenimiento de la estabilidad financiera y del sistema monetario de la dolarización.

Al 20 de octubre de 2017, las Reservas Internacionales (RIL) sumaron USD 2.726 millones, mientras que los pasivos exigibles del BCE eran a fines de septiembre de alrededor de U$ 10.200mm.  Ello significa un desfase de casi U$ 7.474mm., que es altamente preocupante. Pero el tema es más inquietante porque el nivel de las reservas bancarias (que son recursos de las personas naturales y empresas privadas) estaba a dicha fecha en U$ 4209mm. Esto significa que su Gobierno, señor Presidente, ha incurrido en el error de tomar bastante dinero de los depósitos privados para financiar el déficit fiscal.

La práctica anterior debería terminar y el Gobierno debería en 5 años cubrir el descalce mencionado.  Para ello, convendría formar un fideicomiso independiente, que reciba mes a mes una parte de los ingresos fiscales.

Además, según el BCE, al 20 de octubre de 2017, el Sistema de Canje y Reservas Financieras, que incluye la emisión monetaria, dinero electrónico y Reservas Financieras, sumó, como ya lo mencionamos,  USD 4.209 millones; por lo tanto, la RIL cubre el Sistema de Canje y Reservas Financieras en un 65%, es decir, hay un descalce  por USD 1.483 millones en dicho sistema.

De otro lado, hay que fortalecer aún más el sistema financiero privado, especialmente, el sector bancario.

Sugerimos incorporar más competencia al mercado bancario.  Hay que estimular y agilitar la venida al Ecuador de bancos extranjeros, sea de los Estados Unidos de América, de Europa o del Asia.  Estos bancos deben tener sendas sucursales, no oficinas de representación, que traigan más capital y más líneas de crédito para financiar el futuro desarrollo del país.

Por otra parte, todas las reservas, a excepción de las reservas legales, que forman parte del patrimonio bancario, deben ser capitalizadas. Además, las provisiones para la cartera de créditos deben ser incrementadas, así como otro tipo de provisiones, para absorber el deterioro del valor contable de otros activos, tales como inversiones financieras.

Aquellos bancos que no puedan incrementar sus provisiones deben ser capitalizados con recursos frescos o, en caso contrario, tendrán que fusionarse con bancos más sólidos y fuertes.

Sugerimos adicionalmente crear condiciones para que, el dinero que tienen los ecuatorianos en el colchón, que el BCE estima en U$ 14.000mm., vuelva a la circulación.  El proyecto de Ley que se está preparando debe contener normas al respecto. Este monto de dinero, al recircular, tenderá a reducir el costo financiero y ampliará las posibilidades de un mayor financiamiento al proceso de desarrollo, sin incrementar el nivel de la deuda pública

El dinero electrónico debe ser emitido y administrado por las entidades privadas del sector financiero y sus comisiones deberían ser cero por un año. La supervisión, control y fiscalización es facultad del Gobierno Nacional, vía las superintendencias correspondientes.

Las otras entidades financieras deberán seguir las pautas anteriores.  Las cooperativas de ahorro y crédito que sean muy débiles, deberán seguir fusionándose con otras o irse liquidando en forma gradual y progresiva.

El apalancamiento de las entidades financieras, especialmente de los bancos, tendrá que controlarse para evitar el surgimiento de una “BURBUJA CREDITICIA”.

Las acciones anteriores fortalecerán especialmente a los bancos privados e impactarán favorablemente sobre la confianza de los depositantes, pues se incrementarán y neutralizarán las decisiones que los hogares vienen tomando para aumentar los recursos en efectivo del “colchón”, impidiendo que haya dinero que no circule dentro de la economía.

En el sector financiero público, hay que CAPITALIZAR el banco Banecuador y la CFN, a los fines de expandir el crédito en condiciones más adecuadas al sector productivo, especialmente a la industria y al sector exportador privado.

En vista que la mayor parte del empleo de la mano de obra ecuatoriana se genera en la pequeña industria, es necesario formar un nuevo banco estatal; el Banco de la Pequeña Industria, para apoyar financieramente su desarrollo y encadenamiento productivo con las otras clases de industrias.

El financiamiento de la banca pública vendrá de recursos del Gobierno Nacional y de crédito de los organismos multilaterales de financiamiento, tales como Banco Mundial, BID, CAF.

Con el fin de movilizar aún más el ahorro interno en el país, a los fines de financiar el mantenimiento y el incremento de la Formación Bruta de Capital al 30% del PIB, es necesario, adicional al esquema y las acciones ya mencionadas, las siguientes medidas:

Movilizar el Mercado de Valores, eliminando varios impuestos que impiden la promoción de un mayor ahorro privado, tales como: el impuesto que existe sobre las transacciones de acciones y otros instrumentos financieros que se negocian en Bolsa.

La distribución de dividendos no debe ser sumado a otros ingresos para fines de declaración del Impuesto a la Renta de las personas naturales. Las ganancias de capital no deben ser castigadas con impuestos. Los intereses originados en inversiones financieras en el sistema financiero deben estar libres de impuestos, si esa inversión es por lo menos a un año plazo. Este rendimiento tampoco puede ser parte de la renta personal para fines tributarios.

Además, debería bajarse al 15% el impuesto a la renta para los socios de las compañías anónimas que abran su capital al público y que por lo menos el 40% del capital accionario esté en manos de por lo menos 50 accionistas. Esta acción debe ir acompañada de una reforma a la Ley de Compañías para que en las sociedades de capital, como era lo tradicional,  el socio o accionista sea responsable en todos los sentidos por  el monto de capital que tiene en la compañía.

Todas las acciones anteriores de política económica y financiera que hemos sugerido deben formar parte integral de un  Plan Económico de 5 años, el mismo que deberá ser presentado al FMI  para obtener la asistencia necesaria para completar el financiamiento del  Plan al que nos hemos referido.

Esperamos señor Presidente haber contribuido, con este documento, la toma de decisiones que su Gobierno deberá adoptar después de tener los resultados de la Consulta.

 

COMISIÓN TÉCNICA

 

Econ. César Robalino Gonzaga                                            Econ. Luis Luna Osorio

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